Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 280.705
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue corresponde confirmar la resolución de 23 de junio de 2023 (arts.1, 2, 3, 12, 1882, 1884, 2048, 2073, 2075, 2081 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 69, 242, 246, 260, 270, 518, 521, 522, 530 y concs., CPCC).
POR ELLO: Se rechaza la apelación interpuesta por la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA y, en consecuencia, se confirma la resolución de 23 de junio de 2023 en lo que fuera motivo de recurso y agravio. Las costas habrán de imponerse en el orden causado por tratarse de una cuestión dudosa de derecho que ha dado lugar a jurisprudencia encontrada (arts.1, 2, 3, 12, 1882, 1884, 2048, 2073, 2075, 2081 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 69, 242, 246, 260, 270, 518, 521, 522, 530 y concs., CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL (AF) C. 280.705 - “ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE CAMPO EL CANDIL S.A C/ CARRERA CAMILA EUGENIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO"
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, la señora Jueza doctora Irene Hooft y el señor Juez doctor Federico Guillermo García Ceppi para dictar sentencia en la causa caratulada: "ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE CAMPO EL CANDIL S.A C/ CARRERA CAMILA EUGENIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO", C. 280.705 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley, el cual arrojó el siguiente orden de votación: doctora HOOFT – doctor GARCÍA CEPPI, el tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde confirmar la resolución de 23 de junio de 2023?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
I. En la especie, la Magistrada de primera instancia, con fecha 23 de junio de 2023, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 529 del CPCC, denegó in limine la ejecución promovida en el entendimiento de que el documento base de la acción no constituye un título ejecutivo hábil. Para así decidir, la Jueza a quo confrontó las previsiones del art. 47 del reglamento de copropiedad acompañado y el documento adunado por la entidad accionante con los arts. 2048 in fine y 2075 del Cód. Civ. y Com. y 522 del CPCC.
II. Contra ese modo de resolver se alzó la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA a través del recurso de apelación fechado el 31/07/2023, 09:39:13 hs., concedido el 8 de agosto de 2023 y fundado el 15/08/2023, 11:24:13 hs.
En apretada síntesis, la apelante se disconforma con lo decidido con los siguientes argumentos:
a) La documentación base de la acción ejecutiva se ajusta a las decisiones asamblearias adoptadas en el marco de las previsiones de los arts. 36 y 47 del Reglamento Interno aprobado en la asamblea de socios de Asociación Civil Club de Campo el Candil SA del 15 de julio de 2015, normativa que conoce el accionado y a la que prestó su conformidad expresa tal como se desprende de la cláusula 8ª del contrato de cesión de derechos sobre el designado lote 84 según “planilla de adjudicación de unidades funcionales a constituir al fiduciante originante/beneficiario/fideicomisario”.
b) El art. 47 del reglamento interno citado en apoyo del criterio adoptado por la señora Jueza “…se refiere a los accionistas. Sin embargo, la parte demandada NO reviste tal carácter, dado que es un adquirente por boleto sin escritura traslativa de dominio ni entrega de acción.” c) No puede perderse de vista que el crédito cuyo cobro se persigue tiene por destino el avance, crecimiento y mejoras de Barrio Club de Campo el Candil SA, lo que justifica el camino procesal elegido.
III. El recurso, por las razones que habrán de darse, no prospera.
III.1. El caso traído a conocimiento de este tribunal conduce a fijar posición en una cuestión arduamente debatida no solo a nivel doctrinario sino jurisprudencial. Prueba de ello son los plenarios dictados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la causa “Barrio Cerrado Los Pilares c/ Alvarez Vicente Juan Alfonso s/ ejecutivo”, sent. de 4/05/2015 y por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, en la causa "Sausalito Club S.A. c/ Cibra S.A. s/ Cobro ejecutivo de expensas", sent. de 13/09/2023.
Así, la cuestión central a dilucidar puede resumirse en la aptitud ejecutiva o no de un certificado de deuda por gastos ordinarios expedido por la sociedad administradora de un conjunto inmobiliario preexistente a la sanción del Código Civil y Comercial, organizado a la luz de normas como la ley 8912/78 y su decreto reglamentario 9404/86 y que, a la fecha, no se ha adecuado a las previsiones normativas del derecho real de propiedad horizontal.
Un repaso de los fundamentos esgrimidos en uno y otro sentido permite sostener que las soluciones propuestas dependen del criterio que se adopte frente a dos interrogantes. El primero, respecto a la posibilidad de creación convencional de títulos ejecutivos por las partes de un negocio jurídico y con ello, pactar cuál será el proceso aplicable, eventualmente, para exigir en sede judicial el cumplimiento. Y el segundo, en torno a la admisión de una interpretación expansiva del art. 522 del CPCC que habilite subsumir en sus previsiones al certificado de gastos ordinarios base de acciones como las que nos atañe.
III.2. Pues bien, en línea con la postura mayoritaria adoptada en el plenario de la alzada capitalina, entiendo que las posiciones favorables a la aptitud ejecutiva de un certificado de deuda por gastos ordinarios, expedido por la sociedad administradora de un conjunto inmobiliario preexistente a la sanción del Código Civil y Comercial y que, a la fecha, no se ha adecuado a las previsiones normativas del derecho real de propiedad horizontal, se desentiende de los términos en los que el legislador reguló el asunto tanto en el plano sustancial como adjetivo. Veamos.
III.2.a. La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial sancionado por la ley 26.994 supuso una toma de posición del legislador frente al fenómeno de los conjuntos inmobiliarios cuya organización jurídica, a la luz de distinta normativa local, implicaba la coexistencia de derechos reales y personales.
En efecto, el art. 2075 del digesto unificado, en su segundo y tercer párrafo, reza: “Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. // Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real” (el resaltado no es del original).
Ahora bien, a un lado las dificultades que plantea el uso del término “adecuar” y la determinación de los caminos para su materialización (cfr. Alterini, I.E. – Alterini, F.J., “Prospectiva del conjunto inmobiliario en sentido estricto” en RCCyC 2019 (noviembre), Alegria H. (dir), La Ley, Bs. As., 2019, p.158), es evidente que el legislador ha considerado a los conjuntos inmobiliarios preexistentes como una realidad jurídica no equiparable a la de los edificios afectados al régimen de propiedad horizontal, caso contrario, la adecuación ordenada carecería de sentido desde que solo se puede adecuar algo que se entiende distinto a otra cosa. Como señala Franchini, la codificación vigente se apartó claramente de su antecedente directo, el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial de 1998 elaborado por la comisión creada por decreto PEN 685/95, en donde en el art. 2029 se establecía: "Conjuntos inmobiliarios. Los clubes de campo, parques industriales, barrios o cementerios privados, centros de compras, y entidades similares, pueden sujetarse al régimen de los derechos personales o de la propiedad horizontal" (el resaltado no es del original).
Explica la autora citada que el digesto sancionado por la ley 26.994 “… recogió la inquietud de la búsqueda de un único marco legal que abrigara a estas expresiones de la propiedad llamados conjuntos inmobiliarios y que su aspiración fue para el futuro (segundo párrafo del art. 2075) y para el pasado (tercer párrafo del art. 2075). (…) [previéndolo] en un código de fondo con carácter federal para que (…) sus titulares tuvieran las mismas facultades, evitando los efectos disvaliosos de la desigualdad jurídica, y propiciando siempre su encuadre en la legislación nacional”. (Franchini, M.F., "La adecuación de los conjuntos inmobiliarios al régimen de propiedad horizontal especial. En referencia a las resoluciones de la Inspección General de Justicia de mayo de 2020 que establecen plazos para la adecuación y sanciones ante el incumplimiento”, cita La Ley online AR/DOC/1888/2020).
Llegados a este punto, es posible una primera conclusión: si la finalidad del art. 2075 del Cód. Civ. y Com. es que el fenómeno de los conjuntos inmobiliarios, en su estructuración jurídica, esté enmarcada en el derecho de propiedad horizontal con las modificaciones previstas en ese título, mal podrían soslayarse las consecuencias de la falta de adecuación a dicho régimen por entidades como la aquí accionante.
Un temperamento contrario que termine asimilando la realidad de los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la sanción de la codificación unificada, a la de los edificios afectados al régimen de propiedad horizontal, conduciría, en los hechos, a fomentar el incumplimiento de la normativa vigente, especialmente en un caso en donde su validez no ha sido puesta en tela de juicio por el presunto afectado y en cuya observancia está involucrado el orden público (arts. 12, 1882, 1884 y concs., Cód. Civ. y Com.).
Por lo demás, no debe olvidarse que nuestro Máximo Tribunal provincial ha sostenido que “… en la interpretación de las normas es prudente estar a la que más directamente surge de su letra, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa, (…). La misión del intérprete es indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto, puesto que, sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que la que tiene en cuenta la finalidad de aquella. Dicho análisis comienza por las propias palabras de la ley, debiendo los jueces aplicarlas en forma estricta y en el sentido de sus contenidos (doct. causa B. 63.493, "Tonelli", sent. del 27-VIII-2008 y sus citas)" (SCBA, B. 63.568, sent. 10/08/2011, L. 81.860, sent. de 12/12/07; e.o.).
| III.2.b. La situación no varía si se la enfoca desde la ley ritual puesto que, como fuera anticipado, participo de la postura según la cual la aptitud ejecutiva de un certificado de deuda como el acompañado por la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA no encuentra apoyo en el inc. 7 del art. 521, ni tampoco en el art. 522 del CPCC.
En lo tocante a la remisión del inc. 7 del art. 521 del CPCC a “[l]os demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley”, basta recordar que, en el caso de los conjuntos inmobiliarios preexistentes al Código Civil y Comercial que no se encuentren organizados bajo la estructura del derecho de propiedad horizontal, deberán llevar adelante, por expresa disposición legal, la adecuación correspondiente.
Síguese de ello que si la aptitud ejecutiva del certificado de deuda por expensas ha sido consagrada legalmente para los instrumentos expedidos en los términos del art. 2048 del Cód. Civ. y Com., no se advierten razones suficientes para pretender el amparo de una norma cuya aplicación depende de una adecuación previa al régimen de propiedad horizontal que, en la especie, no ha acontecido.
No corre mejor suerte el intento de subsumir el certificado de deuda adunado a la previsión del art. 522 del CPCC, puesto que, como ha tenido oportunidad de señalar el voto mayoritario en el plenario de la alzada capitalina, de un lado, se violentaría la voluntad legislativa al reconocer, vía interpretación analógica o con la simple invocación de situaciones similares, aptitud ejecutiva a documentos por fuera de los supuestos previstos normativamente. Y del otro, porque, en rigor, ninguna analogía o similitud de situaciones se verifica entre casos como el que nos ocupa y el certificado de deuda por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. Veamos esto último con el detalle dado en el referido plenario: i] El sujeto pasivo. A diferencia de lo que acontece en el caso del régimen de propiedad horizontal, en el esquema de conjuntos inmobiliarios organizados al amparo de normas como la ley 8912/78 y su decreto reglamentario 9404/86, los dueños de las parcelas vinculadas no son copropietarios de las áreas comunes, recreativas o de esparcimiento, sino que éstas forman parte del patrimonio inmobiliario de una persona jurídica distinta de la que resultan, en la mejor de la hipótesis, socios o accionistas.
De ahí que la legitimación pasiva de la que parte el legislador al delinear la acción del art. 522 del CPCC no pueda asimilarse, máxime cuando se tiene conocimiento de casos en los que la adquisición de la parcela en la urbanización no implica la incorporación del dueño como socio de la persona jurídica, derivándose de ello un desdoblamiento entre propietarios socios y propietarios no socios extraño al régimen de propiedad horizontal (cfr. CSJN, Fallos: 313:915, sent. de 18/09/1990).
El hecho de que la obligación por expensas derivadas del régimen de propiedad horizontal constituya una de tipo ambulatoria o propter rem, permite que los sujetos obligados no se agoten en el dueño y poseedores, sino que incluyan a los adquirentes sucesivos de la unidad funcional (arts. 2049 y 2050, Cód. Civ. y Com.). No ocurre lo mismo con las deudas por gastos ordinarios de un conjunto inmobiliario preexistente a la sanción del Código Civil y Comercial, principalmente, por ausencia de una norma expresa que lo avale. Dejar de lado esta importante diferencia podría habilitar la ejecución de sujetos no legitimados pasivamente.
ii] El sujeto activo. Diversamente a lo que sucede en el caso del régimen de propiedad horizontal, en donde el legitimado activo es el consorcio de propietarios contemplado en el art. 2044 del Cód. Civ. y Com., en conjuntos inmobiliarios como el que nos ocupa, el reclamante es una persona jurídica privada, sujeta a las normas societarias en general e incluso a la fiscalización estatal correspondiente. Perder de vista las profundas diferencias existentes entre un consorcio de propietarios y una sociedad anónima como la que pretende, en estos obrados, el cobro ejecutivo de su acreencia implica un desborde de la tarea interpretativa al barrer con las especificidades conceptuales de una y otra figura. Sobre el particular conviene recordar a Llambías, cuando señalaba que “[l]o esencial para el funcionamiento de la analogía consiste en que el caso no normado sea semejante sustancialmente al previsto por la norma, es decir, que uno y otro tengan uno o más elementos comunes y los demás distintos, con tal que las divergencias no sean sino accidentales” (Llambías, J.J., “Tratado de derecho civil. Parte General.”, 20ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003, t.º I, p.103).
A modo de cierre de este apartado, únicamente soslayando las razones apuntadas precedentemente podría pensarse que el certificado de deuda de expensas emitido por el consorcio de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y el certificado de deuda por gastos ordinarios expedido por la sociedad administradora de un conjunto inmobiliario como la aquí actora, presentan divergencias accidentales.} III.2.c Así las cosas, ante la imposibilidad de subsumir el título base de la acción en el art. 521 inc. 7 del CPCC y descartada la aplicación analógica del art. 522 del cit. cód., forzoso es colegir que la acción promovida debe encauzarse en los términos fijados para los procesos de conocimiento. Al menos dos razones vienen en apoyo de tal afirmación: a) La admisión de la elección del proceso de ejecución efectuada por la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA tiene por consecuencia directa una restricción a la amplitud del ejercicio del derecho de defensa de los demandados, sin otra justificación más que la decisión unilateral de la sociedad actora (arg. 34 inc. 5 ap. “c” arts. 319, 320 y concs, CPCC; cfr. Morello, A.M. – Sosa, G.L. – Berizonce, R.O., “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados.”, 2° ed., Librería Editora Platense – Abeledo-Perrot, Bs. As., 1989, t.º IV-A, p. 326 y Palacio, L.E. “Derecho procesal civil”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, t.º VI, p. 41). b) Por aplicación del principio de legalidad de las formas, en virtud del cual, lo atinente al lugar, tiempo y forma a que han de sujetarse los actos procesales resulta ajeno al ámbito de disponibilidad de las partes, las que deben ajustar su actividad a lo establecido por la ley (cfr. Palacio, L.E. “Derecho procesal civil”, 3° ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, t.° I, p. 217/218).
III.3. En suma, frente al prolongado tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia del art. 2075 del Cód. Civ. y Com. (1 de agosto de 2015 – v. ley 27.077) y el conocimiento de la existencia de procedimientos de adecuación ya concluidos en otras jurisdicciones, tal como se desprende de los párrafos 12, 13 y 14 de los considerandos de la resolución general 25/2020 de la Inspección General de Justicia, no parece razonable una interpretación de la norma que, además de no ajustarse a las palabras y a la finalidad tenidas en miras por el legislador, en rigor, conduce a restarle toda eficacia a la previa adecuación estructural al derecho de propiedad horizontal que, en la especie, opera como condicionante para que los conjuntos inmobiliarios prexistentes a la sanción del Código Civil y Comercial y organizados a la luz de normas como la ley 8912/78 y su decreto reglamentario 9404/86, puedan invocar la aptitud ejecutiva de los certificados de deuda por expensas y contribuciones en los términos del art. 2048 del cód. cit. Lo contrario, permitiría la aplicación de una norma inserta en el marco legal del derecho de propiedad horizontal pese a hallarnos frente un conjunto inmobiliario que no se ha estructurado según las previsiones de dicho derecho real, dando lugar a una suerte de régimen sui generis de origen interpretativo y de dudosos contornos.
Es lo que ocurre, según mi apreciación, con las conclusiones alcanzadas en el punto durante las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017, en donde la mayoría de la comisión nro. 7 se manifestó en los siguientes términos: “Los conjuntos inmobiliarios preexistentes constituidos a través de derechos personales o derechos reales o por medio de la concurrencia de algunos de esos derechos entre sí, deben ajustarse funcionalmente a la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial, en todo lo jurídicamente posible, entre otros lo relativo a la existencia y funcionamiento orgánico del consorcio de propietarios (asambleas y administración), obligaciones y ejecución de expensas, gastos y erogaciones comunes (título ejecutivo) y régimen disciplinario (art. 7, párr. 1° del Cód. Civ. y Com.)”.
Sin ánimos de exhaustividad, repárese en la ausencia de una explicación acerca de lo que debe entenderse por “deber de ajuste funcional a la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial”, así como de los alcances de su modalización según “lo jurídicamente posible” y el temperamento a seguir por el operador jurídico frente a una norma, el art. 2075 del Cód. Civ. y Com., cuya invalidez no se pregona y que, en la materia que nos ocupa – aptitud ejecutiva del certificado de deuda por expensas, gastos y erogaciones comunes-, funge como condicionante legal para la aplicación del art. 2048 del cit. cód. Con todo, es conveniente destacar que la solución aquí propuesta no implica desconocer que el fundamento de la obligación reclamada es el principio de solidaridad, de convivencia entre los copropietarios y que el solo atraso de uno o de varios de ellos, lesiona los intereses del colectivo, ocasionándole serios problemas para su normal desenvolvimiento (cfr. Mariani de Vidal, M. “Derechos reales”, 7º ed., Zavalia, Bs. As., 2000, t.º 2, p. 323 y jurisp. allí citada; esta Sala, C 280.044, sent. de 8/08/2023, e.o.). Sin embargo, el reconocimiento de esos altos objetivos no puede llegar al extremo de restarle toda eficacia a una norma vigente, máxime cuando la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA puede perseguir su acreencia mediante la acción de cobro por el proceso de conocimiento pertinente.
Finalmente, si la validez del art. 2075 del Cód. Civ. y Com. no fue puesta en discusión, por regla, su observancia en el caso que nos ocupa deviene imperativa, no debiendo perderse de vista que, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia bonaerense, siguiendo pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…el principio constitucional de la separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto. La Corte federal tiene dicho que la sentencia que se arroga la facultad de modificar a sabiendas la ley, es violatoria del principio de la división de los poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución nacional. Esa violación no se justifica con el argumento de que la ley es anticuada y no satisface ya las exigencias de justicia que tuvo originariamente en vista. El Poder Judicial es órgano de interpretación y aplicación de la ley, no de su derogación o reforma (conf. Fallos: 234:82, 310; 241:121)” (SCBA, P 117.818, e. o.).
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa al recurso intentado y confirmar la denegación de la ejecución decidida en la instancia de origen (arts.1, 2, 3, 12, 1882, 1884, 2048, 2073, 2075, 2081 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 242, 246, 260, 270, 518, 521, 522, 530 y concs., CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN planteada, el señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora Jueza, doctora Irene Hooft dijo:
En atención a los fundamentos brindados corresponde desestimar la apelación interpuesta por la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA y, en consecuencia, confirmar la resolución de 23 de junio de 2023 en lo que fuera motivo de recurso y agravio. Las costas habrán de imponerse en el orden causado por tratarse de una cuestión dudosa de derecho que ha dado lugar a jurisprudencia encontrada (arts.1, 2, 3, 12, 1882, 1884, 2048, 2073, 2075, 2081 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 69, 242, 246, 260, 270, 518, 521, 522, 530 y concs., CPCC).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que corresponde confirmar la resolución de 23 de junio de 2023 (arts.1, 2, 3, 12, 1882, 1884, 2048, 2073, 2075, 2081 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 69, 242, 246, 260, 270, 518, 521, 522, 530 y concs., CPCC).
POR ELLO: Se rechaza la apelación interpuesta por la representación de Asociación Civil Club de Campo El Candil SA y, en consecuencia, se confirma la resolución de 23 de junio de 2023 en lo que fuera motivo de recurso y agravio. Las costas habrán de imponerse en el orden causado por tratarse de una cuestión dudosa de derecho que ha dado lugar a jurisprudencia encontrada (arts.1, 2, 3, 12, 1882, 1884, 2048, 2073, 2075, 2081 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 69, 242, 246, 260, 270, 518, 521, 522, 530 y concs., CPCC). Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen. Destinatario: NIGRO EMILSE ILEANA
Fin de la sentencia