Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro · Causa 46136
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el pedido cautelar efectuado por la parte actora (cfr. art. 22 del CCA).
II. No imponer costas atento a la falta de sustanciación de las presentes actuaciones.
III. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos para el momento procesal oportuno (cfr. art. 51 de la Ley 14.967).
Causa nº: 46136
San Isidro, en la fecha de su firma digital.
AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ASOCIACIÓN CIVIL COLEGIO SAN MARCOS (SAINT MARK´S SCHOOL) C/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS
(Causa nº: 46136) , en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro a mi cargo, por Disposición del Superior, Secretaría única, de los que:
I. Con fecha 14/09/2026 se presentó la Dra. Eleonora Barattini, letrada apoderada de la Asociación Civil Colegio San Marcos (Saint Mark's School) y promovió pretensión anulatoria contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante ARBA).
Solicitó la declaración de nulidad de la Disposición (SEAJ) N° 45/2026 dictada el 20/04/2026 por la que se desestimó el recurso de revocatoria interpuesto contra la Disposición Delegada (SEATS) N° 450/2023 emitida el 25/07/2023, confirmando el acto impugnado; ambas dictadas en el Expediente Administrativo N° 2360-0058179/2023 y por las que se denegó la exención del Impuesto Inmobiliario respecto de las Partidas N° 096-015814-8, 096-016274-9 y 096-016275-7 por los períodos fiscales comprendidos entre el 27/04/2022 y el 20/04/2026, formulando reserva de ampliar por los períodos subsiguientes.
Relató que su mandante adquirió el día 27/04/2022, mediante Escritura N° 94, a Parque Reconquista S.A. las Partidas N° 096-016274-9, 096-016275-7 y 096-015814-8, con una cláusula especial que afectó los inmuebles, por veinte años, al desarrollo de un campo de deportes y que ello fue declarado ante la ARBA, solicitando la exención del Impuesto Inmobiliario que la ley reconoce a los inmuebles de establecimientos educativos destinados al servicio educativo.
Indicó que el 02/06/2023 inició el trámite de exención (artículo 177 inciso l), primer párrafo, Código Fiscal), con efecto retroactivo al 27/04/2022, acompañando la documentación correspondiente.
Prosiguió su exposición afirmando que la demandada denegó el pedido entendiendo que: "...actualmente los inmuebles (...) no se encuentran destinados total o parcialmente al servicio educativo y que, una vez recurrida dicha decisión, ARBA confirmó la denegatoria aseverando que si bien la documentación aportada "...da cuenta de un proyecto de campo de deportes con inicio de ejecución...", ello resultaba "...insuficiente a fin de acreditar que efectivamente los inmuebles estén siendo destinados al servicio educativo...".
Destacó que su representada es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objeto es promover la enseñanza en todos sus niveles, que es titular del establecimiento "Colegio San Marcos" (Saint Mark's School) fundado en 1964 y que se encuentra reconocido por la Dirección General de Cultura y Educación bajo DIEGEP N° 878, 2877 y 4653.
Sostuvo que la ARBA denegó el beneficio arbitrariamente, considerando que en la inspección de 2023 no había edificaciones terminadas, exigiendo un estándar de destino "actual, exclusivo y habitual" que la ley no requiere para inmuebles propios.
En lo que aquí interesa, peticionó el dictado de una medida cautelar por la que se ordene a la accionada abstenerse de: a) emitir títulos ejecutivos por el Impuesto Inmobiliario en relación con las partidas y períodos indicados; b) iniciar o proseguir juicios de apremio u otras acciones de cobro; y c) intimar, reclamar, embargar o ejecutar suma alguna al respecto.
Asimismo, ante la posterior emisión de los Títulos Ejecutivos N° 1549319, 1549364 y 1549369, solicitó como medida precautelar que se ordenara a la demandada -en forma "urgente"- abstenerse de efectuar el cobro compulsivo de lo debido. Ofreció caución juratoria.
Invocó la doctrina de la SCBA en el precedente "Instituto Secular Schoenstatt" y destacó que el destino educativo surge acreditado por planos de obra, declaraciones juradas y actos de la Municipalidad de San Fernando (Decretos N° 3007/24 y 1392/26, habilitación bajo el rubro "Establecimiento para la Educación Física").
Agregó que la demandada no produjo prueba alguna que desvirtuara la declaración de su mandante, por lo que corresponde hacer lugar a la exención solicitada, conforme el criterio adoptado por la SCBA en el antecedente citado.
Detalló en el punto VIII del escrito de inicio, los vicios que a su entender padecen los actos cuya nulidad pretende en este proceso (causa y motivación), asegurando que la demandada interpretó la norma de una manera más gravosa para su mandante, valorando en forma arbitraria las pruebas rendidas en el expediente administrativo, aduciendo que se exige a su mandante requisitos que la ley no contempla, restringiendo por vía interpretativa el alcance de una exención que el legislador concedió en términos más amplios: "en definitiva, le exigió algo distinto de lo que la norma busca" -sic-.
Ofreció prueba. Formuló reserva de plantear el caso federal.
Solicitó que, oportunamente, se haga lugar a la demanda, anulando la Disposición (SEAJ) N° 45/2026 y la Disposición Delegada (SEATS) N° 450/2023 y se reconozca a la Asociación Civil Colegio San Marcos el derecho a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario respecto de las Partidas Inmobiliarias N° 096-015814-8, 096-016274-9 y 096-016275-7, con costas a la demandada.
II. En el auto del 21/09/2026 se tuvo a la presentante por presentada en el carácter invocado y se ordenó el libramiento del oficio previsto por el art. 30 del CCA, para que la demandada remitiera en el término de 15 (quince) días, la totalidad de los antecedentes y actuaciones que obren en su poder vinculadas con la pretensión deducida -pedido de exención del pago del impuesto inmobiliario del Colegio San Marcos Expediente N° 2360-0058179/2023-, bajo apercibimiento de lo prescripto en el inciso 2º de dicho cuerpo legal.
Asimismo, en forma previa a resolver la medida cautelar solicitada, se ordenó el libramiento de oficio para que la accionada brindara un informe acerca de los antecedentes y fundamentos del caso y remitiera, en el mismo acto, la totalidad de los antecedentes y actuaciones que obraran en su poder vinculadas con la Disposición (SEAJ) N° 45/2026, del 20/04/2026, dictada por la Gerente General de Técnica Tributaria y Catastral de ARBA, en el marco del Expediente N° 2360-0058179/2023, que confirmó la Disposición Delegada (SEATS) N° 450/2023, del 25/7/2023.
III. El 25/09/2026 la parte actora solicitó el dictado de una medida precautelar informando que al consultar el estado de la deuda "en la web de ARBA, figura que en fecha 15/08/2026 se ha procedido a emitir los títulos ejecutivos N° 1549319, 1549364 y 1549369".
Manifestó que al ser emitidos los títulos ejecutivos podía la demandada iniciar el apremio y embargar a su mandante en cualquier momento, sin necesidad de esperar el informe que se le requirió ni la resolución de la cautelar pedida en la demanda, afirmando que la posibilidad de inicio del juicio ejecutivo era el daño que se pretendía impedir.
Alegó que la "verosimilitud del derecho ya está acreditada en base a lo afirmado por la propia ARBA, que reconoció que el campo de deportes se encontraba en plena ejecución", sin perjuicio de lo cual, negó que el inmueble esté destinado al servicio educativo; a pesar de que la Municipalidad de San Fernando lo tiene habilitado hace años mediante actos administrativos con presunción de legitimidad bajo el rubro "Establecimiento para la Educación Física".
IV. El proveído del 30/09/2026 remitió a lo ya ordenado, es decir, el libramiento del oficio de pedido de informes (art. 23 del CCA).
V. Con fecha 05/10/2026 la actora reiteró el pedido de dictado de una medida precautelar indicando que había presentado otra vez y en la fecha, otro oficio ya que el anterior había devuelto sin responder por tratarse de un domicilio incorrrecto.
Afirmó también que al haber emitido los títulos ejecutivos N° 1549319, 1549364 y 1549369, "ARBA puede iniciar el apremio y trabar embargo sobre los bienes de mi mandante en cualquier momento, sin esperar el informe ni la resolución de la cautelar pedida en la demanda", requiriendo nuevamente el dictado de una medida precautelar reiterando las características del juicio de apremio y con el fin de evitar el peligro en la demora y repitiendo que la verosimilitud del derecho "ya está acreditada en base a lo afirmado por la propia ARBA" -sic-.
VI. El 13/10/2026, pasó a confronte el oficio remitido por la actora (el que fue observado) y se reiteró que la medida iba a ser resuelta una vez evacuado el informe del art. 23 del CCA.
VII. Con fecha 27/10/2026 la ARBA contestó el Informe previo solicitado.
En esa presentación el representante de la demandada solicitó el rechazo de la medida cautelar fundando su pedido de desestimación de la misma.
En primer término adjuntó -en formato digital el expediente N° 2360-0058179/2023-, iniciado por la actora, solicitando la exención de pago del Impuesto Inmobiliario previsto en el art. 177 inciso l) del Código Fiscal (T.O. 2011 y modif.) para las partidas inmobiliarias identificadas bajo los N° 096-015814-8, 096-016274-9 y 096-016275-7, desde el 27/04/2022.
Relató que la Agencia notificó a la accionante la necesidad de que acompañe la documentación pertinente y aporte una nota -con carácter de declaración jurada- aclarando la discrepancia del domicilio fiscal del colegio con el domicilio de las partidas sobre las que solicitó la exención y especificando por cada partida el destino de las mismas (fs. 108) y que analizada la misma volvió a notificar el mismo requerimiento toda vez que la accionante manifestó que "las mismas están destinadas parcialmente al servicio educativo (fs. 120)".
Y luego de ello, prosiguió, se efectuó una inspección ocular para constatar el destino real de las partidas en cuestión, adjuntando fotos correspondientes (fs. 127/144). Del informe sobre lo observado in situ (fs. 145), el inspector manifestó que sobre los lotes no hay edificación alguna encontrándose las parcelas baldías en su totalidad y que, consultado el administrador de la Asociación, Sr. Ochoa Julio, indicó que las partidas se encuentran en proceso de unificación y que en el futuro va a funcionar un campo de deportes de la entidad.
Así las cosas, la ARBA dictó, el día 25/07/2023, la Disposición Delegada (SEATS) N° 450/2023 (Anexos 097D00772-2023, 097D0007732023 y 0097D0007752023- (obrante a fs. 151/155) por la que denegó el beneficio de exención de pago pedido.
Para ello consideró acreditado de los elementos arrimados, que los inmuebles sobre los que se pidió la exención no se encuentran destinados, total o parcialmente, al servicio educativo, siendo ésta una de las condiciones que se deben cumplir para acceder al beneficio peticionado -conforme lo normado en el mencionado artículo 177 inc. l)-.
Expuso que la actora interpuso recurso de reconsideración el día 17/08/2023 (obrante a fs. 164/167) y que con fecha 20/04/2026, se dictó la Disposición SEAJ N° 45/2026 (obrante fs. 222/226) mediante la cual se resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto por la ASOCIACIÓN CIVIL COLEGIO SAN MARCOS (CUIT N° 30-51674593-9) contra la Disposición Delegada (SEATS) N° 450/2023. El referido acto administrativo fue notificado a parte interesada conforme surge de fs. 229 y que luego las actuaciones fueron giradas al Departamento Ejecución de Deuda por Incumplimiento de Pago para conocimiento e intervención.
Informó que, en el marco del expediente Nº 2360-58179/23, se emitió el título ejecutivo Nº 1.549.319 que incluye deuda por las cuotas 3/2022 a 04/2025 que registra la partida 096-015814-8, iniciándose el correspondiente juicio de apremio el 16/09/2026 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial San Isidro y que no se han registrado medidas cautelares administrativas vigentes trabadas conforme el artículo 14 Código Fiscal (T.O. 2011 y modif.).
A su vez, refirió que con relación a la partida 096-016274-9 se inició el día 16/09/2026 juicio de apremio ante esta dependencia, a fin de perseguir el cobro del título Nº 1.549.364 -cuotas 03/2022 a 04/2025- y que tampoco se registran medidas cautelares administrativas vigentes trabadas conforme el artículo 14 del mencionado cuerpo legal.
Respecto a la partida 096-016275-7 indicó que se inició juicio de apremio en igual fecha -16/09/2026- ante este Juzgado, a efectos de reclamar la deuda incluida en el cartular Nº 1.549.369 -cuotas 3/2022 a 04/2025- y que tampoco se registran medidas cautelares administrativas vigentes trabadas conforme el citado artículo 14 Código Fiscal (T.O. 2011 y modif.).
Indicó que la Gerencia de Gestiones de Cobro señaló por Memorando Nº 89/26 que las partidas involucradas registran deuda tanto en instancia prejudicial como judicial, que el contribuyente fue notificado en diversas oportunidades y que en el único descargo generado -en el año 2024- no expresó "motivo" limitándose a señalar "descargo" en el rubro observaciones del contribuyente, hecho que imposibilitó el análisis pertinente.
Advirtió, además, que la actora vierte en este expediente idénticos argumentos y similares alegaciones a las ya realizadas en sede administrativa, las que fueron debidamente tratadas y rechazadas, remitiéndose a los fundamentos de los actos administrativos impugnados por la contribuyente, esto es, la Disposición SEAJ N° 45/26 que confirmara la Disposición Delegada (SEATS) N° 450/2023.
Continuó transcribiendo los fundamentos del acto impugnado, explicitando los argumentos por los que corresponde desestimar el pedido cautelar.
VIII. El día 10/11/2026 en atención a lo pedido, pasaron las actuaciones a resolver la medida cautelar peticionada
1. En forma preliminar y, con el fin de resolver la petición cautelar formulada, corresponde efectuar algunas consideraciones iniciales sobre esta causa.
Según los términos de la demanda y la documentación acompañada, así como del informe producido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), la firma accionante resulta ser un establecimiento educativo, titular de un inmueble identificado con las partidas: Partidas N° 096-015814-8, 096-016274-9 y 096-016275-7 (Circ. VII; Secc. R; Mz. 22; Parcela 19; Circ. VII; Secc. R; Mz. 22; Parcela 20; Circ. VII; Secc. R; Fracción VIIa; Parcela 2da.).
También se encuentra acreditado que celebró con la vendedora de los inmuebles sobre los que reclama la exención impositiva, un convenio con una cláusula especial -transcripta en la propia Disposición (SEAJ) N° 45/2026- que afectó los inmuebles bajo condición especial -entre otras- de desarrollar el campo de deportes y/o club y/o sede de club deportivo/recreativo a efectuarse en etapas sucesivas conforme los requerimientos deportivos de la institución y el desarrollo de un estacionamiento vehicular, estableciendo una restricción de uso a dicho fin por veinte años desde la celebración de la venta.
En cuanto a la normativa de aplicación en autos y cuya interpretación se discute, cabe referir que el art. 177 del Código Fiscal dispone que: "Están exentos de este impuesto: . l) Los inmuebles pertenecientes o cedidos en uso gratuito a los establecimientos educativos reconocidos y autorizados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, y destinados total o parcialmente al servicio educativo.
Asimismo, esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, usufructo o uso no gratuito, a los mencionados establecimientos, siempre que se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual al servicio educativo y cuando las contribuciones, tasas, impuestos o expensas comunes que gravan el bien fueren a su cargo" .
Así las cosas, la accionante sostuvo que la denegatoria de la exención por ella solicitada resulta un acto viciado de nulidad, atribuyéndole a la demandada, una interpretación errónea y caprichosa de la norma en cuestión, afirmando también que en su presentación dio cumplimiento a la totalidad de los trámites y solicitudes que le fueron requeridos.
Por su parte, la demandada afirmó en su informe -y así se desprende del expediente administrativo adjunto- que le solicitó a la accionante la documentación pertinente y una nota con carácter de declaración jurada ya que se observó una discrepancia entre el domicilio fiscal del establecimiento educativo y el domicilio de las partidas sobre las que se peticionó la exención impositiva requiriendo también que se especifique por cada partida el destino de las mismas (fs. 108).
Alegó que analizada la documentación acompañada volvió a requerir y notificar similar pedido toda vez que manifestaron acerca del destino de las partidas que "las mismas están destinadas parcialmente al servicio educativo", aseverando que la norma requiere para la procedencia del beneficio: a) que se trate de inmuebles pertenecientes a establecimientos educativos o cedidos en uso gratuito; b) que dichos establecimientos estén reconocidos y autorizados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia; y c) que se encuentren destinados, total o parcialmente, al servicio educativo.
Asimismo, señaló que desde la modificación introducida por la Ley 13.613 (Impositiva para el año 2007), la norma posibilita el acceso al beneficio de los inmuebles locados, en comodato, en usufructo o uso no gratuito a favor del establecimiento -educativo reconocido y autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia- tenga a su cargo el pago de las contribuciones, tasas, impuestos o expensas comunes, y que el inmueble sea destinado en forma exclusiva y habitual al servicio educativo.
Consideró que lo que debía dilucidar era si efectivamente se encontraba cumplimentado que los inmuebles se encontraban destinados, total o parcialmente, al servicio educativo destacando que de la copia de la escritura acompañada resulta la transmisión de dominio de los inmuebles de marras, bajo condición especial -entre otras- la de desarrollar el campo de deportes y/o club y/o sede de club deportivo/recreativo a efectuarse en etapas sucesivas conforme los requerimientos deportivos de la institución y el desarrollo de un estacionamiento vehicular, estableciendo una restricción de uso a dicho fin por veinte años desde la celebración de la venta.
2. Sentado lo anterior, cabe recordar que para la suerte favorable de las medidas cautelares ha de determinarse si se encuentran reunidos los requisitos previstos en la Ley 12.008, a saber: la existencia de un derecho verosímil en relación al objeto del proceso y la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho. Asimismo, el citado cuerpo legal exige que con su dictado no se afecte gravemente el interés público (cfr. art. 22).
Asimismo, debe tenerse en consideración que, en atención a la naturaleza tributaria de la cuestión planteada, la dependencia a mi cargo por Disposición del Superior (cfr. JCA 2 SI, causas nº 1018 del 8/9/14 y nº 1031 del 17/9/14 y sus citas, entre muchas otras) ha tenido oportunidad de sostener que:
a) el régimen de medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, en virtud del interés público que reviste la regular percepción de los recursos tributarios, "lo cual hace forzosa una especial consideración en la apreciación de los recaudos que exige la ley procesal para la viabilidad de la medida suspensiva del acto que se solicita en este proceso" -sic-;
b) los esquemas de relación que tradicionalmente prevalecen en orden a los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora sufren en esta materia algunas modificaciones sustanciales respecto de otros supuestos en que no se encuentra en juego la oportuna percepción de la renta pública;
c) se procura que la medida cautelar no se exhiba como un mero factor de retardo y perturbación en el desarrollo de la política económica del Estado con menoscabo de los intereses de la comunidad.
Todo ello es concordante con la reiterada línea jurisprudencial de la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín al expedirse con relación a la procedencia de medidas cautelares atinentes a reclamos de naturaleza tributaria (cfr. CCASM causas nº 13, res. del 3/9/04, n° 237, res. del 30/8/05, res. nº 1299 del 11/7/08, res. nº 1377 del 25/7/08, res. nº 1364 del 25/7/08, nº 1433 res. del 30/9/08, nº 2029 res. del 6/4/10, nº 2271 res. del 14/9/10, entre muchas otras), así como con la que sostienen, en idéntica materia, sus tribunales superiores (ver SCBA en causas n° I. 72510, res. del 21/5/14; n° I. 72485, res. del 21/5/14; n° I. 72666, res. del 21/5/14; n° I. 72487, res. del 21/5/14; n° I. 72086, res. del 3/4/14; n° I. 72234, res. del 5/3/14; n° I. 72206, res. del 9/10/13; n° I. 72204, res. del 9/10/13; n° I. 72205, res. del 9/10/13; n° I. 72209, res. del 9/10/13; n° I. 72222, res. del 10/7/13; n° I. 71136, res. del 23/4/14, y CSJN, Fallos 331:2889, 330:4076, 329:3890, 328:3638, 328:3018, 328:837, 327:4301, 326:4888, 326:2741, 326:1999, 313:1420, entre otras).
Además, es dable señalar que las medidas innovativas son una decisión excepcional porque alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configuran un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. CSJN, Fallos 316:1833, 331:466, 330:2186, entre muchas otras; SCBA, Ac 98260, res. del 12/7/06, Juez Soria (OP)).
En este sentido, resulta acuñada doctrina de la Alzada regional y tribunales superiores que -como criterio general- corresponde analizar con particular estrictez las peticiones cautelares en materia tributaria (cfr. CCASM, causas n° 142/05, res. del 15/4/ 05; n° 687/06, res. del 20/6/06; y CSJN, Fallos: 313:1420, 316:766, 318:2431, 325:3284; 326:880, entre otros) y medidas que impliquen la suspensión de actos en este ámbito (cfr. SCBA, causas n° B. 65.536, res. del 24/9/03; y n° B. 65.727, res. del 4/7/07).
En la misma dirección, es también un reiterado criterio jurisprudencial que si bien es cierto que el juez se halla habilitado a efectuar un prudente balanceo entre dichos recaudos haciendo pesar uno por sobre otro cuando justamente éste aparece como incontrovertible (cfr. SCBA, causas n° I 1.947, res. del 5/10/05; n° I 1.949, res. del 6/9/06 y n° B. 64.769, res. del 8/11/06 [Juez Soria]; en sentido similar, CCASM, causa n° 4.113/14, res. del 22/5/14 y sus citas), no menos cierto es que, al momento de proveer favorablemente la tutela precautoria solicitada, debe constatarse la concurrencia de todos los elementos propios de ese tipo de medida, no pudiendo prescindirse completamente de ninguno de ellos (cfr. SCBA, causa n° I 1.949 y CCASM, causa n° 4.113/14, "Ercoli", antes citadas, entre otras).
3. Sobre esta base, anticipo que la medida cautelar peticionada no ha de prosperar por las razones que seguidamente se desarrollarán.
Ello, recordando que no es preciso que el juzgador considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni el orden en que los proponen, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros, y JCA2 SI, causa nº 3701, sent. del 3/9/13; entre otras).
En ese orden, la verosimilitud del derecho constituye el primer recaudo que debe sopesarse para el otorgamiento de una medida precautoria; si éste no se visualiza, ya no es necesario indagar sobre la configuración de los restantes. Por más que se demuestre el riesgo inmediato de perder el derecho que se intenta cautelar, la medida precautoria no podrá ordenarse si previamente no se acredita, al menos en grado de apariencia, que se ha vulnerado el derecho del peticionante (cfr. CCAMDP, causa n° 5118, res. del 16/10/14).
En ese marco, los argumentos por los que la peticionante pretende abonar tal recaudo, a mi modo de ver, conducen a indagar aspectos cuya dilucidación requiere mayor espacio de conocimiento y elementos de decisión impropios de esta etapa, con el consecuente riesgo de ingresar en el análisis del fondo de la cuestión reservado al dictado de la sentencia de mérito, motivo por el que corresponde desestimar la medida cautelar peticionada (cfr. doct. CCASM causa nº 2123, res. del 10/6/10 y arg. CCASM causa nº 324, res. del 27/9/05, entre muchas otras).
Es que, en lo sustancial, la pretensión anulatoria de los actos administrativos por los que no se hizo lugar a la exención solicitada por la actora -objeto del proceso- consiste en el reconocimiento del derecho a que se la exima del pago del tributo inmobiliario en cuestión, por lo que requiere que el Fisco se abstenga de: a) emitir títulos ejecutivos por el Impuesto Inmobiliario en relación con las partidas y períodos indicados; b) iniciar o proseguir juicios de apremio u otras acciones de cobro; y c) intimar, reclamar, embargar o ejecutar suma alguna al respecto.
Para ello, tal como expone en la demanda, el argumento central para la procedencia de la pretensión principal se halla ligado al reconocimiento de que el establecimiento educativo se encuentra comprendido en el art. 177 inc. l) del Código Fiscal, sin que quepa efectuar análisis o prueba alguna sobre ello. Véase que la accionante afirma que: " . adquirió de Parque Reconquista S.A. las Partidas N° 096-016274-9, 096-016275-7 y 096-015814-8, con una cláusula especial -transcripta en la propia Disposición (SEAJ) N° 45/2026 - que afectó los inmuebles, por veinte años, al desarrollo de un campo de deportes. Desde ese momento el destino quedó jurídicamente predeterminado; y siendo que es la propia ARBA quien transcribe esa cláusula para fundar su negativa, mal puede ahora desconocer el destino que ella misma registra en su acto ". (el subrayado y destacado son propios).
Cabe agregar a lo ya dicho, que también afirmó que: "...ARBA exige a mi mandante requisitos que la ley no exige, restringiendo por vía interpretativa el alcance de una exención que el legislador concedió en términos más amplios: en definitiva, le exigió algo distinto de lo que la norma busca" y que:"...lesionan el principio de legalidad y de primacía de la realidad, dado que por vía de una Disposición (y no de una ley) se pretende incorporar mayores exigencias para la procedencia de una exención, y se valora arbitrariamente la prueba obrante en el expediente, todo lo cual violenta a su vez el principio de razonabilidad".
Ahora bien, nótese que los pedidos cautelares se hallan estrechamente vinculados -cuando no superpuestos- con el objeto de la pretensión deducida y los fundamentos invocados para su procedencia, en tanto tienen por objeto respecto del impuesto inmobiliario sobre las partidas involucradas por los períodos 04/2026 al 04/2026 el no pago del mismo y ordenar a la parte demandada abstenerse de realizar determinadas conductas vinculadas con el inicio , prosecución de juicios de apremio u otras acciones de cobro del gravamen hasta el dictado de la sentencia definitiva -v.gr. intimar, reclamar, embargar o ejecutar suma alguna al respecto, entendiendo que: "resulta menester el dictado de una medida cautelar a los efectos de que ARBA se abstenga de avanzar con el cobro de una deuda cuya improcedencia es manifiesta y se contrapone incluso a actos administrativos emitidos por la Municipalidad de San Fernando".
Sobre esta base, cuadra concluir que la petición cautelar introducida, al modo en que ha sido planteada y de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en este estadio liminar de la causa, requiere para su dilucidación de mayor debate y prueba, máxime cuando la pretensión cautelar necesariamente incluye en el análisis de su procedencia aspectos vinculados a la debatida cuestión de fondo en un asunto complejo, con necesidad de elementos probatorios y que exige un examen que sólo puede ser llevado en un estadio procesal con mayores elementos de convicción que los tenidos al tiempo de dictarse la presente resolución (arg. CCASM causa nº 3759, de fecha 2/9/13, entre otras).
En consecuencia, sin perjuicio del análisis que, oportunamente, quepa formular al momento del dictado de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo introducida en autos, la determinación de la procedencia de las medidas cautelares peticionadas, en los términos en que han sido planteadas, requiere el análisis de la normativa aplicable y su interpretación y de la prueba de los extremos alegados; estudio que, por su profundidad, excede el reducido marco de conocimiento de todo despacho cautelar, todo lo cual aconseja, para su adecuada resolución, la bilateralización de tal planteo (cfr. art. 15 CPBA).
De tal modo, lo que sustancialmente obsta la suerte favorable del planteo cautelar de la actora -en todas sus variantes- es que, a fin de analizar su procedencia, tal como es formulado, deviene ineludible ingresar en el examen de la cuestión de fondo, anticipando una postura, en esta etapa liminar, con relación a la legitimidad del cobro cuya improcedencia postula la actora; cuestión que, considero, ha de decidirse al momento de resolverse el fondo de la controversia.
Por todo lo expuesto, no encuentro acreditada, en el marco del presente proceso cautelar, la existencia de un derecho verosímil con relación al objeto del proceso, razón por la cual corresponde desestimar las tutelas requeridas (cfr. art. 22, inc. 1.a del CCA).
4. Más allá de no verificarse la invocación de un derecho verosímil para la suerte favorable del despacho cautelar, y si bien el no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la cautela solicitada (cfr. art. 22 inc. 1 a) del CCA) resulta suficiente para denegarla (arg. CCASM causas nº 1029 del 9/10/07, nº 3159 del 29/5/12, entre muchos otros, y cfr. JCA2 SI causa n° 1019 del 8/9/14, entre muchas otras), en el presente caso tampoco encuentro suficientemente acreditado el requisito previsto en el art. 22 inc. 1 b) de la Ley 12.008.
De acuerdo con los criterios del máximo Tribunal Provincial, el recaudo denominado peligro en la demora (definido como el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de un modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto a llegar cuando el daño sea irremediable) debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (cfr. SCBA, causa n° A.72242, sent. del 5/11/14, entre muchas otras y cfr. JCA2 SI, causa n° 3421, res del 29/12/14).
Así las cosas, la actora apuntaló la configuración del peligro en la demora en que, de no dictarse la medida cautelar, la demandada podrá reclamar administrativa y judicialmente las cuotas del impuesto inmobiliario cuya denegación impugna en este proceso.
En este sentido, sostuvo que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires emitió títulos ejecutivos e iniciará juicio de apremio y embargar a su mandante en cualquier momento. Adujó que la posibilidad de inicio del juicio ejecutivo era el daño que se pretendía impedir alegando además que la "verosimilitud del derecho ya está acreditada en base a lo afirmado por la propia ARBA, que reconoció que el campo de deportes se encontraba en plena ejecución".
Al respecto, se ha dicho en esta sede que "no basta a los efectos pretendidos por la actora la simple alegación de un perjuicio irreparable frente al riesgo de afrontar un juicio de apremio en el que se reclame el tributo sub examine -y las eventuales consecuencias sobre la entidad que una eventual falta de pago traería aparejado- sin que obren elementos en la causa que justifiquen objetivamente tales extremos" (cfr. JCA2 SI, causa n° 33146, res. del 14/7/2023 y, en el mismo sentido, causas n° 474, res. del 25/8/14; nº 27507, res. del 20/12/19, entre otras).
En ese orden de ideas, no pierdo de vista que la accionante no adjuntó elemento probatorio alguno encaminado a demostrar un concreto perjuicio económico a raíz de la liquidación del tributo conforme a la normativa cuestionada -más allá de una alegada interpretación errónea por parte de la ARBA que sustenta la acción de fondo-, razón por la cual, en el marco del estado actual del proceso, y en virtud de la nula acreditación del recaudo en tratamiento, no puede tenerse por demostrado siquiera algún grado de afectación patrimonial y/o al desarrollo de la actividad de la firma que pudiera sustentarlo.
De este modo, más allá de las alegaciones que en grado de hipótesis ha desarrollado, la actora no ha demostrado el grado de perturbación que le ocasionaría, en su concreta situación económica, proceder al pago del tributo reclamado y/o -eventualmente-, hacer frente al juicio de apremio, en cuyo marco podrá ejercer su derecho de defensa (cfr. arg. CCASM causas nº 1190 del 8/7/08, nº 3664 del 20/5/13; nº 3301 del 15/10/12, nº 3102 del 5/6/12 y sus citas, entre muchas otras).
En virtud de todo ello, cabe concluir que, en las presentes actuaciones, la actora no ha esgrimido, con soporte en elementos objetivos, la existencia de la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o agravamiento de una determinada situación de hecho o derecho tal como lo dispone el art. 22 del CCA, ni ha aportado elementos que resulten de suficiente intensidad como para acreditar dicho extremo.
En definitiva, ya sea en la consideración de la verosimilitud del derecho, como en la del peligro en la demora, en este caso concreto, el avance sobre la cuestión de fondo a ser dilucidada en el proceso ordinario promovido -con amplio espacio de debate y prueba- impide fundar un temperamento favorable a la tutela cautelar peticionada, por lo cual, se justifica su desestimación (cfr. arg. CCASM en causa nº 2843, res. del 20/10/11, causa nº 2688, res. del 4/8/11, nº 3653, nº 2745, res. del 16/8/11, nº 2629, res. del 11/7/11 ya citadas; y JCA2 SI, causa n° 28613, supra cit., entre muchas otras).
Por los fundamentos expuestos, y sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, corresponde desestimar la tutela precautoria solicitada (arts. 22 inc. 1º y 25 del CCA, Ley 12.008, según Ley 13.101),
5. Por lo tanto, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (cfr. art. 22 del CCA), ello es suficiente para denegarla (cfr. CCASM, causas nº 1029 del 9/10/07, nº 3159 del 29/5/12, entre muchos otros).
Ello, no obstante que, de modificarse la situación fáctica/jurídica tenida en cuenta al decidir (cfr. arts. 22 y 26 inc. 3 del CCA), y en virtud del carácter provisional de los despachos cautelares, podrá efectuarse, con nuevos elementos, un nuevo examen -a pedido de parte-, acerca de la procedencia y/o alcances de la tutela precautoria aquí analizada (cfr. arg. JCA2 SI, causa n° 10087, res. del 24/11/16).
6. Finalmente, razones de orden práctico y economía procesal aconsejan no imponer costas, atento a la falta de sustanciación (cfr. arg. CCASM causa n° 7432, res. del 19/3/19, entre otras).
Por todo ello,
I. Rechazar el pedido cautelar efectuado por la parte actora (cfr. art. 22 del CCA).
II. No imponer costas atento a la falta de sustanciación de las presentes actuaciones.
III. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos para el momento procesal oportuno (cfr. art. 51 de la Ley 14.967).
REGISTRESE y NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO N° 4013/21 DE LA SCBA.
Luis Oscar Laserna
Juez P.D.S.
Firmas
Funcionario firmante: LASERNA Luis Oscar - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1038-2026
Fin de la sentencia