Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 100155238-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículos 184 de la ley 11.683 y 68 del C.P.C.C.N.) y
2Confirmar la regulación de honorarios apelada, en los términos del Considerando VIII.
11954/2023 - ASOCIACION CIVIL INTERDISCIPLINARIA DE ARGENTINA
PARA LA CICATRIZACION DE HERIDAS (TF 100155238-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 27 de junio de 2023.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 21 de octubre de 2022, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró abstracta la cuestión suscitada en las presentes actuaciones e impuso las costas al Fisco Nacional. Para así decidir, en primer término reseñó los antecedentes de hecho y lo alegado por las partes, al tiempo en que recordó los requisitos de procedencia que establecen las normas aplicables para acciones como la aquí intentada.
Posteriormente, señaló que, a través de la IF-2022-106876768-APN- DTD#JGM, la demandada había manifestado que “[p]ara poder efectuar la reincorporación al registro, previamente se tuvieron que transitar distintas etapas administrativas, lo que requiere un tiempo prudencial [y] Que fue necesario conciliar toda esa labor que [tenía] por objeto satisfacer las peticiones del amparista, teniendo siempre en cuenta la normativa aplicable para admitirse o no la solicitud, lo que en muchos casos [podía] ocasionar atrasos en los trámites de la reincorporación […]”.
Asimismo, constató que, de las constancias acompañadas por el Fisco Nacional, se desprendía que aquella referida al “Sistema Registral – Reflejo de Datos Registrados”, del 12/10/22, contenía “[e]l concepto de “10 GANANCIAS SOCIEDADES 10-2018 3 EXENTO - EXENTO RG 2681 13-07-2015 05-10-
2022 17:35:15” siendo la última fecha mencionada la de actualización por la que se ratificaría la calidad de exento del sujeto […]”.
Por otra parte, explicó que se había adjuntado “[l]a comunicación de descargo efectuada por la amparista en donde mediante fecha 12/10/2022 se le contestó que: “Tu presentación N° 202200712928 del 10/06/2022 ha sido finalizada. Por medio de la presente se comunica que el área competente informó que se ha resuelto el inconveniente planteado, surgiendo a la fecha de los registros obrantes en esta AFIP:GANANCIAS SOCIEDADES 10-2018 3 EXENTO Exento RG 2681. Saluda a Uds. atte. Resultado de la gestión: Aprobación […]” (sic).
Además, remarcó que la amparista había expresado que el impedimento involucrado en el caso se encontraba resuelto y, en tales condiciones, consideró que la cuestión había devenido abstracta.
Respecto de los accesorios, indicó que “[c]on fecha 04/05/2022 se dictó la Resolución N° 18/2022 (DIRCEN) por la Dirección Regional Centro que disponía dejar sin efecto el acto administrativo que resolvió el archivo de las actuaciones por las que tramitaba la exención ahora solicitada, ordenando la continuidad de las actuaciones [que] Con fecha 14/06/2022 el área interviniente procedió a direccionar las actuaciones al Departamento Control de Devoluciones y Tramites [que] el 27/07/2022 la AIACH presentó pronto despacho y el 21/09/2022 interpuso recurso de amparo ante este Tribunal [y que] luego de iniciadas las actuaciones y de haberse corrido traslado al Fisco Nacional del recurso, con fecha 5/10/2022 AFIP comunica que se ratificó la calidad de sujeto exento […]”.
Frente a ello, estimó que la inactividad del Fisco Nacional condujo a la parte actora a iniciar la presente acción, en tanto éste “[p]rocedió a la reincorporación de la entidad al Registro de Sujetos Exentos cinco meses después del dictado de la Resolución N° 18/2022, no habiendo demostrado qué trámites se llevaron a cabo en ese período, en especial teniendo en cuenta que en su informe puso en conocimiento que el trámite de otorgamiento de la exención aún se encontraba en curso […]”.
Finalmente, reguló los honorarios correspondientes al Sr. Francisco Agustín Blanco, por su actuación en carácter de apoderado y patrocinante, en la suma de $72.800, equivalentes a 7 UMA (páginas 163/167 del PDF incorporado por este Tribunal el 12/04/23).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 4 de noviembre de 2022 apeló la parte demandada, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyos argumentos no fueron contestados por la actora (páginas 191/204 y 209/222 del PDF incorporado por este Tribunal el 12/04/23).
La demandada se agravió, en síntesis, de la distribución de los accesorios adoptada por el Tribunal Fiscal.
Para fundar su posición, sostuvo que ella no podía ser considerada como “parte” en el proceso, habida cuenta de que no se estaba frente a uno de tipo bilateral, en el cual existiera una parte “vencida”.
Cito diversas publicaciones doctrinarias y antecedentes jurisprudenciales que consideró favorables a su postura y, por lo expuesto, solicitó que se revocara lo decidido.
III. Que, de igual modo, el 28 de octubre de 2022 el Fisco Nacional apeló los honorarios regulados en favor del letrado de su contraria, por altos (páginas 178/179 del PDF incorporado por este Tribunal el 12/04/23).
IV. Que, por su parte, el 26 de octubre de 2022 apeló el letrado interviniente por la parte actora la regulación efectuada en su favor, por considerar exiguo el monto reconocido (páginas 171/172 del PDF incorporado por este Tribunal el 12/04/23).
V. Que, sentado lo expuesto, cabe adelantar que el recurso intentado por la parte demandada, vinculado a la imposición de costas del pronunciamiento cuestionado, no puede prosperar.
Esto es así, debido a que la tesis del Fisco Nacional, referida a la falta de bilateralización del proceso y su respectiva incidencia sobre los accesorios, implicaría situar a la petición de su contraria como “extracontenciosa” y atribuirle -indebidamente- al presente expediente el carácter de “proceso voluntario” (cfr. esta Sala in re “Vial Agro S.A. – Ingeniería Arquitectura SRL – Espora – UTE c/EN – M Transporte de la Nación y otro s/amparo por mora”, expte. N.º 12456/2020, sentencia de abril de 2021).
En efecto, se desprende de la lectura de la pretensión actoral y de la contestación del informe del propio Fisco Nacional la existencia de intereses contrapuestos, que permite, en oposición a lo sostenido por la recurrente, atribuirle al presente proceso el carácter de “contencioso” (y, por ende, bilateral), habida cuenta de que la decisión a adoptarse incidiría indefectiblemente sobre su parte (cfr. esta Sala in re “Vial Agro S.A.” citada y, en un sentido análogo, in re “Chryse SA (TF 115085528-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. N.º 22067/2022, sentencia del 06/10/22).
En ese contexto, y teniendo en cuenta, por un lado, que el carácter “bilateral” del proceso permite acudir al principio general en materia de costas contenido en los artículos 184 de la ley 11.683 y 68 del C.P.C.C.N. y, por el otro, que -en la presente incidencia- la demandada ha resultado “vencida”, es que corresponde rechazar los argumentos vertidos por la apelante sobre el punto.
VI. Que, a mayor abundamiento, debe dejarse sentado que el Fisco Nacional no ha logrado cuestionar, en modo alguno, la morosidad injustificada que la sentencia del Tribunal Fiscal le atribuyó en sus Considerandos. En efecto, la pieza bajo examen, no contiene una sola referencia al trámite administrativo sobre el cual la parte actora estructuró su acción de amparo, ni las incidencias que el Tribunal Fiscal ponderó para fundar la imposición de los gastos causídicos.
En estas condiciones, los argumentos expuestos por la recurrente traducen un cuestionamiento meramente formal y, por lo mismo, insuficiente para desvirtuar los fundamentos del pronunciamiento recurrido.
VII. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia se imponen al Fisco Nacional, sustancialmente vencido (cfr. artículos 184 de la ley 11.683 y 68 del C.P.C.C.N.).
VIII. Que, finalmente y a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios, se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (cfr. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, lo preceptuado por el art. 48 de la ley 27.423, en cuanto fija un honorario mínimo en los procesos de amparo; atento el motivo, extensión, calidad jurídica y resultado de la labor desarrollada, es preciso remitirse a lo dispuesto en los incs. b) a g) del art. 16 de la referida Ley de Arancel. En tales condiciones, atendiendo a la etapa del pleito cumplida, corresponde, confirmar los emolumentos regulados con fecha 01/08/2022, en favor del DR. FRANCISCO AGUSTÍN BLANCO, letrado apoderado, actuante en defensa de la actora (arts. 16, 20, 29, 44, inc. b), 48 y ccdtes. y citados de la ley 27.423 y Dto. 1077/17).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo–c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículos 184 de la ley 11.683 y 68 del C.P.C.C.N.) y 2º) confirmar la regulación de honorarios apelada, en los términos del Considerando VIII.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia