Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-884/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de inexistencia de caso y de falta de legitimación activa deducidos por el Estado Provincial en PE1951092-2025.-
2Mantener la vigencia de la medida cautelar decretada oportunamente por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Tres de esta ciudad y por el plazo de seis (6) meses, respecto de la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 3859.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-884/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1200 Actor: ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 13/04/26 TOMO XXI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1200 FOLIO Nº 4034/4041 PROT. ELECT. TSS1 003 C.261
Río Gallegos, 13 de abril de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº A-884/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. En PE1449410-2024 se presenta la Asociación Civil de la Magistratura y la Función Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz -en adelante AMFJ-, por intermedio de su Presidenta Dra. María Alejandra Vila, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Rubén González, solicitando se dicte una medida cautelar innovativa consistente en la suspensión de la vigencia de la Ley Provincial Nº 3859 -Ley del Tribunal de Enjuiciamiento-, por considerarla contraria a preceptos emanados de la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Tratados Internacionales con jerarquía supralegal, todo ello hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso principal. (cfr. PE cit., pág. 1).- Sostiene que la AMFJ es parte interesada para peticionar la tutela precautoria en representación de sus asociados y asociadas, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 2, incisos e), g) y h) de su Estatuto Social. Agrega que el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley Nº 3859 y el Departamento Ejecutivo promulgó la norma mediante Decreto Nº 687/24 del 4 de julio de 2024, publicado en el Boletín Oficial el 5 de julio del mismo año, derogando la Ley Nº 28 y estableciendo una novedosa organización, funcionamiento y atribuciones respecto al Tribunal de Enjuiciamiento (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Dice que la normativa impugnada contiene disposiciones que vulneran principios y garantías constitucionales y convencionales, concretamente el principio de inamovilidad de los jueces y las juezas consagrado en el artículo 110 de la Constitución Nacional, artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 128 y 129 de la Constitución Provincial. Luego, realiza una crítica general y particular de la norma (cfr. PE cit., págs. 2/14).-
Asimismo, expresa que la verosimilitud del derecho invocado se basa en la clara contrariedad de la Ley Nº 3859 con las disposiciones constitucionales que garantizan la inamovilidad de los magistrados y magistradas, como así también respecto a la independencia del Poder Judicial (cfr. PE cit., pág. 14).-
Destaca que el peligro en la demora radica en el riesgo inminente que trae aparejada la vigencia de la norma, en tanto y en cuanto habilitaría la destitución arbitraria de los magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial. Ofrece contracautela, plantea la cuestión federal y presenta prueba (cfr. PE cit., pág. 15).-
A su turno, la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 3 de esta ciudad capital, admitió la medida cautelar peticionada por la AMFJ en el marco de los autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y FUNCION JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ ESTADO PROVINCIAL s/ MEDIDA CAUTELAR”, Expte. N° 4941/24 y, en consecuencia, suspendió la aplicación de la Ley Nº 3859 (B.O. 5 de julio del 2024), hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso judicial que tenga por objeto dilucidar el fondo del asunto, ello según surge de la resolución obrante en PE883177-2024 de esos autos los que, posteriormente, fueron recepcionadas por este Excmo. Tribunal Superior según surge de la certificación obrante en PE1091823-2025.- Para así decidir la Jueza de Primera Instancia consideró que: “…la verosimilitud del derecho invocada por la Asociación actora, en tanto -como se ha expresado- los cambios implementados en la mencionada norma generan grave incertidumbre jurídica en torno a la independencia del Poder Judicial ya que la destitución de magistrados/as y funcionarios/as judiciales podría quedar a merced de un sistema que atenta contra la estabilidad institucional y la confianza pública en la administración de justicia; todo lo cual, en definitiva, conspira contra la seguridad jurídica por la que la Magistratura y el Funcionariado debe velar, garantizando de esa manera un adecuado servicio de justicia…el peligro en la demora se configura por el perjuicio que podría ocasionar la aplicación de esta nueva ley, que al alterar el equilibrio y la independencia entre los distintos poderes del Estado, instala incertidumbre jurídica que afecta no solo a los magistrados y magistradas, a los funcionarios y funcionarias de los Ministerios Públicos, sino a quienes son los principales destinatarios del servicio de justicia, es decir a las y los justiciables, contrariando el principio de tutela judicial efectiva...” (cfr. PE883177-2024, pág. 5).- Contra esa decisión, se presenta el Estado de la Provincia de Santa Cruz, a través del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo y el Dr. Juan Lucio R. de la Vega, recusan con causa a la Magistrada de grado; plantean la incompetencia de la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 3 de esta ciudad para dictar la medida precautoria; apelan la resolución dictada y solicitan se conceda el recurso con efecto suspensivo (cfr. PE1455943-2024).-
Manifiestan que: “…recusamos con causa a V.S. y hacemos extensiva la recusación a todos los magistrados y funcionarios del ministerio público de cualquier fuero e instancia cuyo régimen de enjuiciamiento se rige por el art. 129 de la Constitución Provincial y por la ley 3.859, pues todos tienen interés en el pleito […] Venimos además a plantear la incompetencia del Juzgado de Familia para entender en el presente juicio y, como consecuencia, para dictar la medida cautelar de autos […] la medida cautelar de autos ha sido dictada por una jueza incompetente, por lo que requerimos se proceda de manera inmediata a declarar la incompetencia del Juzgado de Familia […] Sin perjuicio de lo expuesto, venimos a apelar la providencia PE883177-2024 del 11/07/2024, porque causa gravamen irreparable a los intereses de mi mandante. Solicitamos se conceda el recurso de apelación con efectos suspensivos…” (cfr. PE cit. págs. 2/3).- En PE902979-2024 se tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación deducido por la demandada y, por consiguiente, se hace saber a la recurrente que deberá presentar memorial de agravios en el plazo de 5 días de notificada.-
Seguidamente, el Estado Provincial expresa agravios respecto a la falta de legitimación activa de la AMFJ; planteando subsidiariamente la concurrencia de una legitimación limitada solo para los asociados de la actora; se queja por cuanto entiende que no estamos frente a un caso concreto; se agravia en relación a la incompetencia y la falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 33, 35 y cctes. del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo (CPCA, Ley N° 2600); expone que la resolución sería nula por falta de fundamentación y, por último, alega sobre el alcance otorgado a la medida cautelar (cfr. PE1499187-2024).- En PE911203-2024 se ordena correr traslado del memorial de agravios, siendo contestado por la actora mediante la presentación identificada como PE1514818-2024.-
Al momento de resolver el recurso de apelación deducido, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial consideró que el planteo efectuado por la demandada implica una controversia de competencia entre el fuero civil y el contencioso administrativo y, por consiguiente, resolvió, sin adentrarse en los agravios propuestos, remitir las actuaciones a este Alto Cuerpo (cfr. PE1816749-2025).-
En PE1940229-2025, este Excmo. Tribunal Superior resolvió revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1816749-2025, y, en consecuencia, poner los autos a disposición del Estado Provincial por el plazo de 5 días a efectos de manifestar lo que por derecho estime corresponder (cfr. art. 25, segundo párrafo del CPCA, Ley N° 2600).-
Así, la parte demandada solicita la revocación de la medida cautelar dictada y, subsidiariamente, su modificación (cfr. PE1951092-2025).-
En dicho sentido, expresa que: “…la asociación actora carece de interés legítimo -y, por ende, de legitimación- para requerir la suspensión de la Ley Nº 3.859. Ello implica que se ha concedido una medida cautelar a quien no tiene derecho ni interés para peticionarla, lo que implica un avance del Poder Judicial sobre competencias propias del Poder Legislativo que afecta la división de poderes […] quienes en todo caso tendrían un interés concreto en impugnar la ley 3859 son los magistrados y funcionarios sujetos al procedimiento allí establecido, mas no la asociación civil que los agrupa, amén de que ese interés recién se concretaría en caso de que se iniciara un proceso de juzgamiento conforme a la nueva ley.” (cfr. PE cit., págs. 1/3).- Agrega: “Si la legitimación no existe respecto de los asociados (a quienes expresamente se refieren los fines del estatuto), mucho menos esos ‘fines’ pueden considerarse como legitimantes respecto de magistrados y funcionarios que han decidido no asociarse y no ser representados por la actora.” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Sostiene que: “La medida cautelar debe ser dejada sin efecto también en razón de la evidente inexistencia de controversia susceptible de ser resuelta por el Poder Judicial [...] Si no existe un procedimiento de enjuiciamiento concreto contra un magistrado o funcionario, no se puede predicar en abstracto la inconstitucionalidad de la ley que lo regula. Y, si lo hubiera, le correspondería en todo caso al enjuiciado plantear la inconstitucionalidad, como persona efectivamente afectada y con un interés jurídico concreto...” (cfr. PE cit., págs. 7/9).- Postula: “También amerita la revocación de la medida cautelar el hecho de que haya sido dictada por una jueza del fuero de familia, que resulta incompetente, y en los términos del Código Procesal Civil y Comercial […] la providencia que decreta la suspensión de la Ley 3.859 no acredita la existencia de los requisitos incluidos los del art. 33 de la ley 2600 […] la providencia apelada es nula por carecer de fundamentación adecuada...La jueza a quo ha incumplido este deber fundamental al no examinar las cuestiones ya desarrolladas […] En autos es clara la inexistencia de fundamentos concretos que justifiquen lo resuelto, como quedó demostrado. Tampoco se ha demostrado que los vicios que se atribuyen a la norma impugnada aparezcan de manera manifiesta o palmaria…” (cfr. PE cit., págs. 11/12 y 17).- Por último, la accionada requiere subsidiariamente que: “…la suspensión sea limitada dentro de los artículos que la actora impugna en la demanda y previo exhaustivo análisis fundado de cada uno de ellos que evidenciare una palmaria vulneración constitucional, restableciéndose la vigencia de las normas no cuestionadas, procurando preservar la vigencia de la ley […] para el caso que se decidiera mantener vigente la medida cautelar tal como se ha dictado o con modificaciones, solicitamos que a V.E. (sic) que fije un plazo de duración razonable, expreso y cierto para ella.” (cfr. PE cit., pág. 18).- Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Tribunal, dictamina manifestando: “…que V.E., debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona en el marco de los presentes actuados.” (cfr. PE1964608-2025).-
En PE1172143-2025 pasan los presentes al Acuerdo.-
Mediante PE2176455-2026, la Provincia de Santa Cruz solicita, en caso de hacerse lugar a la tutela precautoria, la aplicación de la Ley Nº 3947, concretamente su artículo 5º en cuanto establece la vigencia temporal de las medidas cautelares dictadas contra el Estado.-
En PE1298534-2026 se suspende el pase al Acuerdo y se ordena correr traslado de la mencionada presentación a la parte actora por el término de cinco (5) días, quien lo contesta sosteniendo que: “…la medida cautelar dictada en el caso lo es hasta el dictado de la sentencia definitiva. Si bien la nueva ley sobre medidas cautelares (Nº 3947) establece la vigencia temporal de este tipo de medidas, en el caso de marras no es aplicable en virtud del principio temporal de las leyes (art.7 C.Civ y Com). Hipotéticamente, para el caso de que el TSJ no comparta estos argumentos, solicitamos se extienda su vigencia por el termino de seis meses o hasta el dictado de la sentencia definitiva en el presente, lo que ocurra primero.” (cfr. PE2193783-2026) Acto seguido, corrida nuevamente la vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, dictamina expresando: “…advierte el suscripto que le asiste razón a la requirente respecto al planteo efectuado, debiendo aplicarse en los presentes la Ley Pcial. Nº 3947...” (cfr. PE2199693-2026).-
En PE1309175-2026 vuelven los presentes al Acuerdo.-
II. Como cuestión preliminar, corresponde determinar cuál es el régimen jurídico aplicable para resolver el pedido de tutela precautoria impetrado, habida cuenta que, entre la promoción de la pretensión cautelar y el momento de su decisión, entró en vigencia la Ley Provincial Nº 3947, que derogó los artículos 25 a 39 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, e instituyó un nuevo régimen en materia de medidas cautelares contra el Estado.-
Al respecto, cabe señalar que se trata de una reforma de naturaleza procesal, en tanto regula los presupuestos de admisibilidad, el trámite, los alcances y la vigencia de las medidas cautelares. Así, conforme el artículo 7º del CPCyCN, las leyes se aplican desde su entrada en vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, regla que, en materia adjetiva, conduce a su aplicación inmediata a los procesos en trámite.-
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que: “…las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes, en tanto la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía. En ese sentido, no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal, pues las normas de procedimiento y jurisdicción son de orden público…(Fallos: 249:343; 321:1865; 326:2805 -voto del juez Maqueda-; entre otros).” (Fallos: 342:697).- En consonancia con la jurisprudencia citada, cabe señalar que ninguna de las partes posee un derecho adquirido al mantenimiento del régimen cautelar derogado ni, por ende, a que la pretensión sea decidida conforme a la normativa vigente al tiempo de su promoción. Antes bien, si al entrar en vigor la ley nueva la petición cautelar se encontraba aún pendiente de resolución, corresponde examinar su procedencia con arreglo al sistema normativo vigente al tiempo del pronunciamiento, sin perjuicio de la validez y subsistencia de los actos procesales ya cumplidos.- En conclusión, tratándose de una modificación de índole estrictamente procesal y no habiendo este Alto Cuerpo dictado resolución bajo la vigencia del régimen derogado, corresponde resolver la petición articulada en autos a la luz de la Ley Nº 3947.-
III. Sentado lo anterior, debemos precisar el alcance del rol que compete al Poder Judicial cuando se le somete -en el marco de un “caso”, “causa” o “controversia”- la validez constitucional de actos legislativos y ejecutivos que alteran la arquitectura del sistema de justicia.-
La función gubernamental tiene a su cargo la definición de la dirección política que se imprimirá y la adopción de las medidas destinadas a realizar esa decisión. Corresponde, principalmente, al Poder Ejecutivo y a la mayoría legislativa que lo acompaña ordinariamente en el Poder Legislativo. En contraste, la función de control tiende a asegurar el carácter limitado del poder estatal y a remediar sus posibles arbitrariedades. Así, quien controla busca asegurar que el poder eficaz, imprescindible para todo accionar estatal, no devenga en poder arbitrario, absoluto ni omnicomprensivo. De acuerdo con este sentido, no se pretende frenar o trabar el ejercicio de la función gubernamental, sino corregir posibles abusos o desviaciones que puedan darse. El Poder Judicial realiza esta función por medio del control de constitucionalidad y de legalidad de la actuación estatal, al remover los casos sometidos a su jurisdicción.- En consecuencia, los tribunales están llamados a poner de manifiesto y dar visibilidad a las omisiones o insuficiencias constitucionales en la actuación de los otros poderes. No están llamados a reemplazarlos, pero sí a despertar su accionar ante situaciones que sin duda lo reclaman (cfr. Santiago, Alfonso - Boulin, Ignacio A., “Derecho constitucional y políticas públicas. El derecho como guía del buen gobierno”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2023, págs. 33 a 36).-
La justiciabilidad debe llegar hasta dónde llega toda la amplitud y las implicancias del bloque de juridicidad (constitucional y legal) (cfr. Haro, Ricardo, “Las cuestiones políticas y el control jurisdiccional de las facultades privativas de los Poderes Estatales en la Doctrina de la Corte Suprema”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/3692/2014). El control jurisdiccional no supone sustituir decisiones de oportunidad, mérito o conveniencia, sino impedir que bajo su ropaje se consumen violaciones al texto constitucional, a los límites competenciales o a los estándares mínimos de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad. En esa inteligencia, la intervención judicial resulta plenamente justiciable cuando lo controvertido excede apreciaciones políticas contingentes y se proyecta sobre: (i) la regularidad del procedimiento constitucional empleado; (ii) la competencia de los órganos intervinientes y la juridicidad de sus actos; (iii) la afectación “prima facie” de garantías estructurales -verbigracia: división de poderes, juez natural, debido proceso-; y (iv) la preservación del bien colectivo que encarna una justicia independiente e imparcial.- Nuestra Constitución Provincial ha incardinado dentro de lo que ella llama “Poder Judicial” una verdadera jurisdicción constitucional, cuya cúspide pertenece a este Tribunal Superior de Justicia (cfr. art. 126).
Y en esa situación jerárquica, este Alto Cuerpo actúa como tribunal de garantías constitucionales al que se le ha confiado defender la Constitución en todas sus partes (cfr. arts. 131 y 132 de la Constitución Provincial). No es una ficción, no es una definición fatua o vacía, no es una decoración lingüística. La administración judiciaria tiene, dentro del polifacético sector de la jurisdicción, un ministerio servicial a cumplir sin retaceos (cfr. Bidart Campos, Germán J., “La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales”, Buenos Aires, Ediar, 1984, págs. 13 y 14). Como lo expresara con singular claridad Germán J. Bidart Campos: “El tribunal es poder, tiene poder, ejerce poder, comparte poder.
No es esto una absorción de los otros poderes por el Poder Judicial; no es esto un descarrilamiento del Poder Judicial ni una quiebra de la tripartición divisoria. Es el meollo esencial de la función de administrar justicia o, si se prefiere, de la justiciabilidad de todas las cuestiones da por habilitada la competencia de la Corte.” (cfr. autor cit., “La Corte…” cit., pág. 20). Esa afirmación, concebida en referencia a la Corte Suprema de la Nación, conserva plena vigencia y es enteramente extensible al ámbito provincial y al Tribunal Superior de Justicia, en tanto órgano supremo del poder judicial local y garante último de la supremacía constitucional en el territorio de la Provincia.- Al respecto, ha dicho este Alto Cuerpo que: “…el control jurisdiccional, aun en su faz cautelar, integra el ámbito legítimo de actuación del Poder Judicial cuando se advierten circunstancias que comprometen la eficacia de la tutela constitucional.
Su interdicción genérica convertiría en ilusorio el mandato de tutela judicial efectiva frente a daños institucionales de difícil o imposible reparación ulterior. La Ley Nº 3947 de ‘Medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el estado provincial, municipal, sus entes autárquicos o descentralizados’ no impide disponer medidas cuando concurren circunstancias graves y objetivamente impostergables, sino que requiere una valoración especialmente cuidadosa de los presupuestos de admisibilidad y de la razonabilidad de la medida solicitada.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XX, Reg. 1194, Folio 3974/3981).- Y también que: “La complejidad de los procesos institucionales no convierte en ajena al control judicial la verificación de su ajuste a la Constitución.
La jurisdicción, en tanto garante del equilibrio entre poderes, conserva la potestad de intervenir con prudencia y dentro de su órbita, cuando resulte necesario asegurar que los procedimientos estatales se desarrollen conforme a las reglas y valores constitucionales que los rigen.” (cfr. Interlocutorio cit.).-
Así, la tutela cautelar pretendida no se orienta a obtener una declaración abstracta ni a suscitar un control constitucional escindido de una controversia concreta, sino a resguardar provisionalmente un bien colectivo de máxima jerarquía institucional, cual es la independencia del Poder Judicial, con su correlato en la garantía de inamovilidad de los magistrados.-
De tal forma, la medida persigue evitar que la inmediata aplicación de la ley impugnada, en cuanto introduce profundas modificaciones en el procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios judiciales, torne ilusorio el ejercicio efectivo de la jurisdicción y comprometa la utilidad práctica de la sentencia definitiva; en especial, ante la necesidad de extremar recaudos frente a cualquier eventual injerencia política indebida en un mecanismo constitucional particularmente sensible para el equilibrio entre poderes.-
IV. Ingresando al análisis de los planteos efectuados por el Estado Provincial en torno a la inexistencia de caso y la falta de legitimación activa de la actora, corresponde establecer si la presentación articulada refleja la existencia de un caso, causa o controversia judicial que pueda autorizar la intervención de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en el marco de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 de la Constitución Provincial y artículos 4° y 30 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz.-
Al respecto, tiene dicho este Alto Cuerpo que un pronunciamiento judicial debe emitirse dentro de la atmósfera natural en la cual actúan las y los jueces, es decir, el caso o controversia judicial (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 665, Folio 3843/3845 y XXII, Reg. 715, Folio 4295/4302, entre otros).-
Desde esta óptica, el Máximo Tribunal Nacional ha resuelto que: “Para considerar configurada la presencia de un caso que pueda ser resuelto por el Poder Judicial de la Nación es exigible: a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; c) que aquella actividad tenga concreción bastante (...) No existe caso que pueda ser resuelto por el Poder Judicial si no ha existido actividad alguna que haya puesto en tela de juicio el derecho que se ejerce, ni se ha afectado el interés que se invoca; no median actos concretos o en ciernes del poder administrador.” (Fallos: 320:1556).- En ese mismo orden de ideas, este Excmo. Tribunal Superior dijo, reiteradamente, que la función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 651, Folio 3746/3748 y XXIII, Reg. 749, Folio 4568/4571, entre varios).-
La demandada aduce: “…Es evidente que no existe un interés concreto de la asociación actora para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 3859, sino meros agravios conjeturales referidos al procedimiento que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, ha establecido el Poder Legislativo.” (cfr. PE1951092-2025, pág. 7). Afirma también que: “Si no existe un procedimiento de enjuiciamiento concreto contra un magistrado o funcionario, no se puede predicar en abstracto la inconstitucionalidad de la ley que lo regula. Y, si lo hubiera, le correspondería en todo caso al enjuiciado plantear la inconstitucionalidad, como persona efectivamente afectada y con un interés jurídico concreto…” (cfr. PE cit, pág. 9).- La medida precautoria presentada por la Asociación actora tiene por objeto obtener la suspensión transitoria de la Ley N° 3859, por considerar que contraviene el ordenamiento constitucional y convencional. Es decir, que la accionante identifica en forma clara y precisa el acto que, según entiende, desconoce o restringe los derechos de quienes dice representar, describiendo pormenorizadamente la relación jurídica generada entre quien quiere producirlo y su parte.-
Asimismo, la demandante, en representación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial asociados a esa entidad civil, peticiona la suspensión de una norma que ha sido publicada en el Boletín Oficial N° 5897 el día 5 de julio del 2024, es decir que ya ha sido puesta en ejecución y rige con plenitud merced a lo dispuesto por el artículo 5° de Código Civil y Comercial de la Nación.-
Además, el contenido normativo de la ley impugnada fija un novedoso procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, crea una secretaría permanente con amplias facultades de dirección del proceso (v. art. 9 y sgtes.), establece un número abierto de causales de acusación (v. art. 20), entre otros aspectos que evidencian una concreción directa, actual y bastante, ya que los asociados de la parte actora resultan ser los sujetos pasivos del procedimiento de enjuiciamiento que instituye la norma cuestionada.-
En armonía con lo hasta aquí expuesto, no resulta atendible la postura según la cual se habrían sometido a control judicial hechos eventuales, contingentes o futuros, de acaecimiento incierto, de modo tal que la pretensión deducida por la Asociación actora pudiera ser calificada como meramente conjetural o prematura.-
Por el contrario, se advierte la configuración de un auténtico caso o controversia justiciable entre partes con intereses jurídicos contrapuestos. En efecto, mientras la actora sostiene que la norma impugnada vulnera de manera actual y directa garantías constitucionales y convencionales elementales vinculadas al ejercicio de la función por parte de magistrados y funcionarios del Poder Judicial local, el Estado Provincial afirma, por su lado, que la ley cuestionada se inserta dentro del marco de juridicidad vigente y que no ocasiona un agravio de entidad suficiente que sustente la tacha de inconstitucionalidad articulada.- En tales condiciones, y como derivación de las consideraciones precedentemente desarrolladas, corresponde concluir que en el sub lite existe un caso justiciable en los términos exigidos para habilitar el ejercicio de la jurisdicción, razón por la cual la defensa opuesta sobre este punto no tendrá favorable acogida.-
Encontrándose establecida la existencia de una controversia actualmente susceptible de ser traída a conocimiento de la jurisdicción, corresponde abordar la defensa introducida por el Estado Provincial referente a la falta de legitimación activa de la parte actora.-
La demandada dice que: “…la asociación actora carece de interés legítimo -y, por ende, de legitimación- para requerir la suspensión de la Ley N° 3.859 […] El estatuto de la actora no la faculta para representar a “sus Asociados y Asociadas” en la defensa de sus intereses legítimos…” (cfr. cfr. PE1951092-2025, pág. 1/2).-
En cuanto a la legitimación para obrar, ha dicho este Alto Cuerpo que: “…es la cualidad originada en la ley para requerir una sentencia favorable respecto de un objeto litigioso. Habrá falta de legitimación para obrar cuando el actor no sea la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tales calidades con referencia a la materia concreta sobre la que versa el proceso. Existe entonces, falta de legitimación cuando no coincide el sujeto que actúa en el proceso con aquél a quien la ley habilita especialmente para ello; habida cuenta que, la legitimación activa supone la aptitud para estar en juicio como parte actora, a fin de lograr una sentencia sobre el fondo de la cuestión. (conf.
Arazi, Roland - Rojas, Jorge A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, Tomo II, Pág. 245/247).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1024, Folio 3187/3195, entre otros).- Asimismo: “…hay falta de legitimación para obrar, cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión o que da motivo a la controversia (Fallos 327:2625; 329:1399; 330:1918; 330:4811, entre muchos otros), ‘…de tal suerte que quien demanda o aquél contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio.
El estudio de esa cuestión exige diferenciar entre la titularidad de la relación jurídica en que se asienta la pretensión y la fundabilidad de ésta…pues este último aspecto extralimita el examen de la comprobación de la condición de actor y demandado, y se vincula directamente con la existencia o no del derecho material reclamado…’ (cfr. CSJN, Texam Corp. S.A. c. Provincia de San Luis y otro (Estado Nacional) s/ daños y perjuicios, 24/04/12, LL 11/05/2012).” (cfr. Sentencia cit.).- Ante idéntico embate formulado por la demandada en los autos principales, este Excmo. Tribunal Superior recordó que: “Teniendo presente la naturaleza jurídica de la Asociación actora, debemos señalar que el artículo 43 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994, amplió el espectro de la legitimación activa más allá de quienes acrediten la existencia de un derecho subjetivo individual, al reconocer tal aptitud procesal -entre otros- a las asociaciones que propendan a los fines mencionados en dicha norma (cfr.
Fallos 320:690). Al respecto, el Cimero Tribunal Nacional ha dicho, reiteradamente, que a los fines de establecer la legitimación activa de la asociación corresponde verificar si la pretensión deducida queda comprendida dentro de los fines estatutarios de la entidad (cfr. Fallos: 323:1339, voto de los Jueces Moliné O'Connor y Boggiano, considerando 7º y sus citas, entre otros). En dicho sentido, entre los objetivos de la Asociación actora (cfr. PE1470549-2024, INT00068474.pdf) encontramos los de: “…Velar por el mantenimiento del orden, del respeto y la dignidad propios de la función judicial…” (cfr. art. 2, inc. c); ‘…Representar a sus asociados y asociadas en la defensa de sus intereses legítimos y fines de la asociación, relacionados con su función…’ (cfr. art. cit., inc. e) y, por último, ‘…Realizar todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos estatutarios.’ (cfr. art. cit., inc. g).” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XX, Reg. 1161, Folio 3812/3816).- Desde esta perspectiva, resulta innegable que los fines estatutarios de la Asociación actora se orientan al afianzamiento de la independencia e idoneidad en el ejercicio de la función por parte de las Magistradas, Magistrados, Funcionarias y los Funcionarios que integran el Poder Judicial de la Provincia. En consecuencia, y habida cuenta del objeto de la tutela precautoria requerida, su legitimación para obrar se encuentra debidamente acreditada.-
Ello es así, en tanto los argumentos esgrimidos por la demandada no logran desvirtuar la legitimación de la actora, pues no explican de modo adecuado y concreto la vinculación que existiría entre la profusa jurisprudencia citada y las particularidades del presente caso.-
Como corolario de lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de falta de legitimación activa opuesto por la parte demandada.-
V. Seguidamente corresponde expedirnos con relación a la medida cautelar decretada por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 3 de esta ciudad capital en el marco de los autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y FUNCION JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ ESTADO PROVINCIAL s/ MEDIDA CAUTELAR”, Expte. N° 4941/24, por cuanto en esos actuados admitió la medida cautelar peticionada por la AMFJ y, en consecuencia, suspendió la aplicación de la Ley Nº 3859 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso judicial que tenga por objeto dilucidar el fondo del asunto (cfr. PE883177-2024).- Cabe precisar que el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz establece que: “…la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El Juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.” (cfr. art. 197 del CPCyC, por remisión del art. 45 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Este Alto Cuerpo ha sostenido citando destacada doctrina que: “‘En determinadas situaciones el juez puede encontrarse frente al requerimiento de una medida cautelar que se relaciona con una causa o controversia que puede no ser de su competencia, pero que en atención a la urgencia del caso y al peligro de un daño o perjuicio irreparable, exige garantizar sin demora la tutela efectiva del derecho o interés jurídico que se hace valer en el proceso. Por esa razón…las medidas precautorias ordenadas por éste antes de la promoción de la demanda serán válidas y de eficacia inmediata, siempre que se hubiera cumplido con las prescripciones legales previstas en cada caso, pero ello no importará prorrogar la competencia…En tal caso, decretada la medida cautelar, el juez incompetente debe remitir sin demoras las actuaciones al juez que se considere competente quien,…deberá pronunciarse en forma expresa sobre el alcance y vigencia de la medida que se hubiese concedido…’ (cfr. Padrós, Ramiro Simón en ‘Legislación usual: Derecho Administrativo’, dirigido por Cicero Nidia Karina, 1º Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo II, págs. 1009/1011) (TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1154, Folio 3766/3772). En sentido coincidente se han expresado Rolando Arazi y Jorge A. Rojas en su obra ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ en cuanto sostuvieron que: ‘…la medida cautelar dictada por un juez incompetente es válida, pues debe darse preeminencia a la urgencia que la justifica por sobre las normas rituales que imponen al juez abstenerse de emitir pronunciamientos en juicios que no corresponden a su órbita jurisdiccional…’ (cfr. aut. y ob. cits., 2º Ed, Santa Fé, Rubinzal Culzoni, 2007, Tomo I, pág. 768)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XX, Reg. 1171, Folio 3853/3859).- Ello sumado a que, una vez remitido el expediente, dicha medida permanece vigente y todo cuestionamiento que se haga, deberá plantearse ante el Juez competente, que será quien lo resuelva, aun cuando lo hubiera dictado un juez de otro fuero (cfr. Higthon Elena I. y Areán Beatriz A., -Dirección- “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y Jurisprudencial, 1º Ed, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, Tomo 4, pág. 108).-
Ahora bien, se observa que la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 3, hizo lugar a la medida cautelar peticionada en el entendimiento de que los cambios implementados por la Ley Nº 3859 generan una grave incertidumbre jurídica en torno a la independencia del Poder Judicial, ya que la destitución de magistrados y funcionarios judiciales podría quedar a merced de un sistema que, en principio, atenta contra la estabilidad institucional y la confianza pública en la administración de justicia; todo lo cual, en definitiva, conspira contra la seguridad jurídica por la que la Magistratura y el Funcionariado debe velar, garantizando de esa manera un adecuado servicio de justicia (cfr. PE883177-2024).- Por las consideraciones realizadas, jurisprudencia y doctrina citada, se desprende que las circunstancias que rodean la presente causa, así como la entidad de los derechos y garantías de jerarquía constitucional que se invocan como comprometidos, han sido adecuadamente ponderados por la magistrada que previno al momento de disponer la tutela preventiva. En tal contexto, concurriendo en el caso los extremos requeridos por el artículo 13 de la Ley Nº 3947, estimamos razonable mantener la vigencia de la medida cautelar oportunamente decretada, en cuanto dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley N° 3859, a fin de resguardar la eficacia de la jurisdicción, evitar que el transcurso del tiempo torne ilusoria la tutela judicial pretendida y preservar la integridad del orden constitucional involucrado. Ello, por el plazo de seis (6) meses (cfr. art. 5 de la Ley Nº 3947).- Asimismo, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sentencia definitiva.-
Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar los planteos de inexistencia de caso y de falta de legitimación activa deducidos por el Estado Provincial en PE1951092-2025.-
2. Mantener la vigencia de la medida cautelar decretada oportunamente por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Tres de esta ciudad y por el plazo de seis (6) meses, respecto de la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 3859.-
Fdo. Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretario: Dr. Cesar Matías Neil Protocolización: TSS1003C.261 Tomo: XXI Sentencia: 1200 Folio N°: 4034/4041 Secretaría: 1
Fin de la sentencia