Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-884/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1816749-2025 y, en consecuencia, poner los autos a disposición del Estado Provincial por el plazo de 5 días a efectos que manifieste lo que por derecho estime corresponder (cfr. art. 25, segundo párrafo del CPCA, Ley N° 2600).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-884/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1179 Actor: ASOCIACIÓN CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 31/07/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1179 FOLIO Nº 3895/3898 PROT. ELECT. TSS1 036 C.251
Río Gallegos, 31 de julio de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº A-884/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. En PE1449410-2024 (cfr. MCA000002112.pdf) se presenta la Asociación Civil de la Magistratura y la Función Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz -en adelante AMFJ-, por intermedio de su Presidenta Dra. María Alejandra Vila, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Rubén González, solicitando se dicte una medida cautelar innovativa consistente en la suspensión de la vigencia de la Ley Provincial N° 3859 -Ley del Tribunal de Enjuiciamiento-, por considerarla contraria a preceptos emanados de la Constitución Nacional, Constitución Provincial y tratados internacionales con jerarquía supralegal, todo ello hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso principal –acción de inconstitucionalidad- que se promoverá (cfr. PE y pdf cits., pág. 1).- Sostiene que la AMFJ es parte interesada para peticionar la tutela precautoria en representación de sus asociados y asociadas, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 2, incisos e), g) y h) de su Estatuto Social. Agrega que el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley N° 3859/2024 y el Departamento Ejecutivo promulgó la norma mediante Decreto N° 687/24 de fecha 4 de julio de 2024, publicado en el Boletín Oficial el día 5 de junio del mismo año, derogando la Ley N° 28 y estableciendo una novedosa organización, funcionamiento y atribuciones respecto al Tribunal de Enjuiciamiento (cfr. PE y pdf cits., págs. 1/2).- Dice que la normativa impugnada contiene disposiciones que vulneran principios y garantías constitucionales y convencionales, concretamente el principio de inamovilidad de los jueces y juezas consagrado en el artículo 110 de la Constitución Nacional, artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 128 y 129 de la Constitución Provincial. Luego, realiza una crítica general y particular de la norma (cfr. PE y pdf cits., págs. 2/14).- Asimismo, expresa que la verosimilitud del derecho invocado se basa en la clara contrariedad de la Ley N° 3859 con las disposiciones constitucionales que garantizan la inamovilidad de la magistratura, como así también respecto a la independencia del Poder Judicial (cfr. PE y pdf cits., pág. 14).-
Destaca que el peligro en la demora radica en el riesgo inminente que trae aparejada la vigencia de la norma, en tanto y en cuanto habilitaría la destitución arbitraria de los magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Ofrece contracautela, plantea la cuestión federal y presenta prueba (cfr. PE y pdf cits., pág. 15).-
A su turno, la Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 3 de esta ciudad capital, admitió la medida cautelar peticionada por la AMFJ y, en consecuencia, suspendió la aplicación de la Ley Nº 3859 (B.O. 5 de julio del 2024), hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso judicial que tenga por objeto dilucidar el fondo del asunto (cfr. PE883177-2024).- Para así decidir la Jueza de Primera Instancia consideró que: “…la verosimilitud del derecho invocada por la Asociación actora, en tanto -como se ha expresado- los cambios implementados en la mencionada norma generan grave incertidumbre jurídica en torno a la independencia del Poder Judicial ya que la destitución de magistrados/as y funcionarios/as judiciales podría quedar a merced de un sistema que atenta contra la estabilidad institucional y la confianza pública en la administración de justicia; todo lo cual, en definitiva, conspira contra la seguridad jurídica por la que la Magistratura y el Funcionariado debe velar, garantizando de esa manera un adecuado servicio de justicia […] el peligro en la demora se configura por el perjuicio que podría ocasionar la aplicación de esta nueva ley, que al alterar el equilibrio y la independencia entre los distintos poderes del Estado, instala incertidumbre jurídica que afecta no solo a los magistrados y magistradas, a los funcionarios y funcionarias de los Ministerios Públicos, sino a quienes son los principales destinatarios del servicio de justicia, es decir a las y los justiciables, contrariando el principio de tutela judicial efectiva...” (cfr.
PE cit. pág. 5).- Contra esa decisión, se presenta el Estado de la Provincia de Santa Cruz, a través del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo y el Dr. Juan Lucio R. de la Vega, recusan con causa a la Magistrada de grado; plantean la incompetencia de la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 3 de Río Gallegos para dictar la medida precautoria; apelan la resolución dictada y solicitan se conceda el recurso con efecto suspensivo (cfr. PE1455943-2024, APL00003131.pdf, pág. 1).- Manifiestan que: “…recusamos con causa a V.S. y hacemos extensiva la recusación a todos los magistrados y funcionarios del ministerio público de cualquier fuero e instancia cuyo régimen de enjuiciamiento se rige por el art. 129 de la Constitución Provincial y por la ley 3.859, pues todos tienen interés en el pleito […] Venimos además a plantear la incompetencia del Juzgado de Familia para entender en el presente juicio y, como consecuencia, para dictar la medida cautelar de autos […] la medida cautelar de autos ha sido dictada por una jueza incompetente, por lo que requerimos se proceda de manera inmediata a declarar la incompetencia del Juzgado de Familia […] Sin perjuicio de lo expuesto, venimos a apelar la providencia PE883177-2024, Código de Validación: 0nrkf3, del 11/07/2024, porque causa gravamen irreparable a los intereses de mi mandante.
Solicitamos se conceda el recurso de apelación con efectos suspensivos…” (cfr. PE cit. págs. 2/3).- Se tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación deducido por la demandada y, por consiguiente, se hace saber a la recurrente que deberá presentar memorial de agravios en el plazo de 5 días de notificada (cfr. PE902979-2024).-
Seguidamente, el Estado Provincial expresa agravios respecto a la falta de legitimación activa de la AMFJ; planteando subsidiariamente la concurrencia de una legitimación limitada solo para los asociados de la actora; se queja por cuanto entiende que no estamos frente a un caso concreto; se agravia en relación a la incompetencia y la falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 33, 35 y cctes. del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo (CPCA, Ley N° 2600); expone que la resolución sería nula por falta de fundamentación y, por último, alega sobre el alcance otorgado a la medida cautelar (cfr. PE1499187-2024, EAG00001080.pdf).- En PE911203-2024 se ordena correr traslado del memorial de agravios, siendo contestado por la actora mediante la presentación identificada como PE1514818-2024.-
Al momento de resolver el recurso de apelación deducido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial consideró que el planteo efectuado por la demandada implica una controversia de competencia entre el fuero civil y el contencioso administrativo y, por consiguiente, resolvió, sin adentrarse en los agravios propuestos, remitir las actuaciones a este Alto Cuerpo (cfr. PE1816749-2025).- Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Tribunal, dictamina manifestando que: “…analizadas que fueran estas actuaciones entiendo, que V.E., es competente para entender en los presentes actuados.” (cfr. PE1835395-2025).-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1099586-2025.-
II. Inicialmente, debemos recordar que: “Las denominadas cuestiones o contiendas de competencia se configuran al plantearse entre dos magistrados o tribunales -que carezcan de un órgano superior jerárquico común- discrepancias relativas a la competencia para entender en un pleito determinado…la cuestión de competencia puede ser positiva o negativa. El primero de los supuestos se configura cuando diferentes jueces o tribunales se arrogan el conocimiento de una causa determinada y no existe un órgano superior común a ambos jueces y/o tribunales en disidencia. Igualmente, en estos casos, para que se configure una contienda positiva de competencia, los dos tribunales intervinientes deben sostener su competencia, excluyéndose recíprocamente. Por el contrario, se suscita un conflicto negativo de competencia cuando diferentes jueces o tribunales declinan su competencia en una causa determinada y tampoco existe un órgano superior común a ambos órganos en disidencia. En estos casos, es preciso que los jueces entre quienes se suscita la contienda, se la atribuyan recíprocamente, ello constituye un presupuesto ineludible para la existencia de una contienda negativa de competencia…” (cfr. Hockl, María Cecilia y Duarte, David: “Competencia y Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, 1ª Edición, Legis. Bs. As., 2006. págs. 180/182).- Desde este prisma, no advertimos la existencia de un conflicto, positivo o negativo, de competencia entre jueces y juezas o tribunales inferiores que amerite resolución por parte de este Alto Cuerpo, ello sin perjuicio de los planteos exteriorizados por la parte demandada en ese sentido.-
Así, la competencia de este Tribunal Superior de Justicia no se encuentra disputada por una Magistrada o Tribunal inferior, evidenciándose tal circunstancia por cuanto, con posterioridad al dictado de la medida cautelar y dentro del plazo perentorio establecido al efecto, se promovió acción de inconstitucionalidad ante este Alto Cuerpo cuyo trámite se sigue en el marco de los autos caratulados: “Asociación Civil de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz c/ Provincia de Santa Cruz s/ Acción de Inconstitucionalidad”, Expte. Nº A-884/2024-TSJ.- En efecto, no se verifica en autos el supuesto contemplado por el artículo 4º del CPCA -Ley N° 2600-, en tanto y en cuanto la norma establece como resorte del mecanismo allí reglado la presencia de: “…conflictos de competencia entre un Tribunal Ordinario de la Provincia y el Tribunal Superior de Justicia como órgano jurisdiccional en lo contencioso administrativo…”.- A mayor abundamiento, es pertinente recordar que el artículo 197 del CPCyC -aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 32 del CPCA, Ley N° 2600- preceptúa, en su parte pertinente, que: “…la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia…”.- Como corolario de las consideraciones realizadas y ante la inexistencia de los presupuestos que configuran una contienda de competencia, corresponde revocar la resolución dictada en PE1816749-2025 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial.-
III. Sentado lo anterior, en PE1455943-2024 el Estado Provincial interpuso recurso de apelación cuestionando la medida cautelar dictada por la Magistrada de Primera Instancia y que el mismo fue sustanciado encontrándose pendiente de resolución.-
En este contexto, es apropiado advertir que dicho planteo, si bien constituye un intento de cuestionar la procedencia y extensión de la medida cautelar dictada, no se ajusta al esquema procesal que rige en esta instancia originaria y exclusiva.-
En efecto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 132, inciso 3º de la Constitución Provincial, es este Alto Cuerpo el órgano competente para conocer y resolver en la acción de inconstitucionalidad incoada por la AMFJ. Frente a la ausencia de un régimen procesal expreso aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, este Tribunal, en congruencia con sus precedentes jurisprudenciales, dispuso aplicar en forma supletoria las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, por resultar estas las normas que más adecuadamente aseguran la tutela efectiva del derecho invocado (cfr. PE895489-2024 de los autos principales).- De consuno con ello, resulta evidente que en el presente caso el recurso de apelación no se ajusta al régimen procesal aplicable en esta instancia originaria y exclusiva del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. De considerarse pertinente, las impugnaciones deberían canalizarse en los términos de los artículos 91 y 92 del CPCA, Ley N° 2600.-
En consecuencia, se concluye que el recurso individualizado ha perdido virtualidad en esta instancia, debido a que la específica naturaleza originaria y exclusiva de esta instancia excluye toda posibilidad de apelación contra las decisiones adoptadas por la Magistrada de Primera Instancia.-
IV. Teniendo presente la inviabilidad del recurso de apelación deducido por la demandada y a fin de garantizar el pleno ejercicio de su derecho de defensa corresponde, en forma previa a pronunciarnos sobre la medida cautelar dictada, poner los autos a disposición del Estado Provincial por el plazo de 5 días a efectos que manifieste lo que por derecho estime corresponder, ello en los términos del artículo 25, segundo párrafo del CPCA, Ley Nº 2600.-
V. En virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE1816749-2025) y, en consecuencia, poner los autos a disposición del Estado Provincial por el plazo de 5 días a efectos que manifieste lo que por derecho estime corresponder (cfr. art. 25, segundo párrafo del CPCA, Ley N° 2600).- Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1816749-2025 y, en consecuencia, poner los autos a disposición del Estado Provincial por el plazo de 5 días a efectos que manifieste lo que por derecho estime corresponder (cfr. art. 25, segundo párrafo del CPCA, Ley N° 2600).-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1036C.251 Tomo: XX Sentencia: 1179 Folio N°: 3895/3898 Secretaría: 1
Fin de la sentencia