Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-884/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Provincia de Santa Cruz en PE1678663-2024, ESC00416181.pdf y ESC00416182.pdf.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-884/24-TSJ Interlocutorio N°: 499 Actor: ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 12-06-25 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 499 FOLIO Nº 1894/1897 PROT. ELECT. TSS1 007 O.251
Río Gallegos, 12 de junio de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº A-884/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la Provincia de Santa Cruz por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Ramiro Esteban Castillo, y el Dr. Juan Lucio R. de la Vega (cfr. PE1678663-2024, ESC00416181.pdf y ESC00416182.pdf), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1654923-2024, por cuanto rechazó las excepciones de inadmisibilidad de la instancia y falta de legitimación activa interpuestas en PE1538465-2024.- La demandada funda su recurso en el artículo 14 de Ley Nº 48 (cfr. PE1678663-2024, ESC00416181.pdf, pág. 1).-
Luego, expone sobre el cumplimiento de los requisitos que hacen a la procedencia del recurso extraordinario federal (cfr. PE y pdf, cits. págs. 2/5).-
En cuanto a la crítica de la resolución recurrida, dice que: “El fallo del TSJSC resuelve los planteos de esta parte con fundamentación solo aparente. Afrenta así abiertamente la división de poderes, al arrogarse la facultad de juzgar la validez constitucional de una ley en cuyo proceso de sanción intervinieron el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sin que exista parte interesada ni ‘caso’ […] La afectación hipotética de la garantía de inamovilidad de los magistrados que derivaría del sistema de enjuiciamiento establecido por la ley 3859 no habilita, desde ya, la revisión judicial de una ley dictada de acuerdo a la reglamentación constitucional. Los fundamentos de la resolución no alcanzan a desvirtuar los planteos de esta parte, pues no se explica cuáles son los derechos efectivamente afectados de los asociados de la actora por la entrada en vigencia de la ley 3859.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 14/15).- Agrega que la concreción del perjuicio fundada en el solo hecho de ser eventuales sujetos pasivos del procedimiento establecido por la ley atacada, demostraría que la impugnación de la parte actora reviste carácter meramente hipotético y conjetural. Aduna que el Estatuto de la accionante no le permitiría representar en juicio al colectivo de sus asociados y asociadas y, menos aún, la magistratura y funcionariado no asociado (cfr. PE y pdf. cits., págs. 15/16).-
Refiere que la legitimación de la actora no puede ser subsumida en el artículo 43 de la Constitución Nacional, por cuanto en el caso no habría afectación de ninguno de los supuestos contemplados en la norma, como así tampoco de derechos de incidencia colectiva sino, por el contrario, se propendería solamente a la protección de derechos subjetivos de los asociados a la actora. Cita jurisprudencia del máximo Tribunal Federal y de este Alto Cuerpo, considerando que resultaría aplicable al presente caso (cfr. PE y pdf. cits., págs. 17/23).- Sostiene que: “Asumir la competencia en juicios en que la parte actora carece de legitimación y no existe una controversia convierte a los tribunales en Legisladores y violenta gravemente la división de poderes, esencial en el sistema republicano de gobierno establecido en los arts. 1°, 5° y concordantes de la Constitución Nacional […] Por eso la gravedad de esta intromisión injustificada es mayor apenas se advierte que el resultado de habilitar la instancia contencioso administrativa en este caso implica suspender la vigencia de una ley con efectos erga omnes, incluso alcanzando artículos no cuestionados en la demanda y beneficiando a funcionarios y magistrados que no sean asociados de la actora.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 24/25).- Posteriormente, en PE1011176-2024 se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria, quien debidamente notificada lo contesta mediante PE1708915-2025.-
La parte actora, en su conteste expresa que: “De una simple lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario se observa que la contraria no cumplió con los recaudos previstos en la Acordada 4/2007 para el progreso del recurso que intenta … es improcedente el recurso extraordinario, atento que, el escrito de promoción del recurso carece de fundamentación autónoma […] remite a cuestiones ya tratadas, no innova, sino que reitera argumentos ajenos a la instancia extraordinaria. Tampoco logra demostrar arbitrariedad o absurdo, circunstancias que no surgen en el caso que nos ocupa. En conclusión, se constata que las críticas del quejoso se traducen en diferencias de criterios con el sentenciante y no resultan suficientes para habilitar la instancia extraordinaria […] el líbelo recurrente pasa por alto el recaudo impuesto por el art. 3 inc. a de la Acordada Nº 4/2007, en tanto la decisión que se ataca no es definitiva, ni tiene calidad de tal. El apelante tampoco logra demostrar que el dictamen del Superior le causa un agravio de difícil o imposible reparación ulterior […] no se advierte en el escrito impugnatorio cuales son las normas federales afectadas y en rigor de verdad no existe en el caso de examen lesión a las garantías constitucionales, fundamentos que sumados a las restantes nos llevan a repeler la acción intentada por la demandada…” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 2/3).- Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal ante este Excmo. Tribunal Superior, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “…por no perfilarse la cuestión planteada como un aspecto central del debate judicial cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso, soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1730144-2025, pág. 4).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE1040736-2025.-
II. Ahora bien, analizando la presentación de la parte demandada y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso extraordinario articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del CPCyC de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, ya que si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en tamaño A4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y no excede los renglones permitidos por la normativa citada (cfr. art. 1 del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, cumpliendo íntegramente las exigencias establecidas en los incisos del artículo 2º.-
Por otra parte, analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, empero no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exige el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia que emana del Máximo Tribunal Nacional elaborada en la materia.-
En dicho sentido, el cimero Tribunal Nacional ha dicho que: “Las decisiones que se recurren por la vía del art. 14 de la ley 48 deben, como principio, revestir el carácter de finales, calidad que no poseen las que están sometidas a un pronunciamiento ulterior que puede disipar el agravio que de ellas derive en el caso, el rechazo de las excepciones de cosa juzgada y falta de legitimación manifiesta para obrar. Sólo si la sentencia que pone fin al pleito no lo repara, asumen aquel carácter y pueden ser traídas a la instancia extraordinaria en el supuesto de darse los demás extremos que la hagan procedente.” (Fallos 296:76, entre otros).- Si bien la Corte Suprema, excepcionalmente, ha equiparado ciertos pronunciamientos a sentencias definitivas, a los efectos del recurso extraordinario, cuando: “…existe la imposibilidad de reiterar eficazmente un reclamo (Fallos: 324:3645; 327:4113; 324:1359), por la posibilidad de frustrar el derecho federal invocado (Fallos: 324:1107; 330:4103; 330:3582; 325:3494), privación del acceso a la instancia federal (Fallos: 330:147; 328:776; 327:4622), afectación de un privilegio federal (Fallos: 341:605)…gravedad institucional por afectación de los servicios públicos (Fallos: 300:88; 293:417; 283:20; 268:126), perjuicio económico (Fallos: 306:250; 300:1036; 262:150) o excesivo rigor formal (Fallos: 324:1924; 327:4474; 339:1615)…”, lo cierto es que, en la especie, no se verifica prístinamente la concurrencia de alguno de estos supuestos y, en consecuencia, la recurrente no ha lograda demostrar que el pronunciamiento atacado resulte parangonable a sentencia definitiva (cfr.
Secretaría de Jurisprudencia, Nota de Jurisprudencia, Sentencia defini tiva, Aspectos generales, Septiembre 2024, ver: https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/164/documento).- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109) sino que, por el contrario, se limitó a realizar un análisis de lo que, según considera, se debería haber resuelto por aplicación de numerosos precedentes jurisprudenciales.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48.
Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14° de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- La demandada funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. PE1678663-2024, ESC00416181.pdf, pág. 1) sin especificar en cuál de sus incisos. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una Ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en la resolución interlocutoria recurrida, se rechazaron las excepciones de previo y especial pronunciamiento articuladas por la parte demandada (cfr.
PE1654923-2024).- Asimismo, resulta importante destacar que a lo largo del recurso extraordinario la recurrente manifiesta su disconformidad con lo decidido por este Alto Cuerpo sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la resolución impugnada, como así tampoco consigue vincular dicho pronunciamiento con la cuestión federal tangencialmente invocada.-
Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.” (cfr. inc. e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, es carga de la parte recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la resolución dictada y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cits., págs. 432/433).- Es que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulneradas que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal, como así tampoco la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).-
III. En mérito de las deficiencias expuestas, es decir, inexistencia de sentencia definitiva o equiparable y ausencia de cuestión federal, es que no se ha podido dar acabado cumplimiento a los requisitos del artículo 3º, incisos a), d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y, por consiguiente, la presentación impetrada resulta inhábil para alcanzar la apertura del remedio federal.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Provincia de Santa Cruz en PE1678663-2024, ESC00416181.pdf y ESC00416182.pdf.-
Fdo.: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante-Secretario: Dr. Cesar Matías Neil.-
Protocolización: TSS1007O.251 Tomo: X Interlocutorio: 499 Folio N°: 1894/1897 Secretaría: 1
Fin de la sentencia