Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-884/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Eduardo Gabriel López en PE1919966-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-884/24-TSJ Sentencia N°: 1180 Actor: ASOCIACIÓN CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 07/08/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1180 FOLIO Nº 3899/3901 PROT. ELECT. TSS1 037 C.251
Río Gallegos, 7 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACIÓN CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº A-884/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal Subrogante Dr. Eduardo Gabriel López, quien en PE1919966-2025 expresa que: “…en mi rol de Presidente a cargo de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción he intervenido en la emisión de la decisión del 29/04/2025 anotada al Tomo CXLIX -Interlocutorio, Registro Nº 19350, Folio Nº 36/38, Prot. Elect. A101152I.251 en los autos caratulados: “Asociación Civil de la Magistratura y Función Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz c/ Estado Provincial s/ medida cautelar”, Expte. 29763/24 (20763/24) donde se dispuso que tales actuaciones se remitan a este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en base a lo establecido en el art. 4 de la Ley Nº 2600. Siendo que lo allí tratado tiene directa relación con la presente tramitación por razones de decoro y delicadeza me excuso de intervenir en la misma conforme lo autoriza el art. 30 del C.P.C y C”.- En razón de los motivos que fundan la excusación del Magistrado, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Eduardo Gabriel López.-
II. Que, asimismo, vienen los presentes al Acuerdo para analizar la admisibilidad formal de la acción entablada. En tal sentido, y atendiendo a lo normado por el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, deben examinarse si se encuentran reunidos los requisitos que habiliten la apertura de esta instancia.-
Desde esa óptica, el mencionado artículo prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar in limine las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
La facultad de evaluar la admisibilidad formal de la acción viene siendo pacíficamente ejercida por este Tribunal al remarcar -a través de sus precedentes- la conveniencia de expedirse, al inicio, sobre la procedencia de la demanda contencioso administrativa pues ello redundaría en beneficio de los litigantes al evitarse dilaciones y gastos de un litigio que podría eventualmente concluir con el rechazo de la demanda por improcedente (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos IV, Reg. 307, Folio 687/689, y XII, Reg. 786, Folio 2222/2227, entre otros).- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictaminó en sentido favorable, considerando que debe declararse admisible la acción de inconstitucionalidad (cfr. PE1600226-2024, pág. 5).-
Así, corresponde expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad por no contener los recaudos impuestos por la ley adjetiva para su procedencia.-
En efecto, teniendo presente las particularidades propias de la acción de inconstitucionalidad para cuyo trámite, como ya hemos resuelto, se aplica el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, debemos señalar que la pretensión encuadra en la previsión del artículo 132, inciso 3) de la Constitución Provincial -similar en cuanto a sus fines al artículo 40 inciso a) de la Ley Nº 2600- y cumple con las formalidades requeridas para su admisibilidad iniciándose en tiempo oportuno.- De consuno con ello, y sin que implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión que se ventila en esta causa, no se advierte, en este preliminar examen, inadmisibilidad alguna que obste a la prosecución de la presente a fin de dilucidar, en la definitiva, la procedencia o no de la acción de inconstitucionalidad impetrada.-
III. También llegan los presentes al Acuerdo a fin de resolver la oposición a la prueba informativa deducida por la parte demandada en PE1556587-2024, apartado XX, págs. 25/26.-
Primeramente, corresponde señalar que al momento de interponer la acción de inconstitucionalidad, la parte actora ofreció, entre otras, como prueba informativa: “Se solicite informe de opinión en la materia al Dr. Andrés. F. Gil Domínguez…todo ello para ser tenido en cuenta al momento de sentenciar.” (cfr. PE1470549-2024, INT00068473.pdf, págs. 32/33).- La accionada fundamenta su oposición manifestando que: “…V.E., como Máximo Tribunal de la Provincia, no necesita que ‘expertos’ la ilustren respecto de cuestiones jurídicas como las que se debaten aquí. La prueba ofrecida resulta inconducente para la resolución del juicio. El art. 435 [del] CPCyC prevé la prueba pericial (que de eso se trata en el caso) cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad especializada. Aquí la actora pretende que un abogado dictamine sobre temas de derecho que hacen a la esencia misma de la sentencia. Es totalmente improcedente admitir que un ‘perito abogado’ dictamine sobre las cuestiones jurídicas debatidas en autos, ya que no se trata de una ‘prueba sobre hechos controvertidos’.” (cfr. PE1556587-2024, pág. 25).- Asimismo, se opone la Provincia de Santa Cruz: “…a que la prueba se trate como informativa, dado que el art. 374 [del] CPCyC limita ese medio a los actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante […] nos oponemos también a que el informe lo agregue la actora ‘cuando así se disponga sin necesidad de intimación al nombrado profesional’, ya que ello priva a esa prueba de transparencia e impide a esta parte controlarla adecuadamente y efectuar consultas y pedir aclaraciones.” (cfr. PE cit., págs. 25/26).- A su turno, la parte actora contesta dicha oposición sosteniendo que: “…tratándose de una temática tan delicada y especial como lo es una cuestión de constitucionalidad, se considera de importancia escuchar a expertos en el tema […] No debe perderse de vista el principio de amplitud probatoria que existe en el orden procesal, cuya observancia se peticiona en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la importancia institucional que reviste el pleito.” (cfr. PE1579118-2024, pág. 5).-
IV. Ahora bien, al introducirnos en el análisis de la materia traída a decisión, debemos señalar, que es criterio de este Alto Cuerpo que el régimen de la prueba aplicable a este tipo de procesos -donde este Excmo. Tribunal Superior se erige como primera y única instancia- no sufra restricciones y se estructure sobre la base del principio de amplitud probatoria con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos, para arribar a la verdad real que originó el acto administrativo, en el caso la ley impugnada (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos VII, Reg. 496, Folio 1320/1321; Reg. 503, Folio 1363; XI, Reg. 751, Folio 2115; Reg. 756, Folio 2135 y XIX, Reg. 1129, Folio 3638/3639, entre otros). Es por ello que la oposición a un medio probatorio, en principio, no puede prosperar, a menos que surja palmaria su improcedencia como efectivamente acontece en la especie.- En dicho sentido, distinguida doctrina ha señalado que: “…la prueba debe ser pertinente, idónea, conducente y útil. Representan estos conceptos una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario para no perder tiempo en la práctica de medios que no sirvan en absoluto a la cuestión […] el objeto de la prueba, o en otras palabras, qué es lo que las partes pueden probar, se encuentra constituido por los hechos.” (cfr. Hutchinson, Tomás. “Derecho Procesal Administrativo”, Tomo III, 1° Ed., Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, págs. 26/27).- Así, la prueba informativa ofrecida por la parte actora, más precisamente la opinión de un experto en derecho sobre la cuestión ventilada en autos, resulta, en principio, improcedente por cuanto no versa sobre hechos conducentes y controvertidos entre las partes, sino que, por contrario, su producción se limitaría en obtener una opinión jurídica sobre la constitucionalidad de la ley impugnada, situación a todas luces reñida con el principio iura novit curia.- En sintonía con lo expuesto, se ha dicho que: “Diversos Códigos locales otorgan facultades a los jueces respecto a desestimar las pruebas ofrecidas que consideraran improcedentes, superfluas o meramente dilatorias, así como otras facultades en materia probatoria […] (entre ellos) el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz (ley 2600)…” (cfr. obra cit., págs. 42 y 44).-
V. Que, por las consideraciones hasta aquí desarrolladas, corresponde declarar formalmente admisible la acción interpuesta; hacer lugar a la oposición probatoria deducida por la parte demandada en PE1556587-2024, apartado XX, págs. 25/26 y, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la prueba informativa ofrecida por la parte actora en el apartado IX, punto 2, inciso b) del libelo de inicio (cfr. PE1470549-2024, INT00068473.pdf, págs. 32/33); con costas por su orden (cfr. arts. 71, 72 y 90 del CPCA, Ley Nº 2600).- Asimismo, en atención a las constancias de autos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 del CPCA, Ley Nº 2600, corresponde declarar la causa de puro derecho y correrse un nuevo traslado por su orden, por el plazo de cinco (5) días, para que las partes argumenten en derecho, si lo estimaren pertinente.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Eduardo Gabriel López en PE1919966-2025.-
3. Hacer lugar a la oposición deducida por la parte demandada en PE1556587-2024, apartado XX, págs. 25/26 y en consecuencia, declarar inadmisible la prueba informativa ofrecida por la parte actora en el apartado IX, punto 2, inciso b) del libelo de inicio (cfr. PE1470549-2024, INT00068473.pdf, págs. 32/33).-
4. Declarar la causa de puro derecho y en consecuencia, correr un nuevo traslado a las partes por su orden, por el plazo de cinco (5) días, para que argumenten en derecho, si lo estimaren pertinente (cfr. art. 78 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1037C.251 Tomo: XX Sentencia: 1180 Folio N°: 3899/3901 Secretaría: 1
Fin de la sentencia