Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-884/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por la demandada.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-884/24-TSJ Sentencia N°: 1161 Actor: ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 27/11/24 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1161 FOLIO Nº 3812/3816 PROT. ELECT. TSS1 018 C.241
Río Gallegos, 27 de noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº A-884/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por la demandada en los términos del artículo 62, incs. a) y e) del CPCA de la Ley N° 2600 (cfr. PE1538465-2024).-
En cuanto al planteo de inadmisibilidad de la instancia, dice la accionada que nuestro sistema constitucional no admite la procedencia de acciones judiciales sin un caso concreto, como ocurriría en estos actuados, donde se persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma en abstracto y con fundamento en agravios meramente conjeturales. Agrega, que la parte actora no se encuentra sometida a un proceso de enjuiciamiento en los términos de la Ley N° 3859, ya que nunca podría serlo pues se trata de una persona jurídica, mientras que el proceso mencionado se aplica a personas humanas que ocupen el cargo de magistrados o funcionarios del Poder Judicial, no logrando la accionante justificar un interés directo, concreto y personal en la declaración de inconstitucionalidad de la mencionada ley (cfr.
PE cit., págs. 1/2).- Señala que incluso si la representante de la Asociación o cualquier otro magistrado o funcionario del Poder Judicial de la Provincia se hubiese presentado en nombre propio, tampoco existiría controversia o caso en tanto no estuviera sometido a un proceso de enjuiciamiento en los términos de la ley atacada. En abono de su planteo cita los precedentes de este Alto Cuerpo “Rubalcaba”, “Sosa” y “Bielle” los que, según su particular interpretación, resultarían de aplicación al caso y, por consiguiente, entiende que la actora no logra demostrar un interés suficientemente directo, concreto y personal diferenciado del que tienen sus asociados/as y el resto de los ciudadanos (cfr.
PE cit., págs. 2/5).- Cita y transcribe numerosos pronunciamientos del máximo Tribunal Nacional cuya jurisprudencia considera aplicable al presente caso, precisando que: “Desde el punto de vista sustancial, al no existir un vínculo específico, concreto y actual entre la actora y el procedimiento de enjuiciamiento de la ley 3859, es evidente que no existe ni ‘controversia’ ni ‘parte interesada’ en los términos de la doctrina referenciada. En efecto, si no existe un procedimiento de enjuiciamiento concreto contra un magistrado o funcionario que se esté llevando a cabo actualmente, la impugnación solo tiene carácter abstracto y consultivo y el agravio constitucional es meramente conjetural. Y, si existiera ese procedimiento concreto, le correspondería en todo caso al enjuiciado plantear la inconstitucionalidad, como persona con un interés jurídico concreto.” (cfr.
PE cit., pág. 9).- Advera que: “…la actora no tiene ni puede demostrar un interés específico y propio en la declaración de inconstitucionalidad de la ley 3859, que no sea, en el mejor de los casos, un interés difuso de sus asociados o de la comunidad en general. Ello demuestra que no existe ‘controversia’ y que lo que se persigue en realidad es una opinión consultiva y en abstracto de V.E., mediante la cual se invalide con efectos erga omnes una ley sancionada por la Hble. Cámara de Diputados y promulgada por el Ejecutivo […] es evidente que la actora no puede demostrar la existencia de ese ‘interés jurídico suficiente’ que habilite la instancia, en tanto el sistema judicial santacruceño no admite la intervención de los tribunales en procura del mero control de legalidad de los actos administrativos y, muchísimo menos, de una ley en sentido formal y material…ni la asociación ni ninguno de sus afiliados está actualmente sujeto a un procedimiento de enjuiciamiento de acuerdo a la ley impugnada, lo que evidencia la inexistencia de ‘causa’ o ‘controversia’ que habilite la intervención del poder judicial […] Todo lo expuesto acredita la inexistencia de ‘causa’ o ‘controversia’ concreta que habilite la inadmisibilidad de la instancia, por lo que pedimos se rechace la demanda.” (cfr.
PE cit., págs. 10/11 y 13).- En lo tocante a la excepción de falta de legitimación activa, pregona la demandada, que la parte actora carece de capacidad a fin de representar en juicio a sus asociadas y asociados, es decir de ser ella actora en su nombre y representación. Además, sostiene que la Dra. Vila, más allá de ejercer la presidencia y representación de la Asociación accionante, no cuenta con la facultad de representar en juicio a las personas asociadas en defensa de sus derechos individuales (cfr. PE cit., pág. 13).- Agrega que el estatuto de la actora no prevé que pueda iniciar actuaciones judiciales en nombre y representación de sus asociadas y asociados en forma individual y, por consiguiente, la falta de legitimación activa se tornaría evidente.
También, dice que son los integrantes de la asociación -magistradas/os y funcionarias/os- quienes tendrían un interés concreto e individual en impugnar la ley 3859, más no la asociación civil que los agrupa y, en dicho sentido, ese interés individual recién se concretizaría frente a un proceso de enjuiciamiento iniciado en su contra, nunca de manera abstracta ante la sola entrada en vigencia de la ley que lo regula, es decir que las personas asociadas de la actora no tienen un interés directo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma (cfr. PE cit., pág. 14).- Por lo expuesto, concluye la demandada señalando que el interés de las nombradas se limitaría, una vez materializado, a la declaración de invalidez de la norma para el caso particular y nunca con efectos abrogatorios generales, situación ésta que pondría de manifiesto la falta de legitimación activa de la parte actora (cfr.
PE cit., págs. 15/16).-
II. Corrido el traslado a la parte actora (cfr. PE934798-2024), es contestado mediante PE1579118-2024, por la Sra. Presidenta de la Asociación actora, Dra. María Alejandra Vila.-
Respecto a la excepción de inadmisibilidad de la instancia, dice que la defensa de inexistencia de caso interpuesta resulta inadmisible como excepción previa, solicitando su desestimación por improponible (cfr. PE cit., págs. 1/2).-
Subsidiariamente, postula que la demandada parte de una premisa equivocada, por cuanto equipara en sus derechos a la magistratura y el funcionariado en su composición, con los derechos de un ciudadano común o aislado con respecto a la aplicación de la ley que se impugna. Agrega, que en el presente caso se trata de un colectivo de personas que tiene un interés suficientemente directo, concreto y personal, diferente del ciudadano común en el resultado de este pleito y en su caso en la aplicación de la ley de enjuiciamiento, es decir que no asistimos ante un interés abstracto o teórico, sino que los afecta en forma suficientemente directa o sustancial (cfr. PE cit., pág. 2).- Expresa que resultaría un absurdo, siguiendo la tesis propuesta por la demandada, pretender que las magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios accionen judicialmente a título personal generándose así una multiplicidad de pleitos con un mismo reclamo y, además, irrogaría un desgaste de índole no solo patrimonial, sino también psicofísico que afectaría la tranquilidad espiritual que deben mantener las personas nombradas en el desempeño de sus funciones judiciales.
Memora los fundamentos esbozados en la demanda, precisando que la instrumentación de la ley atacada vulnera abiertamente el principio de estabilidad en sus cargos (cfr. PE y pág. cit.).- Expone que la ley en crisis, genera en los titulares del derecho una incertidumbre de tal magnitud, que de por sí sólo constituye un perjuicio concreto, real e inminente, para todas las magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios que integran el Poder Judicial local. A ello anuda, que la ley impugnada, causa un perjuicio en cuanto a la imposibilidad de recurrir las decisiones que se dicten en su consecuencia, violentando el derecho al recurso plasmado en normas supranacionales (cfr. PE cit., pág. 3).- Asegura que la ley impugnada es una manda que se aplica puntualmente a un grupo de personas, es decir que no se trata de una acción popular como pretende confundir la parte demandada y, menos aún, con los casos que trae como fundamento, sino de una acción basada en el resguardo a los principios de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno.
El caso no es una acción general, se presenta como un caso concreto que viene a prevenir la afectación del funcionamiento de uno de los poderes del estado. Es un interés diferente del común de la ciudadanía, por la función e importancia que invisten la magistratura y el funcionariado dentro del sistema republicano de gobierno (cfr. PE y pág. cit.).- Para finalizar este acápite, reitera que concurre en el caso de autos un interés suficiente de sus asociadas y asociados por cuanto la ley atacada somete a un grupo de personas que componen el Poder Judicial local a la posibilidad de un riesgo cierto, grave e inminente de ser afectados en su estabilidad laboral en forma irregular, caprichosa y sujeta a las voluntades políticas de turno, solicitando por todo lo expuesto el rechazo de la excepción incoada (cfr.
PE cit., págs. 3/4).- En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa, postula la Asociación, con cita de diversos precedentes jurisprudenciales, que se encuentra habilitada estatutariamente para representar a sus personas asociadas en la defensa de sus intereses legítimos. Además, recuerda que son una reconocida entidad que nuclea a personas que se desempeñan en la magistratura y el funcionariado de la Provincia de todas las instancias y fueros, vela por el respeto y tutela de la función judicial, siendo ello una base del sistema judicial y del estado de derecho (cfr. PE cit., págs. 4/5).- También, sostiene que en materia de legitimación activa debe primar el principio de tutela judicial efectiva citando al efecto distintos preceptos constitucionales y convencionales.
Concluye, indicando que la posibilidad de estar a merced de un procedimiento arbitrario e ilegal -instituido por la ley impugnada- que permite afectar el desempeño laboral de sus asociadas y asociados constituye de por si un interés suficiente para sostener su legitimación activa en el proceso y, en consecuencia, peticiona se rechace el planteo de la contraria (cfr. PE cit.., pág. 5).- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina expidiéndose en sentido negativo, considerando que: “…no debe hacerse lugar a las excepciones interpuestas por la parte demandada, debiendo declararse admisible la acción de inconstitucionalidad…” (cfr. PE1600226-2024, pág. 5).-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE968199-2024.-
III. Ahora bien, ingresando al análisis de la excepción de inadmisibilidad de la instancia articulada por la demandada, corresponde establecer si la presentación interpuesta por la parte actora refleja la existencia de un caso, causa o controversia judicial que pueda autorizar la intervención de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en el marco de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 de la Constitución Provincial y artículos 4º y 30 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz.- Así, más allá que la accionante considere la defensa en estudio como inadmisible, es importante aclarar que tan esencial resulta la concurrencia de este recaudo que su existencia es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso (cfr. Fallos 346:1257).-
En efecto, ha dicho este Alto Cuerpo que un pronunciamiento judicial debe emitirse dentro de la atmósfera natural en la cual actúan las y los jueces, es decir, el caso o controversia judicial (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 665, Folio 3843/3845 y XXII, Reg. 715, Folio 4295/4302, entre otros).-
Desde esta óptica, el Máximo Tribunal Federal ha resuelto que: “…ha exigido para considerar configurada la presencia de un caso que pueda ser resuelto por el Poder Judicial de la Nación: a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; c) que aquella actividad tenga concreción bastante...en la medida en que no ha existido actividad alguna que haya puesto en tela de juicio el derecho que se ejerce, ni se ha afectado el interés que se invoca; no median actos concretos o en ciernes del poder administrador…” (cfr. Fallos 320:1556).- En ese mismo orden de ideas, este Excmo. Tribunal Superior dijo, reiteradamente, que la función de la magistratura es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 651, Folio 3746/3748 y XXIII, Reg. 749, Folio 4568/4571, entre otros).-
La demandada aduce que la pretensión de la contraria persigue: “…la declaración de inconstitucionalidad de una norma (Ley N° 3859) en abstracto y con fundamento en agravios meramente conjeturales…” (cfr. PE1538465-2024, pág. 1). Afirma también que: “…si no existe un procedimiento de enjuiciamiento concreto contra un magistrado o funcionario que se esté llevando a cabo actualmente, la impugnación solo tiene carácter abstracto y consultivo y el agravio constitucional es meramente conjetural. Y, si existiera ese procedimiento concreto, le correspondería en todo caso al enjuiciado plantear la inconstitucionalidad, como persona con un interés jurídico concreto…” (cfr. PE cit., pág. 9).- La acción presentada por la Asociación actora ante este Alto Cuerpo, tiene por objeto obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 34, 39, 41, 42, 43, 44 y 49 de la Ley N° 3859, por considerar que contravienen el ordenamiento constitucional y convencional (cfr. PE1470549-2024, INT00068473.pdf). Es decir, que la accionante identifica en forma clara y precisa el acto que, según entiende, desconoce o restringe los derechos de quienes dice representar, describiendo pormenorizadamente la relación jurídica generada entre quien quiere producirlo y su parte.- Asimismo, la demandante, en representación de las magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial integrantes de esa entidad civil, impugna una norma que ha sido publicada en el Boletín Oficial N° 5897 el día 5 de julio del corriente año, es decir que ya ha sido puesto en ejecución y rige con plenitud merced a lo dispuesto por el artículo 5º de Código Civil y Comercial de la Nación.-
Además, el contenido normativo de la ley impugnada fija un novedoso procedimiento de enjuiciamiento de la magistratura y funcionariado, crea una Secretaría Permanente con amplias facultades de dirección del proceso (v. art. 9 y sgtes.), establece un número abierto de causales de acusación (v. art. 20), entre otros aspectos que evidencian una concreción directa, actual y bastante, ya que las personas asociadas de la parte actora resultan ser los sujetos pasivos del procedimiento de enjuiciamiento que instituye la norma cuestionada.- En sintonía con lo expuesto, no resulta razonable postular que se han sometido a contralor judicial hechos contingentes o futuros que podrían no ocurrir y que, en consecuencia, permitan encasillar al pedido de la Asociación actora como conjetural o prematuro.-
Sobre este piso de marcha, se patentiza que estamos frente a un verdadero caso o controversia entre las partes, ya que por un lado la actora pregona que la norma atacada violenta en forma actual y directa las más elementales garantías constitucionales y convencionales en cuanto al ejercicio de la función de las magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial local; por el otro, el Estado Provincial asegura que la ley impugnada fluye dentro de los carriles legales sin ocasionar agravio suficiente que valide la tacha de inconstitucionalidad.- En conclusión, en virtud de las consideraciones efectuadas, se colige que estamos ante un caso justiciable y, por consiguiente, la excepción articulada no tendrá favorable recepción.-
IV. Encontrándose establecida la existencia de una controversia actualmente susceptible de ser traída a conocimiento de la jurisdicción, corresponde abordar la excepción de falta de legitimación activa incoada por el Estado Provincial, a fin de constatar si el caso ha sido propuesto por quien se encuentra habilitado para ello.-
En sustento de la excepción intentada, la demandada dice que: “…el estatuto de la actora no prevé que pueda iniciar actuaciones judiciales en nombre y representación de sus asociados en forma individual, la falta de legitimación activa es evidente. Quienes en todo caso tendrían un interés concreto e individual en impugnar la ley 3859 son los magistrados y funcionarios sujetos al procedimiento establecido en ella, mas no la asociación civil que los agrupa…” (cfr. PE1538465-2024, pág. 14).- A su turno, la parte actora asegura que: “…se encuentra legitimada estatutariamente para representar a sus asociados/as en la defensa de sus intereses legítimos.” (cfr. PE1579118-2024, pág. 4).-
En cuanto a la legitimación para obrar, ha dicho este Alto Cuerpo que: “…es la cualidad originada en la ley para requerir una sentencia favorable respecto de un objeto litigioso. Habrá falta de legitimación para obrar cuando el actor no sea la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tales calidades con referencia a la materia concreta sobre la que versa el proceso. Existe entonces, falta de legitimación cuando no coincide el sujeto que actúa en el proceso con aquél a quien la ley habilita especialmente para ello; habida cuenta que, la legitimación activa supone la aptitud para estar en juicio como parte actora, a fin de lograr una sentencia sobre el fondo de la cuestión. (conf. Arazi, Roland - Rojas, Jorge A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, Tomo II, pág. 245/247).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1024, Folio 3187/3195).- Y también que: “…hay falta de legitimación para obrar, cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión o que da motivo a la controversia (Fallos 327:2625; 329:1399; 330:1918; 330:4811, entre muchos otros), “…de tal suerte que quien demanda o aquél contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio. El estudio de esa cuestión exige diferenciar entre la titularidad de la relación jurídica en que se asienta la pretensión y la fundabilidad de ésta… pues este último aspecto extralimita el examen de la comprobación de la condición de actor y demandado, y se vincula directamente con la existencia o no del derecho material reclamado…” (cfr. CSJN, Texam Corp. S.A. c. Provincia de San Luis y otro (Estado Nacional) s/ daños y perjuicios, 24/04/12, LL 11/05/2012).” (cfr. Sentencia cit.).- Teniendo presente la naturaleza jurídica de la Asociación actora, debemos señalar que el artículo 43 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994, amplió el espectro de la legitimación activa más allá de quienes acrediten la existencia de un derecho subjetivo individual, al reconocer tal aptitud procesal -entre otros- a las asociaciones que propendan a los fines mencionados en dicha norma (cfr. Fallos 320:690).-
Al respecto, el Cimero Tribunal Nacional ha dicho, reiteradamente, que a los fines de establecer la legitimación activa de la asociación corresponde verificar si la pretensión deducida queda comprendida dentro de los fines estatutarios de la entidad (cfr. Fallos: 323:1339, voto de los Jueces Moliné O'Connor y Boggiano, considerando 7º y sus citas, entre otros).-
En dicho sentido, entre los objetivos de la Asociación actora (cfr. PE1470549-2024, INT00068474.pdf) encontramos los de: “…Velar por el mantenimiento del orden, del respeto y la dignidad propios de la función judicial…” (cfr. art. 2, inc. c); “…Representar a sus asociados y asociadas en la defensa de sus intereses legítimos y fines de la asociación, relacionados con su función…” (cfr. art. cit., inc. e) y, por último, “…Realizar todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos estatutarios.” (cfr. art. cit., inc. g).- Desde esta óptica, resulta innegable que los objetivos de la Asociación actora propenden al afianzamiento de la independencia e idoneidad en el ejercicio de la función de las magistradas, magistrados, funcionarias y los funcionarios que integran el Poder Judicial de la Provincia y, en consecuencia, atento el objeto de la acción instaurada, su legitimación para obrar se encuentra debidamente acreditada.-
Es que los argumentos esbozados por la excepcionante no logran derribar la legitimación de la parte actora, ya que no se explica, adecuadamente, la vinculación que existiría entre la profusa jurisprudencia citada y el presente litigio.-
Como corolario de todo lo hasta aquí argumentado, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa, invocada por la parte demandada.-
V. Por todo lo expuesto, consideramos que deben rechazarse las excepciones de previo y especial pronunciamiento articuladas por la demandada en los términos del artículo 62, incs. a) y e) del CPCA, Ley N° 2600 (cfr. PE1538465-2024), con costas por su orden (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por la demandada.-
Fdo. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1019C.241 Tomo: XX Sentencia: 1161 Folio N°: 3812/3816 Secretaría: 1
Fin de la sentencia