Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Lanús · Causa AL-41070-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Ordenar la CLAUSURA TOTAL de la empresa TRI ECO S.A., sito en la calle Sargento Ponce y Camino de la Costa, Partido de Avellaneda, hasta tanto la empresa obtenga el correspondiente CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL y dé cumplimiento con las tres fases que dispone el art. 11 de la Ley N° 11.459. Esta medida incluye la orden de DESALOJO TOTAL de toda persona que se encuentre dentro de la empresa TRI ECO S.A.
Asimismo, se le hace saber a la demandada, que deberá abstenerse de desarrollar toda actividad vinculada con la recepción, ingreso, manipulación, procesamiento y tratamiento de residuos.
A dicho fin, líbrese mandamiento de clausura, con habilitación de días y horas inhábiles -por Secretaría- a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Avellaneda, con facultades para allanar domicilio, con o sin ocupantes, desalojar personal, directivos y cualquier otra persona que se encuentre en su interior, hacer uso de la fuerza pública y de cerrajero (cuyo costo deberá solventar la parte actora y procurar su presencia en el momento de la clausura), en caso de que fuere menester.
Esta diligencia deberá efectuarse conjuntamente con la Policía Ecológica de la Dirección Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, a los fines de garantizar no sólo la seguridad en la diligencia, sino también de determinar qué elementos deben ser retirados del lugar a clausurar, por su peligrosidad en caso de mantenerse allí depositados en el transcurso de la clausura. …
EC
CAUSA Nº AL-41070-2026 " ASOCIACION CIVIL NUEVO MILENIO C/ TRI ECO S.A S/ ACCIÓN RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL (COD. 397) "
Lanús, 19 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados " ASOCIACION CIVIL NUEVO MILENIO C/ TRI ECO S.A S/ ACCIÓN RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL (COD. 397) " (AL-46070-2026) , de trámite por ante el Juzgado de Primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Lanús, de los que,
I. Que en fecha 6/11/2026 la Asociación Civil Nuevo Milenio, por intermedio de su presidente, promueve acción de amparo colectivo contra la firma TRI ECO S.A., con domicilio en la intersección de las calles Sargento Ponce y Camino de la Costa, partido de Avellaneda, con el objeto de obtener el cese de las actividades que considera contaminantes y la reparación del daño ambiental que atribuye a aquella.
Sostiene que la empresa demandada desarrolla actividades vinculadas con la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, provenientes de hospitales, clínicas y laboratorios, incluidos residuos patológicos, cuya eliminación se llevaría a cabo mediante procesos de incineración que, según afirma, resultarían irregulares y generarían emisiones de sustancias altamente tóxicas, tales como dioxinas, furanos, metales pesados y gases ácidos.
En ese sentido, manifiesta que tales prácticas producirían contaminación del aire, el agua y el suelo, tanto por la emisión de gases y olores nauseabundos y la quema de residuos patológicos a cielo abierto, como por la descarga de efluentes industriales con restos químicos hacia las napas y la cuenca Matanza-Riachuelo, y el vertido de materiales tóxicos y residuos no reciclables sobre el terreno.
Afirma que dichas circunstancias generarían consecuencias negativas sobre los ecosistemas y la salud de la población, con particular incidencia en los habitantes de Dock Sud, Avellaneda y Sarandí, extendiéndose -según sostiene- sus efectos hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, refiere que la actividad de la demandada contribuiría significativamente a la contaminación existente en el Polo Petroquímico de Dock Sud y que los hornos de incineración habrían sido clausurados en el año 2016, sin que, a la fecha de interposición de la demanda, existiera documentación pública que garantizara su normal funcionamiento.
Alega también que, pese a la existencia de numerosas denuncias vinculadas con la contaminación denunciada, la empresa continuaría desarrollando sus actividades con una actitud permisiva y omisiva por parte de la Municipalidad de Avellaneda. En ese marco, denuncia presuntos incumplimientos de la Ley Nacional N° 24.051, vinculados con la inscripción en los registros correspondientes, la trazabilidad de los residuos peligrosos, su transporte, tratamiento y disposición final.
Sobre esa base, invoca la existencia de un daño ambiental actual, continuo, progresivo y potencialmente irreversible, que comprometería no sólo los derechos de la población actual, sino también los de las generaciones futuras.
En cuanto a sus pretensiones, solicita que se ordene el cese inmediato y definitivo de la actividad contaminante desarrollada por TRI ECO S.A., mediante la clausura de sus instalaciones, y que se disponga la recomposición del ambiente al estado anterior al daño o, subsidiariamente, la fijación de una indemnización sustitutiva destinada al Fondo de Compensación Ambiental. Asimismo, requiere la determinación de los costos de las acciones de restauración ambiental y la intervención del COFEMA.
Por otra parte, solicita, con carácter cautelar, la suspensión inmediata de las actividades de la empresa y la clausura del establecimiento hasta tanto se acredite el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, invocando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, derivados de la continuidad de las conductas denunciadas.
Finalmente, ofrece prueba documental e informativa y solicita el libramiento de oficios a la Municipalidad de Avellaneda, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), al Ministerio de Ambiente de la Nación y a ACUMAR, a fin de que informen sobre las habilitaciones, inspecciones, denuncias, multas, informes de impacto ambiental y medidas de fiscalización adoptadas respecto de la firma demandada, particularmente durante el período comprendido entre los años 2023 y 2026.
II. Que, en atención a la demanda incoada, y habiéndose radicado las presentes actuaciones en este Juzgado, el día 12/11/2026 se dictó una resolución la cual ordenó que tanto la Municipalidad de Avellaneda, como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, se apersonen en la firma demandada y realicen una acaba fiscalización ambiental.
Que, dichos Organismos, efectuaron la fiscalización ordenada a tenor de lo dispuesto en los informes adunados en el escrito "OFICIO RECIBIDO" de fecha 18/11/2026.
III. En atención al estado de las actuaciones, el día 19/11/2026 se pasaron los autos a resolver en relación a lo visto en el informe de fecha 18/11/2026 y lo dispuesto por los art. 4° y 32 de la Ley 25.675.
I. Que en el presente caso la parte actora solicitó el dictado de una medida cautelar que "[...] determine la suspensión inmediata de la actividad contaminante desarrollada por TRI ECO SA y la clausura del establecimiento hasta tanto se acredite el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. [...] (SIC)".
Que las medidas cautelares proceden ante la eventual existencia de un riesgo que pueda provocar una modificación en la situación de hecho que se ventila en el proceso, y consecuentemente, influir de manera sustancial en el pronunciamiento que se dictare en dónde se instauran, es decir, que ese eventual riesgo, se convierta en real y transforme a ese pronunciamiento judicial en inocuo o de imposible cumplimiento. Entonces, en este sentido, podemos decir que las medidas cautelares poseen una doble finalidad: a) asegurar la igualdad de las partes en el proceso, evitando la modificación sustancial del objeto del litigio y b) resguardar la seriedad y eficacia del proceso judicial.
Que las medidas cautelares constituyen instrumentos procesales de carácter provisional destinados a preservar la eficacia práctica de la decisión que eventualmente recaiga sobre la cuestión sustancial debatida, evitando que el transcurso del tiempo torne ilusoria la tutela judicial pretendida.
Su procedencia se encuentra subordinada a la concurrencia de los recaudos legalmente exigidos: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela; en este sentido, particularmente la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora deben ser apreciados con el grado de provisionalidad propio de esta etapa procesal, sin que ello implique adelantar opinión acerca de la cuestión de fondo.
II. Que, en consonancia con lo expuesto precedentemente y la solicitud de la medida cautelar de la parte actora, el 12/11/2026 se ordenó (en los términos del art. 204 del CPCC) la realización, por parte de la Municipalidad de Avellaneda, del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, de una fiscalización ambiental a la firma TRI ECO SA.
III. Que, el art. 32 in fine de la Ley N° 25.675 dispone: "[...] En cualquier estado del proceso , aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte [...]. ".
Del análisis de las constancias incorporadas hasta el momento a la causa, se advierten elementos suficientes que permiten tener por configurado una situación que amerita al dictado de una medida de urgencia, aún sin petición de parte.
Ello así, del "punto 2. HABILITACIÓN" del acta de inspección expedida por el MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES se desprende que el trámite para la obtención de la fase 3 de la firma demandada ha sido dado de baja por el ministerio en el mes de mayo del 2026, atento a la falta de acreditación de TRI ECO S.A. del reinicio del trámite habilitatorio.
Que el art. 11 de la Ley N° 11.459 dispone: " [...] El Certificado de Aptitud Ambiental, tendrá una vigencia de cuatro (4) años.
El proceso de emisión del Certificado de Aptitud Ambiental comprenderá tres (3) fases integradas, conforme a la reglamentación que establezca la Autoridad de Aplicación: (Fase 1) la clasificación del nivel de complejidad ambiental (CNCA) que determina la categoría del establecimiento industrial, (Fase 2) la autorización de construcción de las obras, que otorga la aptitud ambiental del proyecto de establecimiento y, (Fase 3) la autorización de funcionamiento de las actividades productivas del establecimiento, que verifica en el inicio de la puesta en marcha que se hayan cumplido las obras aprobadas o los condicionamientos establecidos. Asimismo, la Autoridad de Aplicación establecerá el proceso de reclasificación del nivel de complejidad ambiental que deberá cumplirse ante el supuesto de los cambios establecidos en el artículo 10, y, por otra parte, cómo se debe renovar el Certificado de Aptitud Ambiental, antes de que caduque la vigencia del mismo. [...]".
Así las cosas, de la documentación adunada en autos, se desprende que la empresa demandada no finalizó nunca el procedimiento de Clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental (CNCA), concluyendo su situación en fase 2, sin obtener la correspondiente fase 3, en virtud de la actividad que desarrolla.
En este sentido, la Ley N° 11.723 dispone, " Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley." (art. 10 de la Ley N° 11.723).
Asimismo, el art. 12 del mencionado cuerpo normativo, establece, " Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización y/o autorización de las obras o actividades alcanzadas por el artículo 10, la autoridad competente remitirá el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal con las observaciones que crea oportunas a fin de que aquella expida la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. ".
En estas circunstancias, y de conformidad con la documentación obrante en estos actuados, nos encontramos en condiciones de aseverar que la actividad desarrollada por la firma TRI ECO S.A. se encuentra comprendida en la tercera categoría en virtud de lo normado por el art. 15 inc. "c" de la Ley N° 11.459 y el punto II.1) del anexo II de la Ley N° 11.723.
Llegados a este punto, en consonancia con las normas enumeradas precedentemente, el certificado de aptitud ambiental se obtiene una vez alcanzadas las tres (3) fases integrantes del procedimiento, y el mismo es un requisito de carácter PREVIO al funcionamiento de la actividad industrial.
Sentado lo expuesto, la autoridad en la materia verificó que en el caso de marras la firma TRI ECO S.A. no cuenta con certificado de aptitud ambiental, máxime cuando el procedimiento se dio de baja mientras la misma se encontraba en fase 2, insisto, sin concluir con la tercera fase del procedimiento.
IV. Que, en consecuencia, no demostrándose, prima facie , que la empresa TRI ECO S.A., sito en la calle Sargento Ponce y Camino de la Costa, Partido de Avellaneda, se encuentre en condiciones de funcionar SIN RIESGO AMBIENTAL, a tenor de lo expuesto en la presente Resolución y de las constancias de autos, corresponde decretar la CLAUSURA TOTAL del establecimiento demandado (en las condiciones y con las facultades que se determinan en la parte resolutoria), hasta tanto obtenga el correspondiente CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL por la autoridad competente y dé cumplimiento con las tres fases que dispone el art. 11 de la Ley N° 11.459.
Por los argumentos expuestos y lo dispuesto en los arts. 4° y 32 de la Ley 25.675,
1. ORDENAR la CLAUSURA TOTAL de la empresa TRI ECO S.A., sito en la calle Sargento Ponce y Camino de la Costa, Partido de Avellaneda, hasta tanto la empresa obtenga el correspondiente CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL y dé cumplimiento con las tres fases que dispone el art. 11 de la Ley N° 11.459. Esta medida incluye la orden de DESALOJO TOTAL de toda persona que se encuentre dentro de la empresa TRI ECO S.A.
Asimismo, se le hace saber a la demandada, que deberá abstenerse de desarrollar toda actividad vinculada con la recepción, ingreso, manipulación, procesamiento y tratamiento de residuos.
A dicho fin, líbrese mandamiento de clausura, con habilitación de días y horas inhábiles -por Secretaría- a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Avellaneda, con facultades para allanar domicilio, con o sin ocupantes, desalojar personal, directivos y cualquier otra persona que se encuentre en su interior, hacer uso de la fuerza pública y de cerrajero (cuyo costo deberá solventar la parte actora y procurar su presencia en el momento de la clausura), en caso de que fuere menester.
Esta diligencia deberá efectuarse conjuntamente con la Policía Ecológica de la Dirección Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, a los fines de garantizar no sólo la seguridad en la diligencia, sino también de determinar qué elementos deben ser retirados del lugar a clausurar, por su peligrosidad en caso de mantenerse allí depositados en el transcurso de la clausura. En dicho supuesto, el personal de Policía Ecológica deberá arbitrar los medios para el retiro, traslado y resguardo de los residuos y elementos existentes que, a su juicio, corresponda movilizar. Líbrese oficio por Secretaría.
Dr. Maximiliano Alberto Ceballos Juez
Firmas
Funcionario firmante: CEBALLOS Maximiliano Alberto - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 464-2026
Fin de la sentencia