Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2661/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1855381-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1922345-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2661/25-TSJ Interlocutorio N°: 3911 Actor: ASOCIACION CIVIL RESERVA NATURAL 'PUMAKAWA' Demandada: CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL Objeto: AMPARO AMBIENTAL Fecha: 31-03-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3911 FOLIO Nº 7264/7267 PROT. ELECT. TSS1 002 I.261
Río Gallegos, 31 de marzo de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL RESERVA NATURAL 'PUMAKAWA' c/ CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL s/ AMPARO AMBIENTAL”, Expte. Nº A-31.198/24 (A-2661/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Consejo Agrario Provincial (en adelante CAP), por intermedio de su Presidente, Adrian Mario Suarez, con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Ricardo Saá (cfr. PE1855381-2025), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en cuanto hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora ordenando a la autoridad de aplicación CAP, a buscar alternativas a la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos y, para el caso de continuar con la reglamentación de la caza de dichas especies, previamente deberán realizarse estudios tendientes a la preservación y aprovechamiento de la fauna autóctona y exótica efectuando una evaluación cualitativa y cuantitativa de las distintas especies que pueblan la provincia que permitan el aprovechamiento racional del recurso natural faunístico, a fin de mantener el equilibrio ecológico, la biodiversidad y el desarrollo sustentable (cfr. PE1831075-2025).- En consecuencia revocó la parte del fallo de Primera Instancia que había declarado abstracta la acción de amparo promovida por considerar que su objeto era de imposible cumplimiento en cuanto había finalizado el periodo habilitado para la caza (01/04/24 al 31/08/24) (cfr. PE1517605-2024).-
II. Contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, la demandada interpuso recurso de casación invocando las causales de quebrantamiento de las formas establecidas en la ley; arbitrariedad por violación de las normas del debido proceso con afectación de la Garantía Constitucional de la Defensa en Juicio y violación y aplicación errónea de la ley (cfr. PE1855381-2025, pág. 1).-
Como punto de partida sostiene que el fallo del Tribunal A quo contiene fallas en la congruencia y coherencia que impiden catalogar a la sentencia como una unidad lógico jurídica válida (cfr. PE cit., pág. 11).-
Añade que: “Conforme resulta de los hechos y resoluciones judiciales ya analizados y reproducidos, surge claro que la propia Excma. Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de Primera Instancia en lo atinente a declarar abstracto el pedido de declaración de nulidad de la resolución 117/CAP/2024 por cuanto al momento de resolverse el pedido de la amparista, la vigencia de dicha resolución ya había concluido.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende al respecto que: “…el fallo se avoca al análisis de una situación igualmente abstracta, pues se admite que la potestad de CAP es legítima, que las leyes nacionales y provinciales autorizan la caza, por lo que no o (sic) cabe duda que no existiendo caso, o materia que analizar, la Excma. Cámara de Apelaciones no podía expedirse sobre aquello que no existe, que no tiene virtualidad, y sin embargo decide emplazar al CAP para que las futuras resoluciones que dicte cumplan determinados recaudos, todo lo cual quebranta flagrantemente las formas procesales, el principio de congruencia, afectando de tal manera el debido proceso y el derecho de defensa.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Insiste en que al momento de dictar el fallo no existía conflicto sobre el que expedirse por haber vencido la vigencia de la Resolución 117/CSP/2024, pero de igual manera no correspondía resolver sobre el futuro, respecto de normas que no han sido emitidas (cfr. PE cit., pág. 12).-
En lo tocante a la violación y errónea aplicación de la ley entiende que el fallo soslaya lo establecido en el artículo 3 inciso e) de la ley N° 1117 que expresamente establece la improcedencia del amparo en aquellos casos que la intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado (cfr. PE cit., pág. 15).-
Considera que: “…el fallo avanza sobre facultades regladas y reconocidas normativamente al CAP, con el agregado de que al ordenarse que este organismo debe 'buscar alternativas a la caza deportiva…para el caso de continuar con la reglamentación…,previamente deberán realizarse estudios…', ello implica la asunción por parte de la jurisdicción de un rol legislativo que constitucionalmente le está vedado y hacerlo desfigura la función que le ha sido asignada.” (cfr. PE y pág. cits.).- Sostiene que: “En el fallo aquí cuestionado no se han elaborado argumentos válidos que justifiquen quitarle al poder administrador la facultad de determinar el periodo de caza de especies en base a la normativa (nacional y provincial que así lo autoriza), y para lo cual se ha basado en informes y estudios tal como se señaló al presentar el informe en autos.” (cfr. PE cit., pág. 17).- Enfatiza que: “…no obstante haber devenido abstracto el objeto principal del amparo y sin que exista litigio o materia sobre la cual decidir, avanza sobre facultades propias del Estado administrador con el argumento de que la Excma. Cámara 'debe' fijar ciertos estándares en materia ambiental, sin poder determinar ni explicar por qué o en base a qué argumento científico es que asume ese rol, y por qué emite las conclusiones y el fallo cuestionado.” (cfr. PE cit., págs. 17/18).-
Indica que el fallo basa la totalidad de su análisis aplicando erróneamente la ley pues pretende imponer al CAP el empleo de una simple declaración de un instituto que carece de toda base científica, por sobre lo que establece la Ley Nacional Nº 22.421, la Ley Provincial Nº 2373., con el agregado que yerra la Cámara en señalar que dichas normas tienen como regla la prohibición de la caza, pues muy por el contrario la autorizan expresamente, salvo que estén amenazadas, circunstancia que no acontece en este caso (cfr. PE cit., pág. 20).-
Sostiene además que: “No existe norma nacional, ni reglamentación, ni estudio científico avalado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación que sustente las conclusiones de la declaración de Inibioma, y por tanto el fallo en crisis incurre en error al imponer al CAP adecuar sus normas a la referida declaración.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Considera que: “…nos encontramos con un fallo arbitrario y dogmático porque no analizó en absoluto la Resolución 117/CSP/2024, así como tampoco analizó el informe que esta parte presentara en autos, desdeñando de tal manera lo explicado en torno a que dicha Resolución fue emitida en base a los estudios e informes allí referenciados.” (cfr. PE cit., pág. 22).-
Entiende que la sentencia cuestionada incurre en la arbitrariedad de asumir que cualquiera de las tres especies mencionadas en la Resolución 117/CAP/2024 corre riesgo de extinción en la provincia y menos aún inferir que lo es por la caza deportiva y al respecto ni la amparista ni la Excma. Cámara han podido fundar sus argumentaciones en información seria y concluyente al respecto (cfr. PE cit., pág. 23).-
También se queja de que la sentencia de Cámara:
“…no ha logrado exitosamente justificar que la vía de amparo es procedente para el reclamo impetrado por la accionante, y por lo tanto se ha violado la ley de amparo al establecer la procedencia de la presente acción…la materia aquí debatida…jamás debió ser sometida a decisión en el acotado marco de una acción de amparo puesto que como V.E podrá advertir, el tema requiere un examen integral…mayor debate y prueba a fin de garantizar el debido proceso adjetivo.” (cfr. PE cit., pág. 24).-
Insiste en que: “…la Excma. Cámara de Apelaciones ha incurrido en el desacierto de abordar el tratamiento y resolución en este juicio de amparo de un litigio o temática que, claramente, excedía el escaso marco de discusión y prueba que es propio de un proceso de naturaleza excepcional.” (cfr. PE cit., pág. 26).- Considera absurdo que la Alzada: “…aborde una cuestión abstracta (por no estar vigente la norma cuestionada y por no existir conflicto ni caso que resolver), se irrogue facultades legislativas, imponiendo recaudos a la administración provincial sin base científica y sobre competencias expresamente reconocidas a ella, desconociendo absolutamente todos los estudios reseñados por esta parte al emitir la Resolución 117/CAP/2024 y las normas vigentes (Res. 812/2024).” (cfr. PE y pág. cits.).-
La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE1922345-2025.- Pasan los presentes al Acuerdo en PE1171257-
2025.-
III. Que, ingresando al examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670 y XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360, entre otros).-
También este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. Interlocutorio, Tomos XXXIII, Reg. 3669, Folio 6440/6442).-
En el caso que nos ocupa, el recurso deducido no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que el recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se han equivocado los Magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
De la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Alzada ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de quebrantamiento de formas, la violación de la ley y la arbitrariedad alegada por el casacionista.-
IV. En cuando al quebrantamiento de forma alegado, este Alto Cuerpo lo ha considerado procedente en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el caso bajo juzgamiento, si bien el recurrente afirma que al momento de dictarse el fallo no existía conflicto, se observa que la Alzada se expidió conforme los agravios sometidos a su estudio y consideración (cfr. PE PE1527912-2024, pág. 13/37) razón por la cual la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia de una crítica certera tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento por parte de la Cámara.-
V. Tampoco son de recibo las argumentaciones relativas a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, cabe recordar que para que resulte procedente se debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate del recurrente debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).-
Así, resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que tampoco se ha puesto de manifiesto.-
En definitiva, los argumentos esgrimidos -en los términos planteados- no resultan aptos para la apertura de la presente instancia extraordinaria toda vez que no pasan de ser una exposición personal y discordante con respecto al criterio esgrimido por los sentenciantes lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.-
VI. Idéntica suerte adversa seguirá la denuncia de arbitrariedad realizada por la casacionista, en tanto y en cuanto ésta se limita a mencionar la existencia del vicio sin efectuar un desarrollo argumental que intente demostrar que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 629, Folio 3621/3625).-
Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.-
La decisión que adoptó la Cámara de Apelaciones, no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la parte recurrente con la postura asumida por la Alzada.-
VIII. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1855381-2025, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1922345-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1855381-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1922345-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani y la Sra. Presidenta, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1002I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3911 Folio N°: 7264/7267 Secretaría: 1
Fin de la sentencia