Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.965-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607- 368-2006, en cuanto impone multa a la actora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos B) del C.A., la que se reduce en un 75%, por aplicación del art. 917 del C.A., importe que asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS ($ 4.223.188,12).
2Confirmar parcialmente la Resolución Nº 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607- 368-2006, en cuanto le exige a la actora el pago en concepto de diferencia de derechos de exportación, declarando que la suma adeudada asciende al monto de DOLARES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA (U$S 33.150), con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A..
3Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-107035886-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Septiembre de 2023 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 30.965-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La firma ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 036/2012 (AD NECO) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Necochea, en la Actuación Nº 12607-368-2006 (SA 40 07 2011/4), mediante la cual se la condena al pago de una multa de $ 5.630.917,50 y de U$S 53.550 en concepto de tributos adeudados, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. en relación la DJVE Nº 06 001 DJVE 001604 P y los P.E. Nros. 06 040 EC01 000920 A y 06 040 EC01 000915 E. En primer lugar, sostiene que la conducta de su representada debe ser juzgada a la luz de lo dispuesto por la Ley 21.453, que desplaza a la figura del art. 954 del C.A.. Afirma que su mandante no cometió la infracción que se le imputa, ya que incurrió en un error administrativo excusable actuando de buena fe, sin propósito de cometer infracción aduanera alguna. Se agravia además del cálculo de la multa y de la liquidación tributaria, ya que afirma haber abonado la totalidad de los derechos correspondientes a los permisos de embarque cuestionados. Subsidiariamente solicita la aplicación del art. 917 del C.A..
II. La representación fiscal contesta a fs. 37/41vta. el traslado conferido. Luego de hacer una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Entiende que los dichos de la recurrente no son eximentes de su responsabilidad y se encuentra configurada la infracción aduanera enrostrada. Recuerda que la DJVE Nº 06 001 DJVE 001604 P ampara solo 25.000 toneladas y cuando esta fue totalmente utilizada, se documentaron dos permisos de embarque exportando un volumen excedente de 4875 toneladas, que poseen por lo tanto un momento imponible distinto para la determinación del precio oficial y un nivel arancelario diferente al declarado. Considera que no resulta aplicable el instituto de la autodenuncia, ya que la misma se produjo con posterioridad a la asignación de canal al que debía someterse la mercadería.
III. Mediante PV-2022-62889513-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, que los pasa a sentencia.
IV. La Actuación N° 12607-368-2006, se inicia a fs. 1 con la presentación efectuada el 08/11/2006 por Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. ante la Aduana de Necochea manifestando que se excedió en la aplicación de la DJVE Nº AGRI 000 39755. A fs. 7/11 obran impresiones de Consultas al SIM de la DJVE Nº 06 001 DJVE 001604 P y sus exportaciones asociadas. A fs. 12 y 13 obran las carpetas de los P.E. Nros. 06 040 EC01 000915 E y 06 040 EC01 000920 A. A fs. 14/15 obra la Nota Nº 62/2007 (SECC R). A fs. 16 obra Informe de las exportaciones efectuadas en relación a la DJVE cuestionada. A fs. 18/27 obran listados de Precios FOB oficiales para la P.A. involucrada. A fs. 28/29 obra Informe Técnico -Nota Nº 33/10 (Secc. “V”)-. A fs. 31 se instruye sumario y se corre vista de lo actuado a la firma Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda., que es contestada a fs. 47/51. A fs. 82/88 obra Dictámen Nº 29/2012 (ASLT NECO) y a fs. 89/91 se dicta la Resolución Nº 036/2012 /AD NECO), apelada en autos.
V. Corresponde resolver si la Resolución N° 036/2012 (AD NECO), en cuanto condenó a ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA al pago de una multa de $ 5.630.917,50 y de U$S 53.550 en concepto de tributos adeudados, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A., se ajusta a derecho.
El art. 954 del Código Aduanero en su ap.1 establece que.: “El que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación...”.
El servicio aduanero imputó a la aquí actora la comisión de la infracción indicada, al entender que se excedió en la cantidad de toneladas autorizadas por la DJVE Nº 06 001 DJVE 001604 P. La recurrente reconoce que ello se debió a un error administrativo y solicita la aplicación del instituto de la autodenuncia.
VI. Así las cosas, atento las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, corresponde recordar que la DJVE Nº 06 001 DJVE 001604 P (correspondiente a la DJVE AGRIC-00039755), fue registrada el 17/05/2006 por un total de 25.000 toneladas en relación a la mercadería de la P.A. 1001.90.90.110B “A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan Los demás -Los demás TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN)”, con fecha de cierre de venta el 16/05/2006.
A través de los Permisos de Embarque Nros. 06 040 EC01 000788 M, 06 040 EC01 000786 K, 06 040 EC01 000821 A, 06 040 EC01 000822 B y 06 003 EC01 004979 R, se exportaron 26.250 toneladas de la mercadería referida (ver Consultas al SIM de fs. 9/10).
Asimismo, mediante los Permisos de Embarque Nros. 06 040 EC01 000920 A y 06 040 EC01 000915 E , oficializados el 06/10/2006 y 11/10/2006, se exportaron 4.875 toneladas de la mercadería referida, consignando como fecha de cierre de venta el 16/05/2006 y en el campo “Documentos a Presentar”, la DJVE Nº 06 001 DJVE 001604 P.
TONELADAS P.E. Nº TONELADAS EXPORTADAS DJVE Nº 06 001 DJVE 06 040 EC01 000788 M 3.500 25.500 001604 P 06 040 EC01 000786 K 700 + 5% TOLERANCIA 1.250 06 040 EC01 000821 A 9.500 TOTAL 26.250 06 040 EC01 000822 B 1.000 DIFERENCIA 4.875 06 003 EC01 004979 R 11.550 06 040 EC01 000920 A 4.125 06 040 EC01 000915 E 750
31125 VII.- Cabe recordar que el art. 1 de la Ley 21.453 dispuso que las ventas al exterior de los productos de origen agrícola que indica, entre los que se encuentra la P.A. declarada en los P.E. de marras, quedarían sujetas a las normas que allí se establecen. De ese modo, las ventas al exterior de los productos indicados, debían ser registradas mediante las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. Mediante el art. 6 se estableció que para la liquidación de los tributos, reintegros y reembolsos serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelarios y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
En las condiciones indicadas, tengo para mí que la cuestión planteada ha sido debidamente considerada en el voto de la doctora Cora Musso en los autos: “Aceitera General Deheza S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”; del 24 de febrero de 2012, Sala E, Expte. Nro. 27.079-A, publicado en: http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=21545”.
La DJVE no agota sus efectos en la determinación del régimen tributario aplicable en los términos del art. 6° de la ley 21.453 sino que, en el marco de los deberes de colaboración, facilita el control de las cantidades a exportar autorizados por las DJVE vinculado al abastecimiento interno, tal como resulta de la Nota al Poder Ejecutivo que se acompañara al proyecto de la ley 21453.
VIII. En tales condiciones, encuentro que el acto administrativo ha de ser mantenido en esta instancia recursiva, puesto que pesaba sobre las exportaciones cuestionadas una prohibición relativa de carácter económica, toda vez que la mercadería ha ser exportada, debe encontrarse autorizada mediante una DJVE. La situación endilgada encuadra en la infracción prevista en el inciso b) del art. 954 del C.A, en cuanto sanciona la declaración inexacta cuando produjere o pudiere producir una transgresión a una prohibición a la exportación.
IX. En los términos señalados, en relación a los errores involuntarios que aduce el recurrente para dispensarse de su responsabilidad sancionatoria, advierto que, a tenor de las características que son propias del derecho administrativo sancionador, no tienen peso para hundir a la decisión administrativa. Así lo considero, en lo fundamental, porque la tesis que sostiene la unidad del poder sancionatorio se da de bruces con la Constitución Nacional, habida cuenta de que la potestad penal es indelegable (art. 76, 99 inc.3 y 109) y, secundariamente, porque el legislador aduanero en línea con ese temperamento dispuso que el error no constituye eximente de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas en el código. (art. 902 del C.A.). En atención a ello, cabe hacer notar que si la infracción aduanera fuera una especie de un poder sancionatorio que se reconduce bajo principios uniformes, el legislador nunca podría haber hacer caso omiso a la incidencia que tiene un error en la determinación de si una conducta es delictual. Al respecto, debe tenerse presente que cuando el articulo artículo 34, inciso 1º del Código Penal Argentino declama la no punibilidad de aquellas personas que desconozcan la naturaleza de la criminalidad del acto, no lo hace en el uso de su política criminal, sino por rigurosa necesidad de desarrollar y observar los principios constitucionales punitivos y de los que se desprende sin hesitación que el delito es una acción, típica, antijurídica y culpable.
X. En ese orden de ideas, la consideración anterior es fundamental para advertir que no es conveniente referir que en el ámbito administrativo sancionador ha de producirse una atenuación de los principios penales. Ello es así, toda vez que estos no son en rigor principios, es decir, mandatos que admiten su optimización en razón de las circunstancias, sino que son imperativos rígidos cuya observancia es inexcusable. En tal sentido, no cabe propiciar que puede existir la atenuación del principio del “acto” o de la “culpabilidad”, ya que su verificación resultaría inexcusable si la infracción administrativa resultase un desprendimiento de la potestad punitiva. Surge como lógica conclusión que la relación entre la sanción penal y la sanción administrativa no es de género a especie y los principios que la rigen no son los aceptados en la teoría del delito. Si coinciden los principios de configuración del sistema sancionador penal con los del derecho administrativo sancionador lo será porque eventualmente podrán compartir un componente retributivo.
XI. En efecto, si bien la sanción es un castigo, ya sea que la imponga la administración o la imponga un juez, no estamos en presencia de ejercicio de potestades que tienen un tronco común. Por ello mismo, cabe poner de relieve que las conductas consideradas como infracciones administrativas son expresión de la función administrativa y, en consecuencia, ante todo, las soluciones deben buscarse en el derecho público. A la sazón no resulta irrelevante quien impone el castigo, ya que la norma constitucional no habilita a elegir discrecionalmente entre la competencia sancionatoria de la administración y el ejercicio de las potestades punitivas de los jueces. Subsiguientemente, no existen tales principios comunes al ejercicio de la potestad sancionadora, sino que se trata de principios del derecho penal que se aplican al derecho administrativo los que deben incorporarse condicionada a la realización de un juicio de proporcionalidad. Conviene destacar, entonces, que la finalidad que cumple el derecho administrativo sancionador en el sistema jurídico no puede ser indiferente en la determinación del régimen jurídico.
XII. Así las cosas, el derecho administrativo sancionador propende a la protección de un único bien jurídico que es la protección de la función administrativa que, en este caso, se concreta en la tutela del principio de veracidad y exactitud de la declaración. Lo expuesto no implica desconocer una eventual faceta represiva del fenómeno administrativo sancionador, pero que tiene un rol absolutamente secundario y esto se pone en evidencia fácilmente a poco que se repara que la sanción administrativa se impone sin que exista ningún interés en el reproche moral al individuo, tanto es así que de corriente se aplican como en este caso a personas de existencia ideal carentes de toda actuación volitiva.
XIII. En consecuencia, para que una conducta pueda justificar una sanción administrativa no debe reunir las características que justifican la imposición de un castigo en concepto de delito. Así, en primer lugar, no debe existir una conducta, ya sea por acción u omisión. La responsabilidad puede serle imputada a sujetos carentes de voluntad. En efecto, no es de rigor el principio de imputación por el hecho en cuanto exige que, para imponer una sanción, exista una acción (o una omisión), ya que en derecho administrativo sancionador aún si no hay acción, puede haber una sanción. Por otra parte, la lesividad se presume iure et iure por incumplirse el mandato administrativo. En los ilícitos administrativos, la desobediencia apareja per se una situación de peligro que induce a crear la figura ilícita. Conviene destacar que el ilícito, dependiendo la figura examinada, podría quedar consumado aunque en el caso concreto no se haya producido ningún otro peligro que la mera desobediencia. En la misma sintonía, habida cuenta de que la responsabilidad puede ser endilgada sin acción, tampoco es de rigor el principio de personalidad de las penas en cuanto implica que únicamente pueden ser sancionados quienes hubieran realizado la conducta infractora, dado que en derecho administrativo sancionador es posible disociar el autor del hecho y la responsabilidad. Por tanto, no siendo aplicable este principio no puede excluirse la posibilidad de que se impongan sanciones en las cuales un sujeto (el responsable) responda por otro (el infractor).
XIV. En línea con lo comentado, tampoco es menester el reconocimiento de la exigencia de dolo o cuando menos culpa para imponer una sanción administrativa. Existe la posibilidad de imponer sanciones de modo objetivo y, en consecuencia, no es menester hacer un reproche en base al dolo o la culpa del imputado.
XV. Ello es así, habida cuenta de que el sentido primario de la autoridad administrativa sancionadora no es retributivo sino distributivo y es que pueda aplicarse una sanción proporcionada al incumplimiento objetivo de la norma. Sucede que destacar la aplicación de la sanción por la falta de culpa dejaría impune un sinfín de situaciones riesgosas que no deben ser soportadas por la comunidad y a cuya protección está obligado el legislador. Se insiste, al respecto, que la responsabilidad penal se enmarca en el principio de mínima intervención, por lo cual opera cuando los demás alternativas de control han fallado, no estando obligado a sancionar todas las conductas antisociales, pues la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que puede imponerse, habida cuenta de que imponer una pena implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad. En sintonía con ese carácter el derecho penal sólo se permite castigar al hombre por lo que hace y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. El principio según el cual no hay acción sin voluntad, exige la configuración del elemento subjetivo del delito, por lo que ningún comportamiento humano es valorado como acción, sino es realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De manera tal que la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. La autoridad administrativa no dispone la sanción ni para reparar un daño ni exclusivamente para afligir meramente un castigo.
XVI. En efecto, a diferencia del derecho penal, donde la regla general es que resulta menester un factor subjetivo de atribución, en el derecho administrativo bien podría resultar suficiente la inobservancia de la norma. Sobre el punto, conviene destacar que suele decirse que las normas sancionatorias administrativas presumen el actuar negligente del autor de la infracción. Esa galimatía se enuncia para seguir ligando al derecho administrativo sancionador con el principio de culpabilidad. Lo cierto es que no se alcanza a vislumbrar que la sanción administrativa podría ser aplicada aun cuando el resultado o riesgo prohibido se hubiera producido más allá de la diligencia debida del obligado por la norma administrativa. Atiéndase que los deberes impuestos por las normas administrativas razonablemente pueden ir más allá de situaciones en que el peligro no pueda ser conjurado ni aún extremando los deberes objetivos de cuidado.
XVII. En ese orden de ideas, no puedo dejar de señalar que dicho criterio se alinea con la posibilidad que una sanción administrativa termine siendo impuesta por hechos de terceros. Efectivamente, conviene subrayar que en el ámbito punitivo es proporcional a sus fines que se responda por hechos propios, sin que quepa, con el fin de una más eficaz tutela de los intereses públicos, establecer responsabilidad alguna sancionable solidariamente por actos ajenos. Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador puede preverse la responsabilidad por el hecho de otro e inclusive establecer la responsabilidad solidaria. Sucede que no pocas veces quien ha cometido la infracción no es la misma persona obligada. Esa persona ha introducido un riesgo que motiva la activación de los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones. Como sucede en el caso de autos, pocas veces tiene sentido que la autoridad administrativa entrase a indagar si el obligado cumplió con la diligencia debida o bien incurrió en un error involuntario.
XVIII. En orden a ello, debe considerarse que en el derecho tributario y en el derecho aduanero ha sido consagrada la responsabilidad sin culpa propia. Así la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), en el título I, capítulo VII, se ocupa de los Responsables de las sanciones. En el art. 54 se dispone la responsabilidad sancionatoria de las personas respecto de las cuales se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las leyes tributarias, sean o no personas de existencia visible, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.
Otro tanto puede hacerse notar respecto de la solución prevista en la legislación aduanera, ya que, en efecto, si bien el Código Aduanero se aparta del texto del art. 166 bis de la Ley de Aduana, en cuanto consagraba que las infracciones aduaneras son de responsabilidad objetiva, al reformárselo, se dispuso en el artículo 902 que no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en el mismo código. Al respecto, no puede obviarse que las personas son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras que éstos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
(art. 903). Asimismo cuando una persona de existencia ideal fuere condenada por alguna infracción e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán solidariamente con aquélla por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición (art. 904). Por su lado, el importador o el exportador será responsable por toda infracción aduanera que el despachante de Aduana, sus apoderados o dependientes cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, en forma solidaria con éstos (art. 907). En el mismo instrumento legal se dispone que el despachante de Aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el art. 36, apart. 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo.
En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida (art.908). En toda infracción aduanera cometida por el transportista o por las personas por las cuales debiere responder el mismo, el Servicio Aduanero podrá dirigir la acción respectiva contra el agente de transporte aduanero que lo representare (art. 909) .
XIX. Por ello, estimo que no resulta admisible el agravio del recurrente fincado en el error involuntario, ya que la sanción prevista puede aplicarse frente al incumplimiento involuntario. A mi entender, la inteligencia expuesta es la que mejor se concilia con el principio según el cual el alcance de las leyes deben determinarse computando la totalidad de las normas que las integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 295:755; 302:661; y 307:871, entre otros). Contrariamente a lo manifestado por el recurrente, todo el esquema del código, como no podría ser de otra manera, gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. Tanto así que al establecer la norma que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de pena en materia de infracciones aduaneras, el legislador relativiza el principio de culpabilidad que se consideró incorporado al Código Aduanero. Todo lo cual, conduce a concluir que la imposición de una sanción administrativa puede justificarse más allá de no verificarse una acción típica, antijurídica y culpable.
XX. Sentado lo que antecede, corresponde referirse al aspecto tributario de la Resolución apelada. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el p. 4 del Anexo II “A” de la Resolución General AFIP N° 1365/02, que permite una tolerancia en más de hasta el 5% del tonelaje declarado, el beneficio del congelamiento tributario, alícuotas y base imponible, a la fecha de cierre de venta, se extiende a un 5% del máximo declarado, en nuestro caso, hasta 26.250 toneladas (ver Considerando VI con cuadro detallado). En consecuencia, corresponde reliquidar los tributos adeudados, teniendo en cuenta que la mercadería en infracción es de 4.875 toneladas de trigo a granel (la liquidación de la diferencia tributaria fue practicada - fs. 28/29 de las act. adm.- sobre la base de considerar que la mercadería en infracción era de 7.875 toneladas, sin tener en cuenta la mercadería efectivamente exportada por el P.E. Nº 06 040 EC01 000915 E)
Precio FOB unitario oficial (ver planillas obrantes a fs. 18/27 de las act. adm.): U$S186 Base imponible: 4.875 toneladas x U$S 186 = U$S 906.750 Derechos de exportación (20%): U$S 181.350 Diferencia adeudada: U$S 33.150 PRECIO FOB UNITARIO OFICIALDERECHOS DE P.E. Nº TONELADAS A LA FECHA DEEXPORTACIÓN CIERRE DE VENTAABONADOS DJVE 06 040 EC01 000920 A 4.125 U$S 152 U$S 125.400 06 040 EC01 000915 E 750 U$S 152 U$S 22.800 U$S 148.200 PRECIO FOB UNITARIO OFICIAL DERECHOS DE A LA FECHA DE EXPORTACIÓN OFICIALIZACIÓN DEL P.E.
06 040 EC01 000920 A 4.125 U$S 186 U$S 153.450 06 040 EC01 000915 E 750 U$S 186 U$S 27.900 U$S 181.350 DIFERENCIA DEU$S 181.350 - DERECHOS DEU$S 148.200= EXPORTACIÓN U$S 33.150
De acuerdo al detalle precedente, y teniendo en cuenta que la firma actora abonó la suma de U$S 148.200 (según constancias obrantes en las carpetas de los P.E. involucrados y el comprobante de LMAN Nº 06040LMAN000690V, cuya copia obra agregada a fs. 63 de las act. adm. correspondiente al P.E. Nº06 040 EC01 000915 E), la diferencia que resta abonar en concepto de derechos de exportación es de DOLARES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA (U$S 33.150), mas los intereses a partir del plazo de 10 días desde la notificación de la corrida de vista del sumario, conforme lo dispuesto por el art. 794 del C.A.
XXI. En relación a la solicitud de la actora, respecto a la aplicación del instituto de la autodenuncia previsto en el art. 917 del C.A., advierto que la cuestión planteada encuentra su causa en el apartado 2 del art. 917 del C.A., ya que no consta en las actuaciones administrativas que con anterioridad a la presentación de fecha 08/11/206, se hubiere iniciado un proceso de inspección aduanera o impositiva, como así tampoco había sido advertido oportunamente por el servicio aduanero. Así las cosas, cabe consignar que recién el servicio aduanero imputó la infracción a la aquí exportadora como consecuencia directa de la presentación efectuada por ella, incluso ello surge de la Nota Nº 62/2007 (SECC R) de fs. 14/15 y del auto de apertura del sumario y corrida de vista de fs. 31 donde puede leerse “… VISTOS los presentes actuados, que se inician con la presentación de la firma “ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA” de fecha 08 de noviembre de 2.006, dando cuenta de la sobre-aplicación por el total documentado en las destinaciones… Dicha presentación ha motivado el requerimiento del informe técnico de fs. 28/29…”.
Por todo lo anterior, entiendo que procede otorgar a la presentación efectuada por la actora en fecha 08/11/2006 (obrante a fs. 1 de las actuaciones administrativas), los efectos previstos en el art. 917 del C.A. y, en consecuencia, modificar parcialmente el art. 1 la Resolución N° 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607-368-2006, en cuanto impone multa a la actora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos a) del C.A., la que se reduce en un 75%, por aplicación del art. 917 del C.A., importe que asciende a la suma de $ 4.223.188,12.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607- 368-2006, en cuanto impone multa a la actora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos B) del C.A., la que se reduce en un 75%, por aplicación del art. 917 del C.A., importe que asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS ($ 4.223.188,12).
2. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607- 368-2006, en cuanto le exige a la actora el pago en concepto de diferencia de derechos de exportación, declarando que la suma adeudada asciende al monto de DOLARES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA (U$S 33.150), con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A..
3. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607- 368-2006, en cuanto impone multa a la actora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos B) del C.A., la que se reduce en un 75%, por aplicación del art. 917 del C.A., importe que asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS ($ 4.223.188,12).
2. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 036/2012 (AD NECO) dictada en la Actuación Nº 12607- 368-2006, en cuanto le exige a la actora el pago en concepto de diferencia de derechos de exportación, declarando que la suma adeudada asciende al monto de DOLARES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA (U$S 33.150), con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A..
3. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.08 14:30:10 ART Date: 2023.09.08 17:52:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.12 09:08:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.12 09:08:49 -03:00
Fin de la sentencia