Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-100116695-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución n° 466/2022 (AD SALO) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 17134-2258-2019/30, respecto de la firma ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA.
2Imponer las costas a la actora vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-138405695-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Noviembre de 2023 COOP. LTDA. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ APELACIÓN”, expediente n.° EX-2022-
100116695- -APN-SGASAD#TFN.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo –Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación-, Pablo A. Garbarino – Vocal Titular de la Vocalía de la 16a Nominación- y la Dra. Claudia B. Sarquis- Vocal Subrogante de la 18a Nominación-, a fin de resolver en los autos caratulados “ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ APELACIÓN”, expediente n.° EX-2022-100116695- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I.— Que, mediante RE-2022-100113659-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 466/2022 (AD SALO), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 17134-2258-2019/30, por la cual se resolvió no hacer lugar a la solicitud de devolución efectuada respecto a los derechos de exportación abonados con relación a la operación documentada mediante el P.E. 08057EC01004433N (vinculado a la DJVE 07001DJVE004422R / Agricultura 00064947). Se refiere a los antecedentes de la causa y cuestiona que la Aduana haya fundado la resolución recurrida en la prescripción de la acción para reclamar la devolución de los derechos de exportación abonados. Expresa que en diciembre de 2008 se le notificó el Cargo n° 2592/08 por la suma de u$s 181.539,00, el cual fue impugnado y posteriormente abonado bajo protesto.
Aduce que en razón de ello, la Aduana le notificó la Resolución N° 66/2012 por la que se le intimó el pago de intereses, que fue apelada y posteriormente resuelta por el Tribunal Fiscal, en el marco del Exte Nº 30.756-A, que tramitó por ante la Sala G. Señala que en la citada causa se dispuso REVOCAR la Resolución N° 66/2012 (AD SALO) y por ende los cargos cuestionados, entre los que se encontraba el n° 2592/08 y el monto de los intereses. Sostiene que habiendo quedado firme la referida sentencia corresponde que la Aduana efectúe la devolución del pago realizado, con más los intereses respectivos hasta el efectivo pago. Plantea que resulta improcedente el argumento de prescripción adoptado por el servicio aduanero, dado que la empresa no pudo exigir la devolución del pago realizado sino hasta que recayó sentencia definitiva en el expediente “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP.
LTDA C/ ESTADO NACIONAL – DGA S/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, debido a que a partir de septiembre de 2018 quedó firme la resolución judicial. Manifiesta que tampoco resulta aplicable en el caso lo dispuesto en el art 1069 inc b ap. 1 del CA, atento a que al formularse el cargo en el año 2008, ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. procedió a impugnarlo, y todos los expedientes quedaron supeditados a lo que se decidiera en el expediente principal antes mencionado. Arguye que lo resuelto por la Aduana afecta el derecho constitucional de inviolabilidad a la propiedad (art. 17 CN) y de defensa en juicio (art. 18 CN). Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la apelación y se ordene la devolución de $773.900,76, con costas a la contraria.
II.— Que, mediante IF-2023-11078423-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fue conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa en formato digital. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Plantea la prescripción de la acción de repetición como excepción de previo y especial pronunciamiento conforme lo establece el artículo 1149 del Código Aduanero. Señala que, la firma abonó el cargo en el 2011 y la prescripción de la acción del administrado para repetir el importe abonado comenzó a correr el 01/01/2012. Considera que no resulta procedente que se analice el pedido de devolución formulado por la recurrente invocando lo normado en el art 1069, apartado 1, inciso b), punto 1) del Código Aduanero. Sostiene que el recurso de impugnación interpuesto previamente por la recurrente contra el cargo en cuestión, en los términos del artículo 1053 del C.A., que concluyera con el dictado de la Resolución Aduanera N° 66/2012 (AD SALO) (apelada en la causa N° 30.756-A), veda la posibilidad de reinsertar la discusión en el marco del pedido de repetición posteriormente incoado en los términos de los artículos 1068 y ss. C.A. Subsidiariamente contesta los demás agravios esgrimidos por la actora, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente, se confirme en su totalidad la Resolución N° 466/2022 (AD SALO), con costas a la demandante.
III.— Que, mediante PV-2023-24391352-APN-VOCXVII#TFN, se declara la causa de puro derecho. Se elevan los autos a la Sala “F”, conforme PV-2023-134829274-APN-VOCXVII#TFN y, mediante IF-2023- 135965299-APN-VOCXVII#TFN, quedan en estado de dictar sentencia.
IV.— Que la actuación administrativa n° 17134-2258-2019/30 obra agregada por cuerda, en un total de fs. 44, la que culmina con el dictado de la Resolución N° 466/2022 AD SALO, apelada en autos.
V.— Que, sentado lo precedente, corresponde a este Tribunal resolver en primer lugar el planteo de prescripción, donde la parte ve afectado su derecho de defensa en relación a la lesión de la garantía del debido proceso, defensa en juicio y seguridad jurídica.
Cabe reseñar que la recurrente cuestiona en autos la Resolución N° 466/2022 por la que se rechaza el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la operación documentada mediante el P.E. 08057EC01004433N (vinculado a la DJVE 07001DJVE004422R / Agricultura 00064947) – Cargo n° 2592/08-, cuya nulidad fue dispuesta por este Tribunal, con fecha 04/10/2021, en la causa caratulada “ASOCIACION DE COOPERARTIVAS ARGENTINAS COOP LTDA” Expte Nro 30.756-A, que tramitó por ante la Sala “G” de este Tribunal, en la que se resolvió “...2) Declarar la nulidad de los cargos Nros. 2537, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2615, 2618, 2619, 2620, 2597, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2598, 2599, 2600, 2606, 2607, 2587, 2399, 2402, 2411, 2413, 2420, 2421, 2422 y 2423, todos del año 2008, impugnados en las Actuaciones SIGEA Nro. 12509-2-2009, correspondiente a la Resolución N° 66/2012 (AD SALO) aquí apelada”.
La Sala “G”, tuvo en consideración lo resuelto por el Juzgado Federal N° 1 de Rosario, en el que tramitara la acción declarativa de certeza interpuesta por la actora bajo el Expediente N° 12086158 caratulado "ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. c/ ESTADO NACIONAL - DGA-ONCCA- s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA", que hizo lugar parcialmente a las pretensiones de la recurrente. Sentencia que fue confirmada en segunda instancia, por la Sala "B" de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y, que a la fecha se encuentra firme, en razón de que la CSJN desestimó con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) y la AFIP-DGA (conforme surge del expediente que se tiene a la vista).
En las sentencias mencionadas, el Poder Judicial se expidió declarando la inaplicabilidad de los arts. 4 y 5 de la ley 26.351 y art. 2 del decreto 764/2008, en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones y la correspondiente inaplicabilidad de las mismas a la actora respecto de una serie de DJVEs, entre las que se encontraba la DJVE 07001DJVE004422R (Agricultura 00064947 ) vinculada al PE 08057EC01004433N.
La Aduana, mediante la resolución apelada, rechaza el pedido de devolución formulado por la firma, invocando la prescripción de la acción para exigir el cobro de lo abonado y asimismo lo dispuesto en el art 1069 inc b) del CA.
La recurrente, por su parte sostiene que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción, argumentando que fue recién en el año 2018, con el dictado de las sentencias en el Expediente N° 12086158 caratulado "ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. c/ ESTADO NACIONAL -DGA-ONCCA- s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA", cuando se puso fin al estado de incertidumbre en que se encontraba.
En este orden de ideas, el Art. 815 del C.A dispone: “… Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera”, plazo que comenzará a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera efectuado el pago del importe objeto de repetición (conf. art. 816 del C.A). En el Cargo n° 2592/08 fue abonado por la actora el 25/11/2011 (ver fs. 7 de las act adm), por lo que el plazo quinquenal para solicitar la devolución de lo abonado comenzó a correr el 01/01/2012. Por su parte, el art 817 del cuerpo normativo citado establece que “La prescripción de la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) durante la sustanciación del reclamo de repetición deducido ante el servicio aduanero; b) desde la interposición del recurso de apelación deducido ante el Tribunal Fiscal contra la resolución aduanera denegatoria que hubiera recaído en el reclamo de repetición o por retardo en el dictado de la misma, hasta que recayere decisión definitiva en la causa; c) desde la interposición, en sede judicial, de la demanda de repetición, hasta que recayere decisión definitiva en la causa” y, el art. 818 de la norma analizada establece que “La prescripción de la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) el reclamo de repetición interpuesto ante el servicio aduanero; b) el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal contra la resolución aduanera denegatoria que hubiera recaído en el reclamo de repetición o por retardo en el dictado de la misma; c) la demanda judicial de repetición”.
El Código Aduanero es claro al establecer las causales de suspensión y de interrupción del plazo que tenía la recurrente para solicitar la devolución de lo abonado y en el caso no se encuentra acreditado que la exportadora haya realizado ninguno de los actos enumerados en el párrafo que antecede.
Por lo expuesto le asiste razón a la Aduana al rechazar la repetición intentada, en razón de que el plazo de la prescripción de la acción de la recurrente para reclamar la devolución de los derechos de exportación abonados indebidamente con relación a la operación documentada medianete el P.E. N° 08057EC01004433N venció el 31/12/2016 y el reclamo de repetición fue presentado ante la Aduana el 20/04/2021 (ver pedido de devolución -Actuación 17134-2258-2019/30), habiendo fenecido ampliamente el plazo que tenía para hacerlo.
Que consecuentemente corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción formulada por la Aduana y por ende confirmar la resolución apelada, con costas a la recurrente.
Sin perjuicio de lo dicho, es menester aclarar una particularidad que presenta lo pretendido por la actora y lo denegado por el Fisco, y que excede la forma en que se resuelve (en razón de la vía elegida por la primera) y debe tenerse en cuenta pues, resulta sustancial considerar que la devolución de la suma que la recurrente solicita, es consecuencia directa de la nulidad del Cargo n° 2592/08 dispuesta por este Tribunal, posteriormente convalidada por la Alzada, siendo que con el pedido de devolución presentado por la exportadora, lo que la recurrente pretende es recuperar aquello que le pertenece, que debió hacerse efectivo en virtud de lo resuelto el 04/10/2021, en la causa “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA c/DGA s/recurso de apelación” Expte N° 30.756-A, pronunciamiento que a la fecha se encuentra firme y consentido, por no haber sido apelado por el fisco nacional, habiendo pasado en autoridad de cosa juzgada de conformidad a la previsto en el art 1171 y 1183 del CA.
La CSJN respecto a la cosa juzgada ha señalado que se trata de uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y no es susceptible de alteraciones, porque la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica. El máximo Tribunal afirmó afirmó que la autoridad de la sentencia debe ser inviolable, tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual se requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia ejecutiva de este último (Fallos: 184:137; 209:303; 235:171; 259:289; 266:170; 307:1289; 311:495; 312:122). En ese contexto se le confirió jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 252:370; 259:289), sobre la base de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421).
Ello así, en virtud a un razonamiento ventral, se desnudan dos problemas que presenta el caso: el primero, central y procesal que implica la extemporaneidad de la vía elegida por la actora para hacerse de lo que en definitiva judicialmente se le ha reconocido, y el segundo, la ejecución de lo que corresponde en razón de ello, esto es, la efectivización de la sentencia dictada por este Tribunal.
Para ello, la interesada deberá acudir –por las limitaciones que esta competencia mantiene sobre el tópicopor ante la vía pertinente adonde se determinará lo que en definitiva corresponda a la luz de los alcances del resolutorio primigenio, que reconoció la ilegitimidad de lo pretendido oportunamente por el Fisco, que contendría la repetición de lo -consecuentemente- abonado indebidamente (que no debe confundirse con el “procedimiento de repetición” que aquí se analizó) y que pasó en autoridad de cosa juzgada. Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución AD SALO n° 466/2022 recaída en el SIGEA n°17134-2258-2019/30, mediante el cual no se hizo lugar a solicitud de devolución intentada por la firma.
VII. Que, en cuanto a las costas del debido proceso, las mismas, deben imponerse a la parte vencida.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución n° 466/2022 (AD SALO) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 17134-2258-2019/30, respecto de la firma ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP.
LTDA.
2. Imponer las costas a la actora vencida.
Así lo voto.— El Dr. Garbarino dijo:
I. Que me remito brevitatis causae al relato y descripción de los hechos del caso que resultan de los Considerandos I a IV del voto del Vocal preopinante.
II. Que sentado ello, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
Asimismo, la interpretación judicial siempre debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
III. Que el artículo 815 del Código Aduanero dispone que “… Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera”, plazo que comenzará a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera efectuado el pago del importe objeto de repetición (conf. art. 816 del C.A). Por su parte, el artículo 817 del referido cuerpo legal establece que “La prescripción de la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) durante la sustanciación del reclamo de repetición deducido ante el servicio aduanero; b) desde la interposición del recurso de apelación deducido ante el Tribunal Fiscal contra la resolución aduanera denegatoria que hubiera recaído en el reclamo de repetición o por retardo en el dictado de la misma, hasta que recayere decisión definitiva en la causa; c) desde la interposición, en sede judicial, de la demanda de repetición, hasta que recayere decisión definitiva en la causa” y, el artículo 818 de la norma analizada señala que “La prescripción de la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) el reclamo de repetición interpuesto ante el servicio aduanero; b) el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal contra la resolución aduanera denegatoria que hubiera recaído en el reclamo de repetición o por retardo en el dictado de la misma; c) la demanda judicial de repetición”.
IV. Que ante tal paradigma normativo, el caso bajo análisis presenta ciertamente características singulares, al menos en cuanto a su tratamiento jurisprudencial, en materia aduanera.
Y es propia de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas), evitando reducir las normas jurídicas a una forma meramente abstracta, carente de contenido sustancial.
Se trata, pues, de la valoración comparativa de intereses jurídicamente protegidos, con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico.
Por ende, la cuestión medular radica en valorar y justipreciar ambos derechos en las especiales circunstancias de la causa aduanera, como así también en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico.
V. Que el quid del problema reside, entonces, en optar por una interpretación meramente teórica, literal y rígida de la ley que se desinterese del aspecto axiológico de sus resultados prácticos concretos o por una que contemple las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos (confr. voto del suscripto in re “BUNGE ARGENTINA S.A. c/DGA s/ apelación”, Expediente N° 36.695-A, sentencia del 3 de febrero de 2022).
En efecto, a los fines de resolver dichas particularidades de matriz ontológica, las normas específicas que rigen el instituto de la repetición de tributos deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos, t. 255, p. 360; t. 258, p. 75; t. 281, p. 146; causa "Mary Quant Cosmetics Limited c. Roberto L. Salvarezza" del 31 de julio de 1980). Ello así, porque no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia en el sistema en que está engarzada la norma (Fallos, t. 234, p. 482).
Máxime cuando la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (confr. doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
VI. Que, en efecto, la misión judicial no se agota la consideración indeliberada de la letra de la ley. En primer término porque, sin mengua de ella, es ineludible función de los jueces, en cuanto órganos de aplicación del ordenamiento jurídico vigente, establecer el sentido jurídico de la ley como distinto de su acepción semántica o vulgar -confr. Fallos: 144:129; 241:227; entre muchos otros-.
Y también porque los jueces, en cuanto ministros de la ley y servidores del derecho, para lograr la efectiva realización de la justicia, ésta puede alcanzarse con decisiones positivamente valiosas, derivadas razonadamente del ordenamiento jurídico vigente -confr. Fallos 236:27; 238:550; 243:80; entre otros- en su conjunto, incluso en los principios que lo integran, en la decisión de un caso concreto. Porque tales sentencias, que pueden y obviamente deben respetar la voluntad legislativa, precisamente ocurren en complemento de ella, en la tarea común que une a legisladores y jueces (confr. CSJN in re “Manzanares, Juan Carlos s/ su adopción”, del 8 de febrero de 1961), que traduce una incesante búsqueda de soluciones adecuadas para la realización de los derechos de todos los ciudadanos.
VII. Que, por lo tanto, la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice al espíritu que ha inspirado su sanción pues, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando lo requiera la interpretación razonable y sistemática.
Bajo tales premisas, toda vez que el instituto de la prescripción liberatoria configura en cierto modo un valladar obstaculizante del acceso a la justicia y, por ello, en alguna medida entra en conflicto con el principio dimanente del artículo 18 de la Constitución Nacional, debe ser siempre aplicado con un criterio restrictivo.
En tal sentido, ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe preferirse por la solución que mantenga vivo el derecho (Fallos: 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre muchos otros).
Asimismo, la prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable (Fallos: 330:5404), por lo que el plazo respectivo debe comenzar a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida, es decir, debe coincidir necesariamente con el momento del nacimiento de la acción, de acuerdo al reconocido principio "actioni non natae no praescribitur" (confr. doctrina de Fallos: 326:742, entre otros).
Por lo tanto, para que el plazo de la prescripción liberatoria contenido en el Código Aduanero comience a correr, es necesario que el acreedor mantenga una inactividad en el reclamo de su derecho que supone - de modo inequívoco - que la obligación esté expedita, lo que no sucede cuando está sometida a un plazo u otra contingencia que traba el ejercicio de la acción e impide el curso de la prescripción (confr. Fallos: 329:1619), como claramente lo son, en el supuesto bajo examen, las distintas causas judiciales a las que se hace expresa referencia en el voto que antecede.
En consecuencia, y toda vez que la prescripción liberatoria debe fundarse necesariamente en la inacción de la peticionante (confr. Fallos: 320:1263), cabe concluir que en el caso dicha hipótesis no ha sido debidamente verificada, pues la firma actora recién estuvo en condiciones jurídicas de accionar a partir del instante en que quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 11 de septiembre de 2018 en los autos caratulados “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA C/ ESTADO NACIONAL – DGA S/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, por lo que el planteo prescriptivo de repetición formulado por la DGA en su escrito inicial no puede prosperar. ASI LO VOTO.-
VIII. Que, por último, corresponde dejar sentado que a los fines de resolver el presente litigio no se pretende desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con dichos principios axiológicos, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjurar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la sublime misión de administrar justicia (doctrina de Fallos: 302:1284; 234:482 y sus citas).
IX. Que en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que este Tribunal ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión debatida en el presente proceso recursivo, resulta ajustado a derecho distribuir las costas del pleito en el orden causado (confr. art. 1163, segunda parte, del Código Aduanero, y art. 68, segunda parte, del C.C.C.C.N.). ASI TAMBIÉN LO VOTO.-
X. Que, por último, habida cuenta lo decidido por mayoría en la presente litis, deviene inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas por las partes. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
La Dra. Sarquis dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Confirmar la Resolución n° 466/2022 (AD SALO) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 17134-2258-2019/30, respecto de la firma ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA.
2. Imponer las costas a la actora vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Títular de la Vocalía de la 17a Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Títular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.11.21 13:43:04 -03:00 Date: 2023.11.21 14:05:01 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.21 14:18:32 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.21 14:18:33 -03:00
Fin de la sentencia