Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.695-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 1022/2012 (AD SALO), y en consecuencia los Cargos N° 3199/12 al 3203/12. Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-27221198-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 16 de Marzo de 2026 COOP. LTDA.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte N° 32.695-A.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que a fs. 33-39 se presenta, mediante apoderado, la ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA interponiendo recurso de apelación contra la Resolución N° 1022/2012 (AD SALO), dictada el 27/11/12 por el Administrador de la División Aduana de San Lorenzo en la actuación SIGEA N° 12509-1475- 2012, mediante la cual se confirman los Cargos N° 3199/12 al 3203/12 formulados por diferencias de derechos de exportación, como consecuencia de que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE-SAGPYA) 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948 en cumplimiento de las cuales se documentaron las exportaciones respectivas, figuran incluidas en el anexo I de la Resolución ONCCA 1898/08, por no haber acreditado la tenencia o adquisición del producto exportado en los términos de la Ley 26.351 y su Decreto Reglamentario 764/08.
Opone excepción de litispendencia, toda vez que interpuso acción meramente declarativa de certeza contra el Estado Nacional, la Dirección General de Adunas (DGA) y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) ante el Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Opone excepción de nulidad por considerar nula la resolución aduanera. Considera que la misma fue dictada en flagrante violación a una sentencia judicial, mediante la cual se hizo lugar a una medida cautelar, que ordenó a la DGA de abstenerse de aplicar, notificar y dar trámite a cargos aduaneros por los cuales se exijan derechos de exportación formulados en el marco de la Ley 26.351. Insiste en que los cargos aduaneros formulados son improcedentes, arbitrarios e incorrectos.
Entiende que la resolución apelada carece de sustento, toda vez que no tuvo en cuenta que las declaraciones juradas de venta al exterior se presentaron en tiempo y forma, y que se abonó la alícuota de derechos de exportación vigente a la fecha de cierre de venta. Afirma que ello le confiere un derecho adquirido al mantenimiento del régimen tributario, existente al momento de la presentación de la declaración jurada, conforme a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 21.453. Sostiene que se trata de una situación jurídica concreta e individual, generadora de un derecho inmodificable, no pudiendo ser suprimido por ley posterior sin menoscabo al derecho de propiedad. Siguiendo esta línea, se agravia de que la resolución aduanera no hace una adecuada aplicación de la normativa en trato.
Cita en su defensa abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Considera que dotar de efectos retroactivos a la Ley 26.351 significa desconocer derechos adquiridos. Hace referencia al principio de legalidad en materia tributaria. Señala que la Ley 26.351 no puede ser considerada como interpretativa de la Ley 21.453, sino que se trata de una modificatoria. Explica que la Ley 21.453 no impone la obligación de detentar ni de demostrar la adquisición y tenencia de la mercadería, a la que se refiere el art. 1 de la Ley 26.351. Indica que esta última norma pretende incluir un requisito adicional, no previsto en la Ley 21.453, como así también condicionar la vigencia de ésta última al cumplimiento de ese requisito, lo que considera ilegítimo e inconstitucional.
Resalta la inconstitucionalidad de la Ley 26.351, del Decreto 764/08 y de la Resolución ONCCA 543/08. Informa que la ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución ONCCA 1898/08, el cual fue denegado por una resolución carente de respaldo jurídico, contra la cual presentó recurso de alzada. Por último, se agravia de que la resolución aduanera se basa en la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería, en los términos de la Ley 26.351, siendo que ello ha sido demostrado fehacientemente en el recurso de reconsideración presentado ante la ONCAA y en su correspondiente recurso de alzada. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal.
Solicita se haga lugar a las excepciones o, en su caso, se deje sin efecto la resolución apelada, con costas a la DGA.
II. Que a fs. 56-67 la Representación Fiscal contesta el traslado del recurso de apelación de la actora. Niega los hechos y el derecho invocado por la actora, como así también la documentación, que no sea objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una somera reseña de los hechos. Con respecto a la excepción de litispendencia planteada por la actora, entiende que la medida cautelar interpuesta en sede judicial no puede dirimir el fondo respecto a la temática aduanera, toda vez que la competencia exclusiva la tiene este Tribunal. Señala que el Tribunal Fiscal es el único tribunal especializado en materia aduanera con competencia exclusiva e indelegable, lo que le permite revisar todo lo actuado en sede aduanera, aunque siempre teniendo en cuenta la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
En cuanto al planteo de nulidad opuesto por la recurrente, afirma que el servicio aduanero explicitó en los actuados administrativos los motivos por los cuales no incumplió con la manda judicial dispuesta en la medida cautelar. En esa línea, indica que la resolución aduanera no puede entenderse como un acto de ejecución, toda vez que la aduana no activo ningún procedimiento tendiente a hacer efectivo el cobro de los cargos en cuestión. Explica que con el dictado de la Ley 26.351 se pretendió evitar maniobras que no respeten el régimen tributario general, lo que siempre estuvo en el espíritu de la Ley 21.453 puesto que esta última no tuvo por objeto la especulación sino otorgar un legítimo beneficio para cerrar ventas al exterior con costos ciertos.
Advierte que existió una maniobra tendiente a evitar el aumento de la suba de las alícuotas (del 27% al 35%) que perjudicó al Estado y a los productores, dado que estos últimos entregaron la mercadería con un descuento del 35%, por la cual se tributó un importe menor del 27%. Enfatiza en que nunca hubo lesión al derecho de propiedad, sino tan solo la no permisión de una ventaja indebida. Entiende que avalar una conducta o maniobra como esta, implica garantizar un enriquecimiento sin causa a costa no solo de los fondos públicos sino también del derecho de propiedad de los productores. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la Ley 26.351, arguye que los actos públicos se presumen constitucionales, en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser armonizados con ésta.
Destaca que las normas inferiores no pueden ser declaradas inconstitucionales, cuando haya en el juzgador una duda acerca de su validez, ya que para que proceda la declaración de inconstitucionalidad, debe aparecer en discordancia sustancial con la Constitución, y aún en los casos de duda ha de estarse siempre a favor de la constitucionalidad. Sostiene que la Ley 26.351 se encuentra armonizada con los principios rectores del derecho y las garantías constitucionales, por lo que sin perjuicio de que el Tribunal tiene prohibido considerar la inconstitucionalidad de las normas, si tuviese al menos alguna duda respecto de su constitucionalidad, debe estar siempre a favor de la misma. Cita en su defensa la causa “Cargill S.A.”, sent. del 2/11/12, de la Sala “F” del Tribunal Fiscal.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña y pide se declare la causa de puro derecho. Asimismo, solicita se rechacen las excepciones opuestas por la recurrente, con costas. Formula reserva del caso federal. Por último, solicita se rechace la pretensión de la actora y se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 277 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 281 se dicta el llamado de autos a sentencia.
IV. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas vinculadas a la presente, las cuales tramitaron mediante expediente SIGEA 12509-1475-2012, resulta que las mismas se iniciaron como consecuencia de la impugnación deducida por la ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA, con fecha 24/10/12, contra los cargos 3199/12, 3200/12, 3201/12, 3202/12 y 3203/12. A fs. 12-26 se agregan las DJVE SIM 07 001 DJVE 004420 P – DJVE SAGPYA 64951 (fecha de cierre de venta 3/10/07), DJVE SIM 07 001 DJVE 002228 T – DJVE SAGPYA 56653 (fecha de cierre de venta 30/05/07), DJVE SIM 07 001 DJVE 002226 R – DJVE SAGPYA 56806 (fecha de cierre de venta 1/06/07), DJVE SIM 07 001 DJVE 004417 V – DJVE SAGPYA 64950 (fecha de cierre de venta 3/10/07), DJVE SIM 07 001 DJVE 004418 W – DJVE SAGPYA 64948 (fecha de cierre de venta 3/10/07).
A fs. 26 ref. se agrega el expediente SIGEA 12539-176-2011. A fs. 28 ref. obra informe técnico N° 38/11 (SE FVEX) de fecha 4/10/11 de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación (sin firmar) mediante el cual se procede a efectuar cargos suplementarios por la diferencia en el pago de los derechos de exportación de los permisos de embarque 08 057 EC01 003184 P, 07 057 EC01 012540 K, 08 057 EC01 000320 E, 08 057 EC01 001669 V, 08 057 EC01 003171 L. A fs. 32 ref. obra el cargo 3199/12 por un monto de U$S 31.486,05 correspondiente a la destinación de exportación a consumo 08 057 EC01 003184 P. A fs. 34 ref. obra el cargo 3200/12 por un monto de U$S 91.392.- correspondiente a la destinación 07 057 EC01 012540 K.
A fs. 36 ref. obra el cargo 3201/12 por un monto de U$S 23.367,07 correspondiente a la destinación 08 057 EC01 000320 E. A fs. 38 ref. obra el cargo 3202/12 por un monto de U$S 11.622,16 correspondiente a la destinación 08 057 EC01 001669 V. A fs. 40 ref. obra el cargo 3203/12 por un monto de U$S 77.394,99 correspondiente a la destinación 08 057 EC01 003171 L. A fs. 42-43 obra notificación de los cargos 3199/12 al 3203/12, efectuada con fecha 11/10/12. A fs. 45 mediante correo electrónico 1962/2012, de fecha 9/10/12, la División Jurídica de la Dirección Regional Aduanera Rosario instruye a las aduanas a dar trámite a los cargos aduaneros relacionados con la impugnante tendientes a hacer efectiva la Ley 26.351, el Decreto 764/08 y las Resoluciones ONCCA 543/08, 1487/08 y 1898/08.
A fs. 46 se tiene por promovido el procedimiento de impugnación. A fs. 48-49 obra dictamen 500/12 mediante el cual se propicia no hacer lugar a la impugnación incoada y confirmar los cargos formulados. A fs. 50-52 el Administrador de la Aduana de San Lorenzo dicta la Resolución N° 1022/12 (AD SALO) mediante la cual confirma los Cargos N° 3199/12 al 3203/12 e intima a su pago con más los intereses devengados hasta la fecha de su efectiva cancelación. A fs. 53, con fecha 27/11/12, se notifica la mencionada resolución. A fs. 54-55 se acredita la apelación ante este Tribunal de la Resolución N° 1022/12 (AD SALO).
V. Que corresponde resolver en autos si la Resolución 1022/12 (AD SALO) mediante la cual la División Aduana de San Lorenzo confirma los Cargos 3199/12 al 3203/12, formulados a la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA con relación a las destinaciones de exportación a consumo N° 08 057 EC01 003184 P, 07 057 EC01 012540 K, 08 057 EC01 000320 E, 08 057 EC01 001669 V, 08 057 EC01 003171 L, se ajusta a derecho.
Cabe señalar que dicha pretensión fiscal surge como consecuencia del dictado de la Resolución ONCCA 1898/08, a través de la cual se comunicó a la AFIP-DGA la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26.351 y el Decreto N° 764/08. En lo que aquí interesa, que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE-SAGPYA) 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948.
El servicio aduanero consideró que habiéndose incrementado la alícuota correspondiente a los derechos de exportación de las mercaderías involucradas, en el período comprendido entre el registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior y el de la oficialización de las destinaciones de exportación, la exportadora debía acreditar la tenencia o adquisición de esas mercaderías con anterioridad al incremento de las alícuotas. Que no se encuentra controvertido que las destinaciones de exportación a consumo fueron documentadas al amparo del régimen especial para la venta al exterior de productos agrícolas, previsto en la Ley 21.453 (BO 11/11/76).
Corresponde señalar que el art. 3 de la Ley 21.453 dispone que las ventas al exterior de productos agrícolas “…deberán ser registradas, mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación en la forma que determine el Poder Ejecutivo Nacional, el que deberá asimismo reglamentar los plazos de vigencia de la declaración jurada.”
Por su parte, el art. 6 de la citada norma estableció que: “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley (productos agrícolas), serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta…”
Con posterioridad la Ley 26.351 (BO 16/01/08) determinó en su art. 1° que: “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”.
La citada norma fue reglamentada mediante el Decreto 764/08 (BO 13/05/08) el cual dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 1° de la Ley N° 26.351 serían aquellas debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453 y oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. Asimismo, estableció que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios a fin de acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la Ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
En este sentido el art. 2 de la citada Ley 26.351 estableció que: “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”. En virtud de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 764/08, se dictó la Resolución ONCCA 543/08 (BO 30/05/08) que estableció los requisitos a los que debían sujetarse los exportadores de granos y/o sus derivados, que soliciten su inscripción en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, denominado ROE Verde, al que se refiere la Ley 21.453, como asimismo, el procedimiento para aquellas operaciones de ventas al exterior registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.351.
En dicho marco la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) mediante Resolución ONCCA 1898/08 informó a la AFIP-DGA las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351, informando en lo que aquí interesa, que la actora no había acreditado de modo fehaciente la tenencia o adquisición de las mercaderías involucradas antes del 9/11/07, debiendo tributar la alícuota correspondiente a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación. Que con fundamento en la Resolución ONCCA 1898/08, la Aduana de San Lorenzo formuló los cargos, intimando al pago de las diferencias de derechos de exportación, toda vez que entre la fecha de registro de las DJVE y la de oficialización de las destinaciones de exportación, se produjo un incremento de la alícuota de los derechos de exportación.
VI. Que en lo que ahora interesa, la apelante señala y ha quedado acreditado en autos, conforme surge de las copias certificadas adjuntas a fs. 129-137, 138-141 que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA promovió acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario que tramitó mediante Expediente N° 12086158/2008 caratulado “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP.
LTDA c/ESTADO NACIONAL – ONCCA-DGA s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” ORDINARIO ante el Juzgado Federal N° 1 de Rosario, con anterioridad a la apelación ante este Tribunal Fiscal.
La sentencia de primera instancia del 22/12/15 y sus aclaratorias de fechas 1/02/16 y 18/02/16, admitieron parcialmente la acción meramente declarativa interpuesta por la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA y declararon la inaplicabilidad de los arts. 4 y 5 de la Ley 26.351 y del art. 2 del Decreto 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones y la correspondiente inaplicabilidad de las mismas a la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA respecto de las DJVE allí mencionadas, entre las que se encuentran las DJVE 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948 involucradas en autos. Asimismo, impuso las costas a la demandada. (Ver fs. 129-137 y 138-139 de autos.) El Juez de Primera Instancia para resolver considero… “que en materia tributaria debe respetarse la seguridad jurídica con rigurosidad ya que las modificaciones no pueden afectar situaciones ya consolidadas según la normativa anterior (como ocurre en el caso de autos) sobretodo cuando el principio rector es el principio de legalidad”.
En este sentido expreso que ... “el principio de seguridad jurídica constituye una condición esencial para el desenvolvimiento de los negocios y celebración de actos jurídicos, ya que representa la previsión del impacto impositivo en los mismos. Dicha seguridad jurídica se vería gravemente vulnerada con la aplicación retroactiva de la ley 26.351, que ordenan los arts. 4 y 5 de la ley 26.351 y art. 2 del decreto 764/2008.” A ello agregó que: “Resulta evidente que, a priori, la retroactividad repugna a la seguridad jurídica, tal y como la venimos entendiendo; la posibilidad del ciudadano de calcular los efectos de sus actos es incompatible con la existencia de normas cuya vigencia se extienda a conductas anteriores a su promulgación, por la elemental razón de que en el momento de la realización de estas conductas resultaría imposible conocer el contenido de futuras leyes…”
Apelado dicho pronunciamiento por las demandadas, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario con fecha 3/3/17, resolvió confirmar parcialmente la sentencia del 22/12/15 y sus aclaratorias, en cuanto rechazo la falta de legitimación pasiva planteada por la DGA e hizo lugar a la demanda en lo que refiere a las DJVE registradas con anterioridad a la ley 26.351. Asimismo, impuso las costas a las recurrentes vencidas. (Ver fs. 148- 180.)
Contra dicha sentencia, el Estado Nacional, dedujo recurso extraordinario, el cual fue concedido mediante pronunciamiento de Cámara de fecha 9/5/17. (Ver fs. 181-182.)
Con fecha 11/09/18 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios en los términos del art. 280 del CPCCN, con costas. (Ver fs. 195-196.)
Que, en consecuencia, el pronunciamiento de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario del 3/3/17 se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, en razón de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 11/09/18.
Que lo resuelto por el Poder Judicial en la causa “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA c/ESTADO NACIONAL – ONCA-DGA s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, expte N° 12086158/2008, tiene incidencia directa con la cuestión debatida en autos, dado que los cargos cuestionados en autos formulados por diferencias de derechos de exportación, se han liquidado en razón de lo informado por la ONCCA a la DGA en la Resolución ONCCA 1898/08 con relación a las DJVE-SAGPYA 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948 involucradas en la citada causa al indicar que las mismas no acreditaban tenencia o adquisición de conformidad con lo establecido en la Ley 26.351. Atento a lo expuesto, habiendo sido la cuestión ya examinada por el Poder Judicial de la Nación, no hay razón para que tenga que ser nuevamente examinada sin riesgo de afectar la seguridad jurídica (Fallos: 289:151 y 308:1150).
Cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 252:370), en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica (Fallos: 319:2527).
Que de las actuaciones administrativas surge que la Aduana de San Lorenzo confirmó los Cargos N° 3199/2012 al 3203/12 e intimó a su pago con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero basándose en que las DJVE-SAGPYA 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948 se encontraban incluidas en la Resolución ONCCA 1898/08, cuestión que ha quedado zanjada en sede judicial en la citada causa “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA c/ESTADO NACIONAL – ONCA-DGA s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, expte N° 12086158/2008 en la que se ha declarado –como ya se dijo- la inaplicabilidad de los arts. 4 y 5 de la Ley 26.351 y del art. 2 del Decreto 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones y la correspondiente inaplicabilidad de las mismas a la actora ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. respecto de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, entre las que se encuentran las 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948 involucradas en autos.
Que en virtud de lo expuesto, no cabe más que aplicar lo resuelto en la referida causa judicial y remitirse a los fundamentos expuestos en las sentencias allí dictadas.
Que, consecuentemente, y siendo que los Cargos N° 3199/12 al 3203/12 se formularon con relación a los permisos de embarque 08 057 EC01 003184 P, 07 057 EC01 012540 K, 08 057 EC01 000320 E, 08 057 EC01 001669 V, 08 057 EC01 003171 L vinculados a las DJVE 64951, 56653, 56806, 64950 y 64948 - registradas con anterioridad al 09/11/07- a las que no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley 26.351, corresponde revocar la resolución apelada y por ende los cargos involucrados en la presente causa.
VII. Que en virtud de que la presente se resuelve por estricta aplicación del criterio sentado por el Poder Judicial en la causa “ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA c/ESTADO NACIONAL – ONCCA-DGA s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, expte N° 12086158/2008, que resolvió la cuestión imponiendo las costas a la demandada vencida, en todas las instancias, resulta coherente y adecuado imponerlas de igual modo.
VIII. Que por la forma en que se resuelve la presente no resulta pertinente analizar las demás cuestiones planteadas por la recurrente.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 1022/2012 (AD SALO), y en consecuencia los Cargos N° 3199/12 al 3203/12. Costas a la demandada.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Revocar la Resolución N° 1022/2012 (AD SALO), y en consecuencia los Cargos N° 3199/12 al 3203/12. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2026.03.16 17:00:59 ART Date: 2026.03.16 20:11:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.16 20:11:44 -03:00
Fin de la sentencia