Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 34.281-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad incoado por la actora, con costas
2Confirmar las Resoluciones Nros. 168/2010 (DV RRLP) y 167/2010 (DV RRLP), en todas sus partes, con costas.
3Regular los honorarios de los Dres. Alejandro Agustín Schiavone y Alejandro González Zembrón, en las sumas de $ 4.863 (pesos cuatro mil ochocientos sesenta y tres) y $ 12.158 (pesos doce mil ciento cincuenta y ocho), por la cuestión previa y $ 48.633 (pesos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y tres) y $ 121.584 (pesos ciento veintiun mil quinientos ochenta y cuatro), por la cuestión de fondo, por su actuación en autos en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, de conformidad con la extensión y calidad de la labor profesional desarrollada, la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, teniendo en cuenta las pautas dispuestas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, vigente al momento que cumplieran las taresa profesionales en autos, los que quedan a cargo de la actora. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-86796621-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Agosto de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Rubén Alberto Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver el Expte. N° 34.281-I caratulado “ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE MOTOCICLETAS ACM s/ recurso de apelación”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 7/16vta. la actora interpone recurso de apelación contra las resoluciones AFIP Nros. 168/2010 (DV RRLP) y 167/2010 (DV RRLP), ambas de fecha 29/10/2010, emanadas de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la A.F.I.P.-DGI, por medio de las cuales se determina de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2004 y 2005- y en el IVA –períodos fiscales 03/2004 a 12/2005-. Asimismo, se aplica una multa por el Impuesto a las Ganancias –ejercicio fiscal 2004- con sustento en el artículo 46 y 47 inc. d) de la ley de rito, mientras que en los restantes tributos y períodos se difiere la calificación de la conducta, conforme las previsiones del artículo 20 de la ley 24.769.
En primer término, señala que la AFIP le endilga una actividad ajena a su objeto social - organización y promoción del motociclismo deportivo, sin fines de lucro- consistente en la venta de publicidad. Informa que, a los fines de poder cumplir con su objeto social (promover el motociclismo deportivo) recibe dinero de ciertas empresas a quienes le entrega factura, resaltando que no vende propaganda, sino que el dinero que recibe lo es en carácter de sponsors para la organización de carreras de moto que se realizan en el territorio nacional, incluyendo los premios a los pilotos, armado de carpas, carteles, publicidad gráfica y televisiva, etc.
Por otra parte, indica que es un sujeto exento en el Impuesto a las Ganancias -de acuerdo al art. 20 inc. f) de dicho gravamen- y en el Impuesto al Valor Agregado –conforme el art. 7° -inc. h) apartado 6 de la ley del impuesto-.
Con relación a la prueba pericial producida en sede administrativa, cuestiona la objeción realizada por el consultor técnico del fisco en cuanto a la inexistencia de registros auxiliares, señalando que mismos fueron extraviados; además entiende que tal objeción carece de sentido, toda vez que los libros exigidos por el Código de Comercio son el Libro Diario y el de Inventarios y Balances.
En lo relativo a la determinación del débito fiscal, destaca que el perito de parte detrajo de la facturación el 21% del IVA, ya que, de lo contrario, se estaría obligando a la Asociación a pagar un impuesto que nunca cobró y del cual se considera exento, en virtud de su objeto social.
Recalca, que el dinero recibido a cambio de propaganda debió ser facturado, con el fin de brindar soporte documental sobre las erogaciones de dinero efectuadas por los compradores; pero tal hecho –según sus dichos- no pueden llevar a la conclusión que la Asociación venda publicidad.
Continúa relatando las tareas efectuadas por su perito, resaltando que el 80% -períodos 04/2004 a 12/2004- y el 90% -período 2005- de los pagos fueron hechos con cheques, dando así cumplimiento a la Ley 25.345.
Manifiesta que a fin de verificar las operaciones efectuadas con el proveedor EMG Consultores, se dictó una medida para mejor proveer, la cual nunca le fue notificada; circunstancia que –a su juicio- torna nula la determinación apelada, en razón de la flagrante violación al derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Explica que de haberse notificado sobre dicha medida se hubiera opuesto a su sustanciación, dado que toda la actividad investigativa concluyó al finalizar la inspección. Así, considera que al extender las tareas de fiscalización más allá de ese límite, se produjo un vicio de nulidad insanable sobre el acto cuestionado. Tacha de arbitraria e irrazonable la condición de proveedor apócrifo imputada a la empresa “EMG CONSULTORES”, por el sólo motivo de no encontrarlo en su domicilio después de casi siete años de haber emitido las facturas.
Advierte que no es obligación del contribuyente verificar si el proveedor presentó las DDJJ y declaró el débito fiscal, concluyendo que la impugnación se basó en una mera sospecha que le ocasiona un perjuicio económico; a ello agrega que la empresa proveedora no se encontraba en la base APOC, siendo también habilitada por el propio Fisco para emitir comprobantes.
En relación a la sanción aplicada, dice que la presunción sobre la que se vale el Fisco Nacional –artículo 47 inc. d) de la ley de procedimental- no está fundamentada en los hechos concretos, ya que tanto los libros como la registración y demás documentación fueron aportados en la etapa de determinación de oficio. Por otra parte, niega la existencia de una conducta dolosa, pues su actuar se basó en el convencimiento del carácter exento de la actividad en el IVA.
Alega que desconocía la condición de apócrifo de las facturas de compra verificadas por la auditoría fiscal. Funda su razonamiento en la falta de prueba de este extremo.
Entiende que su accionar debe ser encuadrado en la figura de error excusable, en tanto se advierte que ha incurrido en un error exonerativo de responsabilidad.
En subsidio, solicita se recaratule la conducta fiscal en el art. 45 de la ley de procedimental. Cita jurisprudencia y doctrina que a su criterio apoyan su postura.
Finalmente, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que, a fs. 35/56 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, y por las razones de hecho y derecho que expone solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando las acciones incoadas por la actora, confirmando las resoluciones administrativas, con costas. Ofrece como prueba documental los antecedentes administrativos de la causa, se opone a la prueba ofrecida por la actora, y hace reserva del Caso Federal.
III. Que a fs. 62 se abrió la causa a prueba; a fs. 74 se tiene por desistida a la actora de la prueba ordenada; mediante la PV-2022-51907069-APN-VOCIII#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y finalmente se llaman a sentencia por medio del IF-2022-79521814-APN-VOCII#TFN.
IV. Que, en forma previa, corresponde describir las circunstancias en las que se desarrolla la cuestión traída a debate.
Según se desprende del Informe Final de Inspección (fs. 355/361 del Cuerpo Principal N° 2), el origen del cargo consiste en la detección de ciertos comprobantes de operaciones tratadas como exentas al momento de preparar las DDJJ de trato, con los clientes o sponsors CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. (CUIT N°30-57785659-8), JUKI S.A. (CUIT N°33-52328758-9) y ALFACAR S.A. (CUIT N°30-64375502-1) por servicio de publicidad.
Tal impugnación surgió de haberse constatado que la recurrente no se hallaba reconocida como exenta en el Impuesto a la Ganancias y que, además, sus prestaciones no se vinculaban con sus fines específicos en tanto se trataba de una actividad empresarial, por lo que no procedía interpretar que las operaciones en crisis estén exentas por el IVA.
En atención a la forma de facturación por parte de la Asociación –tipo “C” con la leyenda “EXENTO LEY 23.349 ART. 7 INC. H APART. 6”- se consideraron los montos consignados como netos, por lo que a efectos de la determinación del IVA no se computó crédito fiscal alguno.
Respecto de la liquidación del IG, no habiéndose presentado documentación alguna que respalde las operaciones volcadas en la DDJJ del año 2004, se aplicó un costo presunto de acuerdo al promedio ponderado por el índice de “utilidad-neto/ventas”, correspondiente a otros contribuyentes por la actividad “servicios de publicidad”.
Con fecha 21/09/2010 se dictó medida para mejor proveer (fs. 478/479 del Cpo. Principal N° 3) en orden a verificar la realidad económica de las operaciones relativas al prestador de servicios “EMG Consultores, de Ramón Ernesto Fernández” -principal proveedor- quien no fuera localizado en el domicilio legal declarado (fs. 478/481 del Cpo. Principal N° 3), siendo su domicilio fiscal “inexistente o desconocido”.
En consecuencia, se impugnó el respectivo crédito fiscal en el IVA y la deducción por gasto en el Impuesto a las Ganancias por los períodos en crisis.
También se destacó que, al margen de no aportar documentación respaldatoria de sus operaciones comerciales, no exteriorizó egresos en las Bases Citi Compras, incumpliendo el deber de actuar como agente de retención (vide fs. 494 del Cpo. Principal N°3).
V. Que, en primer término, corresponde referirse a la nulidad planteada, con fundamento en una supuesta violación del derecho de defensa en juicio y debido proceso, alegando falta de notificación de la medida para mejor proveer ordenada, lo que habría impedido a la parte la oposición a la sustanciación de la misma. Cabe recordar que el juez administrativo posee la facultad de disponer las mismas en cualquier momento del proceso (cfr. art. 35 Decreto Reglamentario Ley 11.683, último párrafo) y no tiene obligación de notificación alguna al administrado sobre su dictado, ya que éste no tiene injerencia en ellas, o derecho a oponerse.
Va de suyo, que el planteo de nulidad tampoco puede aceptarse, por cuanto la actora ha tomado vista de la totalidad de las actuaciones y ejerció su derecho de defensa mediante el escrito de descargo. Conforme lo expuesto, se aprecia que no se ha visto menguado el derecho de defensa, y si ésta discrepa con el organismo fiscalizador acerca de la razonabilidad y fundamentación de las determinaciones practicadas, no es una cuestión que afecte la validez del acto, sino que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a decidir.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Ante Urquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que; "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." [in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En virtud de lo expuesto, la apelante no ha podido explicar ni acreditar en forma alguna de qué forma estos supuestos vicios procedimentales afectaron su derecho de defensa o contradicción administrativa, por lo que no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad opuesto, con costas.
VI. Que, del relato hasta aquí hecho, se advierten dos cuestiones: 1°) la auditoría realizada no verificó que los servicios facturados se relacionen con los fines específicos de la rubrada; y 2°) el principal proveedor -EMG Consultores, de Ramón Ernesto Fernández- presenta inconsistencias con los domicilios informados.
VII. Que, en lo que hace al servicio prestado, generador de ingresos por publicidad, de la circularización a las empresas CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. (CUIT N°30-
57785659-8), JUKI S.A. (CUIT N°33-52328758-9) y ALFACAR S.A. (CUIT N°30-64375502-1) -en base a cuyos comprobantes la fiscalización procedió a determinar los ingresos no declarados- estas informan que los conceptos facturados pertenecen a “Servicios publicitarios en competencias de motociclismo”, y así constan en las copias de facturas incluidas en los antecedentes administrativos.
Ahora bien, con relación al uso que la encartada hizo de los ingresos puestos en crisis, del Informe pericial contable –producido en la etapa administrativa- no surge información que pueda formar convicción alguna sobre el efectivo destino de los fondos a favor de los fines específicos de la Asociación. En ese sentido, el perito de parte dijo: “…se observa que las extracciones con destino a los pagos de proveedores, según resúmenes, en el período de 04/2004 a 12/2004… representa casi el 80% de los ingresos totales del período. Por el período 2005 el 95%... fueron abonados a través de la cuenta bancaria. Este perito no puede establecer a la luz de los comprobantes que ha tenido a la vista sobre el destino dado a cada movimiento, en el resumen bancario figura pago a proveedores, ya que en los comprobantes no hay constancias de pago por el cual fueron cancelados.” (vide fs. 452 Cpo. Principal N° 3).
A su turno el consultor técnico designando por la AFIP dejo asentado: “Que en lo referente al cumplimiento de los medios de pago impuesto por la Ley 25345 – Ley Antievasión, respecto de cada una de las operaciones de compra y/o toma de servicios, al momento de efectuar la pericia (día 27/07/10), no se contaba con elementos que permitieran contestar este punto de pericia…”. (vide informe de fs. 469/471 Cpo. Principal N° 3)
A ello debe sumarse la observación formulada por dicho profesional al decir: “…que no existían mayores contables u otro elemento de prueba de los distintos saldos, en especial de aquellos que reflejan la situación patrimonial de la Asociación Corredores de Motociclistas ACM (deudas, créditos, valores a depositar, bienes de uso)… el Libro Inventario y Balance tampoco individualiza en los diferentes cierres la composición de los arqueos de caja, valores a depositar, créditos por deudores por ventas, deudas comerciales o bancarias (por ejemplo detalle de los cheques de pago diferido), se puede afirmar que los balances no han sido confrontados con la documentación respaldatoria durante el proceso pericial.”
En consecuencia, se concluye que los peritos, frente a la falta de detalle, documentación y apertura de las registraciones –independientemente del extravío de los libros contables- no pudieron establecer, con certeza, el destino específico asignado a los fondos; circunstancia que echa por tierra la pretensión de la actora sobre este aspecto.
VIII. Que, en lo que se refiere al proveedor “EMG Consultores, de Ramón Ernesto Fernández”, se verificó que para los años 2004 y 2005 representa el 96,21% y 100% de los egresos, respectivamente (fs. 473vta. Cpo. Principal N° 3). Por tal motivo, el juez administrativo dictó una medida para mejor proveer (fs. 478/479 Cpo. Principal N° 3) a fin de poder localizarlo y comprobar la veracidad de las operaciones facturadas. Del resultado de dicha medida, se desprende que los fiscalizadores actuantes no lo encontraron en su domicilio legal (fs. 480/480vta. Cpo. Principal N° 3); mientras que el domicilio fiscal figura como “inexistente o desconocido” en la base de datos, el cual no coincide con el consignado en las facturas (fs. 474/476 Cpo. Principal N° 3). En otro orden de ideas, se comprobó que los importes acreditados en cuenta eran inmediatamente debitados en el mismo día o subsiguientes mediante retiros en efectivo, por parte del Tesorero de la Asociación (vide fs. 48/133 y 133/363 Cpo. Respuesta Circularización Banco Río, donde constan los resúmenes bancarios y las copias de los cheques recibidos y emitidos por la actora).
Frente a tales irregularidades, la actora no impulsó prueba alguna ante esta instancia, a pesar de corresponderle, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la verdad de sus dichos, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Es preciso recordar que en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cuando se presentan impugnaciones fundadas –como en el caso estudiado- donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
En atención a ello, entiendo que la imposibilidad de localización del principal y casi único destinatario de los pagos, sumado a la falta de actividad desplegada por la actora para demostrar la existencia y veracidad de las operaciones de egresos de los fondos, además del manejo que se realizó fuera del sistema financiero al extraer los ingresos en efectivo, es suficiente para establecer un marco de razonable duda acerca del destino de los fondos, los cuales deben relacionarse con los fines específicos de la asociación -sin fines de lucro- a los efectos de obtener su condición de exento.
IX. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios, el art.37 de la ley 11.683 dispone que “La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”. “…La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta”.
Respecto a su naturaleza jurídica el Máximo Tribunal ha fijado su postura en el sentido “El presupuesto generador de los intereses establecidos por el art. 42 de la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modific.) así como de los previstos por el art. 161, no es otro que la mora del deudor en el cumplimiento de la prestación que la ley pone a su cargo. Esta falta de cumplimiento oportuno - se encuentre la deuda a cargo del contribuyente o del Estado- es el hecho que la ley contempla para establecer el comienzo del curso de los intereses ya que ellos representan un modo específico de indemnización al acreedor, por el retraso en la satisfacción de esa obligación pecuniaria”(Fallos: 308:283), es decir que le reconoce características indemnizatorias, tendiendo así a resarcir a la víctima, en este caso la Hacienda Pública, restituyéndola al estado anterior a la mora.
Que ello es así, por cuanto se impone en forma automática, sin interpelación alguna, ni debe ponerse en mora al deudor, al ser obligaciones de plazo cierto y no exige para su aplicación la tramitación de sumario alguno por tratarse de una sanción de tipo civil.
Que para se configure la mora deben presentarse tres elementos concurrentes, a saber:
a) El retardo en el pago de la obligación a cargo del deudor. El organismo fiscal es el encargado de fijar los vencimientos para la presentación tanto de las declaraciones juradas de los impuestos a cuyo cargo se encuentra su recaudación, como los anticipos de ellos, retenciones y percepciones que deben ingresar los contribuyentes (conf, Decreto 618/97), mediante las respectivas resoluciones, el retardo entonces se producirá con la falta de cumplimiento en el ingreso total o parcial en el plazo fijado por el ente recaudador.
b) Que ese retardo sea imputable al deudor. Es decir que el incumplimiento le sea imputable por culpa o dolo. Esto ha sido reconocido por el propio Fisco en los Dictámenes DATJ de la DGI 117/77 y 7/78 y convalidado también por la Corte de Suprema de Justicia de la Nación in re “IKA-Renault SAICyF” del 25/02/1982, “...El artículo 42 de la ley 11683 (actual art. 37) establece que la constitución en mora del deudor se produce automáticamente, esto es, por el solo acaecimiento del plazo, sin necesidad de requerimiento previo. Con ello, el precepto citado hace referencia expresa al elemento formal de la mora, pero no al elemento subjetivo constituido por la imputabilidad del retardo, el que también integra el concepto de dicho instituto jurídico. No obstante, dada la naturaleza resarcitoria de los intereses previstos en el citado artículo 42 y la falta de toda previsión sobre el carácter de la mora del deudor, es posible recurrir a la legislación común para llenar ese vacío, siendo de aplicación a la ley tributaria, consecuentemente, la última parte del artículo 509 del Código Civil (artículo 1732 del nuevo Código), que exime al deudor de las responsabilidades de la mora -intereses moratorios, etc.- cuando prueba que no le es imputable” (artículo 1730 del nuevo Código). En el mismo sentido “Vendomé SRL”, JNCAF Sala III, 9/10/79 y “ESSO SAPA” - CNFED. CONT. ADM. - SALA III - 27/07/1983).
c) El daño. Consiste en la privación del uso del capital al Estado durante el período en que el deudor estuvo en mora, teniendo lugar en esta materia por la falta de ingreso al vencimiento de la obligación tributaria. Que a tenor de lo expuesto y no habiendo probado la actora que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le es imputable, corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados en las resoluciones apeladas.
X. Que en lo que toca a la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2004- debe señalarse que el artículo 46 de la ley 11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
Que, en cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexactas las declaraciones juradas presentadas, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas. Pero, que la declaración jurada original sea a todas luces inexacta no lleva, indubitablemente, a entenderla como engañosa, ardidosa o maliciosa ni que su rectificativa confirme defraudación alguna. En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
El elemento subjetivo del artículo 46 acude, ante la falta de certezas del organismo fiscal, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, sobre la voluntad defraudatoria del sujeto.
En el caso bajo análisis acude al inciso d) del artículo 47 citado que establece: “d) en caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”.
Considero que tal inciso ha sido previsto para aquellos casos en los cuales no se lleven o exhiban libros y documentación de respaldo al Fisco, en oportunidad de llevarse a cabo las tareas de verificación y fiscalización, cuestión que, si bien no se ha producido en forma objetiva en el caso tratado, requiere ser analizado para establecer si corresponde su aplicación al caso. Sobre este punto, debe entenderse que la exhibición de libros y de documentación de comprobación suficiente, que sirva de respaldo a esos libros de contabilidad y a las registraciones supone la consistencia, integridad y verosimilitud de la misma.
Que el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 321 (vigente a la sazón) establece: “ Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta.”; mientras que sobre su eficacia probatoria prescribe en su artículo 330 (vigente a la sazón) que “La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba…”
Que frente a la pérdida de los libros contables, la falta de detalle y apertura de cuentas en las registraciones y de documentación que indique la forma de pago, conlleva a una ineficacia probatoria tal que no permite formar convicción de la veracidad de las operaciones cuestionadas, por lo que considero que estamos en presencia del tipo previsto en el inciso citado precedentemente y, teniendo en cuenta que la actora no aportó prueba alguna para revertir las presunciones a la que hemos hecho referencia, corresponde confirmar la sanción aplicada, con costas.
XI. Que, en función de todo lo expuesto, voto por confirmar las Resoluciones Nros. 168/2010 (DV RRLP) y 167/2010 (DV RRLP), en todas sus partes, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del vocal preopinante.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad incoado por la actora, con costas 2°) Confirmar las Resoluciones Nros. 168/2010 (DV RRLP) y 167/2010 (DV RRLP), en todas sus partes, con costas.
3. Regular los honorarios de los Dres. Alejandro Agustín Schiavone y Alejandro González Zembrón, en las sumas de $ 4.863 (pesos cuatro mil ochocientos sesenta y tres) y $ 12.158 (pesos doce mil ciento cincuenta y ocho), por la cuestión previa y $ 48.633 (pesos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y tres) y $ 121.584 (pesos ciento veintiun mil quinientos ochenta y cuatro), por la cuestión de fondo, por su actuación en autos en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, de conformidad con la extensión y calidad de la labor profesional desarrollada, la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, teniendo en cuenta las pautas dispuestas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, vigente al momento que cumplieran las taresa profesionales en autos, los que quedan a cargo de la actora. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse vacante la Vocalía de la 1ra. Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2022.08.19 14:44:52 -03:00 Date: 2022.08.19 18:56:10 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.19 18:56:14 -03:00
Fin de la sentencia