Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 172.072
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI.) Declárase debidamente fundado el recurso de apelación considerado. II.) confírmase la resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios. III.) Impónese las costas del recurso interpuesto a la parte apelante, dado su carácter de vencida. IV.) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 51. párr. 2° Ley Prov. N° 14.967).
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 172072.-
Autos: "ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ BANCO COLUMBIA S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR".-
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ BANCO COLUMBIA S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR".-
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
Mediante resolución electrónica de fecha 30/03/2021, 12:26:21, la señora Jueza de Primera Instancia desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada, con costas.
Dicha decisión viene a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto y fundado por la accionada (e.e. 09/04/2021 11:00:33 a.m., y e.e. 26/04/2021 09:28:21 a.m.), cuyo traslado recibiera oportuna contestación de la parte actora (e.e. 28/04/2021 03:31:27 p.m.).
Luego de informada la inscripción de la presente acción en el Registro de Procesos Colectivos, pasaron los autos a estudio del magistrado votante en primer orden (r.e. 28/05/2021, 14:12:26, ofic. 14/06/2021, 03:33:46 p.m., sort. 18/06/2021).
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Ha cumplido el apelante con la carga que impone el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial?
2ª) ¿Es justa la resolución apelada?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Al solicitar la deserción la parte actora incurre en la misma abstracción y generalidad que achaca a la fundamentación del recurso, circunstancia que me impide conocer y analizar el vicio concreto en que apoya su petición.
Sin perjuicio de ello, y siendo atribución del Tribunal analizar de oficio el contenido de los memoriales de los recursos de apelación, advierto que éste contiene alguna crítica a los razonamientos que dan pábulo a la sentencia, señalando el error incurrido y por qué debe considerárselo tal (art. 260 y 261 del CPCC).
El subsiguiente tratamiento del recurso y su desarrollo consecuente, dan cuenta del cumplimiento de la considerada carga procesal.
Por lo brevemente expuesto, a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
a. Doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La señora Jueza de Primera Instancia rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada. Para así decidir, primero desestimó el argumento de la demandada estructurado en torno a su domicilio estatutario.
El rechazo del argumento mencionado en párrafo anterior se sustentó en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Neuquén SA s/ ordinario”. Se expresó que las personas jurídicas que operan comercialmente por medio de sucursales y establecimientos localizados en diferentes lugares del país, pueden ser demandadas en clave colectiva en cualquiera de esas jurisdicciones, siempre y cuando alguno de los contratos tipo con relación a los cuales se produce la afectación homogénea de todo el grupo de usuarios, se hubiera perfeccionado allí. Afirmó que al establecerse mediante una sucursal en una provincia, la sociedad se encuentra en las mismas condiciones en que puede hallarse un vecino de allí dado el conocimiento de las circunstancias personales y especiales del lugar, lo que determina un arraigo suficiente en esa jurisdicción. Citó otros precedentes emanados del mismo tribunal en idéntico sentido, y jurisprudencia local en sintonía con ese criterio.
La parte demandada resiste el rechazo de la excepción de incompetencia opuesta. Afirma que se ha efectuado una aplicación automática de un precedente que resulta inaplicable al presente en función de sus características diferenciales, y que se ha pasado por alto la existencia de decisorios posteriores dictados en sentido contrario. Cita para ello la denegación de tratamiento dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ sumarísimo”, en los cuales se habría declarado la incompetencia de la justicia nacional en lo comercial fundándolo en el domicilio provincial de la demandada, sin que la existencia de sucursal en la Ciudad Autónoma conmoviera tal criterio.
El gravamen no procede.
El apelante considera que la Corte ha variado su criterio respecto de la competencia territorial en las acciones colectivas en defensa de intereses individuales homogéneos. Arriba a esa conclusión a partir del yerro de equiparar una resolución donde ese tribunal efectuó una declaración sobre el punto, conforme sucediera en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Neuquén” (Cita online AR/JUR/29443/2012. También disponible bajo NG 945. XLVII, "Unión de Usuarios y Consumidores c. Banco Provincia de Neuquén S.A. s/ ordinario", disponible en www.csjn.gov.ar), con otra donde no ingresó en la revisión de lo decidido declarando mal concedido el recurso extraordinario, tal lo ocurrido en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”
(CSJN, 20/02/2018).
En el primero de los casos mencionados en el párrafo anterior, el máximo tribunal intervino asumiendo su función de órgano superior jerárquico común llamado a resolver las contiendas de competencia – positivas o negativas- entabladas entre órganos judiciales inferiores (arg. art. 11 del CPCCN), mas en el segundo su intervención fue instada en virtud de la competencia nacida a partir de la doctrina de la “arbitrariedad de sentencia” (Fallos, 112:384, causa “Rey y Rocha"). La más antigua de esas resoluciones reconoce, entonces, una intervención plena en la cuestión de competencia debatida, dado que la causa fue elevada con esa sola finalidad (art. 24 dec. Ley. 1285/58, inc. 7, Adla, LIII-C, 2543 –t. a.-).
En cambio, en la más moderna la Corte sólo hubiere estado habilitada para ingresar en la cuestión de la competencia en tanto y en cuanto a través de lo resuelto se encontraren cercenadas garantías constitucionales de un modo tal que tornare insuficiente o tardía su reparación ulterior, razón por la cual la denegatoria de su revisión no implica que necesariamente la resolución recurrida fuere correcta. Memoro aquí que para que un auto interlocutorio pueda ser equiparado a una sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal, es necesario que la resolución recurrida tenga tal entidad que impida su replanteo idóneo y efectivo en una instancia ordinaria posterior (Bianchi, Alberto, "Autos interlocutorios equiparables a sentencia definitiva dictados durante el transcurso del proceso", ED, T. 178, p. 1114).
Como se advierte, no descuido que la denegación del recurso considerado en último término en realidad obedeció a que la resolución recurrida no consistía en una sentencia definitiva, tal como la ley de forma (art. 14 de la Ley 48). Sin embargo, tampoco se me oculta que la sana discreción con que se ha dotado al máximo tribunal nacional y que resultara consagrada legalmente, no se agota en la posibilidad de denegar su intervención en causas que no reporten trascendencia por más que reúnan los demás requisitos, sino que también admite la potestad inversa de abocarse al conocimiento en aquellas que no obstante carecer de algunos de esos recaudos, comprometen cuestiones de repercusión social (arg. art. 280 del CPCCN –modif.
Ley 23.774-; CSJN, “Ekmekdjian-Sofovich”, 07/07/92, voto de los Ministros Petracchi y Moliné O’Connor, L.L. 1992-C-551; “Margarita Belén”, El Derecho 130: 637 con nota al pie de BIDART CAMPOS, Germán, "Una Interesante Disidencia en la Corte Suprema acoge la Avocación Por Salto").
Si la autoridad moral de los pronunciamientos de la Corte no es puesta en duda en aquellos casos en donde por fuera de la función de resguardo de la supremacía del derecho federal (art. 14 de la Ley 48, González Calderón, “La intervención Judicial de la Corte Suprema en las Provincias”, diario La Prensa, 4 de octubre de 1927, cit. por Bielsa, “La protección constitucional y el recurso extraordinario”, ed. Depalma, p. 133), ésta ingresa tangencialmente en cuestiones de derecho común dada su calidad de intérprete final de la Constitución Nacional y tribunal de garantías constitucionales (CSJN, “Benjamín Calvete”, Fallos 1:364 -1964- p. 348 y Fallos 279:40 -1971-, 297:338 -.1977-, entre muchos otros); ese valor adquiere mayor entidad en aquellos supuestos donde el abordaje de la competencia se efectúa en forma directa y sin condicionamientos dentro del trámite de una contienda de esa índole.
En tal escenario, una resolución que declara la inadmisibilidad del recurso extraordinario interpuesto, fundada en que la decisión recurrida no es equiparable a una sentencia definitiva por no clausurar la vía procesal, se muestra lejos de identificarse con una regla clara y precisa de interpretación del derecho debatido que inspire un valor moral o retórico que justifique un deber de seguimiento (Gelli, María Angélica, "La obligatoriedad de las sentencias de la Corte Suprema -A propósito de "Arte Radiotelevisivo Argentino S.A." y la libertad expresiva-", Sup. Const. 10/04/2014, 33 o LA LEY 2014-B, 383). Siquiera la economía procesal podría esgrimirse con ese propósito, puesto que la omisión de ejercicio del certiorari positivo se muestra insuficiente para fundar la impresión de un cambio de criterio en esta materia en el seno del alto tribunal (Bianchi, Alberto B., "El certiorari en acción –hacia un control de constitucionalidad basado en la trascendencia-", La Ley 1993-C, 841 – TR La Ley AR/DOC/19684/2001).
En suma, la resolución dictada en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires” no contradice necesariamente a la decisión recaída con anterioridad en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Neuquén”, desde que la falta del grado de afectación actual de garantías constitucionales que requiere la denegada intervención del tribunal en ejercicio de la competencia otorgada por la doctrina de la “arbitrariedad” y que deja firme una resolución en apariencia contraria, no empaña sin embargo el valor interpretativo de un pronunciamiento anterior dictado en aplicación del derecho común, en el cual actuando como una instancia ordinaria habría determinado cuál es la solución correcta (Oteiza, Eduardo; “El certiorari o el uso de la discrecionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin rumbo preciso (https://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_jurídica/n3N1-Abril19 98/031 Juridica06.pdf.).
Un parecer contrario importaría desaprovechar la oportunidad de valorar en su justa medida una de las escasas decisiones donde por fuera de su acotado rol institucional, la Corte ha tenido que pronunciarse acerca del acierto o error de lo resuelto por los tribunales inferiores dada las particularidades procesales del caso, a pesar de no ser esa la alta función encargada al tribunal (CSJN, “Rodríguez c. Rodriguez de Schereuyer”, 02/02/93 L.L. 1993-C, 174, Bianchi, Alberto; “Una meditación acerca de la función institucional de la Corte Suprema", LL 1997-B 994; Cueto Rúa, Julio C.; “La Corte Suprema como Poder del Estado”, LL 1987 – D, 683). b. Incorrecta interpretación de la teoría del avecinamiento y de los arts. 5 inc. 3 del CPCC y análogo del CPCCN - Configuración de la práctica denominada Forum shopping – Indiferencia hacia el alcance territorial de la cosa juzgada - Riesgo de sentencias contradictorias – Ausencia de ponderación de criterios de CSJN y reglamentaciones de procesos colectivos - El argumento defensivo sustentado en el alcance territorial de la cosa juzgada fue desestimado en virtud de la plenitud de ejercicio que reconoce la función judicial, afirmando que la distribución que se haga de la competencia no implica obstrucción al alcance de tal aptitud. Se puso a resguardo de ese modo la eficacia y la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia, indicando que las distintas provincias se ven compelidas a reconocer actos públicos y procedimientos judiciales ocurridos en otra distinta, en una surte de validez extraterritorial (art. 7 de la CN). Se citó en su apoyo un pronunciamiento de la Sala III, dictado en autos “Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores c/ Credymed S.A. y otros s/ Reclamo contra particulares” (Expte. N° 170594).
El señor Juez de Primera Instancia también descartó el fundamento de la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias con base en que el banco demandado no asume ese rol en ninguno de los procesos colectivos denunciados, y en que además éstos se encuentran concluidos mediante modos anormales de terminación del proceso.
El recurrente discrepa con el primer fundamento. Afirma que la teoría del afincamiento establecería una excepción al principio de unidad de domicilio, creando una ventaja inconsulta para la pequeña porción de consumidores que residen en Mar del Plata en virtud de una opción ejercida por quien pretende representarlos en forma ficta o promiscua, y que no es el destinatario de la franquicia que concede el artículo 36 de la LCD. Postula una interpretación ante la falta de reglamentación de la competencia en acciones colectivas donde la posibilidad de demandar ante un Juez distinto al del domicilio del demandado, queda supeditada a que se hayan desarrollado en esa sucursal las vinculaciones jurídicas que dieron origen al litigio.
El apelante también cuestiona el segundo de los fundamentos decisorios brindados. Para fundar su embate afirma que la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores sólo le permitiría actuar ante la jurisdicción nacional en virtud de lo dispuesto por la Res. N° 1139/97. Sostiene que al ser contratos de consumo rige el principio de la jurisdicción del domicilio del consumidor que sólo puede ser desplazado a su propia elección, ya que las asociaciones de consumidores permanecen regidas por el artículo 5 inciso 3° del CPCC donde la existencia de pluralidad de contratos imprime una indeterminación del lugar de su cumplimiento o de su perfeccionamiento, que remite al domicilio del demandado como única opción posible.
Postula la competencia de la justicia nacional en lo comercial debido que ante la pretendida extensión de la cosa juzgada a todo el país, esa solución se mostraría como una adecuada hermenéutica de las reglas vigentes frente a la ausencia de regulación procesal de las acciones colectivas. Reafirma esa tesis en la supuesta imposibilidad de reeditar la cuestión como una acción colectiva, respecto de aquellos consumidores que opten por excluirse de los efectos de la sentencia dictada. Niega que el criterio para determinar la necesidad del dictado de una sentencia única sea sólo subjetivo, proponiendo atender a la sustancial semejanza de los derechos de incidencia colectiva. Cita en su apoyo el artículo 8 del Reglamento del Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva de la Pcia. de Buenos Aires.
Los agravios no proceden ya sean apreciados desde un enfoque procesal o sustancial.
Principio por destacar que la razón de los alcances territoriales de la cualidad de cosa juzgada constituye un fundamento decisorio que arriba firme a esta instancia. Emerge sin refutación aquella alusión a que la asignación de la competencia obedece a una distribución del oficio judicial que no importa una merma de la eficacia del acto jurisdiccional puesto que los jueces competentes ejercen plenamente todos los poderes inherentes al desempeño de su función, de conformidad al principio constitucional según el cual las provincias se ven compelidas a reconocer actos públicos y procedimientos judiciales ocurridos en otra distinta, en una suerte de validez extraterritorial (Rosales Cuello, Ramiro y Mendez Acosta, Segundo; "La competencia de los procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos", La Ley 25/06/2019; arg. art. 260).
No obstante lo apuntado, el restante contenido del recurso vuelve pertinente recordar mi voto efectuado en la sentencia recaída en autos Expte. N° 167498 – “Consumidores Alerta Asoc. Civil c/ BBVA BANCO FRANCES S.A. s/ Cump. De Cont.”. Allí expresé que la doctrina judicial del caso tenido en cuenta por el señor Juez de Primera Instancia para resolver la cuestión, es extensiva al sub judice atento a la naturaleza de la materia objeto de decisión (v. gr. la competencia territorial en un supuesto de acción colectiva; esta sala, 14/11/2019, Reg. N° 280.S, Fe 1114).
En particular, en dicho precedente la Corte sostuvo que "la instalación de un establecimiento o sucursal en otra jurisdicción para desarrollar su actividad, implica ipso jure avecindarse en ese lugar para el cumplimiento de las obligaciones allí contraídas, por lo que no cabe en tal extremo determinar la vecindad de una sociedad en atención al lugar de su domicilio estatutario sino en virtud del efectivo espacio donde se desarrollaron las vinculaciones jurídicas que dieron origen al litigio" (CSJN Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Neuquén S.A. s/ Ordinario" NG 945 XLVII).
Tal circunstancia implica sostener que las personas jurídicas que operan comercialmente por medio de sucursales y establecimientos localizados en diferentes lugares del país, pueden ser demandadas en clave colectiva en cualquiera de esas jurisdicciones (argto. Verbic, Francisco; "Competencia territorial en acciones colectivas de consumo", pub. en La Ley 2012-E, 475), existiendo dos fundamentos para habilitar una acción colectiva en el caso de los derechos individuales homogéneos, el primero es el derecho de acceso a la justicia, el segundo es la eficiencia en la administración de justicia (Martínez Medrano, Gabriel; "La competencia territorial en acciones colectivas", pub. en La Ley 2012-D. 512). Allí compartí la opinión de quien entonces integraba este tribunal en el sentido que "la novedad del criterio, en todo caso, reposa en su aplicación a un proceso colectivo, mas no en la idea de "vecindad", dado que -en efectoel tribunal ya tenía dicho que el ejercicio de su actividad en un espacio determinado por parte de una sociedad anónima apareja un conocimiento de las circunstancias personales y especiales del lugar. La existencia de una sucursal o establecimiento, en esta comprensión, representa un elemento lo suficientemente contundente como para conformar el arraigo de una sociedad a un determinado lugar" (Rosales Cuello, Ramiro y Méndez Acosta, Segundo; "La competencia de los procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos", pub. en La ley 25/06/2019, cit. Online AR/DOC/1765/2019 y argto. HARO, op. cit., p. 262).
En definitiva, dicha conclusión no hace más que ratificar los postulados del art. 152 del CCyC en cuanto dispone que "la persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas".
Por lo demás, múltiples y diversos son los ejemplos de reglas procesales contenidas en normas sustanciales, con el develado propósito de resguardar la eficacia de las instituciones jurídicas de fondo (vgr. arts. 3° de LCQ, 543, 547, 721 y 722 del CCC). La determinación del juez competente en la Ley de Defensa del Consumidor, es uno de esos casos (art. 36 LDC). En efecto, el constituyente autorizó a las asociaciones de defensa de consumidores a interponer acción en lo relativo a los derechos de incidencia colectiva y, a su turno, el legislador decidió que es competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a los contratos de consumo, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor (art. 43 de la C.N. y art. 36 de la Ley 24240, sustituido por Ley 26.361). Frente al panorama reseñado dificulto que la competencia en procesos de defensa de consumidor en el que accionen asociaciones que propendan a esos fines, no se encuentre reglamentada en sus aspectos más relevantes. Cuanto menos hasta que no sea dictada una norma específica posterior con ese objeto, que importe una derogación expresa o tácita de la ley vigente. Sobre todo frente a la vigencia de principios rectores de interpretación legal que vedan presumir la imprevisión o inconsecuencia del legislador, y que con igual fuerza mandan que si éste no distingue, el juez no debe distinguir –ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus- (CSJN, Henn Young, 8/9/92, y Fallos 304:226). Es que en la hipótesis de que el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales, hubiese hecho las salvedades o excepciones pertinentes.
En síntesis, tengo para mí que la fijación normativa de la competencia del tribunal del domicilio real del consumidor, encontrándose vigente el actual artículo 43 de la Constitución Nacional, implicó una decisión legislativa de incluir en ese dispositivo tanto a las acciones promovidas por un consumidor en forma personal, como así también a aquellas colectivas iniciadas por asociaciones de consumidores en defensa de intereses individuales homogéneos. Se concibió así una regla especial de competencia en esta materia que desplaza la contenida en el inciso 3° del artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial.
El criterio sintetizado en párrafo precedente no se conmueve frente a la sostenida posibilidad de sentencias contradictorias puesto que el apelante no refuta la afirmación de que los procesos denunciados han finalizado mediante modos anormales de terminación (arg. art. 260 del CPCC). A mayor abundamiento, la ausencia del Banco de Columbia entre la nómina de los demandados en las referidas actuaciones también descarta la triple identidad de sujetos, objeto y causa que justificaría la pretendida acumulación de procesos por conexidad propia (arg. art. 87 del CPCC; CSJN, Fallos 316:3053, y Fassi, Santiago y Yáñez, César; Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado, ed. Astrea, 3ª ed., tº 2, pág. 21).
La eventual semejanza sustancial de derechos de incidencia colectiva debatidos en distintos procesos, tampoco imprime modificaciones al temperamento expuesto. Ello desde que la falta de correspondencia subjetiva apuntada en párrafo precedente también obstaría a que la sentencia que hipotéticamente debiera dictarse en uno de ellos, produjere efectos de cosa juzgada en el presente (arg. art. 188, párr. 1° in fine del CPCC). Concluyo de ese modo puesto que la posibilidad de decisiones encontradas respecto de las entidades demandadas no impactaría sobre las oportunidades de operar en el segmento en un pie de igualdad, habida cuenta que la caracterización de su actividad como privada de interés público y no de servicio público, reconoce un régimen de derecho privado con menor injerencia estatal donde priman la autonomía de la voluntad y la libertad contractual en un escenario donde rige la ley de la oferta y de la demanda (Piaggio, Lucas y Villegas, Marcelo; "Es la banca un servicio pùblico", pub. en La Nación, sup. Economía, 19/09/2010).
Toca en turno referir al efecto práctico que se sigue de la inteligencia acordada al plexo normativo considerado. El apelante denomina “fórum shopping” a la posibilidad que por medio de esa interpretación se otorga a la actora de elegir, entre los competentes en los distintos lugares asientos de las sucursales, el Juzgado ante el cual interponer la acción colectiva. De forma liminar, cuadra señalar que el nombre dado por el recurrente alude a la ironización periodística sobre el sorteo de ingreso de causas en otro fuero, el cual desconoce toda vinculación con la atribución de competencia para el juzgamiento de acciones colectivas en aplicación de las normas vigentes.
Con lo expresado no descuido que el embate puede entrañar la pretensión de que el proceso hermenéutico se nutra de todos los elementos en danza, sin dejar de ponderar los efectos prácticos que proyecta la posición adoptada, tal como lo propone la corriente filosófica denominada pragmatismo (Sagües, Néstor; “Legalidad versus previsibilidad”, ED, 118-123). No obstante ello, el conflicto que el impugnante propone y que exhibe como una tensión entre las garantías de juez natural y de acceso a la justicia, luce decidida por el legislador en una suerte de ponderación alexiana mediante una solución razonable que presupone aquella excluyente serenidad de juicio y superioridad de posición que por su estructura y conformación se presume en el poder legisferante y que resulta necesaria para acometer la definición abstracta de un orden justo (Alexy, Robert; "Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad", publicado en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 11, enero-junio 2009, págs. 3-14; García de Enterría, Eduardo, "La lucha contra las inmunidades del poder", p. 82, Madrid 1974). Es dable señalar que no resulta infrecuente que la ley introduzca modulaciones en la intensidad del goce de ciertos derechos o garantías, en ocasiones fundadas en el cotejo de intereses en presencia o en el grado de vinculación de la materia legislativa regulada con los fines públicos o intereses generales comprometidos (SCJBA, 31/05/2021, causa A. 74.552, "Fe, Silvia Fernanda c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria", voto del Dr. Soria).
La prudente discrecionalidad que por razones aludidas en el párrafo anterior asiste al legislador, identifica al juez natural con aquellos magistrados con competencia territorial sobre los lugares donde se ubiquen los domicilios reales de los distintos consumidores, que a su vez coincidan con departamentos judiciales donde el demandado posea domicilio estatutario y/o sucursal (Sacristán, Estela, "El legislador y su discrecionalidad", Diario Constitucional y Derechos Humanos, N° 91, 09/11/2015).
En lo concerniente a la imposibilidad de demandar colectivamente por la misma causa y objeto que el accionado deriva del ejercicio de la opción de exclusión, alcanza con esbozar dos fundamentos que obstan a tal entendimiento. El primero alude a la inexistencia de texto legal explícito que imponga ese efecto a la alternativa de apartarse por el consumidor. Mas la segunda es conjetural y se insinúa a mayor abundamiento, refiriendo a que aún en la hipótesis que postula el impugnante, el obrar del consumidor se identificaría con el sometimiento voluntario a un régimen legal y reglamentario que no sortearía la incompatibilidad de proceder contra un anterior acto propio relevante, eficaz y no erróneo (arg. arts. 54 Ley 24.240 y arts. 729, 961 y 1061 del CCyC; Diez Picaso, Luis; "La doctrina de los actos propios", Ed. Bosch, Barcelona, 1963; Safontás, Simón; "Doctrina de los propios actos", Jus N° 5).
He dejado para el final atender al requisito de inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios que implícitamente la demandada reputa indispensable, al afirmar que la registración nacional sólo habilita a litigar en ese ámbito. Pues bien, la respuesta a este cuestionamiento ya ha sido brindada por el pretorio en solución que comparto. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata expresó que la ley provincial 12.460, y su decreto reglamentario 1191/02, establecen los requisitos para la registración de las asociaciones con actuación exclusiva dentro del territorio de la provincia, limitado desempeño espacial del que no existen indicios en esta causa (“Centro de Orientación Defensa y Educación Del Consumidor – CODEC c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Nulidad de contrato”, Expte. N° 122.775, 20/08/2019, pub. en https://classactionsargentina.com).
Por lo expuesto, a la segunda cuestión también VOTO POR LA AFIRMATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde: I.- Declarar debidamente fundado el recurso de apelación considerado. II.- Confirmar la resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios. III.- Imponer las costas del recurso interpuesto a la parte apelante, dado su carácter de vencida (arg. art. 68 párr. 1° del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y sus fundamentos, se dicta la siguiente S E N T E N C I A :
I.) Declárase debidamente fundado el recurso de apelación considerado. II.) CONFÍRMASE la resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios. III.) Impónese las costas del recurso interpuesto a la parte apelante, dado su carácter de vencida. IV.) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 51. párr. 2° Ley Prov. N° 14.967). NOTIFÍQUESE la presente por el sistema automatizado a los 3991/20-). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA_
Fin de la sentencia