Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 171.419
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido en forma subsidiaria el 3.12.2020 y revocar en lo pertinente la sentencia dictada el 2.12.2020 (art. 55 de la ley 24.240, art. 25 de la ley 13.133, arts. 242, 246, 248 y ccdtes. del CPCC).
II. No imponer costas en atención a la falta de controversia (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Expte. n°171.419 “ Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores c. CENCOSUD S.A. s. Beneficio de litigar sin gastos”
Las presentes actuaciones caratuladas: "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores c. Cencosud S.A. s. Beneficio de litigar sin gastos" traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido en subsidio el 03.12.2020 por la accionante, contra la resolución del 02.12.2020.
I: En la resolución del 2.12.2020 el Sr. Juez concedió a la actora el beneficio de gratuidad previsto en los arts. 55 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, y lo equiparó al beneficio de litigar sin gastos regulado en los arts. 79, 84 y ccdtes. del CPCC, dispensando automáticamente al litigante de los rubros contenidos en las normas precitadas (con cita de antecedentes de esta Cámara, en causas n*154.807 del 10.9.2010 -Sala I-, n* 158.370 del 12.11.2015 -Sala II- y n* 150.495 del 13.7.2012 -Sala III-), “pero no de los montos que en concepto de anticipo de gastos puedan ser fijados por el juzgador a los peritos ofrecidos por el solicitante de dicho beneficio de litigar sin gastos” (con cita de fallos de la Sala I de este Tribunal de los años 2001 y 2005 en un cobro de pesos y en un incidente de revisión respectivamente).
II: Contra dicho pronunciamiento el Dr. Martínez Medrano dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio con fecha 3.12.2020. Desestimado el primero, la apelación fue concedida el 10.12.2020. El apelante sostuvo que excluir de la franquicia a los anticipos para los profesionales intervinientes, contraría a la normativa tuitiva y al propio Código Procesal Civil y Comercial.
El art. 25 de la ley 13.133 determina claramente que el consumidor –o la asociación que lo representa- no puede ser obligado al pago de ninguna carga económica, y en ese concepto, adujo, se encuentran los eventuales anticipos que requieran los peritos actuantes.
Manifestó que la jurisprudencia y la doctrina son pacíficas en que las asociaciones de consumidores gozan del beneficio de justicia gratuita “con idéntico alcance que el BLSG” (con cita del CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c. Nación Seguros SA s. Ordinario”, sent. del 24.11.2015; SCBA, causa 121.331, “Gouveia Mendes Lilian Cristina c. K-SAS SRL y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 17.10.2018, aclarando que la mayoría no se expidió sobre el tema). Solicitó la revocación de la sentencia incorporando a los eventuales gastos de anticipos para peritos a la franquicia otorgada. III: El beneficio de justicia gratuita está establecido en el art. 53 de la ley 24.240 para las acciones iniciadas en defensa de un derecho o interés individual, y en el art. 55, para aquellas que persiguen la defensa de derechos o intereses de incidencia colectiva.
Por su parte, la ley 13.133 en su art. 25 establece la misma gratuidad para las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, que estarán exentas del pago de “tasas, contribuciones u otra imposición económica”. Al dictar sentencia el juez “impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes”.
El incidente de solvencia sólo está previsto para las acciones individuales en la ley nacional (art. 53 último párrafo de la ley 24.240). En el caso de las asociaciones de consumidores, para ser reconocidas por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Comercio Interior según el art. 41 de la ley 24.240) a los fines de su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y poder funcionar como tales (art. 56), además de acreditar las condiciones especiales del art. 57 de la ley, tienen que cumplir con las disposiciones de la Resolución 461/99 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería y del art. 170 del CCCN.
En el considerando 14 del fallo “Halabi”
(H.270.LXLII, “Halabi Ernesto c. PEN –ley 25.873, dec. 1563/04- s. Amparo ley 16.986”, sent. del 24.2.2009, en Fallos: 332:111), se exige a los jueces que efectúen el control de una adecuada representación porque quien interviene en el proceso gestionando los intereses de una clase debe poseer las condiciones personales, profesionales, financieras, suficientes para garantizar una adecuada defensa de esos intereses (Giannini Leandro, “Legitimación en las acciones de clase”, en LL-2006-E-916; esta Cámara, Sala I, expte. n*144.752, “Asociación Civil de Usuarios Bancarios Arg. c. AMX Argentina SA s. Materia a categorizar”, sent. del 22.12.2009, voto del Dr. Rosales Cuello, considerando I ap. c). III.1: No se plantean en autos dudas respecto al beneficio de gratuidad del que goza la asociación actora, que figura inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (RNAC 0020, www.argentina.gob.ar, Ministerio de Desarrollo Productivo/ Defensa de las y los consumidores/ Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, última entrada 30.4.2021); le fue otorgado en la decisión apelada equiparándolo al beneficio de litigar sin gastos, tal como la accionante solicitara en su escrito electrónico de fecha 25.11.2020. Sobre el alcance de ese beneficio, nos hemos pronunciado con anterioridad (esta Sala, exped. n° 158.370, "Marceillac Gustavo Adolfo c. Peugeot Citroen Argentina S.A. y Otro/a s. Reclamo Contra Actos De Particulares", sent. del 12.11.2017, RSI 694) por la postura amplia, seguida, entre otros, por Vázquez Ferreyra, Lovece, Avalle y Bersten, que considera que "la reforma de la ley 26.361, al restituirle a la norma original el párrafo suprimido, ha introducido un beneficio de litigar sin gastos automático a favor del usuario o consumidor" (Sáenz Luis R., Silva Rodrigo, comentario al art. 53 en "Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, Picasso-Vázquez Ferreyra Directores, ed. La Ley, Bs. As. 2009, Tomo I, pág. 672), que no se agota en la tasa de justicia sino que comprende a todas las costas del proceso (Bernsten Horacio L., "La gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo", publicado en La Ley, diario del 17.03.2009, LL- 2009-B- 370).
La Suprema Corte Provincial, en oportunidad de analizar el cumplimiento del requisito del depósito previo establecido por el art. 280 del CPCC, estableció que el principio de gratuidad previsto por el art. 25 de la ley 13.133 "ha decidido dispensar automáticamente a quienes procuren la defensa de dicho interés de toda erogación pecuniaria de estas características y no sólo de impuestos, contribuciones o gravámenes… b) … Para que se haga efectiva la franquicia, es necesario que la normativa de defensa de usuarios y consumidores sea dirimente para dar sustento a la pretensión, es decir, que tenga relación directa e inmediata con el pleito" (SCBA, causa A. 70.572, “Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores c. Municipalidad de Lomas de Zamora s. Amparo (Ac. 106.568)”, sent. del 26.10.2010, del voto del Dr. Hitters que hizo mayoría, considerando 2, apartados a) y b). Si bien se rechazó el RIL por no cumplirse la condición del apartado b), la doctrina en cuanto al alcance del beneficio de gratuidad es clara). En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso eximir del pago de las costas a los recurrentes que gocen del beneficio de justicia gratuita previsto por el art. 55 de la Ley 24.240, adoptando así la denominada tesis amplia (CSJN, U. 66. XLVI, “Unión de Usuarios y Consumidores y otros c. Banca Nazionale del Lavoro SA s. Sumarísimo”, sent. del 11.10.2011; “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c. Nación Seguros SA s. Ordinario”, Fallos:338:1344, sent. del 24.11.2015).
III.2: Tenemos en cuenta el antecedente de esta Sala al que hizo referencia la actora en su escrito del 5.12.2020 (exped. n* 170.634, “Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores c. Banco Itaú Argentina SA s. Beneficio de litigar sin gastos”), en el que, ante una situación idéntica, resolvimos hacer lugar al recurso y revocar la decisión apelada.
Su lectura nos lleva a advertir que esa revocación dejó sin resolver la cuestión relativa a quién debe hacerse cargo del pago de los anticipos solicitados por los peritos.
La interpretación armónica de los arts. 461 y 476 del CPCC indica que cuando corresponda por la índole de la pericia, los peritos pueden solicitar un anticipo de gastos que deberá ser depositado dentro del quinto día de ordenado por la o las partes que han ofrecido la prueba, y esa suma deberá serles entregada “sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios”. El art. 476 contempla la facultad de manifestar desinterés en la prueba pericial al contestar la vista del art. 458, para que los gastos y honorarios sean soportados por quien la solicitó, “excepto cuando aquélla hubiese sido necesaria para la solución del pleito”, circunstancia que deberá señalarse en la sentencia.
Aún si interpretáramos que la norma procesal queda desplazada en los casos en que hay una relación de consumo, impidiendo al proveedor demandado que manifieste su desinterés en la pericia para no participar en ella, no podemos obviar que el último párrafo del art. 461 establece que “la falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba”.
Ante ello adquiere relevancia determinar quién debe hacerse cargo del pago de los anticipos solicitados.
a) Descartamos que esos gastos tengan que ser asumidos por los profesionales, porque los peritos cumplen su labor en el marco de un proceso judicial en calidad de auxiliares de la justicia contribuyendo al desarrollo del pleito, ya que la prueba pericial es esencial, y en algunos casos determinante, para la solución de muchos juicios, por lo que difícilmente pueda ser sustituida.
En la causa n°162.774, “Caraballo Dora D´Archivio Mario s. Ejecución de honorarios” (sent. del 12.4.2017, R 76-S F°395/8), al pronunciarnos respecto a que los peritos tampoco debían pagar la tasa de justicia para ejecutar sus honorarios (como lo establecía el art. 58 del decreto 8904 para los abogados), hicimos hincapié en la situación crítica que atravesaba –y se mantiene hasta hoy- el sistema de Designaciones de Oficio de Profesionales Auxiliares de la Justicia regulado en el Acuerdo 2728/96 de la SCBA, motivada por la tendencia decreciente en el número de inscriptos en los distintos fueros y especialidades. Entre las múltiples causas del desinterés de los profesionales por ingresar al sistema, señalamos como decisiva la no generación de incentivos económicos suficientes para atraer nuevos inscriptos (considerando III, apartado c) del voto del Dr. Monterisi al que adhirió el Dr. Loustaunau).
Ese estudio de la situación y los datos analizados, son aplicables a este caso, y nos persuade de la inconveniencia de hacer asumir a los peritos los anticipos de gastos.
b) La otra alternativa es resolver que el anticipo de gastos del perito lo debe pagar el proveedor-contraparte del usuario o consumidor.
Es la posición que adoptó el Dr. De Lazzari en la causa “Gouveia Mendes Lilian Cristina c. K-SAS SRL y otros s. Daños y perjuicios” (SCBA, causa C.121.331, sent. del 17.10.2018), donde se discutía precisamente el pago del anticipo de gastos periciales.
La cámara interviniente había rechazado el recurso de apelación de la actora con fundamento en el art. 377 del CPCC. La mayoría de los Ministros rechazaron el recurso extraordinario, siguiendo el voto del Dr. Soria, quien sostuvo que el asunto se revelaba como insustancial o carente de trascendencia para ser abordado por el Tribunal (la suma a pagar era de $ 360).
El Ministro preopinante sostuvo que no interesaba en absoluto el irrisorio monto que se obliga a sufragar. “Lo que está aquí en tela de juicio es otra cosa. Nada menos que la tutela judicial efectiva, particularmente asegurada como protección específica para los consumidores, a quienes legal y constitucionalmente se les ha dotado de ciertas prerrogativas, entre otras la gratuidad de su actuación ante la justicia” (considerando V.4).
“… La preocupación del legislador –signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución Provincial- radica en obtener la efectividad de la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1 de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario” (citó su voto en causa C.117.760 del 1.4.2015).
Consideró inaplicable al caso el art. 377 del CPCC, porque la irrecurribilidad generaría un perjuicio irreparable. “Si no hay depósito no hay pericia. Y si no hay pericia se sabe de antemano la suerte de la sentencia final por incumplimiento de la carga probatoria respectiva” (la cursiva no es original).
“Finalmente, resulta definitoria la preeminencia del régimen tuitivo. En el mismo voto al que he hecho referencia tuve ocasión de señalar que “ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales”, y concluyó que por aplicación de los arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, “la parte actora se encuentra eximida de sufragar el anticipo de gastos del perito, cuyo importe íntegro debe ser soportado por su contraparte” (considerando VI, la cursiva y negrilla no son del original). Consideramos que esa decisión es la adecuada y la que mejor protege los diversos intereses en juego.
III.3: La lectura de la demanda en los autos caratulados "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores c. Cencosud S.A. s. Materia A Categorizar" (Expte. nro. 20376 radicado por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°5), revela que se trata de una acción colectiva iniciada de conformidad con las normas de la ley 24.240, alegando infracciones varias a los derechos por ella reconocidos.
Por ello, y en base a los fundamentos desarrollados corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto subsidiariamente el 03.12.2020 y revocar lo decidido en lo que ha sido objeto de análisis (art. 42 de la CN; art. 55 de la ley 24.240; art. 25 de la ley 13.133). Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 242, 243, 246, 248 y ccdtes. del CPCC, RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido en forma subsidiaria el 3.12.2020 y revocar en lo pertinente la sentencia dictada el 2.12.2020 (art. 55 de la ley 24.240, art. 25 de la ley 13.133, arts. 242, 246, 248 y ccdtes. del CPCC).
II. No imponer costas en atención a la falta de controversia (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
IV. Registrar esta sentencia y una vez transcurrido el plazo del art. 267 último párrafo del CPCC, devolver las actuaciones al juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Fin de la sentencia