Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 130.984
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca el decisorio bajo embate de fecha 13/12/2022 rechazándose -por ende- las excepciones de incompetencia planteadas, debiendo continuar interviniendo el Juzgado de origen (arts. 260, 266, 272, 345 inc. 1, CPCC) y se imponen las costas de ambas instancias a los demandados apelados que revisten objetiva condición de vencidos (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
HDT/AED
Sentencia Definitiva Causa N° 130984; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES VI Y OTROS S/ RECLAMO CONTRA ACTOS PARTICULARES En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 130984, caratulada: "ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES VI Y OTROS S/ RECLAMO CONTRA ACTOS PARTICULARES", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 13/12/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a esta Alzada a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 26/12/2022 contra la resolución de fecha 13/12/2022. El medio de impugnación se concedió el 28/12/2022 y se fundó a través del memorial de agravios del 08/02/2023, habiéndose ordenado sustanciar mediante proveído del 10/02/2023, mereciendo las contestaciones de los codemandados Banco Bica SA del 22/02/2023 y Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Videgar Limitada del 23/02/2023, y el silencio del restante coaccionado Banco Columbia SA. El día 20/03/2023 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámaras.
2. La señora jueza de grado hizo lugar a las excepciones de incompetencia opuestas por los accionados (con cita de los arts. 5 inc. 5, 345 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC- y 36 ley 24240 -Ley de Defensa del Consumidor, LDC-), e impuso las costas a la actora en su carácter de vencida. Para así decidir, tuvo en cuenta -entre otras circunstancias- que la Asociación actora no tiene domicilio en la ciudad de La Plata, sino en Lanús; que sólo algunos de los cientos de deudores que dice representar se domicilian en esta ciudad de La Plata; que el hecho que los accionados eventualmente se relacionen con la Asociación Mutual Dardo Rocha cuyo domicilio es en esta ciudad no puede determinar la competencia territorial de un juez de este departamento judicial, pues si bien es quien realiza la cobranza de los créditos lo efectúa por cuenta y orden de la cedente (la Cooperativa Videgar), y esa Asociación no resulta demandada en este proceso; que ni la actora ni las tres demandadas tienen domicilio en este Departamento Judicial (ver resolución atacada del 13/12/2022).
3. Se agravia la recurrente Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores -en adelante, ADDUC-, por la admisión de la excepción de incompetencia.
Señala que carece de relevancia que la Mutual Dardo Rocha actúe por cuenta y orden de Videgar y que no haya sido demandada, porque lo que realmente importa es que los contratos se concertaron y los pagos se realizan en La Plata, de modo que esa circunstancia hace jugar la regla de competencia del art. 36 (LDC).
Alega que -según precedente que cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN- las personas jurídicas que operan comercialmente por medio de sucursales y establecimientos localizados en diferentes lugares del país pueden ser sujetos de acciones colectivas en cualquiera de las jurisdicciones, siempre y cuando alguno de los contratos que producen la afectación homogénea de todo el grupo de usuarios o consumidores se hubiera perfeccionado allí.
Refiere que existen tres puntos de conexión con La Plata: lugar de contratación, lugar de cumplimiento de la obligación y domicilio del consumidor.
A su vez, se duele por la imposición de costas en su contra (ver memorial del 08/02/2023).
4. En forma liminar, cuadra abordar el planteo de insuficiencia del recurso, deducido por la codemandada Banco Bica SA apelada en su respuesta del 22/02/2023, contra el ataque articulado por la accionante. En torno a ello, ha de decirse que el escrito de fundamentación de la apelación de la actora (de fecha 08/02/2023) ha superado en general el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260 Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. 1, pág. 175 a 180), razón por la cual se procede a continuación al tratamiento del embate.
5.A. Ahora bien, cabe recordar que el órgano judicial es competente para conocer en un asunto determinado cuando, por ley, tiene aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdiccional en ese conflicto, causa o asunto. Mientras la jurisdicción es el poder de administrar justicia, la competencia es la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso en razón de la materia, cuantía económica, lugar y grado (esta Sala, causas 114.786, RSD 40/12, sent. del 27-3-12; 114.700, RSD 41/12, sent. del 27-3-12; 115.496, RSD 152/12, sent. del 25-10-12; 120908, RSI 10/17, sent. int. del 9-2-17; 127189, RSI 59/20, sent. int. del 12/03/2020; e/o).
Adítase a lo anterior que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión. En otras palabras, debe tenerse presente la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial y la índole de la acción ejercida (SCBA LP Rc 124302, I 04/11/2020; SCBA LP Rl 128675, I 26/04/2022).
Sentado ello, se impone destacar que en el escrito de inicio de fecha 10/08/2021 (puntualmente, apartado 23, página 87), la accionante expresó en cuanto a la competencia territorial: “En el caso de autos, el demandado VIDEGAR COOP LTDA realiza operaciones y contrataciones con usuarios o consumidores domiciliados en La Plata, Berisso y demás localidades del Departamento Judicial La Plata, lo que se acredita con la documentación adjunta y con una simple visualización de la MEV del Depto Judicial en la cual se observan decenas de juicios ejecutivos iniciados en esta Jurisdicción”.
“El lugar del consumo o uso, es decir el lugar donde se reciben los fondos que es en la ciudad de La Plata”.
“Es decir que VIDEGAR COOP LTDA está “afincada” en la ciudad de La Plata, donde decidió emprender negocios comerciales por si y en colaboración con la Mutual AMPEP...”.
5.B. Arribados a este punto, cuadra hacer hincapié en que nos hallamos frente a un proceso de consumo de incidencia colectiva (ver providencia del 17/11/2021).
La posibilidad de que se accione colectivamente en defensa de los derechos de consumidores y usuarios, surge expresamente de los artículos 54 y 55 LDC.
En Provincia de Buenos Aires, dicha prerrogativa surge explícitamente contenida en los arts. 19, 24, 25, 26 de la ley 13.133 (Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios).
Al respecto, es dable reparar que el art. 36 de la LDC, en cuanto a la competencia territorial, no contiene previsiones para los procesos de incidencia colectiva, sino que se refiere a las acciones promovidas por los consumidores a título individual.
Por su parte, el art. 30 de la ley 13.133 se ocupa de la competencia material, asignándola a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados y, a su vez, a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en tanto las controversias se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios y se encuentren regidas por el Derecho Administrativo, pero sin establecer pauta o directiva alguna a los efectos territoriales.
5.C. Ante este escenario de falta de regulación específica en materia de competencia en acciones colectivas, se vislumbra que las normas que rigen la cuestión en los procesos individuales resultan insuficientes en virtud de las particularidades propias de este tipo de actuaciones.
Así, necesariamente, debe acudirse a la aplicación analógica de las normas y al diálogo de fuentes preceptuado en nuestro ordenamiento sustancial (art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-) que impone la armonización y compatibilización de los distintos plexos jurídicos que convergen en una situación dada de modo de evitar la supresión de uno en pos de otro a fin de efectivizar el resultado útil de la jurisdicción. Es que las particularidades propias de este tipo de procesos como ser, por caso, la existencia de clases con integrantes domiciliados en diversas jurisdicciones y la consiguiente multiplicidad de los lugares de cumplimiento de las obligaciones en juego, han dificultado la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en los ordenamientos rituales, máxime si se advierte que en el supuesto particular. además, los demandados se domicilian en distintas jurisdicciones (dos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA- y uno en Provincia de Santa Fe).
6. Como consecuencia de lo reseñado en los apartados que anteceden, es que deben desarrollarse las líneas directrices que guiarán la decisión que aquí se adopte.
6.A. Los preceptos, de orden público, contenidos en la Ley de Defensa del Consumidor, están destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado “débil” en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240). Con respecto a lo anterior, el Dr. de Lázzari en su voto en la causa: C 117.245, “Crédito para todos S.A. c/ Estanga Pablo Marcelo s/ Ejecutivo” (sent. del 03/09/2014, SCBA) sostuvo que tanto la Constitución Nacional como la Provincial disponen para esta materia (de consumo) que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos (arts. 42 y 38 de esas Cartas Magnas, respectivamente). Dijo que ahí estaba el fundamento, la plataforma, el cimiento sobre el que descansan las soluciones especiales contempladas para este tipo de relaciones, y su validez y plena oponibilidad aún frente a la existencia de normativa procesal y sustancial diversa que contenga criterios opuestos.
Sin perjuicio que su voto estuvo centrado en relación al pacto del lugar de pago (que fijaba la competencia en un tribunal que no es el del domicilio del deudor), el señor juez sostuvo que el derecho del consumidor presenta las características de un microsistema de principios propios, inclusive derogatorios del derecho privado tradicional.
También remarcó que el acceso a la justicia, en términos generales, de igual modo que el concepto de debido proceso legal, ha desembocado en algo más abarcador, más intenso, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (significa derecho a hacer valer los propios derechos) y que si ello es así en general, con mayor razón se impone la observancia de estas garantías en el ámbito del derecho del consumidor y usuario.
6.B. De la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se desprende la aplicación del método hermenéutico prevalente.
En efecto, dicho máximo Tribunal sostiene que, “Al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del instituto cuyo alcance es motivo de decisión-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales (CSJN, voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, en “Estado Nacional (Ministerio de Economía c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ inhibitoria. Competencia”, sentencia del 25/08/1992; Fallos: 315:1738); como igualmente, “En supuestos en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas” (CSJN, “Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación”, sentencia del 3/05/2005; Fallos: 328:1108). Además, “Es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de estas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis (razón de la ley) y del espíritu de aquellas” (CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional, sentencia del 3/11/2015; Fallos: 338:1183). Asimismo, según señala también la misma Corte, en la tarea interpretativa no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262).
En definitiva, “La interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (CSJN, “Díaz Cabral, Marcelo Gonzálo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público”, sentencia del 18/07/2006; Fallos: 329:2890; “Corradini, Nicolás Nazareno c/ Estado Nacional s/ empleo público”, sentencia del 4/07/2006; Fallos: 329:2419).
6.C. El Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos del Ministerio de Justicia de la Nación del año 2018, contenía en su art. 11 normas relativas a la competencia y, puntualmente, en lo que aquí atañe, establecía en su inciso “b” que: “...es competente el juez con jurisdicción en el lugar del domicilio real o de la sede social inscripta del demandado en los casos de afectaciones que tengan consecuencias interjurisdiccionales o nacionales; en caso de pluralidad de demandados, es juez competente el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección de la parte actora...”. Esta propuesta -que no mereciera sanción legislativa- recibió la crítica de la doctrina, habiéndose señalado que dicho nexo exclusivo coloca al presunto agente productor del daño masivo en una injustificada posición de privilegio, con afectación del derecho de acceso a la justicia de quien se ve forzado a reclamar la tutela de sus derechos fuera del lugar de los hechos que le dan sustento (conf. Giannini, Leandro J., “Análisis crítico del Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos del Ministerio de Justicia de la Nación”, publicado en: LA LEY 18/07/2018, 1; LA LEY 2018-D, 526; cita: TR LALEY AR/DOC/1425/2018).
7. El art. 36 de la LDC, en su último párrafo, establece que:
“Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía...”.
Dentro del título cuarto, “Disposiciones de derecho internacional privado”, el Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 2654 prevé que: “Las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse, a elección del consumidor, ante los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato”.
Por su parte el art. 5 inc. 3 del CPCC, dispone que será juez competente, “Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato...”.
Dichas previsiones normativas, en conjunto y conforme el prealudido diálogo de fuentes, deben ser interpretadas teniendo en cuenta la finalidad y los valores jurídicos que la legislación consumeril pretende amparar, debiendo ser aplicada conforme al principio de protección del consumidor y teniendo en cuenta que en caso de duda siempre debe prevalecer la más favorable a éste (art. 3 de la LDC).
Es que la tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).
Así, se puede apreciar que la nota distintiva común en todos los casos es la facultad de elección del actor/consumidor del lugar donde entablará la demanda, siempre que -claro está- se configure alguno de los supuestos previstos para ello.
En dicho discurrir, por efecto de la analogía y del método de interpretación prevalente, debe entenderse que, en los procesos de incidencia colectiva, la parte actora -en el caso, ADDUC- posee la facultad de ejercer tal opción, en tanto se presenten puntos de contacto con el lugar elegido para interponer la acción de clase con miras a la protección de los consumidores a quienes beneficia, desplazándose así la previsión contenida en el art. 5 inc. 5 del CPCC -citada en la resolución apelada- pues, ante la elección de la accionante el domicilio de alguno de los demandados como pauta de atribución de competencia queda relegado dado, incluso, su carácter subsidiario.
Es en este contexto y conforme lo antes expuesto, que cobra relevancia lo sostenido por la parte actora en sus escritos postulatorios en cuanto a que la Cooperativa Videgar realiza operaciones y contrataciones (en colaboración con la Mutual Ampep y la Asociación Mutual Dardo Rocha) con usuarios o consumidores domiciliados en La Plata, Berisso y demás localidades del Departamento Judicial La Plata, siendo este último el lugar del consumo o uso, es decir donde se reciben los fondos. Esos puntos de contacto que se presentan con esta ciudad capital, son los que habilitan a ADDUC a entablar la demanda por ante los jueces de esta cabecera departamental, desde que la finalidad del instituto es establecer la competencia territorial del litigio en el lugar más accesible para los consumidores, permitiendo que estos elijan cuando deben fijarla como parte actora.
Coinciden con dicha solución en sus dictámenes tanto la señora Agente Fiscal en la instancia de origen como el señor Fiscal de Cámaras en esta Alzada (ver trámites de fechas 01/11/2021 -punto cuarto, primer párrafo- y 20/03/2023 -apartado tercero-; arts. 52 de la ley 24.240; 27 de la ley 13.133; 28 inc. 6, 29 inc. 4, y concs., de la ley 14.442 -del Ministerio Público Fiscal-).
Debe aditarse a todo lo hasta aquí considerado que la elección de competencia si bien no es discrecional, pues viene condicionada por las normas que aquí se aplican e interpretan, permite a la actora el ejercicio de la opción en tanto se verifique la concurrencia de al menos alguno de los supuestos que configuran su procedencia; es decir, si bien posee facultad de elección ello no implica que la competencia quede librada al exclusivo arbitrio del justiciable, pues de lo contrario se consagraría una especie de forum shopping [conducta oportunista de una parte al decidir la presentación de la demanda en el foro más favorable a sus intereses] que no es sino una forma de abuso del proceso y que, se adelanta, no se patentiza en manera alguna en la especie dado no sólo los puntos de contacto aludidos con este Departamento Judicial sino el carácter de proceso de incidencia colectiva del presente (arts.10 CCyC y 34 inc. 5, ap. “d”, del CPCC).
Por último, debe remarcarse que el domicilio de la Asociación actora -ADDUC- es indistinto en este caso particular, pues además de no actuar en su propio interés sino en el de los consumidores a los que aglutina en su demanda, interpuso la acción colectiva ante esta departamental con pie en los puntos de contacto ya mencionados.
Es por todo lo desarrollado que el agravio de la recurrente, merece ser de recibo, rechazándose -por ende- las excepciones de incompetencia planteadas y debiendo continuar interviniendo el Juzgado de origen (arts. 260, 266, 272, CPCC), ya que adoptar en la especie el criterio sostenido por los demandados excepcionantes -que fuera receptado por la señora jueza de grado-, conspira contra la efectiva concreción de la garantía constitucional establecida a favor de los consumidores, tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallos: 338:1344) y obstruye la vigencia de la garantía de Acceso a la Justicia (art. 15 Const. Pcial.).
8. En consecuencia y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras departamental con fecha 20/03/2023, postulo revocar el decisorio bajo embate del 13/12/2022 rechazándose -por endelas excepciones de incompetencia planteadas, debiendo continuar interviniendo el Juzgado de origen (arts. 260, 266, 272, 345 inc. 1, CPCC) e imponer las costas de ambas instancias a los demandados apelados que revisten objetiva condición de vencidos (arts. 68, 69 y 274, CPCC). Voto por la NEGATIVA.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde revocar el decisorio bajo embate del 13/12/2022 rechazándose -por ende- las excepciones de incompetencia planteadas, debiendo continuar interviniendo el Juzgado de origen (arts. 260, 266, 272, 345 inc. 1, CPCC) e imponer las costas de ambas instancias a los demandados apelados que revisten objetiva condición de vencidos (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca el decisorio bajo embate de fecha 13/12/2022 rechazándose -por ende- las excepciones de incompetencia planteadas, debiendo continuar interviniendo el Juzgado de origen (arts. 260, 266, 272, 345 inc. 1, CPCC) y se imponen las costas de ambas instancias a los demandados apelados que revisten objetiva condición de vencidos (arts. 68, 69 y 274, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia