Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 170594
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar a los agravios traídos a esta instancia por el apelante en fecha 10/8/2020, revocándose la limitación de la certificación de clase al ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, y receptándola con el alcance pretendido en la demanda. II) Se imponen las costas de esta instancia "en el orden causado", atento que en este estado liminar del proceso no se ha integrado aún la litis con la contraria (arg. arts. 68 y 70 del CPC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL N° (S) F°
EXPTE. N° 170594. Juzgado Nº 11 Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ CREDYMAND S.A. Y OTROS S/RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justo lo resuelto en fecha 7 de agosto de 2020?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. La Sra. Juez de Primera Instancia, en la oportunidad de certificar la clase, identifica al grupo presuntamente afectado, circunscribiéndolo al "ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires" (punto "IX.1" del decisorio apelado).
II. Dicho pronunciamiento es atacado en fecha 10/8/2020 mediante recurso de reposición con apelación en subsidio por el Dr. Gabriel Alejandro Martinez Medrano, en carácter de apoderado de Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fundando su recurso en igual presentación.
III. En sus fundamentos la recurrente critica el alcance territorial otorgado por la a quo a la certificación de clase.
Refiere a tal efecto que en materia de acciones colectivas el alcance territorial del reclamo está constreñido por la inscripción registral de la Asociación actora en el registro respectivo y por el alcance propuesto en la demanda, y afirma además que no resulta limitante la competencia federal o provincial del órgano judicial competente.
Expone que en el caso de autos ADDUC ha acreditado la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, y sostiene que ello la habilita para la representación de usuarios en todo el territorio Nacional.
Agrega que en el punto 16 de la demanda se fija el alcance nacional de la presente acción, y considera que el hecho que se demande ante la justicia provincial no es óbice para que la orden de restituir abarque a consumidores situados en distintas jurisdicciones.
Luego distingue los conceptos "competencia" y "jurisdicción", y sostiene que esta última no se ve limitada por la frontera geográfica de la Provincia, sino que abarca el reconocimiento de la sentencia en todo el país, surgiendo ello del art. 7 de la Constitución Nacional.
Por último cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus afirmaciones, y requiere en definitiva que se certifique la clase con alcance nacional.
IV. En fecha 17/07/2020 toma intervención el Sr. Agente Fiscal, expidiéndose en fecha 22/09/2020.
V. En fecha 28/8/2020 la a quo desestima el recurso de reposición articulado por la accionante, y concede la apelación interpuesta en subsidio. Expone a tal efecto que resulta de aplicación lo previsto por el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que rige en el ámbito provincial (ley 13.133) y el art. 36 de la ley 24.240, y sostiene que no existe normativa que autorice la extensión pretendida por la actora.
Señala que el proceso colectivo está regulado en el ámbito local, estableciéndose un mecanismo procesal que puede variar con relación al vigente en las provincias donde pudieran domiciliarse otros consumidores a quienes se pretende involucrar en los alcances de este proceso, imponiéndose así un carril no necesariamente superior al de su juez natural, debiéndose considerar además que el fin tuitivo de la normativa que regula la materia procura asegurar el sistema más favorable al consumidor.
Entiende que la alusión hecha por el recurrente al supuesto de los procesos universales, cuyo régimen se ajusta a normas dictadas por el Congreso de la Nación en uso de sus atribuciones, no se replica en la materia que nos ocupa y no constituye argumento que justifique la expansión que reclama la accionante.
Luego considera que se trata en el caso de derechos que no dejan de ser individuales y que su representatividad debe ser excepcionalmente interpretada, y destaca que la normativa vigente (art. 26 inc. b de la ley 13.133) legitima para interponer las acciones correspondientes a las Asociaciones de Consumidores debidamente registradas en la Provincia de Buenos Aires. Concluye que en el caso es claro que el representante de la clase es el que ha elegido la radicación de la demanda en un tribunal con asiento geográficamente alejado de algunos consumidores que componen la parte vulnerable, y refiere que esta particularidad propia de una situación como la aquí tratada, donde no se cuenta con la voluntad expresa del afectado ni con una disposición legal que así lo autorice, compromete la accesibilidad que tanto se intenta resguardar.
Agrega que el derecho a comparecer en el expediente -lo que conlleva la contratación de un profesional matriculado en esta jurisdicción-, el hecho que el rechazo de la demanda obstaría a la promoción de otro proceso colectivo, e incluso la eventualidad de que la pretensión tal como ha sido entablada -luego acogida- no hubiera sido lo suficientemente benéfica, obligan a extremar los recaudos y analizar prudentemente el impacto a la hora de evaluar la procedencia de involucrar en la litis a los habitantes de otras jurisdicciones. Aclara, por último, que lo que decide en modo alguno significa desconocer el art. 7 de la CN, ya que no está en discusión la fe de que gozan los actos judiciales fuera de la provincia, independientemente del carácter colectivo del proceso.
VI. Pasaré a analizar los agravios planteados.
La cuestión recursiva sometida a conocimiento versa sobre el alcance territorial de la certificación de clase.
Al respecto, es posible observar que en la instancia de origen se ha circunscripto su alcance al ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, solución que considero no debe mantenerse.
Ello así, dado que los jueces provinciales que entienden en una controversia colectiva con alcance en distintas provincias no ven limitada su potestad jurisdiccional a la órbita de su circunscripción provincial. Precisamente el art. 7 de la Constitución Nacional establece que los "procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás", subyaciendo allí el principio de la extraterritorialidad del derecho local en la jurisdicción de cualquier estado federado y en el distrito federal o capital federal (v. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 2da. edición, Buenos Aires, La Ley, 2004, pág. 51).
Se ha explicado al respecto que "esta validez no es únicamente formal, o extrínseca, sino que el respeto debido a estas prescripciones de la ley y de la Constitución exige que se les de también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del art. 7º de la Constitución Nacional sino también la del art. 67, inc. 11, que establece la unidad de la legislación civil en todo el territorio” (CSJN, “Isaac Raúl Molina c Provincia de Buenos Aires”, F:308:2588).
Coincidentemente se ha explicado que "...los jueces provinciales que entiendan en una controversia colectiva con alcance en distintas provincias no verán limitada su potestad jurisdiccional a la órbita de su circunscripción judicial, teniendo aptitud suficiente como para resolver la totalidad de los aspectos puestos a su conocimiento. La jurisdicción del juez no se altera por el hecho de que el resultado del proceso se extienda a un grupo de sujetos situado en múltiples jurisdicciones. Procesos tales como el falencial o el sucesorio, por ejemplo, dan cuenta de ello" (Rosales Cuello, Ramiro, Méndez Acosta, Segundo J., "La competencia de los procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos", LA LEY 25/06/2019 , Cita Online:
AR/DOC/1765/2019).
Por estos motivos, es posible afirmar que no solo las provincias deben resolver las causas relativas al derecho común, sino que su alcance es el mismo que tendrían las resoluciones de la justicia federal, ya que ejercen las mismas competencias en su carácter de “agentes del estado nacional”. Esta fue la forma de soberanía pensada por nuestro constituyente, es decir, un estado nacional reglando una norma uniforme para todo el país, estados locales aplicándola en todo el país según su propia jurisdicción.
A modo ejemplificativo resulta oportuno citar el precedente “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco Provincia de Neuquén S.A. s/ ordinario”, en donde nuestro máximo tribunal nacional asignó competencia a la justicia local en una acción donde se ventilaba una típica demanda por afectación masiva y homogénea a derechos de los consumidores de distintas provincias (CSJN, L. XLVII, citado por Alejandro Alvaro Alonso Perez Hazaña, "¿Competencia federal o local? El caso de las acciones colectivas multi jurisdiccionales", publicado en la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones N°285 de La Ley, agosto de 2017).
Igual entendimiento siguió el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el precedente “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/Tarjeta Naranja S.A. s/ Ordinario”, en donde expuso que “se debe tener presente que la República Argentina es un país federal, en el cual los actos pasados en cualquiera de las provincias que componen la nación gozan de plena validez en las restantes (art. 7 Constitución Nacional). Asimismo la expansión de la cualidad de cosa juzgada de los efectos de una sentencia colectiva no depende de la competencia territorial del tribunal que la dicta sino de los alcances del caso, de la representación colectiva con que cuenta el legitimado activo y de cómo la invoca..." (STER, expte. Nº 6813, citado por Alejandro Alvaro Alonso Perez Hazaña, "¿Competencia federal o local? El caso de las acciones colectivas multi jurisdiccionales", publicado en la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones N°285 de La Ley, agosto de 2017).
Esta línea es replicada por distintas Cámaras, tanto provinciales, como federales (Cám. de Apel. Civ. Com. de San Nicolás “Usuarios y Consumidores Unidos c/ Compañía Financiera Argentina S.A. y otros s/ Nulidad De Contrato”, expte. nro. 11.256, del 31/10/2013; “Usuarios y Consumidores Unidos c/Garbarino S.A. s/Nulidad de contrato”, expte. nro 11.470, del 29/4/2014; Cám. Fed. de La Plata, Sala I, “CODEC c/ Telefónica de Argentina SA s/ley de defensa del consumidor”, expte. nro. 59112/2014/ca1, del 9/4/2015). Es así que en consonancia con las valoraciones realizadas, considero que no puede sostenerse válidamente la limitación dispuesta, pues el régimen constitucional descripto autoriza la extensión que aquí propone la accionante (art. 7 de la Constitución Nacional), dependiendo la amplitud de los alcances del caso, de la representación colectiva con que cuenta el legitimado activo y de cómo la invoca.
Por el contrario, a mi juicio, las consideraciones expuestas por la Juez de grado no resultan suficientes para sustentar la limitación dispuesta. Véase que la normativa citada en la instancia de origen (ley 13.133, art. 26 inc. b de la ley 13.133 y art. 36 de la Ley 24.240) en modo alguno limita el alcance territorial de la acción, y tampoco constituye óbice para reconocer la extensión pretendida la genérica afirmación de que la misma no asegura la aplicación del sistema más favorable al consumidor (ante posibles variantes de procedimiento que existan en otras jurisdicciones provinciales), en tanto no se advierte que ello ocurra, amén de tratarse de una alegación al extremo genérica e hipotética que no permite visualizar donde ubica el detrimento que el procedimiento provincial provocaría en los derechos del consumidor.
En iguales condiciones, considero que la pauta de interpretación restrictiva de la representatividad mencionada por la a quo no puede llevar al extremo de efectuar una limitación contraria al sistema legal (arts. 7, 18, 42 y 43 de la Const. Nacional; 15, 20 y 38 de la Const. Prov.; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-; 56, 57 y ccdtes. de ley 24.240), y así tampoco advierto que en el caso existan concretas dificultades de accesibilidad por razones geográficas que justifiquen la limitación en cuestión, siendo a todo evento la Juez de grado quien debe arbitrar medidas adecuadas para garantizar el anoticiamiento y acceso de todas aquellas personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, exhortándose en tal sentido a la a quo para que proceda a su implementación de acuerdo a la extensión aquí propiciada (arg. art. 34 del CPC; confr. considerando 20 de la causa "Halabi", Fallos: 332:111).
Para finalizar, no puedo dejar de advertir que mantener la limitación dispuesta en la instancia de origen importaría exigir a la Asociación actora el inicio de igual acción en cada una de las provincias, lo cual contraría lo establecido por la CSJN en autos "Halabi, Ernesto c/ P.E.N." (Considerando 20; ), y reiterado en "Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A. s/ Ordinario" (C. 1074. XLVI), donde se desalienta la multiplicación de procesos colectivos con un mismo objeto (ver asimismo SCBA en la causa C. 91.576 “López, Rodolfo Osvaldo c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ sumarísimo”, sent. del 26-03-2014).
Incluso podría traer aparejado el riesgo de sentencias disímiles o contradictorias sobre una misma cuestión, lo cual evidentemente resulta contrario a una adecuada prestación del servicio de justicia.
Es así que en definitiva, teniendo en consideración los argumentos expuestos y valorando los intereses puestos en debate para resolver, así como también el ámbito dado por la propia actora a su pretensión (punto 16 de la demanda) y los alcances de la representación colectiva con que cuenta, concluyo que no existe mérito para limitar la certificación de clase al ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, debiéndose consecuentemente receptar la misma con el alcance pretendido en la demanda (arts. 7, 18, 42 y 43 de la Const. Nacional; 15, 20 y 38 de la Const. Prov.; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-; 56, 57 y ccdtes. de ley 24.240; 34 inc. 5 del CPC).
Ello conlleva a la procedencia del recurso impetrado, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
Aclaro, finalmente, que la solución aquí propuesta se adopta a partir de una evaluación liminar de circunstancias en una instancia inicial de constitución del proceso colectivo (véase que aún no se ha sustanciado la acción), siendo factible su posterior contralor de acuerdo a los extremos que surjan alegados y acreditados en el decurso del proceso (ver en ese sentido Leandro J. Giannini - Francisco Verbic, "Los procesos colectivos y acciones de clase en el derecho público argentino", Santa Fe, 2017, edit. Rubinzal-Culzoni, págs. 183/184).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Hacer lugar a los agravios traídos a esta instancia por el apelante en fecha 10/8/2020, revocando la limitación de la certificación de clase al ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, debiéndose consecuentemente receptar la misma con el alcance pretendido en la demanda.
II. Imponer las costas de esta instancia "en el orden causado", atento que en este estado liminar del proceso no se ha integrado aún la litis con la contraria (arg. arts. 68 y 70 del CPC). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar a los agravios traídos a esta instancia por el apelante en fecha 10/8/2020, revocándose la limitación de la certificación de clase al ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, y receptándola con el alcance pretendido en la demanda. II) Se imponen las costas de esta instancia "en el orden causado", atento que en este estado liminar del proceso no se ha integrado aún la litis con la contraria (arg. arts. 68 y 70 del CPC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA ; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA-). En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA. Devuélvase.
Fin de la sentencia