Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-917/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por la Provincia de Santa Cruz.-
2A partir de la notificación de la presente, reanudar el plazo suspendido en el cuarto párrafo de la providencia PE1228998-2025, a efectos que el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz conteste demanda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-917/25-TSJ Sentencia N°: 1195 Actor: ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ “3 DE JULIO”
Demandado: PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 18/11/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1195 FOLIO Nº 3982/3985 PROT. ELECT. TSS1 052 C.251
Río Gallegos, 18 de noviembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ “3 DE JULIO” C/ PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº A-917/25-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Ramiro Esteban Castillo y el Dr. Emilio José Monzón en representación de la Provincia de Santa Cruz, en los términos del artículo 62, incisos d) y e) del CPCA, Ley N° 2600 (cfr. PE2066340-2025.- En lo tocante al planteo de falta de personería, dicen que: “No obstante su carácter de Secretario General (y por lo tanto representante) de la Asociación Gremial actora, el Sr. Mascheroni no cuenta con facultades o mandato suficiente para promover la acción de autos […] de la lectura íntegra del Estatuto sí se desprende que el Sr.
Mascheroni no cuenta con aptitud procesal para promover esta acción por carecer de mandato dado en asamblea…” (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Con cita de los artículos 17, 22 y 41 del Estatuto de la Asociación actora, expresa: “La correcta interpretación de las disposiciones estatutarias citadas impone que la decisión de iniciar la acción de autos debió ser resuelta en Asamblea, circunstancia que no se encuentra acreditada en estas actuaciones. Ello a su vez se encuentra en consonancia con la obligación de garantizar la efectiva democracia interna que el art. 8 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales impone a las asociaciones que regula […] A fin de acreditar en debida forma el carácter invocado, el Sr.
Mascheroni debió acompañar en estos actuados la correspondiente acta de asamblea en la que se resuelva el inicio de la acción […] Por tales fundamentos solicitamos se haga lugar a la excepción de falta de personería y se ordene la subsanación de la deficiencia señalada acompañando la documental que acredite la resolución de la asamblea en un plazo no mayor a cinco días, bajo apercibimiento de tener por desistida la acción…” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- En relación a la excepción de falta de legitimación, manifiesta: “Aunque se subsanara la cuestión relativa a la falta de mandato suficiente del Sr. Mascheroni, la asociación gremial actora tampoco cuenta con legitimación para obrar en estas actuaciones […] la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 3949, excede el concreto marco de acción que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y el propio estatuto de la accionante otorgan a la asociación gremial […] En el caso de autos el actor no explica de qué manera la ley que tacha de inconstitucional afecta los intereses profesionales o laborales individuales y/o colectivos de sus afiliados…” (cfr.
PE cit., págs. 3/4).-
II. Corrido el traslado a la parte actora (cfr. PE1228998-2025), es contestado mediante PE2090124-2025 por el Secretario General de la Asociación actora, Sr. Juan Franco Mascheroni.-
Respecto a la excepción de falta de personería, sostiene que: “…los argumentos sobre los que funda la excepción el Estado Provincial resultan inatendibles, por cuanto deviene incompatible con la premura que implica articular una acción judicial la previa convocatoria a asamblea como erróneamente sostiene la codemandada. Además, las disposiciones estatutarias invocadas no se aplican a la situación debatida en autos, ya que, no estamos frente a una ‘política general de actuación gremial’ como desacertadamente se intenta alegar, sino que, por el contrario, nos encontramos frente a una ley manifiestamente inconstitucional que en forma actual, cierta e inminente pone en riesgo los derechos de los/as trabajadores/as judiciales.” (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Con cita de los artículos 34, 41 inciso g) y 42 inciso a) del Estatuto, advera que reviste facultades suficientes para estar en juicio en representación de la Asociación accionante y, por consiguiente, solicita el rechazo de la excepción articulada con costas (cfr. PE cit., pág. 2).-
En relación a la excepción de falta de legitimación, afirma que: “De las propias manifestaciones de la contraparte surgen los argumentos que definen la legitimación de esta Asociación, ya que, la ley atacada introduce una reforma, por cierto inconstitucional, en la integración del Excmo. Tribunal Superior de Justicia el que resulta ser, nada más ni nada menos, el Empleador y/o la Patronal de todos y cada uno de los/as afiliados/as a esta Asociación.- Así, es el TSJ justamente quien decide las medidas disciplinarias respecto de los cros/as. afiliados/as; resuelve los ascensos laborales; interviene en paritarias en materia salarial y laboral; otorga o rechaza ciertos pedidos de licencia, entre otras muchas atribuciones que repercuten directamente sobre los derechos laborales en riesgo…una anómala integración del máximo Tribunal provincial implica la posibilidad cierta de una lesión irreparable a los derechos de la pluralidad de los trabajadores/as representados/as por esta parte actora.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Cita jurisprudencia en sustento de sus afirmaciones y peticiona se desestime la defensa incoada (cfr. PE cit., pág. 3).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina expidiéndose en sentido negativo, concluyendo que: “…no debe hacerse lugar a las excepciones previas interpuestas por la parte demandada.” (cfr. PE2092185-2025).-
En PE1244002-2025 pasan las presentes actuaciones al Acuerdo.-
III. En cuanto a la excepción prevista por el artículo 62, inciso d) del CPCA, Ley N° 2600, se ha dicho que: “La excepción de falta de personería o de ‘legitimatium ad procesum’ procede en dos casos: ‘1) Cuando el actor o demandado no tiene capacidad civil para actuar en el proceso (tal es el caso de un menor), 2) cuando una persona ‘representante’ o ‘apoderado’ no tiene el poder o representación para actuar por otro, o éste es insuficiente’...” (cfr. CNCiv., Sala H., “Branik S.A. c/ Storani, Gustavo A. y otro”, del 18/11/2002, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/1913/2002).- En igual sentido: “...dos son las causales susceptibles de condicionar la admisibilidad de la excepción de falta de personería; la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado, y la falta, defecto o insuficiencia de la representación invocada -necesaria o voluntaria- de quienes comparecen al proceso en nombre de aquéllas...” (cfr. CNCiv., Sala E, “González Mercado, Erwin Fernando y otro c/ La Caja de Ahorro y Seguro S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 19/10/2012, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/57174/2012).- El sentido de la excepción radica en evitar la tramitación de un litigio con quien no representa a la parte, la que podría sustraerse del cumplimiento de la sentencia por no haber participado en el juicio (cfr. CNCom., Sala F, “Unión de Usuarios y Consumidores c/ C.M.R. Falabella S.A. s/ ordinario”, del 31/10/2013, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/84896/2013).-
Así, la excepción esgrimida por la Fiscalía de Estado se halla referida al segundo de los supuestos mencionados, es decir en la carencia o insuficiencia de facultades que, a su entender, tiene el Sr. Juan Franco Mascheroni para representar a la Asociación actora en autos, ya que, considera que dicho mandato debería haber sido otorgado por Asamblea.-
Desde esta perspectiva, corresponde destacar que en PE2028511-2025, obra en copia certificada Acta/Resolución N° 09-2025 JE y Acta de Asunción de Autoridades de la Asociación actora de donde surge que el Sr. Juan Franco Mascheroni, D.N.I. N° 29.754.464, resulta ser Secretario General con mandato vigente al momento de promover la presente acción (cfr. PE cit., ACR00080642.pdf y ACR00080643.pdf).-
Respecto de las facultades atribuidas al mencionado cargo electivo, el artículo 42, inciso a) del Estatuto agregado en autos dispone: “Son deberes y atribuciones del Secretario General…Ejercer la representación de la Asociación…” (cfr. PE cit., ACR00080641.pdf).-
Así, la exegesis del Estatuto propuesta por la parte excepcionante resulta desacertada, ya que, no corresponde interpretar el precepto mencionado en forma restrictiva cuando alude a la facultad de “representación” del Secretario General, ello en tanto y en cuanto deviene razonable que la cabeza de la Comisión Directiva de la Asociación tenga aptitud suficiente a efectos de accionar administrativa y/o judicialmente en defensa de los intereses de los afiliados y de la Asociación.- A mayor abundamiento, es dable subrayar que el artículo 41, inciso g) del Estatuto de la Asociación accionante establece que: “Son funciones y atribuciones de la Comisión Directiva…Otorgar mandatos y poderes para ejecutar actos determinados y/o ejercitar representación en sede administrativa y/o judicial…”. Asimismo, analizando los artículos 21 y 22 del Estatuto, que enumeran las facultades privativas de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación respectivamente, no surge que la promoción de una acción judicial deba ser decidida excluyentemente en esos ámbitos.- Por lo expuesto, encontrándose vigentes y sin restricción alguna los instrumentos de representación acompañados -Acta/Resolución N° 09-2025 JE y Acta de Asunción de Autoridades-, la excepción bajo estudio no tendrá favorable acogida.-
IV. Sentado lo anterior, corresponde abordar la excepción de falta de legitimación incoada por la Provincia de Santa Cruz a fin de constatar si el caso ha sido propuesto por quien se encuentra habilitado para ello.-
En sustento de la excepción intentada, la excepcionante dice que: “…la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 3949, excede el concreto marco de acción que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y el propio estatuto de la accionante otorgan a la asociación gremial […] En el caso de autos el actor no explica de qué manera la ley que tacha de inconstitucional afecta los intereses profesionales o laborales individuales y/o colectivos de sus afiliados.” (cfr. PE2066340-2025, pág. 4).- A su turno, la parte actora asegura que: “De las propias manifestaciones de la contraparte surgen los argumentos que definen la legitimación de esta Asociación, ya que, la ley atacada introduce una reforma, por cierto inconstitucional, en la integración del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia el que resulta ser, nada más ni nada menos, el Empleador y/o la Patronal de todos y cada uno de los/as afiliados/as a esta Asociación…es el TSJ justamente quien decide las medidas disciplinarias respecto de los cros/as. afiliados/as; resuelve los ascensos laborales; interviene en paritarias en materia salarial y laboral; otorga o rechaza ciertos pedidos de licencia…” (cfr. PE2090124-2025, pág. 2).- Desde la óptica de la legitimación, este Alto Cuerpo ha dicho que: “…es la cualidad originada en la ley para requerir una sentencia favorable respecto de un objeto litigioso. Habrá falta de legitimación para obrar cuando el actor no sea la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tales calidades con referencia a la materia concreta sobre la que versa el proceso.
Existe entonces, falta de legitimación cuando no coincide el sujeto que actúa en el proceso con aquél a quien la ley habilita especialmente para ello; habida cuenta que, la legitimación activa supone la aptitud para estar en juicio como parte actora, a fin de lograr una sentencia sobre el fondo de la cuestión. (conf. Arazi, Roland - Rojas, Jorge A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, Tomo II, Pág. 245/247).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1024, Folio 3187/3195; y XX, Reg. 1178, Folio 3890/3894).- Y también que: “‘…hay falta de legitimación para obrar, cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión o que da motivo a la controversia (Fallos 327:2625; 329:1399; 330:1918; 330:4811, entre muchos otros), ‘…de tal suerte que quien demanda o aquél contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio.
El estudio de esa cuestión exige diferenciar entre la titularidad de la relación jurídica en que se asienta la pretensión y la fundabilidad de ésta…pues este último aspecto extralimita el examen de la comprobación de la condición de actor y demandado, y se vincula directamente con la existencia o no del derecho material reclamado…’ (cfr. CSJN, Texam Corp. S.A. c. Provincia de San Luis y otro (Estado Nacional) s/ daños y perjuicios, 24/04/12, LL 11/05/2012).’” (cfr. Sentencias cits.).- Teniendo presente la naturaleza jurídica de la Asociación actora, debemos señalar que el artículo 43 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994, amplió el espectro de legitimados activos más allá de quienes acrediten la existencia de un derecho subjetivo individual, al reconocer tal aptitud procesal -entre otros- a las asociaciones que propendan a los fines mencionados en dicha norma (Fallos: 320:690).-
Al respecto, el cimero Tribunal Nacional ha dicho, reiteradamente, que a los fines de establecer la legitimación activa de la asociación corresponde verificar si la pretensión deducida queda comprendida dentro de los fines estatutarios de la entidad (cfr. Fallos: 323:1339, voto de los Jueces Moliné O'Connor y Boggiano, considerando 7º y sus citas, entre otros).-
En dicho sentido, debemos recordar que la Asociación actora es una asociación sindical con personería gremial y, por consiguiente, le resulta de aplicación el artículo 31, inciso a) de la Ley N° 23.551 -LAS- que reza: “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores…”.-
Sumado a lo dicho, escudriñando el objeto estatutario de la Asociación actora encontramos que el artículo 3, incisos a) y b) establece: “La Asociación Gremial tendrá por objeto: a) Defender y representar ante el Estado y los Empleadores, los intereses profesionales de sus afiliados: b) Defender y representar los intereses laborables, individuales y/o colectivos de sus afiliados…” (cfr. PE2028511-2025, ACR00080641.pdf).-
Desde esta óptica, resulta indiscutible la prerrogativa que posee la Asociación actora a fin de accionar, administrativa y/o judicialmente, en defensa y representación de los intereses colectivos de sus afiliados, situación que se vislumbra en autos, con claridad prístina, por cuanto la ley cuya inconstitucionalidad se acusa modificó, arbitrariamente según se indica, la integración del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, es decir, el empleador del colectivo representado por el gremio.- A mayor abundamiento, la legitimación de la Asociación actora reposa, en última instancia, sobre el principio de libertad sindical que en palabras del máximo Tribunal Nacional: “…es un principio arquitectónico que sostienen e imponen la Constitución Nacional, en su art. 14 bis, y un muy comprensivo corpus iuris proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional en los términos del art. 75.22 de la primera. Dicho corpus está integrado, entre otros instrumentos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16), por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales, a su vez, se hacen eco, preceptivamente, del citado Convenio N° 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (arts. 8.3 y 22.3, respectivamente…” (Fallos: 336:672).- A su turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que: El derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos protegidos en el marco del sistema interamericano, lo que conlleva la obligación de los Estados de adoptar mecanismos para su garantía, incluyendo el acceso a un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de dichos derechos, la prevención, investigación y sanción de los responsables de violaciones a derechos sindicales, y de adoptar medidas específicas para su plena vigencia. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga tienen una relación de interdependencia e indivisibilidad. El respeto y garantía de esos derechos resulta fundamental para la defensa de los derechos laborales y las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo (cfr. CIDH, Opinión Consultiva OC-27/21 del 5 de mayo de 2021).- Como corolario de todo lo hasta aquí argumentado, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación deducida por la Provincia de Santa Cruz.-
V. Por las consideraciones realizadas, doctrina y jurisprudencia citada, se impone el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento articuladas por la Provincia de Santa Cruz, en los términos del artículo 62, incs. d) y e) del CPCA, Ley N° 2600 (cfr. PE2066340-2025). Asimismo, a partir de la notificación de la presente, corresponde reanudar el plazo suspendido en el cuarto párrafo de la providencia PE1228998-2025, a efectos que el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz conteste demanda.- Las costas se imponen por su orden (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por la Provincia de Santa Cruz.-
2. A partir de la notificación de la presente, reanudar el plazo suspendido en el cuarto párrafo de la providencia PE1228998-2025, a efectos que el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz conteste demanda.-
Fdo. Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1052C.251 Tomo: XX Sentencia: 1195 Folio N°: 3982/3985 Secretaría: 1
Fin de la sentencia