Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2284/2018-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la recusación con causa formulada por la Secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales "3 de Julio", con respecto al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. Fernando Miguel Basanta.-
2Rechazar el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo 17 del CPCyC.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N : A-2284/2018-TSJ Interlocutorio N : 3757 Actor: ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 3 DE JULIO Demandada: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: AMPARO-MANDAMUS Fecha: 04-07-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3757 FOLIO Nº 6757/6760 PROT. ELECT. TSS1 028 I.231
Río Gallegos, 4 de julio de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 3 DE JULIO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO-MANDAMUS”, Expte. Nº A-18.468/17” (A-2284/2018-TSJ), venidos al acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver la recusación con causa formulada por la Secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, con respecto al Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta, obrante en PE641359-2022, ESC00125744.pdf .-
La recusante expresa que: “…En primer lugar se recusa con causa al Dr. Basanta, por cuanto el mismo en oportunidad de desempeñarse como Ministro de Gobierno (desde el 10/12/15 al 09/12/19), hubo de intervenir como parte del gobierno en el conflicto salarial suscitado en los años 2017/2018 y que originaran la iniciación del presente Mandamus, con la finalidad de ordenarle al Gobierno -del cual el Dr. Basanta era Ministro de Gobierno-, que girara las partidas presupuestarias al TSJ a los fines de abonar los salarios de los empleados judiciales. Que no solo el gobierno provincial del cual era parte el Dr. Basanta no giraba las partidas presupuestarias para hacer frente a gastos corrientes (entre ellos el sueldo de los trabajadores judiciales) y ello fue el hecho que originó el inicio del Mandamus, sino que además ese gobierno provincial inició una demanda en el TSJ en contra de la resolución que instrumentaba el aumento salarial impugnando el sistema salarial vigente y acordado en paritarias entre el TSJ y este gremio judicial.
Con respecto al carácter de ministro de gobierno del Dr. Basanta, y más allá de ser de público conocimiento, adjunto documentación acompañada junto con la terna presentada por la Gobernadora a la Cámara de Diputados a los fines de la designación del vocal del TSJ, de donde surge del CV que el Dr. Basanta ejerció el cargo de Ministro de Gobierno entre el 10 de diciembre de 2015 al 09 de diciembre de 2019, por lo cual a la época de presentación del presente Mandamus era el Ministro de Gobierno de la gestión de Alicia Kirchner, es decir integraba con el cargo de Ministro de Gobierno el Poder Ejecutivo Provincial al cual este gremio demandó por omitir su obligación de remitir las partidas presupuestarias al TSJ y que por ello no se abonaban los salarios de los trabajadores judiciales […] Que entiende esta parte que corresponde el apartamiento del magistrado, pues ante el panorama invocado entendemos que el magistrado no pose (sic) la imparcialidad necesaria para fallar en esta causa, por la actuación personal que tuvo como ministro de gobierno del Ejecutivo Provincial demandado, y que si bien la misma podría encuadrar en el art. 17 inc. 2 y/o 7 CPCyC, se hace directamente en el marco de la garantía de imparcialidad que se desprende del art. 8 de la CADH, pues las circunstancias expuestas, analizadas a la luz de la visión de las partes y de la ciudadanía (atento la trascendencia institucional de la cuestión ventilada), pueden generar una “sospecha de parcialidad” que debe ser despejada, en tanto es deber del Poder Judicial dar a las partes y a la sociedad toda una imagen de imparcialidad adecuada, de modo tal que ante una situación que aún hacia terceros pudiera generar una afectación de este principio, entendemos impone la obligación de excusarse...” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 1/3). Señala, asimismo, que adjunta notas periodísticas de la época y agrega que de ellas: “…surge el marco del conflicto que generó esta acción y los restantes mandamus presentados, y la actuación del Gobierno que detentaba el PEP y que el recusado integraba y su propia participación…” (cfr. PE y pdf cit., pág. 2).- Además de ello, manifiesta que: “Como otro motivo de recusación, es de público conocimiento que el gremio que represento hubo de manifestarse en contra de la designación del magistrado actuante, Dr. Fernando Basanta, por entender que no reúne los requisitos para acceder al cargo, atento no poseer los 6 años de ejercicio de la profesión o de funciones judiciales (art. 127 CP).
Que no solo se trata de una manifestación gremial, sino que este gremio concurrió a la justicia e interpuso una acción de amparo, que se encuentra aún en trámite, bajo los autos: Asociación Gremial de Empleados Judiciales c/ Estado Provincial y Otro s/ Amparo , Expte. Nº 20922/22, y en donde se solicitó que se abstuvieran de prestar acuerdo (sic) al Dr. Fernando Basanta por no reunir los requisitos constitucionales para acceder al cargo […] Que entiende esta parte que razones de delicadeza imponen el apartamiento del magistrado, pues ante el panorama invocado entendemos que el magistrado no pose (sic) la imparcialidad necesaria para fallar en una causa donde intervenga el gremio judicial; pero más allá de ello y si bien pudiera entender el magistrado (en su fuero íntimo) que las circunstancias expuestas no afectan su juicio, no debiera omitir considerar que las circunstancias expuestas, analizadas a la luz de la visión de las partes y de la ciudadanía (atento la trascendencia institucional de la cuestión ventilada), pueden generar una sospecha de parcialidad que debe ser despejada, en tanto es deber del Poder Judicial dar a las partes y a la sociedad toda una imagen de imparcialidad adecuada, de modo tal que ante una situación que aún hacia terceros pudiera generar una afectación de este principio, entendemos impone la obligación de excusarse...” y agrega que: “…la recusación en cuestión se encuentra fundamentada normativamente en lo prescripto en el artículo 8 punto 1 del Pacto de San José de Costa Rica…” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 3/4).- Finalmente, plantea “inconstitucionalidad de modo subsidiario”, manifestando que: “Para el hipotético e improbable caso que se considerase la causal invocada como no incluida en el art. 17 y cctes del CPCP, y que se considere además que dicha norma contiene un número taxativo de causales, planteo su inconstitucionalidad, por resultar dicha norma contrapuesta a la garantía de Juez Imparcial exigida por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica antes mencionado.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).- Formula reserva del caso federal (cfr. PE y pdf cits., pág. 9).-
El Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, produce el informe que prescribe el artículo 22 del CPCyC donde se opone a la recusación planteada y expresa que: “…la recusante no enmarca en ninguna de las previsiones del art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial la situación…” y que “…no hay fundamento normativo alguno en la solicitud planteada…”, apoyando sus dichos en antecedentes de este Tribunal Superior de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. PE756354-2022).- Vuelven los presentes autos a estudio (cfr. PE760870-2022).-
II. Que así las cosas, se advierte que la invocación que realiza la recusante, no impone una estructura de argumentaciones convincentes y fundadas toda vez que el eventual reproche argüido (parcialidad) dista de encontrarse abonado por fundamentos normativos serios.-
Del estudio del planteamiento de la recusante cabe advertir, en primer término, que en materia de recusación con causa, el sistema vigente se sustenta en la numeración taxativa de los motivos que la hacen procedente; debiéndose entender con un criterio restrictivo y requiriéndose una fundamentación seria y precisa por tratarse de un acto grave y trascendental (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos X, Reg. 1362, Folio 1892/1894, XVIII, Reg. 2377, Folio 3533/3534 y XXX, Reg. 3488, Folio 5963/5965).- Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que: “El régimen adoptado por nuestra legislación procesal en materia de recusación con causa es el de la enumeración taxativa de los motivos que permiten su acogimiento, debiendo tener aquéllos -en el caso concreto- fundamento fáctico pleno, debiendo ser planteada la recusación de forma clara y categórica, y no sólo insinuada (conf. causas B. 48.043, sent. del 17-VI-1980; B. 48.618, bis, sent. del 8-IX-1981).” (cfr. Tribunal cit., “Pinnel José Esteban s/ Sucesión ab intestato”, LP C 95173 S, del 12-08-09).- Por lo demás, el criterio restrictivo del instituto que se hizo referencia es el que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados precedentes (Fallos: 310:2845; 324:802; 327:3578).-
Que en el sub lite, precisamente, la recusante insinúa que la actuación del Dr. Basanta como Ministro de Gobierno en los años 2017 y 2018 podría enmarcarse en las causales del artículo 17 del CPCyC incisos 2º y 7º -“interés en el pleito” y “prejuzgamiento”- no obstante, no ha indicado de forma concreta, mediante un razonamiento categórico y convincente, de qué manera los hechos alegados encuadran en las causales citadas.- En el caso del Sr. Vocal y atendiendo a lo referenciado ut supra, surge con meridiana claridad que su intervención como Ministro de Gobierno durante el periodo mencionado, no constituye por sí sola ninguna de las causales previstas en el artículo 17º, incisos 2º y 7º del Código Procesal Civil y Comercial para proceder a la recusación con causa, resultando los conceptos vertidos por el recusante ajenos por completo a la taxativa enumeración de la norma (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1689, Folio 2450/2451 y Reg. 1752, Folio 2554/2555).-
III. Asimismo, resulta pertinente formular una serie de consideraciones, en atención a la fundamentación primaria esgrimida por la recusante con apoyo en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (cfr. PE y pdf cits., págs. 4/7).-
No se advierte que el caso de autos quede instalado en un contexto de seria y fundada sospecha de parcialidad y con ello inserto en un marco constitucional y convencional que desplace el examen corriente del instituto recusatorio a la luz del ordenamiento adjetivo. Ello, en virtud de que los argumentos ensayados no alcanzan para otorgar contenido a la alegada sospecha, toda vez que no traslucen actitud alguna del magistrado para con la recusante que pudieran revelar el temor invocado, ni se verifican puntos de sustento objetivos que conduzcan a la parte a albergar dudas acerca de la incolumidad de la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.- Se ha dicho que: “…El apartamiento de un juez mediante el mecanismo de la recusación constituye un acto de trascendencia institucional, que debe ser interpretado de manera prudente y detenida; y que debe fundarse en hechos significativos y demostrables que permitan poner en duda su función jurisdiccional, y sospechar que su actividad no se desarrollará con el apego estricto a la ley…” (cfr CFed. Cas. Penal. “L.C. y otros s/”. www.microjuris.com. Cita Online: MJJ119418).- En el caso, ninguno de los supuestos invocados cumple con las exigencias aludidas.-
Frente a la primera de las causales enunciadas, vinculadas con el otrora desempeño del Juez recusado como funcionario público del Poder Ejecutivo Provincial, resulta pertinente poner de relieve que la garantía del Juez Natural, no puede anularse ante meras conjeturas o sospechas de flacos fundamentos, sino por el contrario deben concretarse pruebas serias e indubitables para remover de su causa natural a un Magistrado. La imputación se muestra con nula fundamentación probatoria objetiva, lo cual la reduce a afirmaciones dogmáticas cargadas de subjetivismos que no se consagran en actividades concretas para ser evidenciadas. Ninguna de las notas periodísticas glosadas al escrito bajo análisis alcanzan para lograr el extrañamiento propuesto, desde que no resulta posible inferir la parcialidad de un magistrado de las noticias extraídas de un medio periodístico (cfr.
CSJN, Fallos: 328:517).- Es dable mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado improcedente una recusación en contra de Juan Carlos Maqueda, esgrimida con el fundamento de que el actual Juez, en su condición de Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, había refrendado un decreto reglamentario vinculado con una causa sometido a su estudio. El máximo tribunal dijo: “…cabe reiterar conocidas decisiones del tribunal en las que se indicó que a la causal invocada le resulta aplicable el criterio establecido por esta Corte en el precedente de Fallos 130:182, en el que se rechazó una recusación planteada respecto del doctor José Figueroa Alcorta, fundada en la circunstancia de que éste, antes de ser ministro del tribunal, en ejercicio de la presidencia de la Nación había suscripto la promulgación de la ley 7029, que se discutía en esa causa […] Los innumerables antecedentes de legisladores e integrantes de otros poderes del Estado que fueron luego designados para integrar los más altos tribunales de justicia tanto en el orden nacional, desde el año 1863, como en otros países y en particular, el caso del justice Marshall en la Sup.
Corte de Estados Unidos de América, abonan el acierto del criterio adoptado en el mencionado precedente de Fallos 130:182, sin que medien en el caso razones que conduzcan a apartarse de él…” (cfr. C. 930. XLVIII. Originario. “Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional s/cumplimiento de convenio y cobro de sumas de dinero”).- En punto al segundo de los motivos alegados, esto es, las manifestaciones y acciones judiciales iniciadas por el gremio judicial en contra de la designación del Dr. Basanta, como miembro de este Tribunal Superior de Justicia, cuadra destacar que: “…las calidades de los magistrados para el desempeño de su ministerio, no son cuestionables por vía de recusación…” (Fallos 240:429).-
No debe perderse de vista que el instituto de la recusación tiene por fin mantener la garantía del juez imparcial, pero con los alcances que impone el principio del juez natural, de modo que no se vea afectado este último por el uso inadecuado de este instituto; y evitar, así, el desplazamiento arbitrario de los jueces naturales (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127).-
En esta misma senda, se ha expresado que: “…la imparcialidad se presume, siendo que para desvirtuar dicha presunción debe demostrarse, en cada caso y con ajuste a las circunstancias concretas, el supuesto de una conducta parcializada; o hechos exteriores apoyados en datos objetivos que permitan poner en duda la imparcialidad […] La alternativa de interpretar el instituto de la recusación causada de manera taxativa, y el rechazo hacia cualquier somera posibilidad de abrir la norma y admitir otros móviles, es la forma más propicia de lograr una armonía entre la necesidad de que el juez de la causa sea imparcial y la de evitar maniobras sustitutivas sobrevinientes, tendientes a lograr el apartamiento del juez de manera infundada y abusiva…” (cfr. Cantoni, Paula María de Luján: “Causas no enumeradas de recusación con causa”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/317/2014).- En ese marco, se advierte que la recusación intentada carece de la necesaria solidez y seriedad que un planteo de esta naturaleza amerita.-
IV. Por último, también debe desecharse el planteo de inconstitucionalidad aducido de manera subsidiaria respecto al artículo 17 del CPCyC.-
Ello, en razón de que la declaración de inconstitucionalidad no debe hacerse en términos generales, y debe probarse en el caso particular que la violación de la norma ocurre en el caso concreto.-
Este Tribunal Superior de Justicia, con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha indicado que: “…la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que se requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos: 256:602, 258:255, 316:188, 316:1717, 316:2624, 321:441, 321:1888, 322:842, 322:919, 324:920, 325:1922 y 330:5345, entre muchos otros)…” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 644, Folio 3716/3720).- Así las cosas, del análisis de los argumentos introducidos por la recusante no se advierte la existencia de un gravamen de orden constitucional o convencional con virtualidad suficiente para desplazar en el caso concreto la regla legal impugnada, siendo negado además enfáticamente por el Sr. Vocal.-
Finalmente, es aplicable al sub lite en cuanto a la extensa enumeración de normas que se dicen violadas, lo ya dicho por este Alto Cuerpo que: “…No se observa más que la enumeración de prerrogativas supuestamente lesionadas, lo que no basta para abrir la vía extraordinaria…Que, sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la sola mención de preceptos no basta para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros), correspondiendo, por todo ello, desestimar tal pretenso agravio.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3042, Folio 4927/4930).- Que, por todo lo expuesto, y ante la falta de fundamentación de la presentación realizada, corresponde rechazar la recusación con causa formulada y el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo 17 del CPCyC.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar la recusación con causa formulada por la Secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales "3 de Julio", con respecto al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. Fernando Miguel Basanta.-
2. Rechazar el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo 17 del CPCyC.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1028I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3757 Folio N : 6757/6760 Secretaría: 1
Fin de la sentencia