Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2285/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracta la cuestión objeto de la demanda, materia del recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 179/194 vta..-
2Hacer lugar parcialmente al recurso de casación, únicamente en lo referido a la aplicación de las astreintes, dejando sin efecto las mismas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2285/18-TSJ Sentencia Nº: 738 Actor: ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ‘3 DE JULIO’ Demandada: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: AMPARO-MANDAMUS Fecha: 23/08/23 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 738 FOLIO Nº 4471/4475 PROT. ELECT. TSS1 013 S.231
Río Gallegos, 23 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ‘3 DE JULIO’ c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO-MANDAMUS”, Expte. Nº A-18.169/17 (A-2285/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación que interpusiera el Estado Provincial a fs. 179/194 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 160/169 vta., la cual confirma el fallo de Primera Instancia a fs. 36/44 vta., que hace lugar a la acción incoada por la actora.-
II. Que la sentencia de Primera Instancia acoge la pretensión “amparo-mandamus” ordenando al Poder Ejecutivo Provincial que en forma inmediata dé cumplimiento con la manda que dispone el artículo 18 de la Ley Nº 3526 y, en su consecuencia, transfiera al Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, los fondos necesarios para abonar los salarios del mes de mayo de 2017 de los empleados judiciales, con más los que corresponden a aportes a la Caja de Previsión Social, Caja de Servicios Sociales y Seguro Obligatorio. Todo ello bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, de aplicar una sanción pecuniaria (astreintes), diaria, acumulativa por cada día de demora en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000), conforme las facultades conferidas por el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. foja 44 vta.).- La Excma. Cámara de Apelaciones confirma la sentencia recurrida e impone las costas de Segunda Instancia a la demandada en su condición de vencida (cfr. foja 169 vta.).-
La accionada sustenta su planteo casatorio en los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto N° 2228/15-. Señala al respecto: “Se fundamenta el presente recurso de casación, en lo dispuesto por el artículo (sic) 2º y 3º, inciso a) de la normativa mencionada, por considerar que la resolución contra la cual interponemos el presente recurso, ha quebrantado las formas impuestas por la ley para obtener un pronunciamiento válido y ha efectuado una errónea aplicación de la ley, como asimismo en la sustanciación de las actuaciones se han violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento, en claro desmedro de las garantías del debido proceso y afectando al Estado de la Provincia de Santa Cruz.” (cfr. foja 179 vta.).- Al enumerar los agravios casatorios, la parte recurrente indica:
a) Abuso del proceso en relación a la fijación de astreintes sin que la sentencia se encuentre firme, provocando con dicha medida un perjuicio económico que no corresponde propiciar ni avalar (cfr. foja 185 vta.).-
b) Quebrantamiento de forma por omisión del tratamiento de cuestiones esenciales para la justa resolución del caso. Refiere bajo este acápite, que no fueron atendidos sus agravios referidos a la improcedencia de la acción (mandamus) para el tipo de reclamo realizado en autos. Seguidamente indica los planteos que, a su entender, no fueron debidamente atendidos en Cámara: que no se acreditó la lesión grave contra un derecho constitucional que requiera una urgente reparación. Expresa, además, que el mandamus no procede para el reclamo de derechos patrimoniales; a lo cual agrega dos condiciones que -dice- no se configuran como para justificar el mandamus: que no ha existido una negativa arbitraria de un funcionario y por otro lado la imposibilidad de cumplimiento de la manda judicial. Y, por último, destaca la falta de intervención del poder judicial, en su calidad de empleador (cfr. fs. 186/187).- c) Indebido tratamiento del agravio vinculado con el pedido de que se declare abstracto el pronunciamiento de la Alzada, señalando que cuando la Cámara dictó sentencia ya se había abonado la mensualidad en cuestión (cfr. foja 187 vta.).-
d) Irregular constitución del Tribunal, en referencia a que el fallo ha sido dictado por una Secretaria de Cámara actuando como Juez y que ello viola la garantía del juez natural, citando, en su ayuda, los fallos Rosza y Uriarte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. fs. 189/190 vta.).-
e) Errónea aplicación de la ley, pues contraviniendo -dice- la previsión contenida en la Ley de Amparo Nº 1117, se dio curso a una acción que implica una afectación al desenvolvimiento normal de la Provincia, dado que se ha dispuesto una transferencia de fondos sin tener en cuenta la situación presupuestaria provincial. A lo cual agrega que el Poder Judicial se ha inmiscuido en cuestiones privativas del Poder Ejecutivo en lo que hace a la distribución de los recursos (cfr. foja 193).-
III. Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 199/200 vta., este Alto Cuerpo lo declara bien concedido (cfr. PE109601-2021), poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, facultad de la que hace uso la demandada en PE123639-2021.- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los representantes del Estado Provincial, por los motivos que allí esgrime y a los cuales remitimos en honor a la brevedad (cfr. PE146198-2021).-
En PE118450-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE649082-2022 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Liminarmente se advierte una situación medular para la suerte de este recurso. Tal aspecto ya había sido advertido por la Cámara al señalar: “Si bien esta obligación se encuentra parcialmente cumplida (respecto de los haberes líquidos del mes de mayo de 2017), no corresponde que se declare abstracto el planteo bajo examen, toda vez que resta cumplir con la obligación legal de aportar los seguros del I.S.P.R.O., los aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social y Caja de Servicios Sociales.” (cfr. foja 167).- A esta altura, la situación fáctica que dio origen al inicio de esta acción ha dejado de existir, ya que, no sólo se han percibido los salarios del mes reclamado, sino que también se ha cumplido con los demás pagos que (tal como se indica en el párrafo precedentemente transcripto) faltaban -según los Jueces de Cámara- al momento de dictarse la sentencia de Segunda Instancia.
Esta circunstancia impide adentrarnos en el análisis de los planteos de la recurrente.- En efecto, es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, ante la extinción de las circunstancias fácticas que motivaron la demanda: “…cuando media el ‘ius superviniens’ (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis) por cuanto razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada. Tal es precisamente el sentido del art. 164, inc. 6to. párrafo 2do. de la ley adjetiva, cuando faculta al juez a considerar en oportunidad del dictado de la sentencia los aludidos hechos sobrevinientes que -sin variar las pretensiones deducidas- han consolidado o extinguido el derecho aplicable […] no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446; ídem: Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577).- En igual sentido la jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la Nación ha expresado: “…es doctrina reiterada de esta Corte que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias existentes cuando ellas se dictan, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso deducido…” (Fallos 315:2074); y, a raíz de ello, que: “…el planteo introducido en el recurso extraordinario carece de objeto actual en la medida en que ha desaparecido el presupuesto que dio lugar a la reclamación cautelar...Que la conclusión antedicha obsta a la consideración sobre la sustancia de la cuestión que, como de naturaleza federal, se invoca en el recurso extraordinario, en la medida en que a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual...” (cfr.
“Pinedo Federico - Inc. Med. (8-I-10) y otros c/ EN - dto. 2010/09”, del 03/03/2010, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/317/2010).- En el sub lite, el fin perseguido por la actora fue el pago de los salarios del mes de mayo de 2017 del personal del Poder Judicial, con más todos los aportes y pagos de cuotas alimentarias y por créditos, reclamo que a la fecha ha sido satisfecho por la obligada al pago: la propia recurrente. Han perdido, así, actualidad los agravios esgrimidos.-
Se ha dicho que: “Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir al tiempo de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta...La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577).- En definitiva, la casación intentada no puede ser atendida, porque hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia impugnada, emanados de la propia recurrente, han tornado abstracta la cuestión sometida a decisión, impidiendo a este Tribunal Superior de Justicia expedirse al respecto, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto actual.-
V. En relación a las astreintes, es preciso aclarar que el artículo 37 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, las define como sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan el mandato del juez y que pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.-
Por su parte, el Código Civil y Comercial en su artículo 804 dispone: “Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.”.- Como se deduce de las disposiciones legales, el carácter esencial de las astreintes consiste en la ausencia de los principios de cosa juzgada y preclusión procesal.-
En efecto, la doctrina judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado su criterio cuando juzgó que: “Uno de los caracteres esenciales de las astreintes consiste en su provisionalidad y la ausencia de cosa juzgada respecto de la resolución que las impuso.” (cfr. Sum. Fallos 326:4909; 331:933). En función de ello, “...las astreintes...no se ven afectadas por el principio de la cosa juzgada y mucho menos por el de la preclusión procesal; pudiendo ser objeto de revisión, respecto de su reajuste o cese por el ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le fuera impuesta al obligado.” (Fallos 326:3081; 320:61).- Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…las astreintes...no hacen cosa juzgada y pueden ser impuestas o levantadas en cualquier etapa del proceso...Las astreintes presentan dos caracteres relevantes: su discrecionalidad -porque los jueces pueden imponerlas, acrecentarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto según su arbitrio-; y su provisionalidad porque no pasan en autoridad de cosa juzgada...” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 431, Folio 2353/2357).- En definitiva, y como se desarrolla infra, se encuentra en poder del juez el reajuste o cese de las astreintes, siendo por lo tanto irrelevante que las mismas sean apeladas o no.-
Efectivamente, será el juez en cualquier estado del proceso, y no las partes, y considerando las circunstancias del caso, el que decidirá si las astreintes deben mantenerse, reducirse o dejadas sin efecto.-
VI. Expresado ello, debe recalcarse que las astreintes “...son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces pueden aplicar a quien no cumple con una obligación que le fuera impuesta en una resolución judicial, estando en condiciones de cumplirla, perdurando la vigencia de la conminación mientras no cese el incumplimiento, pudiendo aumentarse o disminuirse la misma, si no resultare eficaz y pudiendo también ser dejada sin efecto, si el incumplidor justificare su actitud. El derecho francés hace centurias implementó este procedimiento para operar sobre la psiquis del deudor, imponiéndole una multa diaria que se va sumando, hasta que realice la prestación a su cargo. Para el maestro Josserand las astreintes funcionan como vueltas de tuerca o de tornillo, porque son mecanismos graduales y progresivos para vencer la reticencia del deudor.” (cfr. López Meza, Marcelo J. -Director-, Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con leyes”, 1 ed., CABA, La Ley 2014, Tomo I, pág. 421).- Debemos preguntarnos entonces si el demandado incumplió la manda judicial como así también si no estaba en condiciones de cumplirla; y si lo estaba, no quiso hacerlo.-
En los presentes actuados, el Estado Provincial cumplió inicialmente con la orden judicial de forma parcial, para posteriormente hacerlo en su totalidad.-
Considerando ello, se impone un breve repaso de la situación económica y social que atravesó esta provincia en el año 2017. Y ello, pues es de público y notorio la conflictividad que se produjo en diversas áreas.-
Los conflictos fueron numerosos y de gravedad; pudiéndose mencionar en particular el que por motivos salariales sucedió entre el Gobierno Provincial y el gremio docente, que llevó a la pérdida de 120 días de clases en ese año (cuando lo mínimo exigido por ley son 180 días).-
Entonces, considerando que una situación como la analizada en los presentes no ha vuelto a ocurrir -es decir, fue producto de una situación excepcional-, debe analizarse cuidadosamente si la demandada pudo o no cumplir con el pago del salario reclamado en tiempo y forma. Y más importante aún: si tuvo la intención de hacerlo.-
Como reiteradamente lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las astreintes son un medio para actuar “...como presión psicológica sobre el deudor, pues sólo se concretan en una pena cuando se desatiende injustificadamente el mandato judicial...” (cfr. Sum. Fallos 331:933 y 327:1256).-
Este es, en definitiva, el fundamento de la existencia de las astreintes: presionar al deudor para vencer su reticencia al cumplimiento de la resolución.-
En este caso, ¿hubo reticencia? Se entiende que la respuesta resulta negativa, pues las acciones de la demandada se muestran proactivas en la intención de cumplir con el pago de los sueldos. En definitiva esto es lo que sucedió.
Como se expresa supra, la cuestión sometida a decisión ha quedado abstracta por los hechos de la propia demandada. Y estos hechos, no son otros que el cumplimiento de sus obligaciones, y por lo tanto de la manda judicial.-
VII. En cuanto al monto de las astreintes y su reajuste o cese, se ha expresado recientemente que: “...las astreintes o condenaciones pecuniarias (reguladas actualmente en el art. 804, Cód. Civ. y Comercial) son una imposición judicial: no son ni una pena civil, ni una indemnización por daños, sino una herramienta judicial para remover conductas obstinadamente reticentes al cumplimiento de un mandato judicial; de tal modo, no gozan por su mero devengamiento de la condición de cosa juzgada, ni se incorporan al patrimonio del acreedor mecánicamente: resultan provisorias y sujetas a revisión en relación a la justificación o no de la demora en el cumplimiento de la sentencia judicial (cfr. esta Sala, causa 1093/93 del 03/11/1998; Sala II, causa 4089/98 del 27/08/1998; Sala I, causa 2571/93 del 29/06/1999, entre muchas otras). Es decir, que se trata (sic) una medida de coerción patrimonial que tiene su fundamento en el imperium que caracteriza a la jurisdicción, a fin de que se cumplan en tiempo y forma sus mandatos.” (CNac. Apel. Civ. y Com., Sala III, “M., D. A. c/ Galeno Argentina S.A. s/ Amparo de salud”, del 22/12/2020, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/67434/2020).- Se resalta este concepto: “...resultan provisorias y sujetas a revisión en relación a la justificación o no de la demora...” (cfr. fallo cit.).-
En el mismo sentido se ha resuelto que: “...uno de los caracteres que revisten las astreintes es su provisionalidad, una vez vencida la resistencia del deudor recalcitrante, los jueces pueden disminuirla o dejarla sin efecto, lo que también ocurre si, como en la especie, el incumplidor justifica total o parcialmente ese proceder (cfr. doctrina derogado art. 666 bis, Cód. Civil; actual 804, Cód. Civ. y Comercial y art. 37, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). En consecuencia, pueden ser revisadas, reajustadas o suprimidas si no subsisten las razones que dieron lugar a su aplicación (confr. esta Sala, causa 7489/07 del 29/08/2011; Sala II, causa 2608/09 del 17/12/2010; arts. 666 bis del Cód. Civil, 804 Cód. Civ. y Comercial y 37 del Cód. Procesal).” (cfr. fallo cit.).- Asimismo, resulta de importancia destacar, que la accionante no adujo que la falta en la que incurriera el Estado Provincial le hubiese aparejado algún perjuicio.-
Evaluando, entonces, que el cumplimiento de la resolución judicial por parte de la demandada (parcial en principio, mas luego íntegra); las condiciones en las cuales se encontraba esta provincia al momento de los hechos expuestos en los presentes actuados, y la ausencia de reticencia del Estado Provincial al pago, es que se considera que las astreintes pueden y deben ser dejadas sin efecto.-
Ello conforme, la facultad que otorga el artículo 37 del CPCyC.-
VIII. En definitiva, “Será la prudencia del juez frente al deber que tiene de hacer cumplir sus resoluciones, lo que permitirá no incurrir en situaciones irrazonables, con lesión a la administración de justicia. La provisionalidad de las astreintes, permitirá su revisión por parte del mismo órgano que las impuso o por parte de las instancias superiores, a través de los mecanismos recursivos establecidos en la ley y sin que su concesión impida su aplicación ya que de lo contrario se desnaturalizaría su objeto, obtener el cumplimiento de la resolución. Pero será seguramente el acatamiento a lo judicialmente dispuesto lo que autorizará el cese de las sanciones, porque las resoluciones judiciales se dictan para ser cumplidas, de eso se trata la justicia y la tutela judicial efectiva.” (cfr. María Grillo, Iride Isabel, “Las astreintes: el respeto a la justicia”, 2002, www.saij.jus.gov.ar. Cita Online: Id SAIJ: DACF020017).- Como se ha determinado, el Estado Provincial cumplió con el pago de los sueldos, por lo cual la cuestión ha quedado abstracta. En estas circunstancias, si el obligado cumplió -si bien de forma tardía- con la intimación; mantener las astreintes inmutables importaría darle una función que excedería su finalidad (Fallos 325:2701; 326:3081, entre otros). Y además de ello, se constituiría “...en fuente indebida de enriquecimiento del acreedor...” (Fallos 330:4216).- Para concluir, la demandada acató la sentencia judicial que se dictara, por lo cual corresponde dejar sin efecto las astreintes.-
IX. En cuanto a la condena en costas, cabe apuntar que la mera circunstancia de que una cuestión litigiosa se torne abstracta, no constituye razón suficiente para sostener que ello sea un obstáculo para imponer las costas, desde que resulta preciso examinar las causas que condujeron a ese desenlace y las circunstancias en que tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada una de las partes influyó para que la controversia finalizara de esa forma (cfr. C.Fed.Apel. de San Martín, sala I, “ Mancuso Antonio Fortunato c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ amparo ambiental”, del 31/07/2017, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/76637/2017).- Planteada así la cuestión, resulta pertinente destacar que nuestro ordenamiento jurídico procesal adhiere al principio general de la imposición de las costas por el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida haya podido actuar durante la sustanciación del pleito. En ese orden de ideas, las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino que importan tan sólo un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el reconocimiento de su derecho, de manera que es precisamente la actuación con derecho lo que da verdaderamente la dimensión de la objetividad en la materia que nos ocupa y, por consiguiente, no necesariamente es quien resulta vencido quien ha de soportarlas sino que ellas han de recaer sobre el litigante que haya dado motivo al accionante para demandar (cfr. C.Fed.Apel. La Plata, sala I, “M. A. c/ PAMI s/ amparo Ley 16.986”, del 12/07/2018, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/31245/2018).- En el sub lite, el hecho de que la parte actora debió promover el presente proceso judicial, y la actuación posterior de la accionada (luego de resultar vencida en las anteriores instancias) aviniéndose al reclamo, revelan que fue la conducta de esta última la que motivó la necesidad de iniciar la presente acción.-
Ha sido, pues, la actuación de la demandada quien ha colocado a la actora en la necesidad de litigar. A ello se suma que la pretensión de la amparista contaba con una medida cautelar a su favor, de modo que no puede enervar el posterior comportamiento de la accionada, la condena en costas decretada previamente en las instancias de grado. En igual sentido se ha expedido el Máximo Tribunal de la Nación (Fallos 333:244).-
X. En virtud de todo lo expuesto, corresponde declarar abstracta la cuestión objeto de la demanda, materia del recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 179/194 vta., haciendo lugar parcialmente al mismo, únicamente en lo referido a la aplicación de las astreintes, dejando sin efecto las mismas, imponiendo las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCyC), difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente por la parte actora, hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar abstracta la cuestión objeto de la demanda, materia del recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 179/194 vta..-
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación, únicamente en lo referido a la aplicación de las astreintes, dejando sin efecto las mismas.-
4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto la profesional interviniente por la parte actora dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1013S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 738 Folio N°: 4471/4475 Secretaría: 1 Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2285/18-TSJ Sentencia Nº: 738 Actor: ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ‘3 DE JULIO’ Demandada: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: AMPARO-MANDAMUS Fecha: 23/08/23 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 738 FOLIO Nº 4471/4475 PROT. ELECT. TSS1 013 S.231
Río Gallegos, 23 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ‘3 DE JULIO’ c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO-MANDAMUS”, Expte. Nº A-18.169/17 (A-2285/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación que interpusiera el Estado Provincial a fs. 179/194 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 160/169 vta., la cual confirma el fallo de Primera Instancia a fs. 36/44 vta., que hace lugar a la acción incoada por la actora.-
II. Que la sentencia de Primera Instancia acoge la pretensión “amparo-mandamus” ordenando al Poder Ejecutivo Provincial que en forma inmediata dé cumplimiento con la manda que dispone el artículo 18 de la Ley Nº 3526 y, en su consecuencia, transfiera al Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, los fondos necesarios para abonar los salarios del mes de mayo de 2017 de los empleados judiciales, con más los que corresponden a aportes a la Caja de Previsión Social, Caja de Servicios Sociales y Seguro Obligatorio. Todo ello bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, de aplicar una sanción pecuniaria (astreintes), diaria, acumulativa por cada día de demora en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000), conforme las facultades conferidas por el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. foja 44 vta.).- La Excma. Cámara de Apelaciones confirma la sentencia recurrida e impone las costas de Segunda Instancia a la demandada en su condición de vencida (cfr. foja 169 vta.).-
La accionada sustenta su planteo casatorio en los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto N° 2228/15-. Señala al respecto: “Se fundamenta el presente recurso de casación, en lo dispuesto por el artículo (sic) 2º y 3º, inciso a) de la normativa mencionada, por considerar que la resolución contra la cual interponemos el presente recurso, ha quebrantado las formas impuestas por la ley para obtener un pronunciamiento válido y ha efectuado una errónea aplicación de la ley, como asimismo en la sustanciación de las actuaciones se han violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento, en claro desmedro de las garantías del debido proceso y afectando al Estado de la Provincia de Santa Cruz.” (cfr. foja 179 vta.).- Al enumerar los agravios casatorios, la parte recurrente indica:
a) Abuso del proceso en relación a la fijación de astreintes sin que la sentencia se encuentre firme, provocando con dicha medida un perjuicio económico que no corresponde propiciar ni avalar (cfr. foja 185 vta.).-
b) Quebrantamiento de forma por omisión del tratamiento de cuestiones esenciales para la justa resolución del caso. Refiere bajo este acápite, que no fueron atendidos sus agravios referidos a la improcedencia de la acción (mandamus) para el tipo de reclamo realizado en autos. Seguidamente indica los planteos que, a su entender, no fueron debidamente atendidos en Cámara: que no se acreditó la lesión grave contra un derecho constitucional que requiera una urgente reparación. Expresa, además, que el mandamus no procede para el reclamo de derechos patrimoniales; a lo cual agrega dos condiciones que -dice- no se configuran como para justificar el mandamus: que no ha existido una negativa arbitraria de un funcionario y por otro lado la imposibilidad de cumplimiento de la manda judicial. Y, por último, destaca la falta de intervención del poder judicial, en su calidad de empleador (cfr. fs. 186/187).- c) Indebido tratamiento del agravio vinculado con el pedido de que se declare abstracto el pronunciamiento de la Alzada, señalando que cuando la Cámara dictó sentencia ya se había abonado la mensualidad en cuestión (cfr. foja 187 vta.).-
d) Irregular constitución del Tribunal, en referencia a que el fallo ha sido dictado por una Secretaria de Cámara actuando como Juez y que ello viola la garantía del juez natural, citando, en su ayuda, los fallos Rosza y Uriarte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. fs. 189/190 vta.).-
e) Errónea aplicación de la ley, pues contraviniendo -dice- la previsión contenida en la Ley de Amparo Nº 1117, se dio curso a una acción que implica una afectación al desenvolvimiento normal de la Provincia, dado que se ha dispuesto una transferencia de fondos sin tener en cuenta la situación presupuestaria provincial. A lo cual agrega que el Poder Judicial se ha inmiscuido en cuestiones privativas del Poder Ejecutivo en lo que hace a la distribución de los recursos (cfr. foja 193).-
III. Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 199/200 vta., este Alto Cuerpo lo declara bien concedido (cfr. PE109601-2021), poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, facultad de la que hace uso la demandada en PE123639-2021.- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los representantes del Estado Provincial, por los motivos que allí esgrime y a los cuales remitimos en honor a la brevedad (cfr. PE146198-2021).-
En PE118450-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE649082-2022 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Liminarmente se advierte una situación medular para la suerte de este recurso. Tal aspecto ya había sido advertido por la Cámara al señalar: “Si bien esta obligación se encuentra parcialmente cumplida (respecto de los haberes líquidos del mes de mayo de 2017), no corresponde que se declare abstracto el planteo bajo examen, toda vez que resta cumplir con la obligación legal de aportar los seguros del I.S.P.R.O., los aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social y Caja de Servicios Sociales.” (cfr. foja 167).- A esta altura, la situación fáctica que dio origen al inicio de esta acción ha dejado de existir, ya que, no sólo se han percibido los salarios del mes reclamado, sino que también se ha cumplido con los demás pagos que (tal como se indica en el párrafo precedentemente transcripto) faltaban -según los Jueces de Cámara- al momento de dictarse la sentencia de Segunda Instancia.
Esta circunstancia impide adentrarnos en el análisis de los planteos de la recurrente.- En efecto, es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, ante la extinción de las circunstancias fácticas que motivaron la demanda: “…cuando media el ‘ius superviniens’ (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis) por cuanto razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada. Tal es precisamente el sentido del art. 164, inc. 6to. párrafo 2do. de la ley adjetiva, cuando faculta al juez a considerar en oportunidad del dictado de la sentencia los aludidos hechos sobrevinientes que -sin variar las pretensiones deducidas- han consolidado o extinguido el derecho aplicable […] no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446; ídem: Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577).- En igual sentido la jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la Nación ha expresado: “…es doctrina reiterada de esta Corte que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias existentes cuando ellas se dictan, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso deducido…” (Fallos 315:2074); y, a raíz de ello, que: “…el planteo introducido en el recurso extraordinario carece de objeto actual en la medida en que ha desaparecido el presupuesto que dio lugar a la reclamación cautelar...Que la conclusión antedicha obsta a la consideración sobre la sustancia de la cuestión que, como de naturaleza federal, se invoca en el recurso extraordinario, en la medida en que a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual...” (cfr.
“Pinedo Federico - Inc. Med. (8-I-10) y otros c/ EN - dto. 2010/09”, del 03/03/2010, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/317/2010).- En el sub lite, el fin perseguido por la actora fue el pago de los salarios del mes de mayo de 2017 del personal del Poder Judicial, con más todos los aportes y pagos de cuotas alimentarias y por créditos, reclamo que a la fecha ha sido satisfecho por la obligada al pago: la propia recurrente. Han perdido, así, actualidad los agravios esgrimidos.-
Se ha dicho que: “Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir al tiempo de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta...La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577).- En definitiva, la casación intentada no puede ser atendida, porque hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia impugnada, emanados de la propia recurrente, han tornado abstracta la cuestión sometida a decisión, impidiendo a este Tribunal Superior de Justicia expedirse al respecto, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto actual.-
V. En relación a las astreintes, es preciso aclarar que el artículo 37 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, las define como sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan el mandato del juez y que pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.-
Por su parte, el Código Civil y Comercial en su artículo 804 dispone: “Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.”.- Como se deduce de las disposiciones legales, el carácter esencial de las astreintes consiste en la ausencia de los principios de cosa juzgada y preclusión procesal.-
En efecto, la doctrina judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado su criterio cuando juzgó que: “Uno de los caracteres esenciales de las astreintes consiste en su provisionalidad y la ausencia de cosa juzgada respecto de la resolución que las impuso.” (cfr. Sum. Fallos 326:4909; 331:933). En función de ello, “...las astreintes...no se ven afectadas por el principio de la cosa juzgada y mucho menos por el de la preclusión procesal; pudiendo ser objeto de revisión, respecto de su reajuste o cese por el ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le fuera impuesta al obligado.” (Fallos 326:3081; 320:61).- Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…las astreintes...no hacen cosa juzgada y pueden ser impuestas o levantadas en cualquier etapa del proceso...Las astreintes presentan dos caracteres relevantes: su discrecionalidad -porque los jueces pueden imponerlas, acrecentarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto según su arbitrio-; y su provisionalidad porque no pasan en autoridad de cosa juzgada...” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 431, Folio 2353/2357).- En definitiva, y como se desarrolla infra, se encuentra en poder del juez el reajuste o cese de las astreintes, siendo por lo tanto irrelevante que las mismas sean apeladas o no.-
Efectivamente, será el juez en cualquier estado del proceso, y no las partes, y considerando las circunstancias del caso, el que decidirá si las astreintes deben mantenerse, reducirse o dejadas sin efecto.-
VI. Expresado ello, debe recalcarse que las astreintes “...son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces pueden aplicar a quien no cumple con una obligación que le fuera impuesta en una resolución judicial, estando en condiciones de cumplirla, perdurando la vigencia de la conminación mientras no cese el incumplimiento, pudiendo aumentarse o disminuirse la misma, si no resultare eficaz y pudiendo también ser dejada sin efecto, si el incumplidor justificare su actitud. El derecho francés hace centurias implementó este procedimiento para operar sobre la psiquis del deudor, imponiéndole una multa diaria que se va sumando, hasta que realice la prestación a su cargo. Para el maestro Josserand las astreintes funcionan como vueltas de tuerca o de tornillo, porque son mecanismos graduales y progresivos para vencer la reticencia del deudor.” (cfr. López Meza, Marcelo J. -Director-, Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con leyes”, 1 ed., CABA, La Ley 2014, Tomo I, pág. 421).- Debemos preguntarnos entonces si el demandado incumplió la manda judicial como así también si no estaba en condiciones de cumplirla; y si lo estaba, no quiso hacerlo.-
En los presentes actuados, el Estado Provincial cumplió inicialmente con la orden judicial de forma parcial, para posteriormente hacerlo en su totalidad.-
Considerando ello, se impone un breve repaso de la situación económica y social que atravesó esta provincia en el año 2017. Y ello, pues es de público y notorio la conflictividad que se produjo en diversas áreas.-
Los conflictos fueron numerosos y de gravedad; pudiéndose mencionar en particular el que por motivos salariales sucedió entre el Gobierno Provincial y el gremio docente, que llevó a la pérdida de 120 días de clases en ese año (cuando lo mínimo exigido por ley son 180 días).-
Entonces, considerando que una situación como la analizada en los presentes no ha vuelto a ocurrir -es decir, fue producto de una situación excepcional-, debe analizarse cuidadosamente si la demandada pudo o no cumplir con el pago del salario reclamado en tiempo y forma. Y más importante aún: si tuvo la intención de hacerlo.-
Como reiteradamente lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las astreintes son un medio para actuar “...como presión psicológica sobre el deudor, pues sólo se concretan en una pena cuando se desatiende injustificadamente el mandato judicial...” (cfr. Sum. Fallos 331:933 y 327:1256).-
Este es, en definitiva, el fundamento de la existencia de las astreintes: presionar al deudor para vencer su reticencia al cumplimiento de la resolución.-
En este caso, ¿hubo reticencia? Se entiende que la respuesta resulta negativa, pues las acciones de la demandada se muestran proactivas en la intención de cumplir con el pago de los sueldos. En definitiva esto es lo que sucedió.
Como se expresa supra, la cuestión sometida a decisión ha quedado abstracta por los hechos de la propia demandada. Y estos hechos, no son otros que el cumplimiento de sus obligaciones, y por lo tanto de la manda judicial.-
VII. En cuanto al monto de las astreintes y su reajuste o cese, se ha expresado recientemente que: “...las astreintes o condenaciones pecuniarias (reguladas actualmente en el art. 804, Cód. Civ. y Comercial) son una imposición judicial: no son ni una pena civil, ni una indemnización por daños, sino una herramienta judicial para remover conductas obstinadamente reticentes al cumplimiento de un mandato judicial; de tal modo, no gozan por su mero devengamiento de la condición de cosa juzgada, ni se incorporan al patrimonio del acreedor mecánicamente: resultan provisorias y sujetas a revisión en relación a la justificación o no de la demora en el cumplimiento de la sentencia judicial (cfr. esta Sala, causa 1093/93 del 03/11/1998; Sala II, causa 4089/98 del 27/08/1998; Sala I, causa 2571/93 del 29/06/1999, entre muchas otras). Es decir, que se trata (sic) una medida de coerción patrimonial que tiene su fundamento en el imperium que caracteriza a la jurisdicción, a fin de que se cumplan en tiempo y forma sus mandatos.” (CNac. Apel. Civ. y Com., Sala III, “M., D. A. c/ Galeno Argentina S.A. s/ Amparo de salud”, del 22/12/2020, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/67434/2020).- Se resalta este concepto: “...resultan provisorias y sujetas a revisión en relación a la justificación o no de la demora...” (cfr. fallo cit.).-
En el mismo sentido se ha resuelto que: “...uno de los caracteres que revisten las astreintes es su provisionalidad, una vez vencida la resistencia del deudor recalcitrante, los jueces pueden disminuirla o dejarla sin efecto, lo que también ocurre si, como en la especie, el incumplidor justifica total o parcialmente ese proceder (cfr. doctrina derogado art. 666 bis, Cód. Civil; actual 804, Cód. Civ. y Comercial y art. 37, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). En consecuencia, pueden ser revisadas, reajustadas o suprimidas si no subsisten las razones que dieron lugar a su aplicación (confr. esta Sala, causa 7489/07 del 29/08/2011; Sala II, causa 2608/09 del 17/12/2010; arts. 666 bis del Cód. Civil, 804 Cód. Civ. y Comercial y 37 del Cód. Procesal).” (cfr. fallo cit.).- Asimismo, resulta de importancia destacar, que la accionante no adujo que la falta en la que incurriera el Estado Provincial le hubiese aparejado algún perjuicio.-
Evaluando, entonces, que el cumplimiento de la resolución judicial por parte de la demandada (parcial en principio, mas luego íntegra); las condiciones en las cuales se encontraba esta provincia al momento de los hechos expuestos en los presentes actuados, y la ausencia de reticencia del Estado Provincial al pago, es que se considera que las astreintes pueden y deben ser dejadas sin efecto.-
Ello conforme, la facultad que otorga el artículo 37 del CPCyC.-
VIII. En definitiva, “Será la prudencia del juez frente al deber que tiene de hacer cumplir sus resoluciones, lo que permitirá no incurrir en situaciones irrazonables, con lesión a la administración de justicia. La provisionalidad de las astreintes, permitirá su revisión por parte del mismo órgano que las impuso o por parte de las instancias superiores, a través de los mecanismos recursivos establecidos en la ley y sin que su concesión impida su aplicación ya que de lo contrario se desnaturalizaría su objeto, obtener el cumplimiento de la resolución. Pero será seguramente el acatamiento a lo judicialmente dispuesto lo que autorizará el cese de las sanciones, porque las resoluciones judiciales se dictan para ser cumplidas, de eso se trata la justicia y la tutela judicial efectiva.” (cfr. María Grillo, Iride Isabel, “Las astreintes: el respeto a la justicia”, 2002, www.saij.jus.gov.ar. Cita Online: Id SAIJ: DACF020017).- Como se ha determinado, el Estado Provincial cumplió con el pago de los sueldos, por lo cual la cuestión ha quedado abstracta. En estas circunstancias, si el obligado cumplió -si bien de forma tardía- con la intimación; mantener las astreintes inmutables importaría darle una función que excedería su finalidad (Fallos 325:2701; 326:3081, entre otros). Y además de ello, se constituiría “...en fuente indebida de enriquecimiento del acreedor...” (Fallos 330:4216).- Para concluir, la demandada acató la sentencia judicial que se dictara, por lo cual corresponde dejar sin efecto las astreintes.-
IX. En cuanto a la condena en costas, cabe apuntar que la mera circunstancia de que una cuestión litigiosa se torne abstracta, no constituye razón suficiente para sostener que ello sea un obstáculo para imponer las costas, desde que resulta preciso examinar las causas que condujeron a ese desenlace y las circunstancias en que tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada una de las partes influyó para que la controversia finalizara de esa forma (cfr. C.Fed.Apel. de San Martín, sala I, “ Mancuso Antonio Fortunato c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ amparo ambiental”, del 31/07/2017, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/76637/2017).- Planteada así la cuestión, resulta pertinente destacar que nuestro ordenamiento jurídico procesal adhiere al principio general de la imposición de las costas por el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida haya podido actuar durante la sustanciación del pleito. En ese orden de ideas, las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino que importan tan sólo un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el reconocimiento de su derecho, de manera que es precisamente la actuación con derecho lo que da verdaderamente la dimensión de la objetividad en la materia que nos ocupa y, por consiguiente, no necesariamente es quien resulta vencido quien ha de soportarlas sino que ellas han de recaer sobre el litigante que haya dado motivo al accionante para demandar (cfr. C.Fed.Apel. La Plata, sala I, “M. A. c/ PAMI s/ amparo Ley 16.986”, del 12/07/2018, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/31245/2018).- En el sub lite, el hecho de que la parte actora debió promover el presente proceso judicial, y la actuación posterior de la accionada (luego de resultar vencida en las anteriores instancias) aviniéndose al reclamo, revelan que fue la conducta de esta última la que motivó la necesidad de iniciar la presente acción.-
Ha sido, pues, la actuación de la demandada quien ha colocado a la actora en la necesidad de litigar. A ello se suma que la pretensión de la amparista contaba con una medida cautelar a su favor, de modo que no puede enervar el posterior comportamiento de la accionada, la condena en costas decretada previamente en las instancias de grado. En igual sentido se ha expedido el Máximo Tribunal de la Nación (Fallos 333:244).-
X. En virtud de todo lo expuesto, corresponde declarar abstracta la cuestión objeto de la demanda, materia del recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 179/194 vta., haciendo lugar parcialmente al mismo, únicamente en lo referido a la aplicación de las astreintes, dejando sin efecto las mismas, imponiendo las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCyC), difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente por la parte actora, hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar abstracta la cuestión objeto de la demanda, materia del recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 179/194 vta..-
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación, únicamente en lo referido a la aplicación de las astreintes, dejando sin efecto las mismas.-
4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto la profesional interviniente por la parte actora dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1013S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 738 Folio N°: 4471/4475 Secretaría: 1
Fin de la sentencia