Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-917/25-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar in limine las recusaciones con causa interpuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en el apartado VI de la PE2032944-2025 respecto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Dr. Fernando Miguel Basanta
2Hacer lugar a la recusación con causa formulada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de julio” en PE2025837-2025 respecto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
3Rechazar los planteos esgrimidos por el Poder Ejecutivo Provincial en los apartados IV y VII de la PE2032944-2025.-
4Rechazar la recusación sin causa planteada por el Poder Ejecutivo Provincial en el apartado V de la PE2032944-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-917/25-IMC-TSJ Sentencia N°: 1193 Actor: ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ “3 DE JULIO”
Demandado: PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 08/10/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1193 FOLIO Nº 3967/3973 PROT. ELECT. TSS1 050 C.251
Río Gallegos, 8 de octubre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ "3 DE JULIO" C/ PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº A-917/25-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en los autos principales, el señor Juan Franco Mascheroni, en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de julio” promueve acción de inconstitucionalidad tendiente a que se declare la invalidez de la Ley N° 3949 y la nulidad absoluta del Decreto N° 0768/25, de las Notas GOB N° 025/25, 026/25, 027/25 y 028/25, así como de todos los actos dictados en su consecuencia. Asimismo, solicita como medida cautelar la suspensión de los efectos de la referida ley y de los actos derivados, en especial los relativos a la sesión secreta del 25 de septiembre de 2025 en la que la Honorable Cámara de Diputados habría designado nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, requiriendo que se ordene la suspensión inmediata de toda actuación conducente a su incorporación hasta tanto se dicte sentencia definitiva (cfr. PE2025837-2025).- En PE2025837-2025, la actora recusa con causa al Dr. Daniel Mauricio Mariani, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con fundamento en los incisos 2 y 7 del artículo 17 del CPCyC. La recusación se sustenta en el hecho de que, el 26 de septiembre de 2025, el magistrado dispuso y ejecutó unilateralmente la ceremonia de juramento de los Dres. Acevedo y González Nora como nuevos vocales del Tribunal, sin someter previamente dicho acto institucional a la consideración del pleno de vocales.- Con posterioridad, por Presidencia de este Alto Cuerpo se ordenó formar incidente de medida cautelar con las piezas pertinentes de los autos principales y de los autos agregados por cuerda caratulados: "Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y Otro s/ Medida Cautelar", Expte. Nº 31.843/25 (cfr. PE1208889-2025).-
En PE2032944-2025 de este incidente se presenta el Dr. Emilio José Monzón, en representación del Poder Ejecutivo Provincial.-
Plantea, en primer término, que los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora han prestado juramento y se encuentran en pleno ejercicio de sus funciones, por lo que el Tribunal Superior de Justicia cuenta actualmente con siete vocales en funciones. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la integración anterior del Tribunal con la Defensora General dispuesta en PE1207063-2025 de los autos principales.-
Subsidiariamente, recusa sin expresión de causa a la Dra. Romina Vanessa Saúl, y con causa a los Dres. Alicia Mercau, Fernando Basanta, Paula Ludueña Campos y Reneé Fernández, invocando las causales de los incisos 2, 5, 6, 7 y 10, según corresponda, del artículo 17 del CPCyC. Fundamenta las recusaciones en que dichos vocales habrían prejuzgado al suscribir las Resoluciones asentadas al Tomo CCXXXVII, Reg. 103, Folio 193/194 y Tomo CCXXXVII, Reg. 105, Folio 197/198.-
Alega además que la Dra. Fernández habría agravado su prejuzgamiento al manifestar públicamente su posición en redes sociales, y que la Dra. Ludueña se encuentra alcanzada por causales adicionales derivadas de una denuncia de juicio político presentada en su contra en 2024.-
Sostiene que, conforme a la Ley N° 3949 —que amplió a nueve el número de vocales del Tribunal Superior—, toda decisión que no respete dicha integración o que se adopte sin la participación de los nuevos miembros designados carece de validez jurídica, al configurarse una composición irregular del órgano jurisdiccional. En esa inteligencia, advierte que cualquier resolución dictada por un Tribunal incompleto resultará nula de nulidad absoluta e insanable.-
Finalmente, reitera que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en el proceso legislativo de designación de jueces ni condicionar las decisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en resguardo del principio de división de poderes y de las prerrogativas reconocidas a los legisladores por el artículo 98 de la Constitución Provincial.-
En PE1211961-2025 pasan los presentes al Acuerdo.-
II. Por razones de orden metodológico y a fin de mantener una adecuada secuencia lógica en el tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde analizar en primer término las recusaciones deducidas por el Poder Ejecutivo Provincial en PE2032944-2025 respecto de las Dras. Alicia Mercau, Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos y del Dr. Fernando Basanta.-
En materia de recusación con causa, el sistema vigente se sustenta en la numeración taxativa de los motivos que la hacen procedente; debiéndose entender con un criterio restrictivo y requiriéndose una fundamentación seria y precisa por tratarse de un acto grave y trascendental (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos X, Reg. 1362, Folio 1892/1894, XVIII, Reg. 2377, Folio 3533/3534, XXX, Reg. 3488, Folio 5963/5965 y XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).-
De allí que este Alto Cuerpo deba examinar si el pedido de apartamiento ha sido deducido en forma y con causa legal, encontrándose habilitado para desecharlo sin darle curso, si no concurren tales requisitos (cfr. art. 21 del CPCyC, de aplicación al caso en virtud del art. 45 del CPCA, Ley N° 2600).-
En consonancia con ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido esta práctica desde tiempos remotos y de manera continua, sin interrupciones hasta el presente (v. Fallos: 19:118; 69:89; 182:557; 205:635; 346:486; 346:1448, entre muchos otros).-
Todo apartamiento de un magistrado exige un análisis donde prime la máxima prudencia. Bajo este entendimiento, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que el instituto de la recusación tiene por objetivo preservar la garantía de imparcialidad del juez. Sin embargo, este objetivo debe siempre observar los límites impuestos por el principio del juez natural, evitando que el uso inadecuado de la recusación distorsione dicho principio y provoque el desplazamiento arbitrario de jueces naturales (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127 y XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).- Este criterio cobra aún más relevancia cuando se trata de los jueces de los máximos tribunales provinciales. Como lo ha señalado el Superior Tribunal de Justicia de Chubut: “el apartamiento de los jueces de los Superiores Tribunales de Provincia debe analizarse con mayor detenimiento y circunspección que los de cualquier juez inferior, al constituir última ratio del proceso tramitado ante un Tribunal que ostenta la máxima jerarquía del Poder Judicial de la Provincia”, agregando -con cita de su par neuquino- que “[l]a índole especialísima, extraordinaria y trascendente que le compete al Tribunal Superior de Justicia en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, hace que deba analizarse la aplicación de los institutos procesales de la recusación y excusación con distinta perspectiva, teniendo en cuenta los principios constitucionales del juez natural y de la indelegabilidad de las funciones de los Poderes Públicos. Ha de diferenciarse la forma en que actúan dichos institutos según se trate de las magistraturas inferiores -susceptibles, en principio, de la subrogación por otro Juez de igual jerarquía- o del Tribunal Superior de Justicia, y aún, tratándose de éste último, según ejerza su competencia originaria y exclusiva (…) o la revisora de los fallos de los órganos inferiores…” (cfr. trib. cit., “Fiscalía de feria s/ Actuaciones”, Sentencia 83/2013 del 16-12-2013. Disponible en https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Eureka/Sentencias/VistaPublicable?anonimo=true&idDocumento=3324707BF68B2D223AFFE811B1D83C06).- En tal contexto, corresponde señalar que el Poder Ejecutivo Provincial funda la recusación ensayada en los términos de los incisos 2° y 7° del artículo 17 del CPCyC, esto es, interés en el pleito y prejuzgamiento.-
El interés en el pleito, hace presumir una predisposición favorable del juez hacia la parte. La participación del juez comprometido como estatuye el inciso 2° del artículo 17 del CPCyC lleva a la idea de los intereses creados, definidos como ventajas de que gozan varios individuos, y por efecto de las cuales se establece entre ellos alguna solidaridad circunstancial (cfr. Chiappini, Julio, “La recusación con causa (art. 17, CPCN)”, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1994, pág.30). Se refiere “…‘al interés, sociedad o comunidad que puede tener el juez o sus parientes dentro de los grados establecidos en el inciso anterior con relación al resultado del proceso…’” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3439, Folio 5813/5818).- El interés debe ser constatable, concreto, inmediato y actual (cfr. López Mesa, Marcelo J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado. Anotado”, 2ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2021, T. 1, pág. 105; Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil, Comercial y de Familia”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, T. 1, pág. 262). Y conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe tener apoyo en circunstancias objetivamente comprobables (Fallos 326:1403) y ser de carácter personal y económico o pecuniario (Fallos 326:4745, entre muchos otros).- Por otro lado, para que quede configurada la causal de prejuzgamiento, es menester que los magistrados hayan emitido opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, pero no comprende los supuestos de criterios que han sido sometidos a su juzgamiento. Siendo que los jueces no pueden rehusarse a juzgar, por lo cual las opiniones vertidas en la debida oportunidad procesal y sobre puntos sometidos a su decisión, no importan otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por la ley y, de ningún modo autoriza la recusación fundada en la aludida causal (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3439, Folio 5813/5818).- Bajo tales premisas, se advierte que el requerimiento puesto a consideración, aparece como genérico, excesivamente lato y rayano en la subjetividad.-
Cuadra destacar que la resolución del 26 de septiembre de 2025 (registrada al Tomo CCXXXVII, Reg. 103, Folio 193/194) no ratificó actos presidenciales dictados “ad referendum” vinculados a juramentos, con fundamento en que tales actos no son meramente formales y requieren control colegiado y respeto de mandas judiciales vigentes. De su lado, la decisión del 1 de octubre de 2025 (asentada al Tomo CCXXXVII, Reg. 105, Folio 197/198) declaró la nulidad de una resolución presidencial que pretendía “confirmar” lo no ratificado, precisando el alcance de la condición “ad referendum”.- Ambos pronunciamientos se inscriben en el ámbito de organización interna del Tribunal y no contienen una valoración sobre la validez de la ley, del decreto ni de la sesión legislativa en debate; tampoco evalúan la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora propios de la cautelar. Por ende, no anticipan respuesta alguna sobre la cuestión constitucional ni sobre la procedencia de la tutela urgente. Menos aún pueden ser leídos como expresión de parcialidad.-
En el presente caso, la pretensión deducida en el marco del incidente cautelar no guarda relación con la esfera personal de los magistrados recusados. El resultado del proceso no les genera utilidad, beneficio ni perjuicio alguno en términos individuales, ni se encuentra bajo examen un acto que los involucre directamente. La mera circunstancia de haber intervenido en decisiones vinculadas al gobierno judicial no transforma el cumplimiento de un deber institucional en un interés personal, pues ello forma parte de las competencias inherentes al cargo y del ejercicio regular de la función jurisdiccional. En consecuencia, no se configura la causal prevista en el inciso 2° del artículo 17 del CPCyC.- Tampoco se aprecia prejuzgamiento alguno. Tal como lo ha sostenido con anterioridad este Alto Cuerpo, “su actuación se ha ceñido estrictamente a los deberes legales impuestos, sin que pueda colegirse de manera alguna que haya habido un adelanto de opinión sobre el fondo de la litis, limitándose la actuación de los Sres. Vocales a la jurisdicción administrativa dentro de los límites de la cuestión sometida a su consideración” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3439, Folio N° 5813/5818).-
En análogo sentido, se ha dicho que: “La actuación de la Corte en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas importa juzgamiento y no prejuzgamiento” (Fallos: 314:415), y “No hay prejuzgamiento cuando el magistrado tiene el deber de emitir opinión sobre el punto del hecho litigioso, porque así lo exige la naturaleza de la cuestión a decidir, mientras se mantenga dentro de los términos adecuados. Las opiniones vertidas en la debida oportunidad procesal y sobre los puntos sometidos a la decisión de los jueces no importan otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por la ley y, de ningún modo autorizan la recusación fundada en la aludida causal” (cfr. sum. SCBA, “D’angelo, José s/ Concurso civil”, del 14-6-1988.
Cita Online: MP, 71224; “Martínez de Simonini, G. c/ Laborde, A. s/ Desalojo Recusación con causa”, del 7-9-1995. Cita Online MP 94905). Es así que se ha decidido reiteradamente que “El prejuzgamiento no puede fundarse en la intervención del tribunal en un procedimiento anterior, propio de sus funciones legales” (cfr. CSJN, “Lavao Vidal, Osvaldo Walter s/ nulidad”, del 28/09/1989. Cita Online: 4/19785), y que: “Para que provoque el apartamiento de los jueces que suscriben un pronunciamiento, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir” (cfr. Fallos 311:578).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que el ejercicio de la función administrativa no puede dar lugar a la recusación con causa en sede jurisdiccional, pues ambas áreas de actuación resultan ser de diferente naturaleza (cfr.
“Defensoría de Menores N° 4 c/ Molinari, Pedro Carlos”, del 1/4/2008; “Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI) c/ ACF S.R.L., del 18/11/2008, publicado en La Ley 2009-A, 259 y “Morgue Judicial”, del 18/8/1983. Publicado en: www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/310/1983).- En consecuencia, no se configura la causal de prejuzgamiento prevista en el inciso 7 del artículo 17 del CPCyC. Las decisiones adoptadas por los magistrados recusados se limitaron al ejercicio de atribuciones propias de la función de gobierno judicial, sin que de ellas pueda inferirse una opinión anticipada sobre el fondo del asunto debatido. Su actuación se circunscribió al cumplimiento de deberes legales y al ámbito estrictamente administrativo del Tribunal, careciendo de todo contenido valorativo o definitorio respecto de la cuestión constitucional sometida a juzgamiento.- Tampoco se aprecia el “temor de parcialidad” que invoca el Poder Ejecutivo Provincial.
La imparcialidad se presume y sólo cede frente a datos objetivos que, situados en el caso, revelen una predisposición concreta sobre el tema a decidir. La lectura sesgada de actos de gobierno judicial no satisface ese estándar, sobre todo si se tiene en cuenta que la carga argumental del recusante exige una fundamentación seria anclada en hechos comprobables, lo que aquí no acontece.-
En cuanto a la causal prevista en el inciso 10 del artículo 17 del CPCyC —referida a la existencia de enemistad, odio o resentimiento—, no se ha alegado ni probado circunstancia objetiva alguna que permita inferir la existencia de animadversión personal de los magistrados hacia las partes o sus letrados. Expresiones genéricas sobre supuestas “animosidades” o divergencias institucionales no alcanzan el umbral de prueba requerido, pues la causal exige la verificación de actos externos, concretos y acreditables que, por su gravedad, comprometan la apariencia de imparcialidad en el caso particular. Nada de ello surge acreditado en autos.- En lo que respecta al motivo de recusación dirigido exclusivamente a la Dra. Renée Fernández, fundado en la interacción digital consistente en haber manifestado un “Me gusta” en una publicación institucional del Poder Judicial, corresponde precisar que tal acción carece, por su propia naturaleza, de entidad jurídica o relevancia objetiva suficiente para configurar una causal de prejuzgamiento ni para generar una sospecha razonable de parcialidad.-
La citada reacción se produjo frente a la difusión oficial de un comunicado emitido por la cuenta institucional del Poder Judicial, cuyo contenido se limitaba a informar un acto administrativo ya adoptado por el propio Tribunal. En consecuencia, la referida interacción no constituyó una expresión de opinión, ni implicó valoración alguna sobre la controversia aquí tramitada, ni puede razonablemente interpretarse como un adelanto de criterio sobre el fondo de la litis o sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada.- Desde la perspectiva del observador imparcial, una simple manifestación de reconocimiento o validación técnica frente a un comunicado oficial no trasciende el plano de una conducta social mínima, carente de significación jurídica y desprovista de todo contenido valorativo. Pretender derivar de ello un prejuzgamiento importaría desnaturalizar el sentido de esas interacciones digitales de carácter meramente formal y mecánico, vaciando de contenido el estándar objetivo que rige la interpretación de las causales de recusación.- Por lo tanto, no puede considerarse configurada, bajo ningún aspecto, una manifestación de criterio anticipado, ni una conducta susceptible de poner en duda la imparcialidad de la magistrada en relación con el objeto procesal de la presente causa.-
En cuanto al planteo dirigido exclusivamente a la Dra. Paula Ludueña Campos, fundado en los incisos 5 y 6 del artículo 17 del CPCyC, corresponde señalar que el mismo carece de sustento fáctico y jurídico suficiente para configurar causal de recusación.-
Cabe señalar que la Dra. Ludueña ha intervenido de manera continuada en distintos procesos judiciales en los que el Poder Ejecutivo Provincial actuó como parte, desde el mes de marzo del año 2024 hasta la fecha. Consiguientemente, se advierte que este elemento constituye ciertamente una circunstancia novedosa, en tanto se aprecia una actuación sostenida de la magistrada en causas vinculadas con la actuación del Estado que no habían sido previamente advertidas ni valoradas por éste. Con ello, surge con claridad la falta de sustento de los argumentos orientados a justificar su apartamiento, pues su intervención en expedientes análogos demuestra el ejercicio regular y objetivo de sus funciones. En tal sentido, pueden observarse los siguientes pronunciamientos: Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1154, Folio 3766/3772; íd., Reg. 1156, Folio 3781/3786; íd., Reg. 1157, Folio 3787/3797; Tomo XX, Reg. 1177, Folio 3885/3889, entre otros.- No puede olvidarse que el régimen de recusación debe ser una atalaya de vigilancia elevado, establecido para cuidar el digno y correcto ejercicio de la magistratura y, por ende, no debe ser interpretado con candidez (cfr. López Mesa, Marcelo J., ob. cit., T. 1, pág. 100). Desde este prisma, se advierte que los pedidos de recusación bajo tratamiento se basan predominantemente en especulaciones, careciendo de la solidez probatoria necesaria para sustentar la grave decisión de separar a cinco jueces del Tribunal Superior de la Provincia. Su argumentación no demuestra el motivo específico que comprometería la imparcialidad, ni se percibe una afectación evidente de este principio esencial, contentándose exclusivamente con expresar meras subjetividades.- Como se ha indicado con anterioridad, “‘…la imparcialidad se presume, siendo que para desvirtuar dicha presunción debe demostrarse, en cada caso y con ajuste a las circunstancias concretas, el supuesto de una conducta parcializada; o hechos exteriores apoyados en datos objetivos que permitan poner en duda la imparcialidad…’” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).-
En razón de todo lo expuesto, las recusaciones con causa deducidas por el Poder Ejecutivo Provincial contra las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Dr. Fernando Miguel Basanta carecen de sustento, por lo que deben ser rechazadas “in limine”.-
III. Corresponde ahora analizar la recusación con causa deducida por la actora contra el Dr. Daniel Mauricio Mariani, con fundamento en los incisos 2 y 7 del artículo 17 del CPCyC.
El planteo se sustenta en el hecho de que el magistrado, actuando en forma individual y sin acuerdo del pleno, dispuso y ejecutó la ceremonia de juramento de los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (cfr. Resoluciones de Presidencia del 26 de septiembre de 2025 asentadas al Tomo CLXV, Reg. 78 y 79), confirmadas posteriormente mediante Resolución del 29 de septiembre (registrada al Tomo CLXV, Reg. 103, Folio 193/194), sin someter dicho acto institucional a deliberación del Cuerpo.- De las constancias de autos y de las propias resoluciones dictadas por la Presidencia surge que el Dr. Mariani no sólo convocó y tomó juramento a los mencionados magistrados, sino que luego dictó un nuevo acto administrativo para “confirmar” la legalidad de su proceder y declarar la “plena validez” de los juramentos recibidos, sosteniendo expresamente que no correspondía someter tales actos al control del pleno ni reconocer efecto alguno a la resolución posterior del Tribunal que había dispuesto su nulidad.- Esta actuación, por su naturaleza y alcance, importa una toma de posición directa sobre una cuestión que constituye uno de los ejes sustantivos de la acción principal —esto es, la validez de los actos de designación y juramento de nuevos vocales del Tribunal Superior—. De tal modo, el magistrado aparece objetivamente comprometido en la definición de un asunto que será materia de examen en el proceso, configurándose un interés institucional inmediato en la defensa de su propio proceder.-
La causal prevista en el inciso 2 del artículo 17 del CPCyC —“tener interés en el pleito o en otro semejante”— no se limita a los intereses patrimoniales, sino que abarca toda situación que pueda afectar la imparcialidad del juez, incluida aquella en que la validez de sus propios actos administrativos sea materia de análisis dentro del proceso. En este caso, el acto de juramento y su posterior “confirmación” constituyen hechos directamente relacionados con el objeto litigioso, de modo que el Dr. Mariani se encuentra, en los hechos, en la posición de “juez de su propio acto”.- Por su parte, la causal del inciso 7 —prejuzgamiento— también se configura. La decisión de celebrar la ceremonia y de ratificar su validez mediante resolución expresa, afirmando que el acto fue dictado en ejercicio de una atribución “propia, exclusiva y excluyente” del Presidente, implica la emisión de un juicio anticipado sobre la legitimidad de los actos cuya validez constitucional es precisamente objeto de la acción. No se trata de una mera opinión abstracta, sino de un pronunciamiento formal y público sobre un extremo sustancial del litigio, lo que torna imposible mantener la apariencia de imparcialidad exigida por el artículo 18 de la Constitución Nacional.- Así las cosas, en casos de esta índole —donde la actuación previa del magistrado guarda una conexión directa con el núcleo del conflicto sometido a decisión—, la prudencia institucional impone apartar al juez a fin de resguardar la confianza pública en la administración de justicia.-
En consecuencia, y ponderadas las circunstancias reseñadas, corresponde hacer lugar a la recusación con causa interpuesta contra el Dr. Daniel Mauricio Mariani, en los términos de los incisos 2 y 7 del artículo 17 del CPCyC, disponiendo su apartamiento de la presente causa.-
IV. Corresponde ahora examinar los planteos del Poder Ejecutivo Provincial vinculados, por un lado, a la pretendida revocatoria de la integración dispuesta en la providencia PE1207063-2025 y, por otro, a la alegada nulidad de toda decisión que no respete la composición de nueve miembros que fija la Ley N° 3949. Ambos argumentos se sustentan en la premisa de que este Alto Cuerpo se encuentra actualmente integrado con siete vocales en ejercicio efectivo y que, en consecuencia, cualquier actuación adoptada por un número menor resultaría irregular, carente de validez y pasible de responsabilidad funcional.- Tal interpretación no puede ser compartida.-
El punto de partida es la diferencia entre el número legal de integración —que la Ley N° 3949 elevó a nueve— y el número operativo o funcional de miembros en ejercicio y habilitados que, en cada momento, pueden ejercer efectivamente la jurisdicción. El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, en su texto reformado, fija la composición nominal del Cuerpo, pero no altera la estructura funcional prevista en los artículos 26, 27 y 28, que aseguran la continuidad del órgano aun ante vacancias, licencias o impedimentos. La norma mantiene incólume la regla según la cual el Tribunal sesiona válidamente con el quórum formado por los vocales en ejercicio, y decide por mayoría simple de sus miembros hábiles.- No puede sostenerse, entonces, que la reforma legislativa haya introducido una suerte de parálisis institucional hasta tanto se encuentren cubiertas todas las vacantes o juramentados los nuevos miembros. Ello implicaría, en los hechos, supeditar el funcionamiento del órgano judicial supremo de la Provincia a contingencias ajenas a su control, con grave afectación de la garantía de continuidad del servicio de justicia. El principio de permanencia y operatividad del órgano judicial impone que el Tribunal siga funcionando con los jueces habilitados, integrándose supletoriamente cuando el número de éstos sea insuficiente, conforme al artículo 26 de la ley precitada.- El criterio sostenido por el Poder Ejecutivo Provincial confunde la noción de integración legal con la de integración efectiva. La primera refiere al número total de cargos creados por ley; la segunda, al conjunto de magistrados actualmente investidos y en condiciones de ejercer la función jurisdiccional. Mientras subsistan vacancias, recusaciones o impedimentos, el Cuerpo actúa con los miembros remanentes en ejercicio, sin que la validez de sus actos dependa de la cobertura total de las plazas creadas.- La Ley N° 3949, en efecto, no contiene cláusula transitoria alguna que modifique las reglas sobre quórum y mayoría. Si el legislador hubiera querido alterar ese régimen o establecer una suspensión del funcionamiento hasta la integración plena, lo habría dispuesto expresamente.-
Bajo esta estructura, el cómputo de quórum y mayorías debe realizarse sobre los miembros efectivamente habilitados, es decir, aquellos que se encuentran en ejercicio legítimo del cargo y no impedidos por medida cautelar o acto jurisdiccional. De allí que, mientras las designaciones de los Dres. Acevedo y González Nora permanecen controvertidas o sujetas a la suspensión de efectos, tal como ha sido dispuesto en los autos caratulados "Echazú Eloy Dante c/ Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz y otro s/ Amparo", Expte. Nº 8419/25 (cfr. certificación obrante en PE1210472-2025 de los autos principales), dichos nombramientos no generan ejercicio válido de la función ni pueden computarse para quórum o mayoría.- Aceptar la tesis contraria —según la cual el Tribunal no podría sesionar hasta contar con nueve vocales en funciones— importaría desnaturalizar la propia finalidad de la Ley N° 3949 y conducir a un absurdo: el órgano creado para garantizar la supremacía constitucional quedaría inhabilitado para actuar. La continuidad institucional se preserva aplicando, como regla, los artículos 26 a 28 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, que prevén mecanismos de integración supletoria y decisión por mayoría de los jueces hábiles.- En consecuencia, carece de sustento jurídico la pretensión del Poder Ejecutivo Provincial de que se deje sin efecto la integración dispuesta en PE1207063-2025. Dicha providencia se dictó en estricta observancia de las normas orgánicas y responde a la necesidad de asegurar el funcionamiento del Tribunal durante la sustanciación de las recusaciones y de la medida cautelar. La intervención de la Defensora ante este Tribunal se ajusta al orden de subrogancias establecido y encuentra apoyo directo en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, que obliga a integrar supletoriamente el Cuerpo ante vacancias o impedimentos.- Por todo lo expuesto, deben rechazarse los planteos del Poder Ejecutivo Provincial.-
V. Corresponde abordar seguidamente la recusación sin expresión de causa formulada, subsidiariamente, por el Poder Ejecutivo Provincial respecto de la Dra. Romina Vanessa Saúl, en su carácter de Defensora ante este Tribunal y vocal subrogante designada en la providencia PE1207063-2025.-
Justamente, en el marco de una acción de inconstitucionalidad este cimero Tribunal ha puesto el acento en el carácter restrictivo del instituto de recusación sin causa, prevista expresamente para los jueces que intervienen en primera instancia y en Cámara, y no para quienes intervienen integrando el Tribunal Superior de Justicia (art. 14 del CPCyC) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso administrativo, Tomo XVII, Reg. 1042, Folio 3249).-
En el caso de autos, la recusación sin causa se encuentra dirigida a un vocal subrogante del Tribunal Superior de Justicia, caso no contemplado en la ley y que incluso en el artículo 9 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, establece que no se podrá recusar sin causa a los miembros del Tribunal Superior. Todo lo cual, aunado al carácter restrictivo de este remedio legal, conllevan al rechazo de esta pretensión (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VIII, Reg. 390, Folio 1473/1479).- Este Alto Cuerpo ha expresado que: “…teniendo en cuenta que las recusaciones con reserva de causa se encuentran dirigidas a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, y de conformidad con lo estipulado en el art. 14 del C.P.C. y C., al criterio restrictivo con que dicha norma debe interpretarse, y a lo resuelto por este Tribunal en el Tomo I (Otros Recursos), Registro Nº 21, Folio Nº 58/59 del 21 de mayo de 1990, corresponde desestimar dicha formulación por improcedente” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo VI, Reg. 433, Folio 1096/1097).- En función de lo expresado precedentemente, el carácter restrictivo del instituto de la recusación, y que nuestro código procesal no contempla la recusación sin causa de los miembros del Tribunal Superior, es que corresponde rechazar la recusación intentada.-
En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar la recusación sin causa planteada.-
VI. En mérito de las razones desarrolladas, corresponde concluir que las recusaciones con causa deducidas por el Poder Ejecutivo Provincial contra las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Dr. Fernando Miguel Basanta carecen de sustento, por lo que deben ser rechazadas “in limine”. Por otro lado, corresponde hacer lugar a la recusación con causa formulada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de julio” respecto del Dr. Daniel Mauricio Mariani. La recusación sin expresión de causa articulada contra la Dra. Romina Vanessa Saúl resulta improcedente y, por ende, debe ser desestimada. A su turno, los planteos dirigidos a dejar sin efecto la integración dispuesta en la providencia PE1207063-2025, así como la tesis de nulidad absoluta de toda decisión que no cuente con nueve vocales, se revelan infundados y, en consecuencia, se mantiene la integración adoptada para la sustanciación del presente incidente, debiendo proseguirse su trámite.- Cabe dejar consignado que, tramitándose el presente incidente con habilitación de días y horas inhábiles (cfr. PE1208889-2025) y habiéndose presentado por la actora dos pedidos sucesivos de pronto despacho, el Dr. Daniel Mauricio Mariani no suscribió ni emitió voto alguno hasta la fecha, circunstancia que impuso, para no resentir la continuidad del servicio de justicia y resguardar la eficacia de la tutela urgente, la aplicación del orden de integración previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz y de conformidad con lo dispuesto en la PE1207063-2025.-. Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar in limine las recusaciones con causa interpuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en el apartado VI de la PE2032944-2025 respecto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Dr. Fernando Miguel Basanta 2º) Hacer lugar a la recusación con causa formulada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de julio” en PE2025837-2025 respecto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
3. Rechazar los planteos esgrimidos por el Poder Ejecutivo Provincial en los apartados IV y VII de la PE2032944-2025.-
4. Rechazar la recusación sin causa planteada por el Poder Ejecutivo Provincial en el apartado V de la PE2032944-2025.-
Fdo. Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1050C.251 Tomo: XX Sentencia: 1193 Folio N°: 3967/3973 Secretaría: 1
Fin de la sentencia