Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-917/25-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada en PE2025837-2025 y ampliada en PE2028383-2025 por el señor Juan Franco Mascheroni, en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio”, conforme los términos y alcances establecidos en los considerandos.-
2Disponer la suspensión provisional de los efectos de la Ley Provincial N° 3949, promulgada por Decreto N° 0768/25, por el plazo de cuatro (4) meses, manteniendo vigente transitoriamente la redacción del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia N° 1600 (texto según Ley 2404).-
3Disponer que los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora se abstengan de intervenir, en cualquier carácter, en el estudio, deliberación, conocimiento, integración de acuerdos, emisión de votos, firma de resoluciones y demás decisiones jurisdiccionales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, así como en actuaciones administrativas con proyección decisoria, tanto en causas en trámite como en aquellas que ingresen con posterioridad, por el plazo de cuatro (4) meses, o hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente acción o se dicte resolución en contrario por este Alto Tribunal, lo que ocurra primero.-
4Ordenar la prohibición de tomar juramento a los Dres. Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, disponiendo la suspensión de toda actuación conducente a su incorporación, incluidos actos de comunicación …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-917/25-IMC-TSJ Sentencia N°: 1194 Actor: ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ “3 DE JULIO”
Demandado: PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 08/10/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1194 FOLIO Nº 3974/3981 PROT. ELECT. TSS1 051 C.251
Río Gallegos, 8 de octubre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ "3 DE JULIO" C/ PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. A-917/25-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en PE2025837-2025 de los autos principales presenta Juan Franco Mascheroni, en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio” (CUIT 30-64020464-4), con el patrocinio letrado de la Dra. Melisa Silvana Bourren, y promueve acción de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare la invalidez constitucional, con efectos erga omnes y ex tunc, de la Ley Provincial N° 3949.-
Como consecuencia de dicha declaración de invalidez, solicita que se declare asimismo la nulidad absoluta e insanable del Decreto N° 0768/25, de las Notas GOB N° 025/25, 026/25, 027/25 y 028/25, y de todo otro acto reglamentario o complementario dictado o a dictarse en su consecuencia. Requiere, además, que se disponga la nulidad absoluta e insanable de los efectos de la sesión extraordinaria secreta celebrada el 25 de septiembre de 2025 por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, con la consiguiente nulidad de las designaciones allí acordadas y de cualquier acto ulterior de ejecución.- En cuanto a la tutela cautelar, la parte actora solicita se disponga —como medida urgente— la suspensión del trámite legislativo pendiente y de todos los efectos derivados de la referida sesión secreta y de los actos subsiguientes destinados a la incorporación de nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo decretos de designación, comunicaciones, actos administrativos accesorios y la eventual toma de juramento. Requiere que dicha suspensión se mantenga por el plazo de seis (6) meses o, subsidiariamente, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente acción.- Aclara que la acción se dirige contra la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y contra el Poder Ejecutivo Provincial en su carácter de órganos responsables de la producción, ejecución y avance de los actos cuya nulidad se postula.-
Pone en conocimiento de este Tribunal la existencia de una medida cautelar en trámite en los autos caratulados “Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ medida cautelar”, Expte. N° 31843/2025, radicados ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, Secretaría N° 2, con asiento en Río Gallegos.
Indica que en dichas actuaciones se dictó una medida interina que, con sustento en el artículo 4, inciso 1, in fine, de la Ley N° 3947, ordenó a la Honorable Cámara de Diputados abstenerse de dar tratamiento a las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo para la designación de nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, por el término de diez días o hasta que se resolviera la cautelar solicitada, lo que ocurriera primero.-
Expone que, pese a la existencia de dicha orden judicial, el 25 de septiembre de 2025 tuvo lugar una sesión extraordinaria secreta de la Honorable Cámara de Diputados, en la cual se habrían designado dos de los cuatro nuevos vocales propuestos por el Poder Ejecutivo. En virtud de ello, sostiene que la medida cautelar que se disponga en estas actuaciones no debe limitarse a suspender el trámite legislativo pendiente, sino que debe comprender la suspensión integral del procedimiento de designación, incluidas las fases posteriores a la votación de las ternas, tales como la emisión de los decretos de designación, las comunicaciones formales, los actos administrativos complementarios y la eventual toma de juramento de los funcionarios designados.- Afirma que la ampliación de la tutela cautelar resulta necesaria para evitar que la incorporación efectiva de los designados torne ilusoria la finalidad del proceso principal y ocasione un perjuicio institucional de muy difícil reparación ulterior. Destaca que las medidas cautelares tienen por objeto preservar la utilidad práctica de la sentencia definitiva, permitiendo suspender los efectos de actos estatales cuya validez se cuestiona cuando su ejecución pudiera frustrar la decisión final.-
Sostiene que la designación de jueces del Tribunal Superior de Justicia constituye un acto complejo de formación sucesiva que requiere la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo y culmina con la toma de juramento y la asunción del cargo, por lo que la tutela efectiva exige paralizar el procedimiento en cualquiera de sus etapas a fin de evitar la abstracción de la cuestión.-
Finalmente, solicita que se requiera al Juzgado de Primera Instancia la inmediata remisión de los autos referidos y que, con fundamento en los hechos y el derecho allí expuestos, se disponga como medida cautelar la suspensión del tratamiento legislativo pendiente, así como de los efectos de la sesión secreta de fecha 25 de septiembre de 2025 y de todo acto conducente a la incorporación de los vocales designados, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente acción de inconstitucionalidad o se dicte resolución en contrario por este Tribunal.-
Relata que con fecha 28 de agosto de 2025, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley N° 3949, mediante la cual se modificó el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 1600 —texto según Ley 2404—, ampliando de cinco a nueve las vocalías del Tribunal Superior de Justicia. Señala que la norma fue promulgada mediante Decreto N° 0768/25 y publicada en el Boletín Oficial N° 6027 el día 10 de septiembre del mismo año. Pone de resalto que, en su artículo 2, el decreto dispuso que la ley entrara en vigencia al día siguiente de su publicación, estableciendo una fecha distinta a la prevista en el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y sin contar con delegación legislativa para modificar dicha regla.- Puntualiza que, ese mismo día, el Poder Ejecutivo Provincial remitió a la Cámara de Diputados las Notas GOB N° 025/25, 026/25, 027/25 y 028/25, por medio de las cuales elevó las ternas de candidatos destinadas a cubrir las nuevas vocalías, aun cuando la ley no había entrado en vigor.-
Sostiene que la secuencia de actos desplegada por los poderes Legislativo y Ejecutivo —sanción de la ley, promulgación con vigencia anticipada, remisión inmediata de ternas y avance del trámite legislativo— configura un cuadro fáctico que compromete directamente la composición del Tribunal Superior de Justicia y afecta la independencia estructural del Poder Judicial, en un contexto de reducción presupuestaria que agrava la situación institucional.
Indica que, con fecha 19 de septiembre de 2025, en el marco de los autos “Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ medida cautelar”, Expte. N° 31843/2025, el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, Secretaría N° 2, dictó una medida interina que ordenó a la Honorable Cámara de Diputados abstenerse de dar tratamiento a las ternas remitidas por el Poder Ejecutivo, por el término de diez días o hasta que se resolviera la medida cautelar solicitada, lo que ocurriera primero. Dice que, no obstante dicha orden judicial, el 23 de septiembre de 2025 la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trató los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, otorgando despacho favorable a once de los doce postulantes.
El día siguiente, 24 de septiembre, el Presidente de la Cámara dictó la Resolución N° 455/25 convocando a sesión extraordinaria secreta para el 25 de septiembre de 2025.- Hace hincapié en que, de forma paralela, en el marco de la denuncia penal iniciada por los hechos mencionados —en los autos “Echazú Ely y Ponce Elba s/ denuncia”, Expte. N° 94.454/25—, la jueza penal Dra. Quintana ordenó la notificación personal e inmediata de la medida interina a los señores diputados, disponiendo además el cese de toda conducta que pudiera implicar desobediencia a la manda judicial, bajo apercibimiento de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. Dicha orden fue comunicada antes de la sesión extraordinaria, circunstancia que, según se expone, acredita que el cuerpo legislativo se encontraba en conocimiento pleno de su alcance y de las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento.- Finalmente, afirma que con fecha 25 de septiembre de 2025, y pese a las órdenes judiciales vigentes, la Honorable Cámara de Diputados celebró la sesión extraordinaria secreta convocada, en la que por mayoría simple y votación secreta se aprobaron los pliegos de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como vocales del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, se devolvió al Poder Ejecutivo la terna remitida mediante Nota GOB N° 028/25 y se dispuso el reenvío a comisión de la elevada mediante Nota GOB N° 027/25. Según lo expuesto por la parte actora, la realización de dicha sesión y las decisiones adoptadas se efectuaron en un contexto de reserva institucional y en abierta desobediencia a órdenes judiciales expresas.- En PE2028383-2025 de los autos principales, la actora realizó una nueva presentación mediante la que solicitó la ampliación de la medida cautelar oportunamente requerida, a fin de que se disponga —como tutela urgente y complementaria— que los Dres. Sergio Acevedo y José Antonio González Nora se abstengan de intervenir, en cualquier carácter, en el estudio, deliberación y resolución de causas judiciales o administrativas, tanto de aquellas que ingresen con posterioridad a su juramento como de las que se hallen pendientes de resolución, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente acción de inconstitucionalidad o se disponga lo contrario por este Alto Tribunal.
Fundamentó su petición en que el 26 de septiembre de 2025 el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Daniel Mariani, tomó juramento ad referendum de ese Alto Cuerpo a los mencionados magistrados, designados mediante Decretos N° 0858/25 y N° 0859/25, sin que dicha decisión fuera posteriormente ratificada por el resto de los vocales.- Sostiene que, pese a ello, los Dres. Acevedo y González Nora habrían manifestado públicamente su intención de incorporarse de facto a la labor jurisdiccional, lo que —según afirma— configura un riesgo institucional inminente y podría tornar abstracto el objeto del presente proceso. Señala que la designación y juramento de los referidos vocales se efectuaron en contradicción con medidas judiciales vigentes que ordenaban suspender el trámite de designación, y que su intervención en causas judiciales podría generar nulidades de gran alcance y comprometer la seguridad jurídica.
En función de tales consideraciones, solicita se adopte la medida cautelar complementaria indicada, en resguardo de la eficacia de la sentencia definitiva y de la independencia del Poder Judicial.- En PE2031758-2025de los autos principales, dictaminó el Sr. Agente Fiscal sobre la competencia de este Tribunal para intervenir en la acción de inconstitucionalidad y en la medida cautelar. Asimismo, en PE1208889-2025 de los autos de mención, se ordenó formar el incidente con las piezas pertinentes, dándose inicio a los presentes en PE2032283-2025.-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver.-
II. Corresponde precisar, ante todo, el alcance del rol que compete al Poder Judicial cuando se le somete —en el marco de un “caso”, “causa” o “controversia”— la validez constitucional de actos legislativos y ejecutivos que alteran la arquitectura del sistema de justicia.-
La función gubernamental tiene a su cargo la definición de la dirección política que se imprimirá y la adopción de las medidas destinadas a realizar esa decisión. Corresponde, principalmente, al Poder Ejecutivo y a la mayoría legislativa que lo acompaña ordinariamente en el Poder Legislativo. En contraste, la función de control tiene a asegurar el carácter limitado del poder estatal y a remediar sus posibles arbitrariedades. Así, quien controla busca asegurar que el poder eficaz, imprescindible para todo accionar estatal, no devenga en poder arbitrario, absoluto ni omnicomprensivo. De acuerdo con este sentido, no se pretende frenar o trabar el ejercicio de la función gubernamental, sino corregir posibles abusos o desviaciones que puedan darse. El Poder Judicial realiza esta función por medio del control de constitucionalidad y de legalidad de la actuación estatal, al remover los casos sometidos a su jurisdicción.- En consecuencia, los tribunales están llamados a poner de manifiesto y dar visibilidad a las omisiones o insuficiencias constitucionales en la actuación de los otros poderes. No están llamados a reemplazarlos, pero sí a despertar su accionar ante situaciones que sin duda lo reclaman (cfr. Santiago, Alfonso – Boulin, Ignacio A., “Derecho constitucional y políticas públicas. El derecho como guía del buen gobierno”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2023, págs. 33 a 36).-
La justiciabilidad debe llegar hasta dónde llega toda la amplitud y las implicancias del bloque de juridicidad (constitucional y legal) (cfr. Haro, Ricardo, “Las cuestiones políticas y el control jurisdiccional de las facultades privativas de los Poderes Estatales en la Doctrina de la Corte Suprema”, informacionlegal.com.ar, Cita: AR/DOC/3692/2014). El control jurisdiccional no supone sustituir decisiones de oportunidad, mérito o conveniencia, sino impedir que bajo su ropaje se consumen violaciones al texto constitucional, a los límites competenciales o a los estándares mínimos de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad. En esa inteligencia, la intervención judicial resulta plenamente justiciable cuando lo controvertido excede apreciaciones políticas contingentes y se proyecta sobre: (i) la regularidad del procedimiento constitucional empleado; (ii) la competencia de los órganos intervinientes y la juridicidad de sus actos; (iii) la afectación “prima facie” de garantías estructurales — verbigracia: división de poderes, juez natural, debido proceso—; y (iv) la preservación del bien colectivo que encarna una justicia independiente e imparcial.- Nuestra Constitución Provincial ha incardinado dentro de lo que ella llama “Poder Judicial” una verdadera jurisdicción constitucional, cuya cúspide pertenece a este Tribunal Superior de Justicia (cfr. art. 126).
Y en esa situación jerárquica, este Alto Cuerpo actúa como tribunal de garantías constitucionales al que se le ha confiado defender la Constitución en todas sus partes (cfr. arts. 131 y 132 de la Constitución Provincial). No es una ficción, no es una definición fatua o vacía, no es una decoración lingüística. La administración judiciaria tiene, dentro del polifacético sector de la jurisdicción, un ministerio servicial a cumplir sin retaceos (cfr. Bidart Campos, Germán J., “La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales”, Buenos Aires, Ediar, 1984, págs. 13 y 14). Como lo expresara con singular claridad Germán J. Bidart Campos: “El tribunal es poder, tiene poder, ejerce poder, comparte poder.
No es esto una absorción de los otros poderes por el Poder Judicial; no es esto un descarrilamiento del Poder Judicial ni una quiebra de la tripartición divisoria. Es el meollo esencial de la función de administrar justicia o, si se prefiere, de la justiciabilidad de todas las cuestiones da por habilitada la competencia de la Corte.” (cfr. autor cit., “La Corte…” cit., pág. 20). Esa afirmación, concebida en referencia a la Corte Suprema de la Nación, conserva plena vigencia y es enteramente extensible al ámbito provincial y al Tribunal Superior de Justicia, en tanto órgano supremo del poder judicial local y garante último de la supremacía constitucional en el territorio de la Provincia.- Por lo demás, el control jurisdiccional, aun en su faz cautelar, integra el ámbito legítimo de actuación del Poder Judicial cuando se advierten circunstancias que comprometen la eficacia de la tutela constitucional.
Su interdicción genérica convertiría en ilusorio el mandato de tutela judicial efectiva frente a daños institucionales de difícil o imposible reparación ulterior. La Ley N° 3947 de “Medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el estado provincial, municipal, sus entes autárquicos o descentralizados” no impide disponer medidas cuando concurren circunstancias graves y objetivamente impostergables, sino que requiere una valoración especialmente cuidadosa de los presupuestos de admisibilidad y de la razonabilidad de la medida solicitada. En hipótesis como la de autos —donde se denuncia la inmediata consolidación de actos que reconfiguran la cúspide del Poder Judicial y proyectan efectos irreversibles sobre la composición del tribunal llamado a juzgarlos— la adopción de medidas precautorias responde a la necesidad de evitar que la sustancia misma del control judicial se vea frustrada por la consolidación de situaciones que podrían tornar abstracta o ilusoria la decisión final.- En el caso bajo examen, la medida cautelar solicitada no se orienta a una declaración abstracta ni a un control desvinculado de un caso concreto, sino a la preservación de un bien colectivo de máxima jerarquía institucional: el derecho de los habitantes de nuestra Provincia a contar con una justicia independiente e imparcial.
Su finalidad es evitar que la ejecución inmediata de los actos cuestionados frustre el ejercicio efectivo de la jurisdicción y torne inoperante la eventual sentencia definitiva.-
En este punto, importa subrayar que el control judicial que aquí se ejerce no se proyecta sobre el acierto político de la ampliación del número de vocales, ni pretende inmovilizar a los poderes representativos. Se limita a verificar, con la prudencia que impone una medida provisional, si del iter normativo y de su ejecución emergen desvíos constitucionales ostensibles —por vicios de competencia, por transgresión de mandatos judiciales vigentes, por afectación de la razonabilidad presupuestaria mínima o por comprometer inmediatamente la imparcialidad del órgano llamado a resolver— que justifiquen mantener incólume la jurisdicción hasta la decisión final. Los tribunales no reemplazan a los poderes electivos; sí están llamados a hacer visible y corregir sus omisiones o insuficiencias constitucionales cuando el caso lo demanda, para que el principio de legalidad y la forma republicana no se degraden a proclamas retóricas.- La complejidad de los procesos institucionales no convierte en ajena al control judicial la verificación de su ajuste a la Constitución. La jurisdicción, en tanto garante del equilibrio entre poderes, conserva la potestad de intervenir con prudencia y dentro de su órbita, cuando resulte necesario asegurar que los procedimientos estatales se desarrollen conforme a las reglas y valores constitucionales que los rigen.-
Por último, hay que precisar que el ejercicio de la tutela cautelar no desconoce el principio de división de poderes ni las prerrogativas constitucionales de los legisladores. El artículo 98 de la Constitución Provincial garantiza la inmunidad de los Diputados respecto de sus opiniones, discursos o votos emitidos en el desempeño de su mandato, pero dicha protección se circunscribe al ámbito de la función deliberativa y no alcanza a sustraer del control judicial la validez de los actos estatales que, bajo apariencia de ejercicio legítimo, pudieran apartarse del marco constitucional o ejecutarse en contradicción con decisiones jurisdiccionales vigentes. La forma republicana no se ve menoscabada cuando el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad; se compromete, en cambio, cuando se abdica de esa función por deferencia irreflexiva frente a mayorías circunstanciales. En definitiva, el equilibrio institucional no se asegura mediante la abstención judicial, sino mediante el sometimiento del poder al Derecho, calibrando con prudencia el alcance del remedio necesario —y sólo el necesario— para preservar la jurisdicción, resguardar la independencia y garantizar que la justicia no llegue demasiado tarde.- Sobre la base de lo expuesto, el estudio de la cautelar solicitada exige verificar si concurren los presupuestos de admisibilidad que justifican su dictado, interpretados a la luz del bien jurídico institucional que se pretende proteger y del deber del Poder Judicial de preservar la eficacia de su futura decisión.-
III. El régimen cautelar y, en especial, el de la suspensión judicial de los efectos de un acto estatal, procura garantizar la efectividad de lo que se decida en el proceso principal. Así, del derecho a la tutela judicial efectiva se desprende el derecho a la tutela cautelar efectiva al que cabe reconocerle sustento constitucional y convencional (cfr. Comadira, Juan Pablo, “Ley de medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado. Comentada y anotada”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2021, pág 209).-
IV. i). Acreditación sumaria que el cumplimiento o ejecución de la norma producirá efectos jurídicos o materiales irreversibles.
En cuanto al requisito previsto en el artículo 13, inciso a), de la Ley N° 3947 —esto es, la acreditación sumaria de que la ejecución de los actos impugnados ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior— corresponde puntualizar, ante todo, que la regla de interpretación restrictiva que consagra la norma no equivale a una prohibición de tutela. Impone, sí, un juicio particularmente cuidadoso sobre la entidad del peligro y sobre la irreversibilidad práctica de sus efectos, a fin de preservar la utilidad del proceso principal y la vigencia efectiva de la jurisdicción.- No existe medida cautelar que no se dé para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de hecho de las medidas cautelares que sustancia con ellas (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo Oscar, “Control judicial de la Administración. Medidas Cautelares”, en Derecho Procesal Administrativo, dirigido por Juan Carlos Cassagne, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004, Tomo 1, pág. 749).-
Toda medida cautelar tiene por objeto la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el proceso, para evitar que se transforme en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito y que pueda efectivamente cumplirse. Asimismo, tiene por objeto evitar mayores perjuicios durante la tramitación del pleito. Cuando el legislador se refiere a la existencia de perjuicios graves de imposible reparación ulterior, se está refiriendo precisamente a la alteración de la igualdad de las partes y a que se trate del cumplimiento ilusorio de una sentencia (cfr. Aberastury, Pedro, “Medidas cautelares contra el Estado. Ley 26.854 comentada y anotada”, 1ª ed., revisada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2021, págs. 235 y 236).- Bajo este orden de ideas, se advierte que el “periculum in mora” se configura aquí con nitidez. La secuencia normativa y administrativa que reseña la actora —sanción de la Ley N° 3949, remisión inmediata de ternas y ulteriores actos de avance en su ejecución— proyecta consecuencias de alcance estructural sobre la cúspide del Poder Judicial, pues permite reconfigurar de modo inmediato la integración del Tribunal llamado a juzgar la validez de ese mismo iter; y lo hace de una manera que, por su propia naturaleza, no admite recomposición suficiente a posteriori sin causar un grave quebranto a la seguridad jurídica.- La eventual participación de los magistrados designados como corolario de la Ley N° 3949 en acuerdos, deliberaciones o decisiones —ya sea en expedientes en trámite o en los que ingresen— podría generar una trama de actos jurisdiccionales de difícil o imposible desmantelamiento, con el consecuente riesgo de nulidades en cadena y de grave afectación a la confianza pública en la administración de justicia. La “restitución en especie” del estado anterior deviene, así, en la práctica, inviable.-
Además, el daño que se pretende evitar reviste naturaleza institucional, ligado a bienes constitucionales no fungibles: la independencia e imparcialidad del órgano de cierre, el derecho de los justiciables al juez natural legalmente constituido, la continuidad ordenada del servicio de justicia y la preservación de la apariencia de imparcialidad como dimensión objetiva de la garantía (esto es, la confianza razonable de la ciudadanía en que las causas serán decididas por magistrados investidos sin vicios y sin interferencias). Ninguno de esos bienes admite reparación adecuada por la sola vía de eventuales declaraciones nulificatorias, pues el ejercicio de la función jurisdiccional ya desplegado no puede “desandarse” sin comprometer severamente la integridad del sistema.- En línea coincidente con lo aquí postulado se ha sostenido que “[l]os representantes del pueblo, funcionarios y autoridades poseemos legitimidad de origen cuando somos designados de acuerdo con los procedimientos previstos en la Constitución Nacional y en las regulaciones pertinentes” y que , cuando el acceso a la función pública o jurisdiccional se encuentra jurídicamente controvertido, la actuación de quien asume en esas condiciones puede proyectar un riesgo institucional de envergadura suficiente, en tanto los actos que suscriba —tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo— podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica y, en definitiva, resquebrajar al sistema judicial (cfr.
Juzgado en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo Federal de La Plata N° 2, FLP3928/25).- A ello, se suma el riesgo concreto de frustración de la jurisdicción: si durante la sustanciación del proceso principal se consolidaran actos que alteran de inmediato la composición del tribunal llamado a decidir, la sentencia definitiva podría devenir inane o puramente declarativa, desprovista de aptitud para restablecer el orden constitucional conculcado. Tal desenlace constituye, por sí, un perjuicio grave e irreparable en los términos del artículo 13, inciso a), pues convertiría al control judicial en una potestad simbólica, incapaz de impedir que la ejecución anticipada del acto cuestione la propia eficacia del proceso.- No puede soslayarse aquí que el estado de peligro es el interés jurídico que justifica el adelanto del resultado del proceso.
El peligro en la demora es el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos realizarse, es decir, que a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperante (cfr. Sammartino, Patricio Marcelo E., “Amparo y Administración. En el Estado constitucional social de derecho”, 1ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, t. II, pág. 947).- En este marco, la tutela pedida se revela idónea y proporcionada: su alcance es temporal y estrictamente conservatorio, se dirige a mantener incólume el estado de cosas hasta el pronunciamiento definitivo y no sustituye decisiones de mérito de los poderes políticos, sino que impide la consumación de hechos que, de materializarse, tornarían inviable cualquier recomposición ulterior razonable.
Se trata, en suma, de preservar el terreno neutral de la jurisdicción para que la decisión final no llegue demasiado tarde.-
Por las razones expuestas, y con el grado de cognición propio de esta etapa, cabe tener por suficientemente acreditado el recaudo del artículo 13, inciso a), de la Ley N° 3947.-
IV. ii). La verosimilitud del derecho invocado.
En cuanto a la verificación que corresponde realizar en esta incipiente instancia respecto al requisito del artículo 13, punto 1, inciso b) de la Ley N° 3947, se ha dicho que el despacho de una cautelar no exige un examen de certeza sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto (cfr. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, in re: “Rejas, Alejandra Felisa c/ Estado Nacional Minis. Just. Seguridad y DD.HH. P.F.A. s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 11/06/2012; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/30916/2012).- Si bien es cierto que por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695) y como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud.
Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos 317:243).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha referido que: “…el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto…en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC…), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético…se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado…y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho…” (cfr.
“Foro de Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21”, LP I 78847 RSI-535-24 I 11/07/2024).- Así, la actora aduce que la Ley Provincial N° 3949 —que amplía la integración del Tribunal Superior de cinco a nueve vocalías—, así como las normas constitucionales locales que habilitan su implementación por mayoría simple (arts. 93, segundo párrafo, y 104 inc. 20 CP), devienen palmariamente inconstitucionales.-
También puntualiza que el intento de modificar abruptamente la integración del Tribunal Superior, sin sustento empírico objetivo, sin debate público plural, y sin ningún resguardo institucional que impida su uso partidista, contraviene de manera directa el mandato contenido en artículo 5 de la CN.-
Anuda que la ley atacada viola los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en virtud del artículo 75 inc. 22 de la CN. En particular, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) garantiza el derecho de toda persona a ser oída por un juez independiente e imparcial.-
Se aprecia entonces, que el sub lite presenta particularidades que lo distinguen de otros casos en los que este Alto Cuerpo ha denegado el dictado de medidas cautelares, frente a la mayor prudencia que exigen en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que la materialización de la ampliación del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, podría generar, en las excepcionales y particulares circunstancias que se verifican, mayores e irreparables daños, que deben ser evitados.- A tenor de lo expresado, entonces, resulta dable concluir que, en la especie, la verosimilitud del derecho aparece demostrada, atendiendo a los principios y garantías de jerarquía constitucional presuntamente vulnerados, máxime cuando aparece afectada la independencia de la máxima judicatura provincial, -reiteramos- ponderados en el acotado marco cognoscitivo propio de esta etapa.-
IV. iii). La verosimilitud de la ilegitimidad.
En relación al requisito de admisibilidad tasado por el inciso c) del precitado artículo, debemos precisar que existen indicios serios y graves en torno a su ilegitimidad, ya que, la norma atacada en conjunción con los preceptos de la Constitución local cuestionados resultaría, en principio, repugnante con la forma representativa y republicana de gobierno, afectaría la independencia judicial y violaría la obligación negativa del estado de abstenerse en realizar actos que, directa o indirectamente, impliquen una injerencia indebida en la administración de justicia, requisito éste último cuyo aseguramiento exige la Carta Magna en su artículo 5.- Corresponde precisar aquí, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que: “En la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, por lo que no corresponde desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento.” (Sum. Fallos 320:1633).-
Las medidas cautelares, entonces, deben ser concedidas siempre que se verifiquen los requisitos de admisibilidad, más allá de que coincidan los objetos de la tutela preventiva y de la acción principal. En esta circunstancia el Juez no prejuzga porque resuelve con carácter claramente provisorio y sin condicionar su imparcialidad y objetividad en el trámite del proceso y en el acto de resolución del caso. Por último el juez debe preservar el derecho de acceso a la justicia en sus diversos aspectos, entre estos su temporalidad y oportunidad y ello, en ciertos casos sólo es posible mediante el acto cautelar (cfr. “Kiper Claudio M., “Medidas Cautelares”, 2da. Ed. Actualizada y Ampliada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2014, Tomo II, pág. 34).- A ello podemos agregar que: “En lo que hace a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad el anticipo de la sentencia es palmario, ya que la superposición entre la petición cautelar, mediante la prohibición de innovar, y la pretensión material es casi total, ambas postulan la suspensión de los efectos de la norma atacada. Sin embargo, una lo hará en términos provisorios y la otra con la estabilidad propia de la cosa juzgada, de allí que no pueda postularse la identidad total.” (cfr. aut. y ob. cits., pág. 127).-
En definitiva, la decisión cautelar adecuadamente dictada no importa prejuzgamiento. Ello, pues no puede razonablemente sostenerse que se trata de una manifestación intempestiva del juzgador (es decir extemporánea) sino necesaria según la pretensión instaurada y adecuada al estado de la causa; es decir, oportuna (adoptada en respuesta a la petición cautelar deducida por la parte, siendo deber del órgano expedirse sobre el planteo efectuado); tampoco puede decirse que implique adelantar el parecer del magistrado sobre el objeto sustancial del pleito, pues toda medida precautoria es resuelta en el marco de lo probable, de lo verosímil (no de lo indefectible, cierto e irrefutable) y ello, sin haberse producido el debate y aportado la totalidad de la prueba, vicisitudes que eventualmente podrán revertir la apariencia inicial, que con frecuencia se sustenta sólo en material documental presentado exclusivamente por el requirente de la tutela (cfr. aut. y ob. cits., pág. 35).-
IV. iv). La no afectación del interés público.
En cuanto presupuesto de admisibilidad requerido por el artículo 13, punto 1, inciso d) de la Ley N° 3947, no advertimos en el caso en particular, que de accederse al pedimento cautelar, pudieran generarse consecuencias disvaliosas y más gravosas para el interés público que las que, al menos en este estado del debate surgen de su denegación, lo que lleva a recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido que, cuando no se aprecia que el otorgamiento de una medida cautelar pudiera provocar a la parte contraria algún grave perjuicio, los jueces deben ser más propensos a la concesión que a la denegación (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231).-
IV. v) La suspensión de la norma no produce efectos jurídicos irreversibles.
El otorgamiento de tutela precautoria peticionada también satisface el requisito prescripto por el inciso e) de artículo mencionado, en tanto y en cuanto el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, con su actual integración de cinco miembros, resulta plenamente funcional desvirtuándose así cualquier tipo de argumento en relativo a un riesgo de “parálisis” en torno al servicio de justicia.-
IV. vi). Inexistencia de otro medio menos gravoso para proteger los derechos invocados.
Por último, no viéndose comprometido el normal servicio de justicia, ni afectándose derechos subjetivos y menos aún el interés público, la tutela precautoria de derechos y garantías que reposan directamente sobre preceptos basales de la Constitucional Nacional, como así también de tratados internacionales con jerarquía supralegal, ameritan su inmediata protección no avizorándose otro medio más idóneo ante la urgencia de los acontecimientos narrados.-
V. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada en PE2025837-2025 y ampliada en PE2028383-2025 por el señor Juan Franco Mascheroni, en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio”, con el alcance estrictamente necesario para preservar la jurisdicción de este Alto Cuerpo y sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto. En consecuencia, corresponde disponer la suspensión provisional de los efectos de la Ley Provincial N° 3949, promulgada por Decreto N° 0768/25, por el plazo de cuatro (4) meses, manteniendo vigente transitoriamente la redacción del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia N° 1600 (texto según Ley 2404). Adicionalmente, se impone: (a) disponer que los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora se abstengan de intervenir, en cualquier carácter, en el estudio, deliberación, conocimiento, integración de acuerdos, emisión de votos, firma de resoluciones y demás decisiones jurisdiccionales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, así como en actuaciones administrativas con proyección decisoria, tanto en causas en trámite como en aquellas que ingresen con posterioridad, por el plazo de cuatro (4) meses; y (b) ordenar la prohibición de tomar juramento a los Dres. Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, disponiendo la suspensión de toda actuación conducente a su incorporación por el mismo término.- Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sentencia definitiva. De igual modo, corresponde tener por prestada la contracautela mediante caución juratoria.-
Igualmente, corresponde imponer las costas de los presentes en el orden causado, en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
En virtud de las consideraciones expuestas, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada en PE2025837-2025 y ampliada en PE2028383-2025 por el señor Juan Franco Mascheroni, en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio”, conforme los términos y alcances establecidos en los considerandos.-
2. Disponer la suspensión provisional de los efectos de la Ley Provincial N° 3949, promulgada por Decreto N° 0768/25, por el plazo de cuatro (4) meses, manteniendo vigente transitoriamente la redacción del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia N° 1600 (texto según Ley 2404).-
3. Disponer que los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora se abstengan de intervenir, en cualquier carácter, en el estudio, deliberación, conocimiento, integración de acuerdos, emisión de votos, firma de resoluciones y demás decisiones jurisdiccionales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, así como en actuaciones administrativas con proyección decisoria, tanto en causas en trámite como en aquellas que ingresen con posterioridad, por el plazo de cuatro (4) meses, o hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente acción o se dicte resolución en contrario por este Alto Tribunal, lo que ocurra primero.-
4. Ordenar la prohibición de tomar juramento a los Dres. Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, disponiendo la suspensión de toda actuación conducente a su incorporación, incluidos actos de comunicación, protocolización, registración o instrumentación administrativa, por el mismo plazo y condiciones que la medida dispuesta en el punto anterior.-
6. Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles.
Fdo. Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1051C.251 Tomo: XX Sentencia: 1194 Folio N°: 3974/3981 Secretaría: 1
Fin de la sentencia