Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 24.581-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 199/04 en todas sus partes. Con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
- en la suma de $36.841, por la representación procesal y de $92.102, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
- en la suma de $83.232, equivalente a 1,15 UMA, por la representación procesal y $208.079, equivalente a 2,88 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3Regular los honorarios de la Ingeniera Paola Ferrari en la suma de $144.530, los que quedan a cargo de Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), por su actuación como perita designada a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por ley 24.432.
4Regular los honorarios del CP Guillermo García Fuster en la suma de $75.789, los que quedan a cargo de Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), por la aceptación del cargo como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-119217957-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Octubre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 24.581-I caratulado “Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial s/ recurso de apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (en adelante, AMAPE) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución Nº 199/04 dictada en la Dirección Regional Rosario I de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en la cual se le determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 2/00 a 9/03 y se la intimó a ingresar la suma de $252.967,41, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $758.901,72 de acuerdo con los arts. 46 y 47, incs. a) y b) de la misma ley (t. v.).
En su presentación ante esta instancia, AMAPE dice que es una asociación mutual sin fines de lucro, constituida en los términos de la ley 20.321, que cumple con los recaudos legales de su forma jurídica en la que, asegura, prácticamente no existen límites a la posibilidad de actuación en cuanto a los servicios que puede brindar a sus socios. La única condición, según señala, es que la prestación se encuentre prevista en el Estatuto aprobado por el INAES, que es la autoridad de aplicación y ejerce un amplio pero estricto control formal y legal sobre los aspectos operativos, en consonancia con el interés público comprometido.
Niega ser una entidad exclusiva de asistencia médica y asegura que también puede realizar actividades de turismo y proveeduría, tal como surge del art. 2 de su Estatuto.
Aclara a continuación que intentó prestar el servicio de turismo que, según dice, se encuentra incluido en la facturación extendida a sus afiliados. Afirma que aunque los socios no lo hayan utilizado, ello no significa que no se encuentre ofrecido y a su disposición. Por lo demás, alega que debe considerarse la situación económica que se vivía en el país en los períodos fiscalizados.
Por otra parte, hace notar que el juez administrativo consideró gravados los ingresos por cuota social porque presumió que se encontraban ligados a la prestación de asistencia médica, sin tener en cuenta que “la existencia de la mutual implica la coexistencia de cuota social a cargo de los afiliados”.
Señala que dicha cuota social no implica una contraprestación de parte de los afiliados por el pago de un servicio sino que tiene como objeto la obtención de la ayuda mutua, típica de esta forma de organización. Agrega que la cuota es el precio que abonan los afiliados por pertenecer a la mutual y que, tal como la cuota de capitalización consistente en aportes para incrementar el patrimonio de la mutual, no se encuentran gravadas porque no son ventas ni locaciones de las previstas por la ley del tributo. Además, invoca el art. 29 de la ley 20.231 para justificar que dichos ingresos se encuentran amparados con el beneficio de la exención.
Expresa que el Fisco Nacional entendió que por los servicios médicos prestados debió tributar a la alícuota del 10,5%, pero en ningún momento objetó la naturaleza y existencia misma de la mutual. Remarca que si la cuota social hubiese estado ligada exclusivamente a los servicios médicos como sostiene el juez administrativo, el monto debió modificarse en proporción al servicio prestado y no representar una suma fija. Además, resaltó que el INAES nunca efectuó objeciones sobre las prestaciones ofrecidas.
En cuanto al ajuste por diferencia de cápitas registradas con las informadas, expresa que si bien AMAPE tiene información sistematizada de los movimientos de la cartera, allí no aparece la información histórica, que es fundamental para dar por cierta la presunción de ingresos omitidos. Remite a la información que surge de un Expediente N° 1613/01, en trámite ante la justicia de Rosario del que surge que sus afiliados eran cerca de 3000, número ostensiblemente inferior a los 5000 que se indican en el informe final de inspección.
En otro orden, critica que se hayan aplicado “presunciones sobre presunciones” porque éstas deben partir siempre de un hecho verdadero y real para poder deducir el hecho desconocido, pero probable. En el caso, afirma que para el Fisco Nacional, el supuesto hecho cierto fue la existencia de ingresos presuntos por la venta de órdenes de consulta a afiliados omitidos de registrar y declarar y que los ingresos en concepto de cuota social se destinaban a asistencia médica exclusivamente. Y, a partir de ello, elaboró una ingeniería jurídica basada en presunciones de presunciones. Por otro lado, en apoyo a su postura, invoca la ley 25.920 que incorporó un párrafo al art. sin número agregado a continuación del art. 7 de la ley del tributo, en el que se dispone que si la exención general, referida a todo impuesto nacional, se encuentra prevista en leyes vigentes a su entrada en vigencia, tal exención tiene operatividad en el IVA. Agrega que dicha incorporación fue receptada por el Fisco Nacional en la I.G. 6/2004.
Se opone al pago de los intereses que se intiman a ingresar en la Resolución porque, según entiende, colisionan con las normas del entonces Código Civil, que considera aplicables al caso.
Con relación a la multa, alega que no hubo omisión de ingresar el impuesto e indicó que de su parte no hubo intención de defraudar, sin perjuicio de hacer notar que no se probó la existencia del dolo en su conducta y que los regímenes de presunciones solo autorizan a determinar la deuda mas no a aplicar sanciones en base a ellas. En subsidio, invoca la existencia de error excusable.
Acompaña prueba documental, ofrece informativa al INAES y al Diario “El Ciudadano”, testimonial y pericial contable e informática, y solicita que se deje sin efecto la Resolución, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contestó el traslado del recurso y por las consideraciones que expone pide que se confirme la Resolución, también con costas.
III. El Expediente se abrió a prueba a fs. 126 y se hizo lugar a informativa dirigida al INAES y al diario “El Ciudadano y la Región” de la ciudad de Rosario, pcia. de Santa Fe, a la producción de las pericias contable e informática y a la testimonial. Sus resultados se encuentran agregados a fs. 147/178, 200/201, 242/244 y se hace notar que la prueba de informes al diario mencionado y la pericial contable se tuvieron por desistidas a fs. 241 y 250 ante la inacción de la recurrente en su producción.
El período probatorio se clausuró a fs. 276 y a fs. 278 se elevó el Expediente a la Sala. La representación fiscal presentó su alegato a fs. 294/299, no habiendo la recurrente hecho uso de ese derecho.
A fs. 301 el Expediente quedó en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la legitimidad de la determinación de oficio notificada en la Resolución N° 199/04 para lo cual debe estarse a sus Considerandos y a los antecedentes administrativos que preceden a su dictado, así como también a los agravios y la prueba aportada y rendida en este Expediente por la recurrente.
Durante la fiscalización se comprobó que AMAPE integraba un sistema de salud que funcionaba bajo el nombre de fantasía “MEDYCIN Medicina y Cobertura Integral” junto a dos empresas, FRYASA S.A. y MEDYCIN S.A., y se consideró que se hallaban vinculadas, ya que desarrollaban su actividad en el mismo domicilio y compartían los recursos materiales y humanos. Además, de la circularización a prestadores y proveedores se detectó que la mayoría de ellos llevaba una cuenta corriente única, donde registraban ventas a FRYASA SA, MEDYCIN SA y/o AMAPE en forma indistinta e incluso en ciertos casos, solo a “MEDYCIN”. También se constató que AMAPE por un tiempo —en el que se incluyen los períodos involucrados en la Resolución, aunque con una interrupción durante los períodos 5/01 a 10/02— se hizo cargo del gerenciamiento del sistema de salud a cambio de la percepción de un canon. Se comprobó igualmente, que todos los asociados a la mutual eran, a su vez, afiliados al sistema de salud.
En base a ello y a la información obtenida, así como tambien de la aportada por AMAPE al contestar los requerimientos, se efectuaron las siguientes observaciones (v. informe final de inspección de fs. 301/310 del cuerpo de IVA de los ant. adm.):
a. se detectaron facturas emitidas por AMAPE a Segurometal Cooperativa de Seguros que no estaban ni registradas ni declaradas.
b. se constató que los créditos y débitos fiscales declarados en los períodos fiscalizados diferían de los registrados en los detalles de ventas y compras aportados por AMAPE. Además, se detectó un cálculo incorrecto de débito fiscal en las registraciones efectuadas por los meses de 11/02 a 09/03, ambos inclusive.
c. se consideraron gravados a los ingresos declarados en concepto de cuota social y cuota de capitalización que la recurrente facturaba como exentos, dado que, correspondían a una única actividad que fue la de prestación del servicio de medicina prepaga, no amparada por la exención en el tributo conforme lo dispuesto en el art. 7, inc. h), punto 7. d. se presumieron ingresos omitidos de declarar a partir de la comparación de las cápitas registradas en su sistema informático (“Estadísticas de Movimiento de la Cartera”) y las informadas por AMAPE durante la fiscalización, resultando estas últimas inferiores.
AMAPE no tenía su contabilidad organizada pero contaba con un sistema informático del que se extrajo información. También, se obtuvo información del Expediente N° 1613/01 en trámite ante la justicia de Rosario, pcia. de Santa Fe y de la documentación por ella aportada en dicha instancia.
e. AMAPE omitió registrar y declarar el débito fiscal correspondiente a la venta de órdenes de consulta a los afiliados. Se concluyó así que correspondía impugnar las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado presentadas por AMAPE y se le corrió vista de las actuaciones conforme el art. 17 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.). La recurrente presentó su descargo y al no conformar los ajustes propuestos, se determinó de oficio su obligación tributaria en la Resolución recurrida ante este Tribunal.
Relatados los antecedentes del caso, debe decirse en primer término que la recurrente sólo expresó agravios sobre los ajustes designados como c), d) y e) por lo cual, aquellos identificados como a) y b) deben tenerse por firmes y consentidos y confirmarse la pretensión fiscal y la sanción a su respecto, con costas.
Con respecto al ajuste c), el Fisco Nacional no cuestiona que la recurrente sea una mutual ni tampoco que podía desarrollar distintas actividades. Lo que objeta es que haya prestado únicamente servicios médicos asistenciales, actividad que prestada de esa manera, no se encuentra exenta de tributar el impuesto al valor agregado en virtud de lo dispuesto por el art. 7°, inc. h), punto 7 de la ley y por el art. agregado a continuación del art. 7°.
Dichos artículos, para los períodos en cuestión, deben considerarse con las reformas introducidas por la ley 25.063, vigente a partir del día siguiente a su publicación en el B.O. el 31/12/98, en la parte que aquí interesa, dispuso que: “ARTICULO 7º — Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación:
… h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del artículo 3º, que se indican a continuación:
… 7) Los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica: a) de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares; b) las prestaciones accesorias de la hospitalización; c) los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades; d) los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.; e) los que presten los técnicos auxiliares de la medicina; f) todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales.
La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores los colegios y consejos profesionales, las cajas de previsión social para profesionales y las obras sociales, creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales así como todo pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicios deban efectuar los beneficiarios.
La exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la medida en que los beneficiarios de la prestación no fueren matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares —en el caso de servicios organizados por los colegios y consejos profesionales y cajas de previsión social para profesionales— o sean adherentes voluntarios a las obras sociales, sujetos a un régimen similar a los sistemas de medicina prepaga, en cuyo caso será de aplicación el tratamiento dispuesto para estas últimas.
Gozarán de igual exención las prestaciones que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, cuando correspondan a servicios derivados por las obras sociales”.
Ahora bien, el art. agregado a continuación del art. 7°, incorporado por la ley 25.063, dispuso que:
“ARTICULO … — Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos —excepto para los espectáculos comprendidos en el punto 10, del inciso h) del primer párrafo del artículo 7º y para los servicios brindados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales a sus afiliados obligatorios y por los colegios y consejos profesionales y las cajas de previsión social para profesionales, a sus matriculados, afiliados directos y grupos familiares—, no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6, del inciso h) del primer párrafo del artículo 7º, ni las dispuestas por otras leyes nacionales —generales, especiales o estatutarias—, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluya taxativa o genéricamente al impuesto de esta ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de riesgo del trabajo. Tendrán el tratamiento previsto para los sistemas de medicina prepaga, las cuotas de asociaciones o entidades de cualquier tipo entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de asistencia médica y/o paramédica en la proporción atribuible a dichos servicios”.
Queda claro, entonces, que AMAPE no gozaba de exención alguna en los términos del art. 7°, inc. h), punto 7 de la ley ni estaba incluida en las excepciones previstas en el primer párrafo del art. agregado a continuación del art. 7° que habilitan porque no se trata de ninguna de las entidades destinatarias del beneficio.
Por el contrario, resulta aplicable el último párrafo de este úlitmo artículo en tanto trata a las cuotas de asociaciones o entidades de cualquier tipo como gravadas, entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de asistencia médica y/o paramédica, pero en la proporción atribuible a dichos servicios. En el caso, como se encuentra acreditado que el único servicio prestado fue el de medicina prepaga, corresponde confirmar el ajuste en los términos efectuados en la Resolución.
Ello, con arreglo al principio de legalidad que con especial énfasis y por mandato constitucional rige en materia tributaria, determina la improcedencia de sus agravios ya que no es posible, siquiera por analogía, extender el beneficio a un supuesto no previsto en la norma que lo concede.
Por su parte, la recurrente basa su defensa en este punto en la exención subjetiva que, según considera, le corresponde por ser una asociación mutual sin fines de lucro, constituida en los términos de la ley 20.321 (Reg. De Asociaciones Mutuales). En tal sentido debe decirse que el Fisco Nacional, tal como surge de los Considerandos de Resolución, no puso en duda la personería jurídica de la recurrente como mutual ni cuestionó las características propias de la existencia de la cuota social, ni su obligatoriedad, sino que analizó la gravabilidad de la prestación del servicio médico, conforme lo dispuesto por reformas a la ley del tributo, introducidas por leyes dictadas por el Congreso de la Nación con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.321, con fundamento en que la única actividad desarrollada por AMAPE durante los períodos fiscalizados fue la prestación del servicio médico.
Debe decirse, entonces, que la recurrente no probó, pudiendo hacerlo, la prestación de los otros servicios previstos en su Estatuto, sino que se limitó a brindar meras afirmaciones genéricas acerca de las actividades de turismo y proveeduría, sin apoyo probatorio de haberlas prestado efectivamente. Ello así, máxime cuando el Presidente de AMAPE manifestó a la fiscalización -Acta N°110148, del 5 de marzo de 2003, fs. 123, Cpo. IVA ant. adm- que sólo había desarrollado la actividad de asistencia médica a dicha fecha.
Tampoco los testimonios agregados a fs. 242/244 logran conmover la postura fiscal. El Sr. Germán Eduardo Tega, ofrecido en el recurso como encargado de turismo, era tesorero de AMAPE, tal como surge a fs. 2 de este Expediente. En igual carácter participa y firma el acta de asamblea a fs. 22 mientras que a fs. 8 del cuerpo de IVA de los ant. adm. figura como una de las personas que constituyó la asociación y que fue elegido como miembro titular de la junta fiscalizadora.
Por todo ello, a sus dichos le comprenden las generales de la ley, contrariamente a lo que en el acta testimonial declara. En cuanto a las Sras. Carina Fernández y María Jesús Ansoleaga, aseguran que usaron el servicio de turismo, aunque una única vez cada una, lo que claramente no alcanza para rebatir los ajustes que se sustentan en no haber prestado otros servicios diferentes a los de asistencia sanitaria. Ni siquiera si se analizan sus testimonios conjuntamente con los comprobantes acompañados a fs. 28 y 30 como prueba documental, en concepto de señas por viajes a Mar del Plata, ni la documentación acompañada a fs. 69 y 70, en tanto de allí tampoco surge que hayan prestado o cancelado los viajes. En efecto, dicha documentación consiste en facturas emitidas por Medycin a dichas personas en concepto de cuotas y reintegros de medicamentos, es decir que ninguna vinculación tienen con los viajes que dicen haber contratado. La respuesta del INAES a fs. 147/178 tampoco resulta relevante a fin de dirimir la presente controversia pues arroja información sobre hechos que aquí no se encuentran discutidos. En tal sentido, en la contestación agregada, se informó sobre cuál es la documentación que deben presentar las entidades y se adjuntó un instructivo. Se transcribieron los arts. de la ley 20.321 sobre la naturaleza jurídica de la cuota social (arts. 2, 4, 6, 9, 10 y 27) y se acompaña la Resolución N° 3034/05 que establece el procedimiento para el retiro de la autorización para funcionar como mutual. Asimismo, se informó que AMAPE adeudaba la presentación de actas de asambleas, memorias, balances, informes de la junta fiscalizadora correspondientes a los ejercicios sociales cerrados desde 31/1/02 hasta el 31/1/05 inclusive, como así también la renovación de autoridades. No constan sanciones, aunque sí que se sugirió el inicio de actuaciones sumariales (fs. 177).
Por otra parte, la recurrente ofreció pericia contable a fin de que los profesionales designados dictaminaran, en lo que aquí interesa, acerca de cómo se encontraba registrado el rubro cuota exenta, determinaran el monto que por dicho concepto abonaba cada afiliado, también la existencia de afiliados que utilizaban el servicio médico farmacéutico y/o el servicio de turismo, la naturaleza de los aportes de los asociados, discriminando si corresponde a contraprestación o aporte al patrimonio neto. Sin embargo, a fs. 241, ante su inacción, se le dio por decaído el derecho a producir dicha prueba. Finalmente, a mayor abundamiento, el Fisco Nacional hizo notar en los Considerandos de la Resolución que, en ese momento, la actividad turística se encontraba reglamentada por la ley 18.829 y su decreto reglamentario 2182/76, el que disponía que sólo podían ejercerla quienes obtuviesen su licencia inscribiéndose en el Registro de Agentes de Viajes de la entonces Dirección Nacional de Turismo. De la documentación aportada por AMAPE surge que se inició el trámite en dicho Registro pero no acreditó haber obtenido la licencia —provisoria o definitiva— que la habilitara para desarrollar o intermediar en la actividad, a cualquier título y forma, lo que constituye un indicio más en respaldo de la pretensión fiscal. De las circunstancias apuntadas se desprende, entonces, que son insuficientes los elementos probatorios incorporados tanto en la instancia administrativa como ante este Tribunal para demostrar la efectiva prestación de los servicios de turismo y proveeduría que alega la recurrente. Por ello, en virtud de la normativa aplicable ya reseñada, es que le correspondía tributar a la alícuota diferencial del 10,5% prevista en el art. 28 de la ley del impuesto que establece en su inciso i) que resultan alcanzados por una alícuota diferencial del 10,5% “… Los servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica a que se refiere el primer párrafo del punto 7, del inciso h), del artículo 7, que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, que no resulten exentos, conforme a lo dispuesto en dicha norma”.
En cuanto al ajuste indicado con el numeral d), el juez administrativo presumió ingresos omitidos de declarar a partir de la comparación entre el número de cápitas obtenido de un registro llamado “Estadísticas de Movimiento de la Cartera” extraído del sistema informático de AMAPE y las constancias aportadas en un expediente judicial y las que ésta informara durante la fiscalización.
Como se dijo, AMAPE se hizo cargo del gerenciamiento del sistema de salud conformado por dos empresas —no mutuales— FRYASA S.A. y MEDYCIN S.A., a cambio del pago de un canon, que se comprobó que se calculaba en base a la cantidad de cápitas mensuales registrada en el detalle “Estadística de los Movimientos de Cartera” de su propio sistema informático. Por su parte, tanto FRYASA S.A. y MEDYCIN S.A., a quienes también se les realizaron procedimientos de fiscalización, conformaron la pretensión fiscal respecto de este punto.
AMAPE, por el contrario, insiste en que esa información no es la conducente para efectuar el cálculo correspondiente, como sí lo es la que llama “información histórica”, a la que, además, considera fundamental, más no la aportó ante en instancia ni en la previa administrativa como prueba documental, aunque si ofreció prueba pericial informática a fin de su relevamiento. Sin embargo de dicho informe, que se encuentra agregado a fs. 200, lo único que se extrae es que la llamada Estadística “consiste en un reporte mensual que refleja la cantidad de altas y bajas de afiliados, y el total de afiliados en cartera, durante un determinado período” y que el sistema informático no puede emitir un detalle “histórico” porque abarca información sensible y no puede ser mostrada por protección a la identidad de los afiliados. Tampoco ofreció como prueba el Expediente que tramitara ante la Justicia de Rosario del que, ya se señaló, dijo que surgiría un número de asociados distinto al contemplado por el Fisco Nacional al calcular el ajuste.
En suma, la única información con la que se cuenta es la aportada por el Fisco Nacional que, además, surge del sistema informático aportado por la propia recurrente. Por todo ello, los dichos de la recurrente en relación a este punto también deben ser descartados.
Por lo demás, debe resaltarse que la recurrente ofreció prueba pericial contable para que los profesionales designados, en lo que aquí importa, examinando su Registro de Asociados y anexos, informaran si el mismo era llevado en legal forma conforme las disposiciones del INAES y para que indicaran el número de afiliados registrados durante los períodos fiscalizados, con sus altas y bajas. Pero, como ya se dijo, la recurrente no instó su producción.
En cuanto al agravio sobre la utilización de presunciones —en el que escuetamente incluye la recurrente al ajuste e)— cabe decir que dicha forma de estimación de la obligación tributaria se encuentra prevista entre las facultades que el art. 33 de la ley 11.683 le asigna al Organismo y se justifica, precisamente, en la omisión del contribuyente de aportar la documentación de respaldo correspondiente a lo declarado que es, justamente, lo que revelan las actuaciones administrativas sobre la actitud asumida frente a la fiscalización frente a cada uno de los ajustes propuestos. La insuficiencia o carencia probatoria fue la que condujo a la fiscalización a estimar de oficio como lo hizo y, en ese sentido, deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Por lo demás, es pertinente resaltar que las presunciones del art. 18 de la ley admiten prueba en contrario a fin de refutar la pretensión fiscal, posibilidad que no se le ha vedado a la recurrente ni en esta instancia ni en durante la tramitación administrativa tal como surge de las constancias de este Expediente y de los ant. adm.
Por último, en cuanto al agravio referido a la ley 25.920, debe decirse que entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, esto fue, el 9/9/04, por lo que no corresponde su análisis y aplicación sobre los períodos fiscalizados que abarcaron desde el 2/00 a 9/03.
En conclusión, corresponde confirmar la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 199/04, en cuanto al capital como a los intereses, en atención a que fueron liquidados conforme a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683 y a que los agravios esgrimidos por AMAPE no tienen entidad suficiente para eximirla de su responsabilidad por la mora en el ingreso del tributo en su justa medida.
V. Respecto de la sanción de defraudación aplicada con sustento en el art. 46 de la ley 11.683, se encuentra configurado el elemento objetivo que permite confirmar el encuadramiento de la conducta de AMAPE en dicha figura infraccional, consistente en la presentación de declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en forma inexacta desde el momento en que en ellas se omitió el cómputo completo de sus ingresos gravados.
En cuanto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de las presunciones de dolo establecidas en el art. 47, incs. a) y b) de la ley 11.683, configurado a partir de maniobras tendientes a disminuir las obligaciones debidas. Ello así, le correspondía a la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad. Sin embargo, las ofrecidas y producidas no fueron conducentes a tal fin, por lo que sus agravios son insuficientes para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
Contrariamente a lo que sostiene AMAPE en su recurso, su accionar produjo un concreto perjuicio fiscal al haberse ingresado un menor impuesto al realmente debido, por lo que no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley corresponden a su conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Tampoco se invocaron ni mucho menos acreditaron razones suficientes para convalidar la existencia de error excusable, por lo que, en suma, debe ser confirmada la sanción.
VI. Por todo lo expresado, corresponde confirmar la Resolución N° 199/04 en todas sus partes. Con costas. El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por la Vocal instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que corresponde adentrarse sobre la cuestión litigiosa en autos, esto es si resulta procedente el ajuste efectuado por el Fisco a la Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), en virtud de considerar gravadas en el IVA la prestación de servicios asistenciales de carácter médico y farmacéutico realizados por la recurrente. Que según surge del artículo 2° del Estatuto de la recurrente, son sus fines: “a) Fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros para satisfacer necesidades; b) Prestar servicios funerarios; c) Otorgar subsidios por casamiento, nacimiento, fallecimiento o cualquier otro evento que se determine; d) Otorgar préstamos a sus asociados y un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos; e) Proporcionar servicios de asistencia médica integral, farmacéutica, de proveeduría, recreación, turismo, culturales y otros compatibles con el bienestar material y el desarrollo físico y espiritual de los asociados; f) Establecer un fondo compensatorio para jubilación; g) Proveer de vivienda a los socios ya sea adquiriéndola, construyendo o haciéndola construir; pudiendo entregarla en uso, o en propiedad, según lo establezca en cada caso la reglamentación” (vide fs. 4).
A fs. 14/15 vta. y 18/19 vta. obran testimonios de Reglamentos de Turismo y Asistencia Médica y Farmacéutica, respectivamente. En ambos se prevé como beneficiarios exclusivamente a los asociados en cualquiera de las categorías previstas en el Estatuto Social (art. 2) como así también las condiciones para acceder a los servicios, su implementación, desarrollo y administración.
Cabe destacar que el propio Fisco al efectuar su alegato, expone que ni durante al fiscalización ni ante Tribunal se puso en crisis la personería jurídica de la actora, ni se cuestionaron las características propias de la entidad, solamente se analizó la gravabilidad en IVA de las actividades de la mutual (vide fs. 297).
II. Sentado ello, la Corte Suprema de Justicia in re “Asociación Mutual Sancor”, se expidió sobre la acción declarativa interpuesta por una asociación mutual que prestaba servicios de asistencia sanitaria, médica o paramédica con relación al alcance del artículo sin número incorporado a continuación del art. 7° de la Ley del IVA por la Ley 25.063 frente a las disposiciones de la ley de entidades mutuales (ley 20.321, art. 29), pretendiendo que aquella entidad sea considerada sujeto exento en ese gravamen.
Ello así, corresponde transcribir la cita de normas e interpretación y aplicación que de ellas propició el Cimero Tribunal: “Por un lado, el artículo 29 de la citada ley 20.321 establece: “Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos...”.
“Por su parte, el art. 7°, inciso h, ap. 6 de la ley del IVA 23.349 (t.o. en 1997 y sus modificatorias), dispone que las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e del artículo 3° estarán exentas cuando se trate de “los servicios prestados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f, g y m del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos”.
“A su vez, la ley 25.063 (B.O. 30/12/1998) agregó un artículo sin número a continuación del art. 7° de la ley del impuesto por el que estipuló: “Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica...no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6, del inciso h) del primer párrafo del artículo 7°, ni las dispuestas por otras leyes nacionales (generales, especiales o estatutarias), decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluya taxativa o genéricamente al impuesto de está ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de riesgo del trabajo”.
“Por último, la ley 25.920 (B.O. 09/09/2004) incorporó dos párrafos al artículo, sin número, agregado a continuación del art. 7° de la ley del impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificatorias). El primero de ellos establece: “Sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo de este artículo, en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuestos, en cuanto no lo incluyan taxativamente”. El segundo prescribe que “la limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo, incluida la dispuesta por el art. 3° inc. d de la ley 16.656, que fuera incorporada como inc. s del art. 19 de la ley 11.682 (t.o. en 1972 y sus modificaciones)”.
“(…) Que frente a las normas citadas corresponde examinar cuál es la situación de la mutual recurrente en el IVA respecto de los servicios de salud que presta y determinar si la exención contenida en el artículo 29 de la ley 20.321 se aplica a dicho gravamen”.
“Cabe poner de relieve que esta Corte ha sostenido desde antiguo que es principio básico de la hermenéutica atender, en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan (Fallos: 267:215) y que en dicha tarea no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en el que se engarzan las normas”. “Con este fin, el análisis conjunto de los preceptos arriba transcriptos se impone, pues sólo así podrá realizarse el principio hermenéutico sentado por este Tribunal. Y en este sentido, la interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada norma sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan tomando en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (Fallos: 294:223; 315:38)”.
“Que a la luz de tales pautas interpretativas y del claro texto del artículo 29 de la ley orgánica 20.321 se infiere, sin hesitación, que el principio general reposa en el elevado fin social que persiguen las asociaciones mutualistas, cuya característica principal es el espíritu de solidaridad y ayuda recíproca. En salvaguarda del sentido social de este tipo de organizaciones y para evitar que éste pueda verse frustrado es que la ley orgánica ha establecido, en el citado artículo, la exención de todo tipo de impuesto, tasa o contribución de mejoras. Esta previsión respondió a la propia esencia de aquéllas y a la declarada necesidad de fomento (confr. nota Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto de la ley 20.321)”. “En armonía con ello, distintas normas impositivas, como la del impuesto a las ganancias y la del impuesto al valor agregado, eximieron a las mutuales en forma particular, es decir, reiteraron en su texto lo que la ley 20.321 ya había dispuesto. Y es allí donde debe insertarse lo dispuesto por el apartado 6 del artículo 7°, inciso h, de la ley del IVA que dispone que los servicios prestados por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f, g y m del art. 20 de la ley de impuesto a las ganancias, entre las que se encuentran las mutuales, están exentas en tanto los servicios prestados “se relacionen en forma directa con sus fines específicos”.
“(…) Que es en este marco de tan trascendente función social de las asociaciones mutualistas en el que deben analizarse los distintos párrafos del artículo sin número agregado a continuación del art. 7° de la ley del gravamen”. “En primer término, corresponde examinar el alcance que cabe otorgar al primero de ellos, en cuanto establece que no será de aplicación, respecto de los servicios de salud, ninguna exención establecida en esa ley o en leyes nacionales - generales, especiales o estatutarias-, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía. Para desentrañar su sentido, resulta ineludible remitirse a la interpretación auténtica efectuada por ley 25.920 que fue, precisamente, la que vino a poner fin a los debates que desde su sanción se habían suscitado en relación con el IVA y las exenciones impositivas de carácter genérico vigentes hasta ese momento”.
“En efecto, el proyecto de ley girado al Congreso de la Nación que propiciaba modificar ese artículo sin número agregado a continuación del artículo 7° de la ley del impuesto -finalmente sancionado bajo el n° 25.920- señaló que la propuesta obedecía a las divergencias de criterios que existían respecto de la preminencia, en situaciones concretas, de las exenciones contenidas en la ley del IVA o de las previstas de manera genérica en otras normas, es decir, que su objetivo fue clarificar la situación de aquellos entes beneficiados por exenciones subjetivas totales acordadas por leyes anteriores a la ley del gravamen. Tal como expresa el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el proyecto tenía por objeto brindar seguridad jurídica respecto del alcance de las exenciones establecidas por el IVA (Orden del Día 791 11/08/2004)”.
“Cabe poner de relieve que, en su texto, la ley 25.920 estableció claramente que la limitación a la franquicia solo resultaba aplicable a aquellos sujetos respecto de los cuales no existiera, al momento de su promulgación, una ley anterior que los exima expresamente de todo tributo nacional, es decir, reconoció la validez de aquellas exenciones previstas en leyes vigentes que sean anteriores al 9 de septiembre de 2004”.
Que de conformidad con lo expuesto por la Sala V de la Alzada in re “Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Belgrano” (sentencia del 26 de noviembre de 2015), cabe propiciar la siguiente interpretación del Máximo Tribunal en el precedente citado: a) la ley 25.920 reconoció la validez de aquellas exenciones previstas en leyes vigentes anteriores al 9/9/04; b) el tercer párrafo incorporado a continuación del art. 7º no refiere a la permanencia de las exenciones vigentes, lo cual recién se menciona en el párrafo siguiente; y c) la exención establecida por el art. 29 de la ley 20.321 para las asociaciones mutuales alcanza también al IVA en los servicios de salud que prestan tales entidades.
A su vez y en línea con un reciente precedente (cfr. Sala III de la Alzada in re “Club Atlético Huracán”, sentencia del 13 de agosto de 2024), considero que la máxima que alcanza a la actora, en atención a su carácter de mutual conforme los lineamientos de la ley 20.321 más la exención por esa naturaleza consagrada en el IVA, no puede verse menguada por la otra regla particular, que regula una especie de su actividad. Ello equivale a argumentar que un sujeto al que legalmente se lo beneficia por sus características subjetivas –y, de suyo, por la finalidad que persigue–, se le retraiga –o anule– la dispensa, teniendo en cuenta la actividad –o parte de ella– que realiza. Se ha dicho que tal aseveración no responde a una armónica y conexa labor interpretativa, sustentando en que como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, la interpretación no puede prescindir de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad (Fallos: 302:1284; 303:917; 310:464; 311:1925; 312:156; 320:1962; 323:1406, 3412, 3619; 324:68, 1481, 2107 y 326:2095, entre muchos otros).
Finalmente, cabe destacar que sobre la cuestión traída a debate, esta Juzgadora ya tuvo oportunidad de pronunciarse en un caso similar al resolver con fecha 10 de octubre 2012 la causa “Asociación Mutual San Isidro Labrador”, concluyendo que los servicios de asistencia médica prestados por esa mutual a sus asociados estaban exentos por encontrarse previstos dentro de sus fines específicos. Tal decisorio fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante sentencia emitida con fecha 17 de septiembre de 2013, exponiendo que: “.... no serían aplicables las limitaciones establecidas por la ley 25.063 respecto de las empresas de medicina prepaga, las asociaciones y mutuales, las cuales gozarían de una exención subjetiva dada por la ley de creación, por su naturaleza (de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la causa "Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad -Hospital Español de Mendoza" del 14 de septiembre de 2010)”. En igual sentido, la suscripta se expidió in re “Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca", fallo del 17 de agosto de 2017, el cual en lo que aquí interesa fue consentido por el Fisco, ello de acuerdo a la sentencia de la Sala V de la Alzada del 18 de febrero de 2022.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que no se encuentra discutida la naturaleza jurídica de la entidad como así tampoco que los servicios prestados se relacionan en forma directa con sus fines específicos, voto por revocar la resolución apelada en autos.
Que, en cuanto a las costas, considero que las mismas deben ser soportadas por el organismo fiscal, atento que entiendo que no procede apartarse del principio establecido en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 184 de la ley de rito.
Por la forma en que se resuelve no procede pronunciarse sobre las restantes cuestiones planteadas por la partes. Atento al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 199/04 en todas sus partes. Con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
- en la suma de $36.841, por la representación procesal y de $92.102, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
- en la suma de $83.232, equivalente a 1,15 UMA, por la representación procesal y $208.079, equivalente a 2,88 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3. Regular los honorarios de la Ingeniera Paola Ferrari en la suma de $144.530, los que quedan a cargo de Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), por su actuación como perita designada a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por ley 24.432.
4. Regular los honorarios del CP Guillermo García Fuster en la suma de $75.789, los que quedan a cargo de Asociación Mutual de Acción Profesional y Empresarial (AMAPE), por la aceptación del cargo como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas, y archívese.
Date: 2025.10.24 16:15:57 -03:00 Date: 2025.10.27 10:34:40 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.27 12:49:02 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.27 12:49:03 -03:00
Fin de la sentencia