Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-56822764-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 43/2020 tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ella, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-99458568-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Agosto de 2023 En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para resolver el Expte. Nº EX-2020-56822764-APN-SGAI#TFN, caratulado “Asociación Mutual Amparen s/ recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Asociación Mutual Amparen (Amparen, en adelante), interpone el recurso que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 43/2020, dictada el 24 de junio de 2020 por la Dirección Regional Palermo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 7/2014 a 6/2015, y se la intima a ingresar la suma de $2.248.739,38, que corresponde a los débitos fiscales determinados en dichos períodos, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Sostiene en su presentación ante este Tribunal que la decisión notificada en la Resolución es derivación de las actuaciones sustanciadas en el INAES -Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- por presuntas irregularidades, pero que no llevaron a aplicación de sanción alguna, ni tampoco al retiro de la autorización para funcionar. Destaca, sin embargo, que por acto del 9 de octubre de 2017, la Administración Tributaria rechazó a Amparen el certificado de exención en el impuesto a las ganancias, con efectos retroactivos desde el 30 de julio de 2012, y fue con motivo de esta medida que la fiscalización ajustó los débitos fiscales en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales comprendidos en la Resolución recurrida.
Expresa que es el INAES la autoridad de aplicación de la ley 20.321 y la que determina el cumplimiento de los requisitos para gozar de la exención prevista en el art. 20, inc. g) de la ley del impuesto a las ganancias, y agrega que ni dicha ley ni su reglamentación otorgan facultades a la Administración Tributaria para investigar si las mutuales cumplen con los mismos, ni para controlar si la actividad de la mutual excede el marco establecido por el Estatuto.
Ofrece como única prueba los antecedentes administrativos y solicita que oportunamente se deje sin efecto la Resolución, con costas.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, que solicita que se confirme su decisión, también con costas.
Destaca para ello que Amparen no tenía certificado vigente de exención en el impuesto a las ganancias toda vez que a partir del dictamen del INAES y las tareas de fiscalización llevadas a cabo a partir del mismo, se constató una serie de irregularidades tales como, falta de actualización del domicilio, que daba el servicio de ayuda económica mutual en forma encubierta a través de captación de ahorros de socios y fundadores y mutuos sin autorización, que hacía inversiones en operaciones bursátiles con fondos de terceros.
Además, se constató que el Presidente tenía dinero en custodia que según las reglamentaciones tendría que haber estado depositado en entidades financieras a nombre de la mutual.
El juez administrativo encuadró la actividad de gestión de préstamos realizada en los períodos en cuestión como prestación de servicios gravados y determinó de oficio los débitos fiscales correspondientes.
III. No habiendo pruebas a producir, en PV-2023-11873131-APN-VOCI#TFN se eleva el expediente a consideración de la Sala y mediante IF-2023-96091015-APN-VOCI#TFN queda en estado de dictar la sentencia.
IV. Lo que este Tribunal debe resolver es la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 43/2020 que determinó de oficio las obligaciones de Amparen en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales en los que, no se encuentra en discusión, dicha entidad no tuvo certificado de reconocimiento de la exención en el impuesto a las ganancias.
En efecto, a partir de un dictamen del servicio jurídico del INAES y de los resultados de las tareas de fiscalización llevadas a cabo por la Administración Tributaria a partir del mismo, por acto administrativo del 9 de octubre de 2017 decidió revocar el certificado de exención en el impuesto a las ganancias con efectos desde el 30 de julio de 2012. Dicho acto, de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente y en las actuaciones administrativas que preceden su dictado, no fue recurrido, es decir quedó firme.
A la hora de resolver debe recordarse que a través de la R.G. (AFIP) N° 2681/09 y su modificatorias (B.O.05/10/2009), se estableció el procedimiento y requisitos que tenían que cumplir las entidades comprendidas en los incs. b), d), e), f), g), m) y r) del art. 20 de la ley de impuesto a las ganancias que a la fecha de aplicación de dicha norma para gozar de la exención. El inc. g) se refiere, precisamente, a “Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados”.
En lo que aquí más interesa, el art. 1° de dicha norma disponía que las entidades, entre ellas las mutuales del referido inciso, “…deberán tramitar un certificado de exención conforme los requisitos, plazos, formalidades y demás condiciones que se establecen por la presente”.
Por su parte, el art. 23 estableció que "Si como consecuencia de los controles sistémicos y/o verificaciones realizados con posterioridad a la emisión del certificado de exención, se comprobaren irregularidades en los antecedentes y/o documentos que dieron lugar al trámite, en el objeto social declarado atendiendo a su forma jurídica o por no resultar acorde con dicho objeto su funcionamiento institucional y operativo -entre otras-, el Fisco podrá dejar sin efecto el certificado emitido mediante resolución fundada”, momento a partir del cual, según el art. 24, los contribuyentes “… deberán determinar e ingresar el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y/o el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias -según corresponda- , en las condiciones que dispongan las normas vigentes y con los alcances establecidos en el art. 18 citado”. Contra dicha decisión, el art. 25 permitía la revisión de la decisión a través del recurso de apelación ante el Director General reglado en el art. 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683.
La determinación de oficio que nos ocupa fue dictada precisamente en cumplimiento a tales preceptos, régimen al que Amparen se acogió cuando solicitó el certificado de exención en el impuesto a las ganancias, sin que se adviertan vicios en el procedimiento sustanciado con carácter previo a la emisión del acto administrativo recurrido ante este Tribunal que ponga en duda su validez o legitimidad.
No ha objetado Amparen la decisión administrativa que a partir de las irregularidades señaladas por el INAES en su dictamen dio lugar a un proceso de investigación a las resultas del cual se dejó sin efecto el certificado de exención en el impuesto a las ganancias que es, como ya se dijo, la decisión que provocó que se determinaran los débitos fiscales en el impuesto al valor agregado, liquidados a partir de la información de sus propios estados contables.
Más aún cuando Amparen tampoco en este proceso ha explicado ni rendido u ofrecido prueba alguna en relación a tales inconsistencias, entre otras, la actividad financiera que ejerció sin autorización y la detección de dinero en efectivo en poder de su Presidente que debió haber estado depositado en bancos a nombre de la mutual. Tan solo hizo una invocación genérica de la falta de competencia de la Administración Tributaria para opinar sobre el reconocimiento de la exención, alegando que basta que sea una mutual reconocida como tal por el INAES para gozar de los beneficios fiscales otorgados primero en la ley 20.321 (art. 29) y luego en las leyes del impuesto a las ganancias y al valor agregado.
Sin embargo, yerra Amparen en la interpretación que hace de las normas que rigen los beneficios fiscales para las mutuales. Ello, porque el art. 29 de la ley 20.321 dispone en la parte que en lo que aquí debe resolverse importa, que “Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos. Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los inmuebles que tengan las asociaciones, y cuando de éstos se obtengan rentas, condicionado a que las mismas ingresen al fondo social para ser invertidas en la atención de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos de cada asociación. Asimismo quedan exentos del Impuesto a los Réditos los intereses originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados”.
Cabe recordar que Amparen es, conforme a su estatuto de constitución y el reconocimiento dado por el INAES, una mutual de las comprendidas en el art. 20, inc. g) de la ley del impuesto a las ganancias (t.v.). Dicha norma dispone que están exentas “Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados”.
En el caso, del Estatuto de constitución de Amparen surge que su objeto es la prestación de diversos servicios -de ayuda recíproca, préstamos, asistencia médica, subsidios por nacimiento, fallecimiento, servicios funerarios, entre otros-; sin embargo, primero el INAES y luego la fiscalización constataron que en los períodos que aquí interesa los ingresos que obtuvo, registrados en su contabilidad, se generaron en otra actividad no prevista en las normas de su funcionamiento, consistente en la captación de fondos de las personas asociadas y fundadoras a través de mutuos, al igual que en inversiones en operaciones bursátiles (con capital que no era propio, lo que no está permitido).
La fiscalización constató, además, activos, pasivos y acreditaciones bancarias poco usuales en este tipo de entidades, inconsistencias e irregularidades que llevaron finalmente a revocar el beneficio en el impuesto a las ganancias, por no configurarse los supuestos del art. g) del art. 20 de la ley. Es decir, los ingresos generados por dicha actividad y ahora las ventas que dieron lugar a los débitos fiscales incluidos en la determinación de oficio notificada en la Resolución N° 43/2020 tienen origen en una actividad de tipo comercial, diferente a la solidaria prevista en la ley 20.321, resultando entonces acertada su gravabilidad conforme al criterio fiscal.
Ha dicho en más de oportunidad este Tribunal y la Cámara que realiza la revisión de sus decisiones que, sin desconocer las facultades de las autoridades de aplicación, es la Administración Tributaria la autoridad competente para evaluar los presupuestos de aplicación de los beneficios fiscales, conforme a las leyes de otorgamiento. Así, al fallar en “Asociación Mutual Troopea”, sentencia de la Sala D que integro como vocal titular, del 27 de agosto de 2019, se dijo, “Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), sucesor del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, es el organismo encargado por ley de ejercer la superintendencia de las entidades bajo su contralor, en tanto es el que otorga las autorizaciones para que las mismas puedan funcionar, es quien tiene las facultades de verificación y decisión respecto del correcto funcionamiento de las entidades bajo su sujeción y el que puede resolver acerca del retiro de la autorización para actuar y liquidarlas, cuando se comprueban desvíos que merezcan tal sanción (ley N° 20.371, art. 35). Que, en el caso de que las entidades incumplan con la normativa ha dicho en más de oportunidad este Tribunal y la Cámara que realiza la revisión de sus decisiones que es la Administración Tributaria la autoridad competente referida a su funcionamiento y el desarrollo de los propósitos que guiaron a su creación, no cabe dudas que ello tendrá una incidencia directa respecto de las exenciones tributarias”.
Agregó allí también, “Que no puede pasarse por alto que las asociaciones mutuales estarán exentas del impuesto a las ganancias en la medida que las rentas que se obtengan se utilicen para cumplir con los objetivos para los que fueron creadas conforme lo preceptuado por la ley (que las regula), esto es en tanto y en cuanto dichos servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos”.
Y en dicho caso, al igual que el que aquí debe resolverse, tanto de los elementos aportados por el INAES como los colectados por la Administración Tributaria, surge claro que Amparen prestó a terceros servicios de intermediación financiera que no estaba autorizada a prestar que, desde el punto de vista del impuesto al valor agregado fueron correctamente encuadrados por el juez administrativo como servicios de gestión de préstamos no alcanzados por la exención del art. 7°, inc. h) punto 6) de la ley y, como tales, gravados.
Se dijo en dicho precedente, asimismo, allí que, “…corresponde destacar lo dispuesto por nuestro Más Alto Tribunal al considerar que, sobre la base de antecedentes ya existentes, la inscripción como sujeto exento es declarativa y que "el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad. Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros, postura reiterada en Fallos: 325:3092"(v. "Mutual de Socios Credivico", CSJN, 02/03/2011). Es decir que la exención procede en tanto y en cuanto se cumpla con los requisitos que la ley exige, situación que no se da en el presente caso puesto que las tareas que la actora realiza en lo que hace a la gestión de cobranzas se han apartado de las previsiones legales y por lo tanto, no asiste razón a la recurrente en cuanto plantea que el proceder del Fisco ha sido arbitrario”.
Por todo lo expresado, corresponde confirmar la Resolución N° 43/2020, tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ella, con costas.
La Dra. Laura Amalia Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por la Vocal Instructora.
II. Que la cuestión en debate consiste en resolver si se ajusta a derecho la resolución que determinó de oficio la obligación de la recurrente frente al impuesto al valor agregado por considerar gravada su actividad “prestación del servicio de gestión de préstamos”, por los períodos fiscales 7/2014 a 6/2015, ambos inclusive. Para así concluir el ente fiscal reposa en un dictamen emitido por la Coordinación de Asesoría Legal Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y en las propias tareas de fiscalización que lo llevaron a emitir la resolución que rechazó la solicitud de exención con fecha 9/10/17.
La crítica al acto en crisis por parte de la Asociación Mutual se basa, fundamentalmente, en la incompetencia del organismo fiscal para rechazar la exención otorgada por la ley 20.321, siendo el único ente habilitado para controlar el cumplimiento de su objeto social, el mencionado Instituto. Destaca que si bien se emitió el dictamen proponiendo la instrucción de sumarios, nunca se emitió un acto sancionatorio o que retirara la autorización para funcionar como Mutual, por lo que solicita se revoque el acto venido en recurso.
III. Que ello así cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal, haciendo suyo el Dictamen de la Procuración General de la Nación sostuvo que “...las asociaciones mutuales se encuentran beneficiadas, en principio, por la exención genérica prevista por el artículo 29 de la ley 20.321, y por la específica contemplada en el artículo 20, inc. g), de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997).
Desde esta perspectiva…el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad. Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros de terceros, postura reiterada en Fallos: 325:3092.
Por ello, y contrariamente a lo planteado por la recurrente, es indudable que el mantenimiento de la resolución….que reconoció a la actora como exenta…-o el previo aviso al INAES requerido por la sentencia impugnada, no obstan a que el organismo recaudador ejerza respecto del contribuyente las potestades de fiscalización y verificación que le otorga la ley 11.683 –conf. arts. 33 a 36 en el texto ordenado en 1998- tal como efectivamente lo ha hecho…” y finaliza “lo decidido por la Cámara no le impide ejercer, respecto de la actora, las facultades legales que le competen para valorar la corrección de su conducta tributaria. Con tal comprensión, será en el ámbito del procedimiento de determinación de oficio y en sus instancias recursivas posteriores, donde habrá de dilucidarse lo referente a las cuestionada franquicia” (C.S.J.N. “Mutual de Socios Credivico c/AFIP”, 2/3/2011).
Bajo ese contexto corresponde analizar el acto impugnado.
IV. Que de acuerdo con lo que surge de las actuaciones administrativas y de la propia página web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la Mutual se encuentra inscripta bajo Matrícula CF 2518. Los fines específicos de su creación de acuerdo a sus Estatutos vigentes son: a) fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros para satisfacer sus necesidades; b) prestar servicios funerarios; c) otorgar subsidios por casamiento, nacimiento, fallecimiento y cualquier otro evento que se determine; d) otorgar préstamos a sus asociados y un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos; e) proporcionar servicios de asistencia médica y odontológica integral, farmaceútica, de proveeduría, órdenes de compra, guardería, recreación y deportes, turismo, culturales y otros compatibles con el desarrollo físico y espiritual de los asociados; f) establecer un fondo compensatorio para la jubilación; g) proveer de vivienda a los socios ya sea adquiriéndola, construyéndola o haciéndola construir pudiendo entregarla en uso o en propiedad, según establezca en cada caso la reglamentación (vid. RE-2020-56822389-APN-SGAI#TFN, fs. 19 y sgtes.)
Asimismo, a fs. 31/32 obra la resolución emanada del Directorio del INAES, de fecha 15 de junio de 2005, que aprueba modificaciones al Estatuto y las reglamentaciones, entre las que se destaca, el Servicio de Gestión de Préstamos (Vid. Resolución Nº 1943).
Por su parte, de acuerdo con lo que prescribe el Estatuto Social de la Mutual, los servicios se prestarán en la medida que lo permita el estado económico y previa reglamentación de los mismos, aprobada por la asamblea de socios y la autoridad de aplicación. Sus recursos estarán constituidos por las cuotas y demás aportes sociales, la rentabilidad de los bienes que posea, las contribuciones, ingresos y subsidios y por cualquier otro recurso lícito y deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre de la asociación.
V. Que la actora es una asociación mutual regida por la ley 20.321 (B.O. 10/5/79) que en su artículo 2º dispone que dichas asociaciones son “…las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”.
A su vez, el art. 29 dispone que “Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos. Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los inmuebles que tengan las asociaciones, y cuando de éstos se obtengan rentas, condicionado a que las mismas ingresen al fondo social para ser invertidas en la atención de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos de cada asociación. Asimismo quedan exentos del Impuesto a los Réditos los intereses originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados”.
Por otra parte, cabe recordar que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) organismo descentralizado del Ministerio de Acción Social y Medio Ambiente, actual Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a partir del decreto 721 (25/8/2000) que en la actualidad depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene como funciones –entre otras- dictar resolución definitiva en lo atinente al reconocimiento de las Asociaciones Mutuales y Cooperativas, otorgando, denegando o retirando la personería jurídica para su funcionamiento, como así también su superintendencia y control público y disponer la intervención de Asociaciones Mutuales en el marco de lo establecido por la legislación vigente, designar o remover interventores y realizar el seguimiento de las intervenciones y del desempeño del interventor. De tal forma, a la luz de la normativa transcripta, en principio, es el organismo que autoriza la creación y funcionamiento de las mutuales, el encargado de su control, siendo, incluso el organismo que puede retirar la personería jurídica e incluso intervenirlas.
VI. Que cabe señalar que más allá de las irregularidades que menciona el ente fiscal que surgen del Dictamen emitido por la Coordinación de Asesoría Legal Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y en las propias tareas de fiscalización, sustenta su determinación en la existencia de actividades que considera no se encuentran dentro de las que han sido aprobadas por dicho organismo, específicamente, la prestación del servicio de gestión de préstamos.
En ese contexto y, tal como se señalara en el Considerando IV, por medio de Resolución Nº 1943 del 15 de junio de 2005, el INAES aprobó el Estatuto de la recurrente y una serie de reglamentos que reglan diversos servicios que podrá prestar la Asociación Mutual, entre los que se encuentra, la prestación del servicio de gestión de préstamos. Dicho estatuto y reglamento se encuentra vigente (vid. fs.34 del RE-2020-56822389-APN- SGAI#TFN)
Ello así, toda vez que el ajuste efectuado por el ente fiscal reposa en el entendimiento que aquellos servicios no se encontraban autorizados en su Estatuto y por lo tanto que la entidad no se encontraría exenta por cuanto no cumpliría con los fines para la cual fue creada, circunstancia que llevó a la administración a dictar la resolución que rechazó la solicitud de exención -facultad por otra parte que la administración fiscal no posee a la luz de la jurisprudencia citada-, corresponde admitir el recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, con costas. Finalmente, entiendo oportuno señalar que no impide la solución que se arriba la existencia del Dictamen emitido por la Coordinación de Asesoría Legal Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social mencionado por el juez administrativo. En efecto, cabe tener presente que “la naturaleza jurídica de los actos de los organismos consultivos no puede ser la de un acto jurídico, sino que más bien se trata de hechos administrativos, por cuanto no obligan al órgano ejecutivo. En tal entendimiento, los dictámenes, a diferencia de los actos jurídicos, no tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, conservar o aniquilar derechos. En rigor, los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino actos internos de la Administración, en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los particulares, siendo opiniones no vinculantes que colaboran para que el funcionario pertinente decida conforme a derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa por medio de la producción de dictámenes, importa una actividad preparatoria interna de la Administración, en cuya labor no entra en relación con terceros” (Cassagne, Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la administración”, Diario La Ley, 15/8/12, pág. 1 y siguientes y sus citas).
El Dr. Pablo Alejandro Porporatto dijo:
Adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora. Al respecto cabe mencionar la jurisprudencia que emana del caso “Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre c. DGI” Sala I de la Excma. Cámara (19/12/2017) donde se estableció que lo esencial no es el reconocimiento normal como persona exenta, sino la adecuación sustancial a las previsiones de las leyes que establecían los respectivos beneficios. Ello así, en el presente caso el Fisco Nacional demostró la existencia de hechos y actos que pusieron en evidencia la transgresión de las condiciones legales bajo las cuales la mutual gozaba de la franquicia.
Por ello, por mayoría SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 43/2020 tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ella, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.08.25 11:15:51 -03:00 Date: 2023.08.25 13:50:31 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.25 14:30:49 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.25 14:30:50 -03:00
Fin de la sentencia