Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 26.335-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 25/2005, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto total del litigio y el resultado obtenido: a. en la suma de $19.946 por la representación procesal y $49.866 por el patrocinio letrado conforme la actividad desarrollada en las dos primeras etapas procesales cumplidas en el Expediente, de acuerdo con las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
B. en la suma de $58.142, equivalente a 1,18 UMA, por la representación procesal y $145.355, equivalente a 2,96 UMA, por el patrocinio letrado, conforme la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida en el Expediente, de acuerdo con las pautas establecidas por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-52060062-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Mayo de 2024 del Centro Juvenil Sportivo Belgrano".
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 26.335-I caratulado "Asociación Mutual de Asociados y Adherentes del Centro Juvenil Sportivo Belgrano".
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Asociación Mutual de Asociados y Adherentes del Centro Juvenil Sportivo Belgrano (en adelante, “la Asociación”) interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°25/2005 dictada el 7 de octubre de 2005 por la Dirección Regional Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 1999 y se la intimó a ingresar la suma de $243.872,79 más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, en dicho acto se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
El ajuste efectuado por el Fisco Nacional tuvo su origen en la revocación del certificado provisorio de exención en el impuesto a las ganancias que se le había otorgado el 28 de abril de 1999 por lo cual los ingresos obtenidos por la Asociación en el ejercicio 1999 resultaron gravados con el impuesto. A su vez, se impugnó por improcedente la deducción de cargos contables (previsiones) que surgían del estado de resultados del ejercicio cerrado a diciembre de 1999.
En su presentación ante esta instancia, la Asociación sostuvo que no estaba controvertido que es una mutual regida por la ley 20.321, registrada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (en adelante, “INAES”) bajo matrícula N° 557/91, con autorización para funcionar como tal.
Dijo que la fiscalización de sus obligaciones tuvo origen en un una “falsa” denuncia efectuada por un asociado que había solicitado un préstamo —con garantía hipotecaria— que la entidad le otorgó. Ante el incumplimiento en su devolución y la inminente ejecución de dicha garantía, realizó una falsa denuncia ante la Justicia Federal de la ciudad de Córdoba involucrando a la Asociación. Fue en el marco de dicha causa, que se efectuaron allanamientos en los domicilios de entidad y se le ordenó a la Administración Tributaria que investigara si existían ilícitos penales tributarios en las maniobras denunciadas.
Señaló que el 24 de septiembre de 2003 la Dirección Regional Córdoba dictó las Resoluciones Nros. 16/03 y 17/03, en las cuales se le denegó el pedido de reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias (conf. art. 20 inc. g, ley) y se le revocó el certificado provisorio que se le había otorgado el 28 de abril de 1999. Ello, al considerar acreditado que la Asociación realizó una serie de operaciones que excedían su marco estatutario, similares a las de una entidad financiera. Informó que dichas Resoluciones fueron apeladas conforme lo previsto en el art. 74 del decreto 1397/79 y confirmadas por la Dirección Regional mediante Resolución N° 277/04.
Afirmó que el derecho aplicable en el caso lo conforma la ley orgánica para las Asociaciones Mutuales 20.321 y las resoluciones que dicta su autoridad de aplicación, es decir el INAES.
Explicó que si bien el art. 20 inc. g) la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1997) exime del pago del tributo a los ingresos de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes, la exención no se origina en dicha ley sino en el art. 29 de la ley 20.321. Tal es así que si se derogase dicha norma, las mutuales igual continuarían exentas en virtud del art. 29 que las exime de todo impuesto tasa y contribución con la sola condición que estén legalmente constituidas.
Resaltó que es de plena aplicación la Resolución N° 552/04 dictada por el INAES, la que no puede ser desconocida ni emitirse pronunciamiento respecto de su validez y aplicación por el Fisco Nacional ni por este Tribunal sin que haya mediado declaración de inconstitucionalidad previa.
Hizo hincapié en que ley 20.321 le asigna exclusiva competencia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para dirimir cuestiones relativas a estas entidades. Pero, aun así, si el Fisco Nacional se abocara a resolver sobre las actividades de la Asociación, debe dársele necesaria intervención al INAES. Por ello, manifiesta que el certificado de exención en el impuesto a las ganancias es emitido por el Fisco Nacional con el objeto de dar claridad a los deberes formales respecto de terceros ajenos a la relación entre éste y las entidades en cuestión que revistan la condición de agentes de retención o percepción.
Por todo lo anterior, planteó la incompetencia del Fisco Nacional para determinar de oficio su obligación tributaria sin previa intervención del INAES.
Por otra parte, negó que su operatoria se haya apartado de lo que establece la ley 20.321 e insistió en que todo se originó por un asociado que buscó eludir el cumplimento del pago del crédito que la Asociación le había dado.
Finalmente, planteó la falta de legitimación pasiva de la Administración porque, según entiende, las asociaciones mutuales no son sujetos de los enumerados del art. 69 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997) Ofreció prueba informativa al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y al INAES y expuesto, solicitó que se revoque la Resolución, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal expresó que en la instancia de la fiscalización se comprobó que la actividad desarrollada por la Asociación era exclusivamente financiera y por ello se le negó el reconocimiento como entidad exenta en el impuesto a las ganancias. Es decir, la Asociación adoptó la forma jurídica de mutual para disimular su real actividad comercial que corresponde a uno de los sujetos enumerados en el art. 69 de la ley del gravamen (t. o. en 1997). Destacó que también fueron impugnados cargos contables no admisibles (previsiones) que surgían del estado de resultados del ejercicio cerrado a diciembre de 1999.
Hizo notar que el traslado de la Resolución de Vista (art. 17, ley 11.683) no fue contestado ni se aportaron elementos de prueba durante la instancia previa administrativa que desvirtuaran los ajustes.
Solicitó por ello que se confirme la Resolución, con costas.
III. A fs. 155/166 la Asociación acompañó copia de la sentencia dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba el 27 de junio de 2006 en el Expediente caratulado “Asoc. Mutual de Asociados y Adherentes del Centro Juvenil Sportivo Belgrano c/ AFIP – DGI Contencioso Administrativo” en la cual se dejó sin efecto la Resolución N° 277/04. Ello fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba en sentencia del 22 de junio de 2007.
Por ello, al abrirse a prueba el Expediente sólo se hizo lugar a la informativa dirigida al INAES, cuyo resultado se encuentra agregado a fs. 171.
Por último, la Asociación adjuntó a fs. 200 la sentencia de la Corte Suprema de la Nación en la que se desestimó el recurso extraordinario que el Fisco Nacional había interpuesto contra la sentencia de fecha 22 de junio de 2007. El período probatorio se clausuró a fs. 215, oportunidad en la que también se elevó el Expediente a consideración de la Sala. A fs. 230/232 presentó su alegato la representación fiscal, no habiendo la recurrente hecho uso de ese derecho y a fs. 234 el Expediente quedó en estado de dictar sentencia.
IV. Como primera cuestión corresponde analizar el único agravio que la Asociación dirige contra la determinación de oficio notificada en la Resolución recurrida que consiste en la incompetencia del Fisco Nacional para emitirla. Para ello debe mencionarse que de sus Considerandos surge que mediante las Resoluciones Nros. 16/2003 y 17/2003 el Fisco Nacional revocó el certificado provisorio de exención que le había sido otorgado a la Asociación el 28 de abril de 1999 y le denegó el pedido de reconocimiento de dicha dispensa.
Este último acto fue apelado en los términos del art. 74 del decreto 1397/79 y confirmado en la Resolución Nº 277/2004, la que, a su turno, fue impugnada judicialmente y revocada en la sentencia dictada el 27 de junio de 2006 por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba. Dicha decisión, como ya se dijera, fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba el 22 de junio de 2007.
Allí se concluyó, en síntesis, que “…la AFIP no tiene facultades exclusivas para proceder a denegar y revocar la exención al impuesto a las ganancias que se analiza, sin la previa notificación al INAES” (v. fs. 159).
Contra dicha sentencia el Fisco interpuso recurso extraordinario el que fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 23 de agosto de 2011.
Cabe tener en cuenta que en dicha decisión se remitió al dictamen de la Procuradora General de la Nación en la causa “Mutual de Socios Credivico c/ AFIP – DGI – Región 1”, del 2 de marzo de 2011 (v. fs. 200).
En dicho precedente, el criterio del Tribunal fue que la exención de las asociaciones mutuales proviene de la genérica prevista por el art. 29 de la ley 20.321 y por la específica del art. 20, inc. g), de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997) y que lo que determina su procedencia es el encuadramiento de la entidad en dichas normas.
Sin embargo, allí también consideró así que la intervención previa del INAES “…no obsta a que el organismo recaudador ejerza respecto del contribuyente las potestades de fiscalización y verificación que le otorga la ley 11.683 -confr. arts. 33 a 36 en el texto ordenado en 1998“.
De ello se sigue que la intervención del INAES no es un requisito previo y excluyente y que la Administración Tributaria conserva las potestades de fiscalización y verificación previstas en la ley 11.683 “…a efectos de determinar la existencia de hechos y actos que demuestren la transgresión de las condiciones legales bajo las cuales gozan de la franquicia”, conforme dijera la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal en “Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre c/DGI s/recurso directo de organismo externo” el 19 de diciembre de 2007, entre otros precedentes. Por su parte y en el mismo sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, jurisdicción en la que la entidad aquí recurrente ejerce su actividad, expresó que “… atento a que la exención que aquí ocupa, refiere al impuesto a las ganancias y siendo que dicho tributo posee una legislación específica que establece como requisito para que opere la exención impositiva que las ganancias hayan sido obtenidas de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes, entiendo que es competencia de AFIP -en su carácter de órgano de aplicación de la LIG- controlar que se verifique en cada caso concreto el cumplimiento de la condición impuesta referida a la obtención del rédito de conformidad con la normativa legal, esto es, que se trate en definitiva de una ganancia o beneficio provistos a asociados obtenida de una actividad no lucrativa realizada en el ámbito de su objeto social”.
Concluyó así que, “…ante la presunción de una irregular obtención en las ganancias exentas, es competencia del órgano de fiscalización (AFIP) retirar el certificado de exención…” (v. “Asociación Mutual Metropolitana c/ AFIP – DGI Contencioso Administrativo – Varios”, sentencia del 26.10.2023, Considerando VII del voto de la Dra. Navarro). De todo ello se sigue que no es requisito previo para que la Administración Federal de Ingresos Públicos deniegue la exención en el impuesto a las ganancias la revocación de la autorización para funcionar por parte del INAES. Por otro lado, ninguna norma impone tal recaudo.
A mayor abundamiento, cabe destacar que el INAES tomó conocimiento de los hechos que dieron lugar a la Resolución aquí recurrida. Prueba de ello es la respuesta que dicha entidad dio a fs. 171 de este Expediente, en la que informa que “… con motivo de una denuncia efectuada por la AFIP DGI ante el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, éste último solicitó tareas de control y fiscalización sobre la mutual por parte de este Organismo. Asimismo, le comunico que, consecuencia de la solicitud indicada en el párrafo precedente, se abrió Expediente N° 3603/08 INAES, bajo el cual se encuentra en trámite una verificación institucional y operatoria sobre la entidad”.
V. Corresponde ahora resolver sobre la validez y legitimidad de la decisión adoptada en la Resolución N° 25/2005, para lo cual debe estarse a los antecedentes administrativos y la prueba rendida en esta instancia.
El Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Córdoba ordenó que se realizaran allanamientos en el domicilio fiscal y en los comerciales de la entidad en los que se secuestró diversa documentación y se recolectaron datos de sus equipos informáticos.
El 10 de octubre de 2000 se le comunicó el inicio del proceso de fiscalización y, como ya se dijera, en tanto se detectaron irregularidades que dieron cuenta de que su operatoria de “ayuda económica mutual de captación de ahorros” no correspondía con el quehacer de una mutual, se le denegó el reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias, gravándose los ingresos obtenidos como rentas de tercera categoría (conf. art. 49, inc. a) de la ley del impuesto, t. o. en 1997).
Esas irregularidades constan detalladas en la Resolución N° 16/03 agregada a fs. 253/257 del cuerpo de IVA. De allí se desprende que la Asociación otorgaba de préstamos para cubrir descubiertos bancarios y refinanciar deudas, efectuaba operaciones de descuento de cheques y con personas que no reunían la calidad de socios activos; además, abonaba estímulos en compensación por los ahorros captados superiores en comparación con los intereses abonados por el Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo de 30 días y, por último, otorgaba ayudas económicas por montos superiores a $30.000.
Por ello, se concluyó que la Asociación efectuaba una operatoria similar a la que llevan a cabo las entidades financieras y se le denegó la exención en el impuesto a las ganancias.
Cabe recordar entonces que la Asociación es, conforme a su estatuto de constitución y el reconocimiento dado por el INAES, una mutual de las comprendidas en el art. 20, inc. g) de la ley del impuesto a las ganancias (t.v.). Dicha norma dispone que están exentas "Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados".
Las actividades que podía realizar, de acuerdo al art. 2) de su Estatuto (v. fs. 1/9 del cuerpo “Fotocopias adjuntas actas form. 8400/L …”) era prestar servicios funerarios, otorgar subsidios por casamientos, nacimientos y fallecimiento, otorgar préstamos a sus asociados y estimular su capacidad ahorrativa, dar servicios de asistencia médica integral, farmacéutica, de proveeduría, recreación turismo, culturales, deportivos y otros compatibles con el desarrollo físico y espiritual de sus asociados, establecer fondos compensatorios para la jubilación y proveer de viviendas a sus socios.
Sin embargo, en el período fiscal que aquí interesa, la Administración Tributaria encontró pruebas que dieron cuenta de actividades diferentes a las enunciadas, en especial servicios de intermediación financiera como el descuento de cheques, que no tenía autorización, razón por la cual primero se revocó el certificado de exención provisorio que tenía y luego se determinó de oficio su obligación frente al impuesto a las ganancias.
Lo que la Asociación tenía que demostrar, entonces, era el encuadramiento de sus actividades en la exención, pero no lo hizo. Tan solo se limitó a cuestionar el origen del cargo fiscal, a partir de una supuesta denuncia de un asociado, que tampoco demostró documentalmente que fuera una denuncia falsa, ni como concluyó en sede judicial, razón por la cual, ante la falta de pruebas en contrario de la pretensión fiscal, resultó acertado gravar sus ingresos como ganancias de tercera categoría, por aplicación del art. 49, inc. a) que, a su vez remite a las obtenidas por los sujetos del art. 69, entre las que están, las mutuales.
Finalmente, en relación con el resto de los ajustes notificados en la Resolución, la Asociación no ha formulado agravios por lo que debe tenérselos por firmes y confirmados en esta sentencia.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución N° 25/2005 en todas sus partes, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella que acceden en forma automática por la demora en el ingreso de la obligación debida.
En cuanto a las costas, se imponen a la vencida (art. 68, CPCCN).
El Dr. Daniel Martín dijo:
Que adhiero al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Edith Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención a la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 25/2005, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto total del litigio y el resultado obtenido: a. en la suma de $19.946 por la representación procesal y $49.866 por el patrocinio letrado conforme la actividad desarrollada en las dos primeras etapas procesales cumplidas en el Expediente, de acuerdo con las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
b. en la suma de $58.142, equivalente a 1,18 UMA, por la representación procesal y $145.355, equivalente a 2,96 UMA, por el patrocinio letrado, conforme la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida en el Expediente, de acuerdo con las pautas establecidas por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2024.05.20 12:37:35 -03:00 Date: 2024.05.20 12:43:55 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.20 12:48:58 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.20 12:48:59 -03:00
Fin de la sentencia