Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-48990140-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $523.171 (pesos quinientos veintitrés mil ciento setenta y uno) equivalente a 11,51 (once con 51/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.307.926 (pesos un millón trescientos siete mil novecientos veintiséis) equivalente a 28,78 (veintiocho con 78/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente número EX- 2019-48990140-APN-SGAI#TFN, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.485.228 (pesos un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos veintiocho) equivalente a 32,69 (treinta y dos con 69/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $3.713.071 (pesos tres millones setecientos trece mil setenta y uno) equivalente a 81,71 (ochenta y uno con 71/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-40626619-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Abril de 2024 2019-101702433-APN-SGAI#TFN -ASOCIACION MUTUAL METROPOLITANA -SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2019-48990140-APN- SGAI#TFN y sus acumulados EX-2019-48990379-APN-SGAI#TFN y EX-2019-101702433-APN-SGAI#TFN, caratulado “ASOCIACION MUTUAL METROPOLITANA s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante IF-2019-48990002-APN-DTD#JGM, IF-2019-48990224-APN-DTD#JGM e IF-2019-
101702275-APN-DTD#JGM se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 26/04/2019 y 23/10/2019, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP -Dirección General Impositiva, mediante las que se determina el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2014 y 2016, con más intereses resarcitorios, el IVA por los ejercicios fiscales 12/2013 a 06/2014 y 07/2015 a 06/2016, con más intereses resarcitorios y el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria por los períodos fiscales 12/2013 a 12/2014, con más intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente a tres veces el impuesto omitido por los ejercicios 12/2013 a 06/2014 con sustento en los arts. 46 y 47 inciso c) de la ley de rito fiscal, mientras que por los restantes períodos y resoluciones se suspende la sustanciación de los sumarios en los gravámenes determinados por los ejercicios fiscales en cuestión, en atención a lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769 y sus modificaciones.
Plantea en primer lugar la nulidad de la resolución por la que se dispuso revocarle el certificado de exención. Sostiene que el Fisco no se encuentra autorizado para revocar dicho certificado atento lo normado por la Resolución 552/2004 donde se reglamentó un procedimiento para los casos en que la AFIP detecte irregularidades en las asociaciones mutuales, citando en apoyo de su posición el fallo “Mutual de Socios Credivico c/AFIP-DGI” de la CSJN y entiende que dl procedimiento seguido por el ente fiscal en el caso de autos habría violentado las normas que disponen los pasos a seguir en el supuesto referido; y en consecuencia, afirma que se vió vulnerado el principio del debido proceso adjetivo, oponiendo la nulidad de los actos recurridos, por estar viciada su causa.
Remarca que durante los períodos fiscalizados y aún a la fecha de interposición del recurso en estudio, la Asociación Mutual se encontraba inscripta y reconocida como tal ante el INAES, indicando que ello no fue revocado por dicho organismo, agregando que durante los períodos en cuestión contaba con el certificado de exención vigente.
Por otro lado, hace notar que al dictarse la resolución revocando el certificado de exención retroactivamente al período fiscal 2010, se vulneró la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada y los derechos adquiridos. De forma subsidiaria remarca que los funcionarios actuantes no tuvieron en cuenta la totalidad de la documentación respaldatoria.
Respecto a la resolución por la cual se determina el impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios por los períodos fiscales 12/2013 a 12/2014, señala que la resolución por la que se decide revocar el certificado de exención, se fundamenta en que la mutual recibía en depósito cheques emitidos por contribuyentes apócrifos. En su defensa afirma que los mismos no se encontraban publicados en la base APOC, por lo que resultaba imposible tener conocimiento de ello, a lo que suma que el Organismo Fiscal no aportó pruebas, considerándolo violatorio del derecho de defensa.
En cuanto a la actividad de retiros en efectivo de la mutual que el Fisco sostiene que es ajeno a su objeto, la actora afirma que ello se encuentra amparado por el estatuto de constitución de la mutual. En tal sentido, opone la improcedencia de la multa por defraudación por infracción del art.46 de la ley 11.683, argumentando que jamás existió ánimo defraudatorio ya que durante los períodos 2013 y 2014 se encontraba reconocida como asociación mutual por el INAES, y detentaba el carácter de exenta, por lo tanto el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, correspondía ser liquidado conforme la alícuota reducida, ya que recién con fecha 11/05/2017 la AFIP decidió revocar el certificado de exención retroactivamente al período fiscal 2010. Por otro lado, indica la ausencia del elemento subjetivo, ya que procedió conforme a derecho a liquidar el impuesto en base a su condición exenta solicitando se desestime la multa.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita oportunamente se declare la nulidad de las resoluciones apeladas, revocando las mismas, con costas.
II. Que mediante IF-2019-69688789-APN-DNTEID#JGM, IF-2019-85057842-APN-DNTEID#JGM e IF-2020-
56737907-APN-DTD#JGM contesta traslado la representación fiscal, señalando que los agravios vertidos en los recursos de apelación son una reiteración de los expuestos en los descargos presentados en sede fiscal, sin que en ellos se cuestione aspectos de fondo relativos a la determinación de los gravámenes y períodos cuestionados. Explica que mediante la Resolución Nro. 83/17 del 22/12/2017 se confirmó la revocatoria de la exención, por lo que -sin perjuicio de su posterior cuestionamiento judicial-, el Fisco Nacional quedó facultado para determinar los gravámenes a su cargo.
Señala que en lo que a la materia tributaria corresponde, es el Organismo Fiscal el que debe verificar si la Asociación Mutual no observa las normas que hacen a su funcionamiento, estando facultado para extender, mantener vigente o denegar el reconocimiento de la exención, sin que sea necesaria la intervención del INAES y, conforme al análisis de las normas referida a las mutuales, remarca que la procedencia de la sanción se encuentra supeditada a que su accionar se ajuste al objeto de la Asociación y la legislación, negando que los actos apelados se encuentren viciados de nulidad.
Plantea la procedencia de los intereses resarcitorios intimados por ajustarse a lo previsto en el art. 37 de la ley de procedimiento tributario, haciendo notar que la actora no expresa agravios al respecto. Respecto a la sanción que se le aplicara en la determinación del sobre los Créditos y Débitos Bancarios señala que el obrar doloso surge a partir de advertir maniobras dirigidas a ocultar actividades que no respondían al objeto de la asociación. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente, hace reserva del caso federal y solicita que oportunamente, se confirmen los actos apelados en todas sus partes, con costas.
III. Que mediante PV-2022-139679790-APN-VOCX#TFN, se abre la causa a prueba y al haber vencido el plazo sin que obrara en autos constancia alguna de que los oficios ordenados hayan sido diligenciados, ni contestados es que por medio de PV-2023-52189292-APN-VOCX#TFN se da por decaído a producir la informativa ofrecida por la actora.
Que por presentación IF-2023-53065096-APN-DTD”JGM la actora manifiesta que lo solicitado por informativa al INAES se encuentra acreditado con los certificados de vigencia emitidos por tal Organismo y que fueron aportados como documental, acompañando en esta oportunidad una consulta de pantalla de la página web del citado Instituto donde surge que la Mutual sigue activa; además indica los motivos por los que no diligenció el otro oficio ordenado.
A través de PV-2023-133822933-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala D y por IF- 2024-38573126-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que del informe final de inspección, obrante a fs. 200/208 de los cuerpos principales I y II de los antecedentes, surge que la recurrente cierra sus ejercicios el 30 de junio de cada año, y su actividad principal declarada es la de servicios de asociaciones N.C.P., señalando que durante la fiscalización se observó que la asociación realizaba actividades que se apartaban del objeto principal para la que fue constituída, motivo por el cual se le revocó la exención en el impuesto a las ganancias. Los inspectores exponen que de la documentación analizada surgen movimientos realizados por contribuyentes incluidos en la “base apoc”, detectando que la mutual depositaba cheques que le eran entregados por asociados adherentes -a los que el Fisco tilda de apócrifos-, quienes luego recibían el dinero en efectivo por parte de la Mutual cerrando el circuito financiero de las operaciones apócrifas de venta -según se indica-, obteniendo la Asociación un beneficio por la diferencia entre el valor de los cartulares recibidos y la suma en efectivo retirada, destacando que dicha operatoria se da de forma reiterada. Frente a ello, el ente fiscal tomó la decisión de revocar el reconocimiento de exención. Al respecto, en el citado informe se hace mención a que la operatoria referida no se condice con lo establecido por en el artículo 2 de la Ley Orgánica para las asociaciones mutuales, remarcando que tal actividad es propia de entidades financieras pero no de asociaciones de este tipo. Ponen de resalto que la exención establecida en el artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias se encuentra supeditada al cumplimiento de los recaudos allí establecidos, por lo que la situación expuesta conlleva al decaimiento del mentado beneficio.
Sobre la base de la documentación aportadas el Fisco procedió a determinar el impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 2014 y 2016, como así también el IVA de los períodos diciembre de 2013 a junio 2014. Asimismo, en virtud de las consideraciones expuestas, se procedió también a efectuar el ajuste en el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria (ley Nº 25.413), por haber sido liquidado con la alícuota reducida en virtud de la exención que finalmente fue revocada.
V. Que la recurrente sostiene que las resoluciones apeladas carecen de causa, argumentando que se vió vulnerado el debido proceso adjetivo por no haberse cumplido con el procedimiento establecido en la Resolución 552/04 del INAES, para que el Organismo Fiscal pudiera revocar la exención prevista en el art. 20 de la ley del impuesto a las ganancias.
Que conforme lo dispuesto en los arts. 1° y 29 de la ley N° 20.321 el INAES dicta la citada resolución, la que establece -en lo que aquí interesa- que: “... el art. 29 prevé que las entidades constituidas de acuerdo a las exigencias de la ley N° 20.321 se encuentran exentas en el orden nacional de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras en relación a sus bienes y por sus actos. Que para estas entidades el carácter de sujeto exento está dado por el encuadramiento de cada mutual en la normas que así lo establecen, pues el citado artículo 29 dispone que la exención requiere, como recaudo único, que se encuentre constituida de conformidad con las exigencias de la ley N° 20.321, es decir que se trata de una exención de carácter subjetivo”, para luego agregar que “... es función de este Organismo reconocer a las mutuales en todo el territorio nacional, efectuando el otorgamiento, denegatoria o retiro de la autorización para funcionar, como así su superintendencia y control público, fiscalizando su organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y servicios y su disolución y/o liquidación”.
Allí se señala que “...de advertir otro órgano del Estado la existencia de irregularidades en el funcionamiento de una mutual, que afecte la exención impositiva que le viene dada por su propia naturaleza, debe dar traslado a este Instituto para que evalúe si la misma ha sido desvirtuada, y en su caso, aplique las sanciones contempladas en la legislación vigente, las cuales podrían acarrear, como consecuencia, la pérdida de la citada exención, pues ella se vincula de manera indisoluble al retiro de la autorización para funcionar y a la liquidación de la mutual infractora, medidas que se encuentran a cargo de este Organismo por aplicación de lo establecido en los artículos 35 y 36 de la ley Nº20.321”.
“Que ante los pedidos de informes recepcionados y en atención al deber de colaboración y de coordinación que debe primar en las relaciones interadministrativas, resulta oportuno y conveniente establecer un procedimiento que permita dar acabado cumplimiento con las misiones y funciones de este Organismo en la materia descripta en los considerandos precedentes para garantizar una más eficaz colaboración con Administración Federal de Ingresos Públicos ”.
Así, en virtud de lo señalado, en el punto e) del art.1 se dispone que “ En los supuestos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señale la existencia de eventuales irregularidades en el funcionamiento de una mutual, sin perjuicio del procedimiento señalado en los puntos a), b), c) y d), una vez cursada la correspondiente respuesta, la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales dará intervención a la Secretaría de Contralor para que a través de la Gerencia de Inspección evalúe la adopción de las medidas de fiscalización pública que considere necesario realizar a los fines de determinar el funcionamiento institucional y operativo de la entidad, acorde a lo establecido en su objeto social.”. Asimismo, en los artículos siguientes se establece el procedimiento y plazos a seguir, fijando que la resolución que recaiga y el resultado del sumario que se disponga, en su caso, una vez firme se notificará a la AFIP, lo mismo que las resoluciones que dispongan la cancelación de la matrícula de mutuales.
Es así que, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), es el organismo encargado por ley de ejercer la superintendencia de las entidades bajo su contralor, en tanto es el que otorga las autorizaciones para que las mismas puedan funcionar y tiene facultades de verificación y decisión respecto del correcto funcionamiento de las entidades bajo su sujeción, siendo el que puede resolver acerca del retiro de la autorización para actuar y liquidarlas, cuando se comprueban desvíos que merezcan tal sanción, el hecho de que las entidades cumplan con la normativa referida a su funcionamiento y el desarrollo de los propósitos que guiaron a su creación.
Conforme surge del informe final de inspección, la AFIP mediante Resolución Nº104/17 (DV RRCU) en su art. 1º se dispuso: “... Dejar sin efecto el Certificado de Exención en el impuesto a las ganancias Nª8512016237741 otorgado a la Asociación Mutual Metropolitana, inscripta en esta Dirección General …. conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Resolución general 2681 (AFIP), retroactivo al período fiscal 2010, por los motivos expuestos en el Considerando...”. Asimismo se señala que en virtud de la operatoria que desarrolla la Asociación mutual imposibilita su amparo en la franquicia otorgada por ley toda vez que la actividad llevada a cabo no encuentra adecuación con lo establecido en el art.20 de la ley del gravamen. Expresa que el goce de la exención en análisis se encuentra supeditado al cumplimiento de los recaudos por ella establecidos, por lo tanto el incumplimiento de alguna de las condiciones, traería aparejado que pierda su condición de exenta y cita los artículos 23 y 24 de la Resolución General 2681 (AFIP). Que si bien contra la mentada resolución la actora interpuso el recurso del art. 74 del Decreto 1397/79, el decaimiento de la exención fue confirmado por el ente recaudador al rechazar el recurso a través del dictado de la Resolución 83/2017.
Que siguiendo con el relato, cabe remarcar que ante el dictado del acto que dejaba sin efecto la mentada exención, es que con fecha 31 de mayo de 2017 el ente fiscal dió inicio a laa fiscalización por los impuestos a las ganancias y al valor agregado -por los períodos objeto de la presente causa- y es en esa fecha a través de la Nota Externa 3/17 (DI RRCU) que el Director Regional de la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP-DGI comunica al INAES de la resolución N° 104/2017 antes citada, poniendo en conocimiento las irregularidades que observaron los inspectores. Que con motivo de ello es que el INAES con fecha 5 de setiembre de 2018 (RESFC-2018-2435- APN-DI#NAES), resuelve suspender toda operatoria de los servicios de gestión mutual en la Asociación Mutual Metropolitana, y ordena la instrucción del correspondiente sumario.RESFC-2018-2435-APN-DI#NAES Cabe señalar que en las determinaciones de oficio correspondientes a los impuestos a las ganancias y al valor agregado, se expone que: “... el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES- dictó la Resolución Nº552/04 (B.O. 24/09/04), en virtud de la cual asume como la única autoridad con facultades para determinar si la actividad que las mutuales realizan se ha apartado de las previsiones legales y estatutarias que la rigen, estableciendo un procedimiento que supedita el accionar de esta Administración Federal la instrucción de resolución de un sumario por parte del citado instituto, a consecuencia del cual se establecerá la pérdida o no de la autorización para funcionar, lo que acarrearía la pérdida de la exención puesto que, según expresa en el considerando de la norma reglamentaria, se vincula de manera indisoluble el retiro de la autorización para funcionar y la liquidación de la mutual infractora...”(sic).
En efecto, el hecho de que el INAES no hubiera tenido intervención a la fecha del inicio de la orden de intervención en nada afecta el procedimiento de fiscalización llevado a cabo, dado que nada impedía que el Fisco ejerciera la facultad de inspección y verificación que fija la ley de rito fiscal, ni que se viera limitada en lo que hace a la sustanciación del procedimiento de determinación de oficio, siendo éstas privativas de ese ente recaudador.
Frente a ello, el Fisco dicta los actos apelados en autos, esto es Resoluciones Nros. 38/19 y 40/19 por las que se determina el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2014 y 2016, las Resoluciones Nros. 39/19 y 41/19 que establecen el impuesto al valor agregado por los períodos 12/2013 a 06/2014 y 07/2015 a 06/2016, y la Resolución N° 104/19 correspondiente al impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria por los períodos 12/2013 a 12/2014, basándose todas ellas en la resolución administrativa que había resuelto la pérdida de la exención respecto de la recurrente. En efecto, se desprende de los mentados actos que al haberse resuelto la pérdida de vigencia del reconocimiento de exención en el Impuesto a las Ganancias de modo retroactivo a partir del período 2010 (vide Resolución N°104/17 (DV RRCU), el Fisco entendió que se encontraba habilitado para determinar y exigir los impuestos antes mencionados. Que es importante puntualizar que el procedimiento de determinación se inició en el caso de las determinaciones de los impuestos a las ganancias y al valor agregado con fecha 23 de octubre de 2018 y 26 de febrero de 2019 y la correspondiente a débitos y créditos bancarios el 24 de mayo de 2019, es decir con posterioridad a que el INAES tomara la intervención que le correspondía (vide resoluciones de vista agregados a fs. 8/14 cuerpo determinación de oficio ganancias 2016, fs. 1/7 cpo determinación de oficio IVA 7/2015 a 6/2016, fs.1/7 cpo determinación ganancias 2014, fs. 2/8 cpo determinación IVA 12/2013 a 6/2014 y fs 3/9 cpo correspondiente a débitos y créditos agregado en el IF-2020-56727986-APN-DTD#JGM embebido al IF-2022-89074824-APN-SGAI#TFN)
Que no puede pasarse por alto que la actora acompaña mediante IF-2022-96378084-APN-DTD#JGM, y a fin de evitar sentencias contradictorias, la sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en autos “ASOCIACION MUTUAL METROPOLITANA C/ AFIP - DGI S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS- EXPTE: FCB 045140/2018”, en el que hizo lugar a la demanda articulada por la Asociación Mutual Metropolitana en los términos de los arts. 23 y 24 de la ley 19.549, y en consecuencia allí se decidió revocar la Resolución Nº83/2017 (DI RRCU) de fecha 22/12/2017 por la que el Fisco había confirmado la revocatoria del certificado de exención en el impuesto a las ganancias retroactivo al año 2010.
Que mediante IF-2022-126918153-APN-DTD#JGM, el Fisco contesta el traslado del hecho nuevo manifestando que las conclusiones del fallo traído en calidad de hecho nuevo no fueron consentidas, y la AFIP-DGI apeló la sentencia en cuestión, estando pendiente la resolución del recurso interpuesto, por lo cual el mismo no se encuentra firme.
Que finalmente con fecha 26 de octubre de 2023 la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial, resolvió revocar la Resolución dictada con fecha 20 de diciembre de 2021 por el Sr. Juez Federal de Bell Ville y, en consecuencia, rechaza la demanda incoada por Asociación Mutual Metropolitana en todo cuanto decide y fue motivo de agravio.
Como fundamento de ello, en dicho fallo se dijo que: “Así las cosas, el eje de discusión se limita -en definitiva- a precisar si el Fisco se encuentra facultado para revocar “ipso facto” la exención o si, por el contrario, para hacerlo debe previamente dar intervención a la autoridad de aplicación (I.N.A.E.S.) en los términos de lo dispuesto por la Resolución N° 554/2004 y quedar a la espera de la resolución que éste dicte, la que, en el caso de ser revocatoria de la personería mutual, habilitaría al organismo fiscal al retiro de la exención.”
Luego de hacer una breve reseña de las normas que reglamentan las asociaciones mutuales, la competencia del INAES y las normas que fija la ley de procedimiento tributario respecto de las facultades del Fisco sobre fiscalización, verificación y determinación de tributos, como así también la normativa referida a la exención de dicho gravamen en el caso de entidades como la aquí recurrente, señala que: “Una interpretación lineal de la disposición llevaría a concluir que todas las ganancias se encuentran exentas, siempre que la entidad cumpla con las exigencias previstas en las normas legales y reglamentarias pertinentes. Es decir, si la asociación mutual se encuentra constituida regularmente e inscripta en el registro de mutualidades (tal como sucede con la actora) todas sus ganancias -en principio- se encontrarían exentas.”
“Ahora bien, la norma específica dice textualmente que para que la exención opere, las ganancias obtenidas por la mutual deben cumplir con las normas legales y reglamentarias. Es decir, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios se reputan tanto respecto del sujeto “asociación mutual” como del objeto “ganancias”. “Establecido lo anterior, la segunda controversia que se presenta, se relaciona con dilucidar cuál es el órgano encargado de determinar si la asociación mutual cumple o no con los requisitos exigidos por la norma. Ello así teniendo en consideración que al tratarse las disposiciones transcriptas de regulaciones que poseen idéntica jerarquía constitucional por ser leyes sancionadas por el Congreso de la Nación de carácter específico.” Remarca también la Alzada que “...el certificado de exención impositiva si bien no resulta constitutivo del beneficio, es una condición sine qua non para que el mismo se haga efectivo, es decir, se torna operativo y es AFIP el organismo encargado de otorgarlo (art. 15 de la Resolución N° 2681/2009); rechazarlo (art. 18) y renovarlo (art. 20), encontrándose facultado para revocarlo en caso de advertir irregularidades (art. 23). Es por ello que los certificados de exención se otorgan por períodos anuales, y están sometidos a controles sistémicos (conforme se desprende de los arts. 17; 20 y 21 de la citada Resolución).”, agregando luego que “El análisis normativo me permite concluir que, ante la presunción de una irregular obtención en las ganancias exentas, es competencia del órgano de fiscalización (AFIP) retirar el certificado de exención, tan es así que en el art. 25 se contempla una vía impugnativa específica a los fines de cuestionar tal decisión.”
“ Las conclusiones vertidas no se modifican por lo establecido en la Resolución General N° 552/2004 dictada por el INAES. “ “En efecto, la aludida resolución reglamenta la implementación de la exención subjetiva prevista por la ley respecto de las asociaciones mutuales y a tal fin, regula las relaciones intersubjetivas entre los dos órganos del Estado Nacional que se encuentran involucrados.” ; precisando que “Debe quedar claro que el procedimiento que regula la citada resolución es el que tiene que seguir INAES frente a una solicitud de informe o frente a una denuncia de inspección por parte del organismo fiscal, y no el FISCO.”
“En el último caso, el artículo establece “En el supuesto que entidades mutuales fueran objeto de inspección por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrán notificar esa circunstancia a este Organismo...” (el subrayado me pertenece). En este supuesto, la notificación de la inspección es facultativa para el órgano fiscal, siendo obligatorio para el Instituto disponer las acciones de fiscalización pública que considere necesarias a los fines de determinar el funcionamiento institucional y operativo de la entidad y en su caso, disponer la instrucción de un sumario en los términos de la Resolución N° 1659/16.”
“Así las cosas, una interpretación armónica del plexo normativo aplicable, me lleva a concluir que el organismo fiscal posee competencia para revocar el certificado de exención concedido en los términos de lo dispuesto por los arts. 15; 16 y 17 de la RG, en supuestos en que considere que la asociación mutual fiscalizada no cumplimente los requisitos exigidos por el art. 3 y como corolario de ello, del art. 20, inc. g) de la LIG.” ; para concluir que : “Por ende, entiendo que el organismo fiscal ha actuado en el marco de su competencia para constatar la existencia de circunstancias que impiden la continuidad a favor de la actora del beneficio previsto en el art. 20 inc. g) de la Ley de Impuesto a las Ganancias. “ Que al pronunciarse la Cámara sobre el vicio de arbitrariedad articulado por la actora en contra del acto administrativo revocatorio de la exención impositiva, en el fallo bajo análisis se dijo que no se advertía la existencia de vicios en la causa o en la fundamentación, señalando que de la prueba arrimada a la causa referida el procedimiento seguido por el Fisco a los fines del dictado de la Resolución N° 104/17 originariamente impugnada resulta ajustado a derecho y el acto administrativo dictado en consecuencia se encuentra debidamente fundado. Señala el mentado decisorio que: “Prueba de ello lo representa el hecho que una vez anoticiado el órgano de contralor -INAES- de la medida dictada dispuso suspender toda operatoria de los servicios de gestión de préstamos realizada por la actora, regulada por la Resolución N° 1481/09 y toda otra operatoria de crédito; a la vez que procedió a la apertura del procedimiento sumarial abreviado en los términos del Anexo I de la Resolución N° 1659/16. (ver Resolución RESFC-2018-2435-APN-DI#NAES, del 05/09/2018), todo en los términos de lo regulado por los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución N° 552/2004.”
“Asimismo, mediante IF-2019-107563207 -APN-CSCYM#INAES (orden N° 35 del Expte. 2018-10697250-
APNMGESYA#INAES) del 04/12/2019, la sumariante concluyó que no se desvirtuaron las imputaciones formuladas y declaró la clausura del sumario, a la vez que recomendó al Directorio del Instituto mantener la medida de suspensión dispuesta por Resolución N° 2435-2018 respecto de la operatoria del servicio de Ayuda Económica Mutual, del Servicio de Gestión de Préstamos y del Servicio de Gestión de Cobranzas, debiendo asimismo abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito y proceder a la apertura de nuevas actuaciones sumariales en los términos de la Resolución N° 3098/08, por el incumplimiento de las Resoluciones Nros. 3371/09; 1418/03; 1481/09 y 5450/14.”
“Así, la Resolución N° RESFC-2021-377-APNDI#INAES -con fundamento en lo resuelto en las actuaciones sumariales comentadas y en lo dispuesto mediante Resolución de fecha 03/09/2020 dictada por la Sala A de este Tribunal de Alzada en la causa: “SALVUCCI, Sebastián - CONSTANTINO, Alejandro Javer - PLA, Javier Antonio - SEIMANDI, Mauricio Alejandro sobre Infracción Ley 24.769” (FCB128/12/2015/CA4) en el cual se concluyó que se logró constatar en forma semiplena que la operatoria financiera realizada por fuera del objeto mutualista era habitual y constituía la principal actividad de la asociación, desnaturalizando de este modo el verdadero fin de la entidad mutualista, convirtiéndola en una verdadera financiera- dispuso mantener la suspensión dispuesta por Resolución N° 2018-2435 y ordenó instruir sumario en los términos de la Resolución N° 3098/08 (modificada por Resolución N° 3792/2010). A más de lo expuesto, no puedo soslayar que de las actuaciones penales citadas se desprende que, a la fecha del dictado de las mentadas resoluciones (05/17) el presidente y tesorero de la Asociación Mutual Metropolitana -Sr. Pla, Javier Antonio y SEIMANDI, Mauricio Alejandro- se encontraban denunciados penalmente con fundamento en la Ley N° 24.769, por lo que se encontraban incursos en lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución General N° 2681/2009.”
“En virtud de la totalidad de los argumentos expuestos, corresponde revocar el decisorio impugnado y rechazar la demanda entablada por Asociación Mutual Metropolitana en todos sus términos.”
Que a tenor de los argumentos desarrollados en la sentencia cuyos párrafos pertinentes fueron transcriptos y que luce agregada en autos, corresponde desestimar la defensa de nulidad articulada por la recurrente. VI – Que sentado lo que antecede respecto a que la Asociación Mutual ya no gozaba de la exención prevista en el art. 20 de la ley del impuesto a las ganancias para los períodos cuestionados en autos, procede adentrarse a dirimir si las determinaciones de impuesto apeladas en autos se ajustan a derecho.
Que más allá que la actora ofreció prueba ante esta instancia jurisdiccional, lo cierto es que la misma no fue producida, a lo que se agrega que la misma se encontraba enderezada a demostrar la alegada nulidad de resolución por la que se dejaba sin efecto la mentada exención, cuestión que ya fue objeto de análisis en el Considerando precedente, y en consecuencia la supuesta nulidad de los actos por falta de causa, lo que no prosperó.
Que sobre la forma en que fueron liquidados los impuestos a las ganancias y al valor agregado en los actos recurridos, como así también el cálculos de los intereses resarcitorios no mereció objeciones concretas por parte de la Asociación apelante. Que lo mismo ocurre en lo que hace a la determinación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios el Fisco ajustó la diferencia correspondiente al tributo ingresado a la alícuota reducida aplicada por la actora -en virtud de la exención que gozaba en el impuesto a las ganancias- y la de carácter general que debió utilizarse.
En tal sentido, debe tenerse presente que, tal como lo ha dicho la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que las resoluciones emanadas regularmente de la AFIP gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros). En consecuencia, recordando que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv. - Sala C - LL - T. 117 - pág. 808 – 11371-S).
Que también procede confirmar la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados en el acto determinativo del impuesto, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), Por lo expuesto, corresponde confirmar la determinación de impuesto que surge de las tres resoluciones apeladas, con más intereses resarcitorios.
VII. Que resta pronunciarse sobre la sanción impuesta en la resolución del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, sustentada en los artículos 46 y 47 inciso c) de la ley de rito fiscal, graduada en tres tantos del gravamen correspondiente a los períodos diciembre de 2013 a junio de 2014.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que en cuanto a la utilización de las presunciones del art. 47 inc. c) de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif), esto es que: “si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”, en razón de las razones expuestas a lo largo del presente decisorio, que se advierte una maniobra de parte de la recurrente tendiente a ocultar su realidad impositiva, lo que concreta tanto el tipo penal imputado como el debido perfeccionamiento de dicha presunción.
Que ello así y al no existir elementos probatorios, ni agravios en autos que conmuevan el dolo atribuido por el ente fiscal, cabe concluir que las razones y argumentos expuestos por el juez administrativo para aplicar la multa bajo examen no han sido rebatidos y resultan suficientemente aptos para fundar la pertinencia de la sanción, como así también la graduación aplicada.
VIII. Por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, imponiéndose las costas a cargo de la parte actora.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Comparto el relato de los antecedentes efectuado por la Vocal Instructora en los Considerandos I a IV de su voto.
En cuanto a lo resuelto en el punto V, cabe decir que la Asociación solicitó la nulidad de las Resoluciones apeladas ante este Tribunal porque como fueron dictadas en base a la Resolución N° 104/2017 en la cual la AFIP revocó el certificado de exención que se le otorgara y dicho acto era —según sus dichos— nulo de nulidad absoluta, ello generaba indefectiblemente que tales actos merecieran también la misma objeción. En tales términos, toda vez que la Resolución N° 104/2017 fue impugnada judicialmente, debe estarse al análisis efectuado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 26 de octubre de 2023, específicamente de los Considerandos VIII y IX del voto de la Dra. Navarro, oportunidad en la que dijo que:
i. la Resolución N° 104/17 era válida porque Fisco Nacional había actuado “en el marco de su competencia para constatar la existencia de circunstancias que impiden la continuidad a favor de la actora del beneficio previsto en el art. 20, inc. g) de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
ii. con relación a la arbitrariedad de dicho acto, invocada por la Asociación, sostuvo que “De un detenido análisis de la causa y la prueba acompañada (ver legajos retiro exención acompañados en el expediente digital) advierto que el procedimiento seguido por el Fisco a los fines del dictado de la Resolución N° 104/17 originariamente impugnada resulta ajustado a derecho y el acto administrativo dictado en consecuencia se encuentra debidamente fundado”.
Es de resaltar que, tal como se señala en el decisorio, una vez anoticiado el INAES de la medida dictada, éste dispuso suspender toda la operatoria de los servicios de gestión de préstamos realizada por la Asociación y toda otra operatoria de crédito, a la vez que abrió el procedimiento sumarial en dicha sede.
Surge también que para así resolver, el INAES tuvo en cuenta que la Asociación no logró desvirtuar las imputaciones formuladas y citó para ello el precedente dictado por la misma Cámara en la causa “SALVUCCI, Sebastián - CONSTANTINO, Alejandro Javier - PLA, Javier Antonio - SEIMANDI, Mauricio Alejandro sobre Infracción Ley 24.769” (FCB 128/12/2015/CA4) en el cual se concluyó que “…se logró constatar en forma semiplena que la operatoria financiera realizada por fuera del objeto mutualista era habitual y constituía la principal actividad de la asociación, desnaturalizando de este modo el verdadero fin de la entidad mutualista, convirtiéndola en una verdadera financiera …”.
Por último, en la sentencia se destacó que “… no puedo soslayar que de las actuaciones penales citadas se desprende que, a la fecha del dictado de las mentadas resoluciones (05/17) el presidente y tesorero de la Asociación Mutual Metropolitana -Sr. Pla, Javier Antonio y SEIMANDI, Mauricio Alejandro- se encontraban denunciados penalmente con fundamento en la Ley N° 24.769, por lo que se encontraban incursos en lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución General N° 2681/2009”.
Fue por lo expuesto que se rechazó la demanda contenciosa entablada por la Asociación y se confirmó la revocación del certificado de exención en el impuesto a las ganancias dispuesto en la Resolución N°104/2017. Siendo ello así —y reconociendo la propia Asociación que dicha Resolución fue la causa y motivación de los actos que se apelan ante este Tribunal— es que corresponde rechazar los planteos de nulidad que dirige contra los mismos puesto que los vicios que invoca ya han sido analizados y resueltos en forma adversa, confirmándose la legitimidad de la Resolución N° 104/2017.
Por ello, como consecuencia de la pérdida de la exención y del análisis de la operatoria efectuado en el fallo citado, deben confirmarse la Resoluciones Nros. 38/19 y 40/19 en las que se determinaron de oficio las obligaciones de la Asociación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2014 y 2016.
II. Por otro lado, la decisión adoptada en relación a la pérdida de la exención en el impuesto a las ganancias tiene directa consecuencia en los demás gravámenes determinados en las Resoluciones recurridas. En efecto, de las Resoluciones Nros. 39/19, 41/19 y 104/19 que determinaron de oficio la obligación de la Asociación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 12/2013 6/2014 y 7/2015 a 6/2016 y en el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta bancaria de los períodos fiscales 12/2013 a 12/20014 se desprende que, en ambos casos, el procedimiento se inició en razón de haberse revocado la exención del impuesto a las ganancias en la Resolución N° 104/2017.
Por un lado, se determinaron las ventas gravadas con el impuesto al valor agregado y, por el otro, como la Asociación había liquidado el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bajo la alícuota reducida —valiéndose de la exención— en razón de su decaimiento, se intimó el ingreso de la diferencia a la tasa general. Sobre la legitimidad de estas Resoluciones, toda vez que en esta instancia no se han acompañado ni rendido pruebas que permitan efectuar un análisis particular de la cuestión tendientes a desvirtuar las conclusiones efectuadas por el Fisco Nacional, deben confirmarse también las Resoluciones Nros. 39/19, 41/19 y 104/19 , ya que era la Asociación la que debía probar en contra de la pretensión fiscal notificada en dichos actos y no lo hizo. Por todo lo cual, adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora en los Considerandos VI y VII de su voto y a la forma en la que se impusieron las costas en el Considerando VIII.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora por similares argumentos.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $523.171 (pesos quinientos veintitrés mil ciento setenta y uno) equivalente a 11,51 (once con 51/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.307.926 (pesos un millón trescientos siete mil novecientos veintiséis) equivalente a 28,78 (veintiocho con 78/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente número EX- 2019-48990140-APN-SGAI#TFN, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.485.228 (pesos un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos veintiocho) equivalente a 32,69 (treinta y dos con 69/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $3.713.071 (pesos tres millones setecientos trece mil setenta y uno) equivalente a 81,71 (ochenta y uno con 71/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente que originalmente llevará el número EX-2019-48990379-APN-SGAI#TFN, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $321.481 (pesos trescientos veintiún mil cuatrocientos ochenta y uno) equivalente a 7,07 (siete con 07/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $803.702 (pesos ochocientos tres mil setecientos dos) equivalente a 17,69 (diecisiete con 69/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el Expediente que originalmente llevará el número EX-2019-101702433- APN-SGAI#TFN, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse al Fisco Nacional los antecedentes administrativos correspondientes a las resoluciones de los impuestos a las ganancias y al valor agregado que fueran acompañados en formato papel y archívese.
Date: 2024.04.19 11:16:58 -03:00 Date: 2024.04.19 20:40:54 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.22 08:55:05 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.22 08:55:06 -03:00
Fin de la sentencia