Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 41.481-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con la reducción al mínimo legal de la multa aplicada. Con costas por la confirmación de aquélla y por su orden por la parte que se reduce.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-41509617-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Abril de 2024 Bancarias. Exención.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expte. N° 41.481-I, caratulado: “ASOCIACION MUTUAL SUIPACHA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS ARGENTINOS s/apelación.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 156/165 se interpone recurso de apelación contra una resolución de fecha 23/9/2014 de la AFIP-DGI mediante la cual se determinó la obligación tributaria de la recurrente frente al impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones, por los períodos fiscales 12/2007 al 12/2012, con más intereses resarcitorios y se le aplicó multa de conformidad con los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley 11683 por los períodos fiscales 10/11 a 12/12.
Relata que se constituyó como entidad mutual ante el INAES, procediéndose a su inscripción como contribuyente ante el organismo fiscal con fecha 20/7/2006, siendo su actividad principal la de servicios financieros para los mutualistas. Añade que desde ese momento obtuvo la exención en el IVA y con posterioridad gestionó la exención en el impuesto a las ganancias y que asimismo, asumió el carácter de entidad exenta en el impuesto de marras por estar contemplada en el inciso v) del art. 10 del Decreto 380/01.
En ese sentido, manifiesta que ejerció su actividad normal y habitual, abriendo entre los años 2006 y 2013 diferentes cuentas corrientes en diversas entidades crediticias de la plaza local. Resalta que hacia mediados del año 2009 procedió a la apertura de una cuenta en el Standart Bank y otra en el Banco de la Nación Argentina, en las que expresamente informó su situación de entidad exenta frente al impuesto. Asimismo, señala que mediante la Circularización N° 179/2010 (DV EFSE) del 12/10/2012 el ente fiscal formuló requerimiento respecto al impuesto en trato, que fue cumplimentado con fecha 31/10/2010 sin que haya existido objeción alguna sobre su operatoria.
Explica que con fecha 13/5/2014, por las razones que describe, decidió iniciar el trámite de disolución, procediendo a notificar al INAES dicha decisión y a depositar los montos de dinero obrantes en su poder. Posteriormente, en junio de 2014 se realizó su baja de la totalidad de los impuestos ante la AFIP y el nuevo domicilio fiscal, las que fueron aceptadas sin objeciones.
Señala que con fecha 19/6/2014, aun cuando el nuevo domicilio fiscal no se hallaba confirmado vía web, le notifican la Orden de Intervención 1039523, la que fue respondida por la presidenta mediante nota de fecha 30/6/2014. Concluyendo con el dictado de la resolución que aquí apela.
Luego del relato de los antecedentes que originaron el ajuste aquí discutido, continúa su relato exponiendo los agravios.
En tal sentido, comienza agraviándose de los errores en la aplicación del derecho que contiene el acto en crisis. Aduce el desconocimiento de conceptos básicos del derecho de fondo.
Al respecto, sostiene que la ley 20321 en concordancia con el Código Civil Argentino establece de manera taxativa cuál es el momento en que finaliza la existencia de las Personas Jurídicas. Entiende que ante el inicio del proceso de liquidación y el depósito del capital remanente ante INAES la persona jurídica ya había concluido su existencia. En consecuencia, dice, había terminado su existencia como sujeto pasivo de la relación tributaria para con el organismo fiscal al solicitar la baja de sus impuestos, que fuera concedida sin objeciones. Como prueba de ese desconocimiento, transcribe considerandos de la resolución 136/2014, afirmando el desconocimiento del derecho de fondo, pues, dice, el procedimiento previsto en la ley 20321 remite al art. 48 inc. 1) del Código Civil. Por tal razón, considera que se ha vulnerado su derecho de defensa ya que no se le ha permitido tomar vista ni controlar las operaciones que llevaron a la determinación de oficio cuya resolución se apela.
Por otra parte, invoca la extemporaneidad de la orden de intervención y de la determinación, ya que se encontraba en proceso de liquidación y sin impuestos activos. Y que tampoco fue notificada de la existencia de la supuesta causa judicial invocada en la cuestionada Orden de Intervención.
Luego se refiere a la desnaturalización del concepto de determinación de oficio. Al respecto transcribe el artículo 18 de la ley de procedimiento para afirmar que el Fisco solo se limitó a utilizar las consideraciones vertidas por otros organismos “extraños” a la materia tributaria, más aún, dice, cuando se trata de una causa judicial que aparentemente tiene ya 4 años de trámite y que se encuentra sustanciándose inaudita parte. En tal sentido, cita jurisprudencia relativa a la teoría del Fruto del Árbol Venenoso.
Con sustento en las RG 1135 y 1320 invoca la prescripción de los períodos 12/2007 hasta el 6/2009. Por otra parte, afirma que las entidades bancarias con las que operaba debieron haber requerido documentación complementaria y/o eventualmente controlado en su carácter de agentes de percepción, retención y liquidación, tanto la existencia y veracidad de las exenciones, su encuadre normativo y la alícuota a retener. Ofrece prueba.
II. Que a fojas 176/189 contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirma la resolución apelada en autos. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fojas 200 se abre la presente causa a prueba. A fojas 335 se clausura y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la sala A. A fojas 336 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fojas 344/347vta., no habiendo hecho uso la recurrente de tal derecho.
A fojas 350 se llaman los autos para dictar sentencia.
IV. Que en primer término corresponde tratar el planteo de prescripción opuesto por la recurrente. En ese sentido, el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en lo que aquí interesa, establece que “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: b) Por el transcurso de diez (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos…”
Dicho plazo, en atención a lo que dispone el artículo 57, comenzará a correr el primero de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
V. Que en ese contexto, corresponde analizar la procedencia de la defensa opuesta, debiéndose tratar los agravios de la recurrente dirigidos a cuestionar la aplicación de las suspensiones establecida en el art. 17 de la ley 26.860.
Dicho precepto dispuso que se suspende “…con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”. Cabe recordar que en materia de extensión de la suspensión tributaria, el Tribunal cimero sostuvo que: “ …cabe concluir que la suspensión, por un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos -así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, previsto en el art. 49 de la ley 23.495, alcanza a la generalidad de los contribuyentes responsables; toda vez que en la norma aquí aplicable se estipula – a diferencia del analizado en aquel precedente- que la mentada suspensión se dispone `con carácter general` En consecuencia, el modo en que se ha quedado redactado el texto legal sub examine, no arroja dudas acerca de la expresa intención del legislador; el que (…) no estableció vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria”. (C.S.J.N., Distribuidora del Plata S.R.L., de fecha 26/11/1991).
De allí que, teniendo en consideración que las normas legales bajo análisis establecen la suspensión con carácter general del curso de la prescripción, ello significa que operan con respecto a la universalidad de contribuyentes y responsables, con independencia u abstracción de su acogimiento al régimen dispuesto. Por lo que cabe colegir que resultan de aplicación a estos autos las suspensiones que, con carácter general, estableció el art. 17 de la ley 26.860.
En ese contexto, siendo que el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto estuvo suspendido por el término de un año, la prescripción hubiera operado el 31/12/2014, por lo que cabe concluir que el ente fiscal actuó dentro del plazo legal para determinar y exigir el tributo en cuestión.
Con base en dicha conclusión, lo alegado en punto a que el ajuste resultaba improcedente por haber concluido su existencia como sujeto pasivo, no procede. En ese sentido, cabría añadir que se procedió conforme lo establecido en la norma, en cuanto a las facultades otorgadas al organismo fiscal plasmadas en el art. 35 de la ley 11683.
VI. Que por otra parte y con relación a la vulneración del derecho de defensa, cabe advertir que según surge de las actuaciones administrativas la Orden de Intervención N° 1039523 fue notificada al domicilio fiscal sito en Paraná 383 piso 1° Dpto C, que fuera confirmado con fecha 19/6/2014 según surge del sistema registral – Reflejo de datos registrados. Asimismo, con fecha 30/6/2014 surge la presentación efectuada por la ex Presidente de la Asociación exponiendo los agravios que rechazan el criterio sustentado por la AFIP. Por tal razón, no se vislumbra en qué se vio afectado su derecho de defensa, sumado a que se trataba de la Pre-vista. Ahora bien, en cuanto a la contestación de la vista, mediante resolución de fecha 17/10/2014 se explican las razones por las que se rechaza la presentación efectuada por la Sra. Fernández Guarniz con sustento en que al contestar la pre-vista lo hizo en el carácter de ex presidenta de la mutual. En ese sentido, se explica que no acreditó debidamente la personería que la relacione a la Mutual a los fines del procedimiento de determinación de oficio.
En razón de ello, considero que tampoco procede dicho planteo.
VII. Que según surge del informe de inspección (vide fojas 856/865 del Cpo. ppal de los a.a.), por pedido de la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario N° 2, el organismo fiscal inició la fiscalización a la actora en el marco de la causa N° 190229/2010, caratulada: “Asociación Mutual Suipacha de Productores y Empresarios Argentinos y otros s/Delito de Acción Pública”, a fin de que proceda según el art. 18 in fine de la ley 24769, esto es, el inicio al procedimiento de determinación de la deuda tributaria sobre el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por los ejercicios 2003 a 2012. Habiéndose liquidado de diciembre 2007 a diciembre de 2012. El fundamento de ello se debió a diversos reportes por operaciones sospechosas (ROS) que fueron remitidos a la Unidad Fiscal para la investigación contra los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN) por el volumen sospechoso de movimientos de dinero que efectuaba la asociación, los que eran descomunales frente a los movimientos de fondos de sus balances y actividad de mutual. Cabe advertir que la recurrente se halla inscripta como mutual ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), órgano que controla este tipo de entidades-, desde el 6/7/2006. A su vez, su inscripción ante el Fisco Nacional data del 20/7/2006, y se encuentra registrada como exenta del IVA desde el 7/2006 y según el certificado N° 102012159551 de fecha 1/2010 surge su reconocimiento como entidad exenta en el impuesto a las ganancias. Durante el mes de abril de 2014, se dio de baja tanto en el IVA como en el impuesto a las ganancias por cese de actividades.
Entre sus objetivos surgen el de fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros para satisfacer sus necesidades, prestar servicios funerarios, otorgar diversos subsidios y préstamos a sus asociados y proporcionar servicios de asistencia médica y farmacéutica y turismo, entre otros (vide fojas 8/21 cpo ppal de los a.a.). De dicho informe se señala que las actividades que surgen de los Estatutos Sociales de la entidad, inscriptos ante el I.N.A.E.S. se encuentran exentas tanto del impuesto a las ganancias como del impuesto al valor agregado. En tal sentido, por corresponderle aquella doble exención, con relación al impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios la actora se halla beneficiada con una reducción de su alícuota general, de conformidad con el primer párrafo del art, 7 del Decreto 380/01.
Retomando a las irregularidades detectadas, con base en diversos reportes de operaciones sospechosas emitidos por distintas financieras con que operaba la actora, se constató: -una serie de maniobras delictivas, que habrían consistido en la presunta evasión del impuesto de marras vinculados con los movimientos de las cuentas corrientes; -los reportes en general denotan similares características, siendo ellas el depósito de grandes cantidades de cheques de libradores e importes variados y una vez acreditados los fondos, son retirados en efectivo mediante la presentación de cheques por ventanilla; -según la opinión del organismo fiscal, las operaciones realizadas en las cuentas corrientes de dichos entes no se corresponden con el desarrollo de las actividades declaradas por los mismos, sino al descuento de cheques de terceros; - los mencionados entes cuentan con un beneficio fiscal del impuesto de marras como consecuencia del tipo de actividad que invocan desarrollar. Asimismo, del análisis de los extractos bancarios de la actora remitidos por la Fiscalía interviniente, se observó que las entidades financieras (Bco. Provincia de Buenos Aires, HSBC, Banco Comafi, Banco Hipotecario y Banco Ciudad de Bs As) actuaron como agentes de percepción del impuesto liquidándolo con una alícuota del 2,5% por mil. En el caso del Standard Bank y BBVA Francés ambas entidades actuaron como agente de percepción, liquidando el impuesto a una alícuota menor. En cambio el Banco de la Nación Argentina no actuó como agente de percepción del impuesto, considerando a la Mutual como exenta por información brindada por la Mutual.
Teniendo en consideración lo expuesto se procedió a determinar el impuesto omitido por los períodos en cuestión. En efecto, según los extractos bancarios aportados por la Fiscalía se procedió a liquidar el impuesto omitido respecto a los movimientos bancarios constatados en las cuentas que la Mutual poseía en el Banco de la Nación Argentina, en el BBVA Banco Francés y en el Standard Bank, considerando la alícuota reducida del 2.5 por mil de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del art. 7° del Decreto 380/01.
Por su parte, surge el informe complementario de fiscalización (vide fojas 899/900 del Cpo. Ppal.). Allí se determinan las diferencias de impuesto y se explica la metodología utilizada. En punto a ello, surge: -Banco de la Nación Argentina, en este supuesto, se calculó la alícuota del 0.25% (ya que no se practicó ninguna retención) sobre los débitos y créditos bancarios que surgen de los extractos bancarios, períodos 12/2007 a 12/2012.; - Standard Bank, se aplicó la alícuota del 0.25% por los períodos 11/2008 a 12/2009 y se determinaron las diferencias respecto a lo retenido por la entidad financiera; y -BBVA Banco Francés, las diferencias (períodos 03/2009 a 07/2009) a la que se arribó surge de aplicar la alícuota del 0,25% sobre los débitos y los créditos fiscales deduciendo de dicho cálculo el impuesto que fue retenido oportunamente por dicha entidad. Del cálculo se excluyeron las transferencias entre cuentas de la actora y los créditos por cheques rechazados.
VIII. Que en primer término cabe advertir que la actora se encontraba exenta tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado desde el 20/7/2006. Es decir, que tal situación no se encuentra en discusión.
Lo que se halla controvertido aquí es la interpretación que realiza la recurrente con relación al alcance de la exención en el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones Con base en ello, se procede a describir la normativa aplicable para luego efectuar el análisis que amerita tal cuestión.
El artículo 1° de la Ley 25.413 (B.O. 26/03/2001), modificado por Ley 25.453, establece un Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, cuya alícuota sería fijada por el Poder Ejecutivo Nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6 o/oo) y que se aplicará sobre: "a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo,... c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica,...".
A su vez el artículo 2° establece que estarán exentos: “a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a los Estados nacional, provinciales, las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1° de la Ley 22.016. b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en la República Argentina, a condición de reciprocidad. c) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo importe. A los efectos del impuesto establecido en la presente ley, no serán de aplicación las exenciones objetivas y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales -aun cuando se tratare de leyes generales, especiales o estatutarias-, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía normativa. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer exenciones totales o parciales del presente impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente"(el subrayado es propio).
No obstante la claridad del texto normativo, la recurrente acude a la exención dispuesta en el Decreto 380/21 Reglamentario del impuesto de marras. Precisamente en su artículo 10 inc. v), que dice: “Estarán exentos del impuesto los débitos y/o créditos correspondientes a: … “Los débitos y créditos en cuenta corriente, cuyos titulares sean las entidades comprendidas en el inciso e), del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones”.
En esa línea, el artículo 20 del impuesto a las ganancias prevé que: “Están exentos del gravamen: e) Las ganancias de las instituciones religiosas.”.
Tal como surge de los estatutos de la Mutual (los objetivos fueron descriptos ut supra), dicha entidad no funcionaba como una entidad religiosa. Ello así, su argumento con sustento en el art. 10 inc. v) del Decreto 380/21 resulta improcedente.
Por otra parte, dicho argumento también merece ser desestimado atento la exponente claridad que se desprende del texto transcripto. Máxime cuando se pretende extender por analogía una exención para las entidades mutuales que la Ley de Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias expresamente no contempla. En punto a ello, cabe traer a colación la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en cuanto a que las excepciones a los principios generales de la ley, obra exclusiva del legislador, no pueden crearse por inducciones o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición excepcional; y que las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable interpretación del legislador o de la necesaria implicación de las normas que la establezcan pues, fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas (Fallos: 314:1842; 315:807; 319:1311, entre otros).
En cuanto a la prueba producida, cabe mencionar que la informativa al INAES no aporta a la dilucidación de la presente causa. Lo mismo ocurre con la sentencia recaída en la causa “Alvarez Guillermo Adolfo y otros s/procedimiento y embargo”. En efecto, la cuestión a tratar es el alcance de la exención en el impuesto de marras.
IX. Que finalmente corresponde resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada, en los términos de los arts. 46 y 47 inciso e) de la ley de procedimiento fiscal, graduada en tres (3) tantos del monto de impuesto determinado.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad. Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor.
La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
X. Que así ello y teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en los arts. 46 y 47, inciso e) de la ley 11.683 (t.o. vigente). Dicha norma establece la presunción, salvo que se pruebe lo contrario, de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas… “e) Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos”. En efecto, ha quedado claramente comprobada dicha voluntad al haber evadido el pago del impuesto considerándose como una entidad exenta cuando la norma de forma clara y precisa no la incluye entre las entidades beneficiadas con tal liberación. Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, los que surgen de las circunstancias concretas de la causa.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, y no verificándose un supuesto de error excusable, corresponde confirmar el encuadre de la sanción aplicada, pero, no obstante ello, debe reducirse a su mínimo legal, toda vez que no se exponen razones suficientes para apartarse de dicho mínimo.
XI. Que en consecuencia, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con la reducción al mínimo legal de la multa aplicada. Con costas por la confirmación de aquélla y por su orden por la parte que se reduce.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con la reducción al mínimo legal de la multa aplicada. Con costas por la confirmación de aquélla y por su orden por la parte que se reduce.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 52 del RPTFN. Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.04.23 15:06:08 -03:00 Date: 2024.04.23 15:27:42 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.23 15:27:43 -03:00
Fin de la sentencia