Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120450
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.450, "Leguizamón, Mirta Mabel contra Asociart ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 196/212 vta.).
Se interpuso, por Asociart ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/227).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo hizo lugar a la acción instaurada por Mirta Mabel Leguizamón y condenó a Asociart ART S.A. a abonar la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 472/14 y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 196/212 vta.).
Juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo protagonizado el día 14 de enero de 2008, la actora padece una incapacidad laboral permanente del 5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 196 vta./198).
Incrementó el valor de la prestación por incapacidad permanente parcial ($1.813) conforme el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, que estimó de aplicación al caso aun cuando la contingencia objeto de reclamo fuese anterior a la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa (v. sent., fs. 201/204 vta.).
Así, conforme el piso establecido en el art. 2 de la resolución 6/15, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $35.674 ($713.476 x 5%).
Luego, por aplicación del art. 3 de la ley 26.773, determinó que aquél importe debía ser elevado a $42.809 (v. fs. 204 vta./207).
Por último, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del mentado texto legal, en cuanto establece que las disposiciones en ellas contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia.
Adujo para ello razones de equidad y justicia ante situaciones pendientes de resolución y con motivo de la insuficiencia de las reparaciones anteriores, descartando que la aplicación de las nuevas disposiciones importe una violación al principio de irretroactividad de la ley (art. 3, Código Civil).
Fundó la conclusión en el principio protectorio (art. 9, Ley de Contrato de Trabajo) y el de progresividad consagrado en los arts. 39 de la Constitución provincial; 75 -incisos 22 y 23- de la Constitución nacional y 1 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, dispuso implementar durante el período que especificó una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual. Ello, con fundamento en la circunstancia de que al utilizarse en autos el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, la virtual aplicación de una tasa de interés provocaría una doble actualización (v. sent., fs. 207 vta./208 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora demandada denuncia violación de los arts. 3 del Código Civil; 17 de la ley 26.773; decreto 49/14; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 217/227).
II.1. En sustancia, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó en el caso las disposiciones de la ley 26.773.
II.1.a. De un lado, manifiesta que la parte actora, si bien efectuó el pedido de aplicación de dicho precepto, lo hizo tres años después de estar trabada la litis. De este modo -sostiene-, el tribunal de grado falló de manera extra petita , vulnerando la garantía de defensa en juicio y el principio de congruencia (v. fs. 219 vta. in fine /221).
Además, denuncia que en la demanda no se le imputó incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por lo que, al no estar en mora, el tribunal de origen nunca debió condenarla al pago de intereses. Citó en su apoyo la causa L. 34.194, "Browning" (sent. de 21-XII-1984).
II.1.b. Del otro, aduce que toda vez que el siniestro que motivó el reclamo de autos ocurrió el 14 de enero de 2008, el fallo de origen en cuanto ordena la actuación de la norma de referencia, quebranta los principios de irretroactividad de las leyes y legalidad, al tiempo que afecta la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.
Con apoyo en doctrina autoral, el fallo "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y precedentes de otros tribunales que individualiza, postula que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 armoniza perfectamente con el art. 17 apartado 5, que establece que la ley será aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante ocurra con posterioridad a su sanción (v. fs. 221 vta./225 vta.).
II.2. Objeta que se incluyera la patología sufrida por la trabajadora (lumbalgia post esfuerzo) en el listado del decreto 49/14 sin mediar planteo de la parte actora en tal sentido.
Asimismo, afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba en tanto -señala- no se probó que la señora Leguizamón cumpliera tareas por un período igual o mayor al de tres años, tal como lo dispone el art. 4 del referido decreto. Agrega que de acuerdo a la doctrina legal de esta Corte "...incumbe al trabajador la acreditación del estado incapacitante e igualmente la relación concausal..." (v. fs. 226).
Objeta también la falta de ponderación de factores atribuibles al dependiente y ajenos a sus labores (v. fs. 226 y vta.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Se impone destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial como recaudo para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por esa razón, el medio de impugnación fue concedido por el a quo en los términos de la excepcional hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 229 y vta.).
Luego, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.2. Sentado ello, alterando -por razones de método- el orden en que los agravios fueron expuestos, considero que el reproche vinculado a la determinación del grado de incapacidad que porta la trabajadora y su relación causal con las labores desempeñadas, es inadmisible.
No se observa la concurrencia del supuesto que prevé el art. 55 de la ley 11.653 desde que los cuestionamientos traídos refieren a típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas al acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 91.153, "Carraza", sent. de 25-II-2009; L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 118.024, "Szwed", resol. de 5-XI-2014 y L. 116.954, "Di Piero", sent. de 6-VIII-2014; e.o.).
En el excepcional carril examinado quedan detraídas de toda consideración las impugnaciones vinculadas a asuntos de orden puramente fáctico o circunstancial, como lo son la valoración de los escritos, de las pruebas reunidas y la determinación de la minusvalía que aqueja al trabajador a causa de un infortunio laboral (causas L. 100.986, "Bozzano", sent. de 1-IX-2010; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; e.o.); así como tampoco la que concierne a disposiciones de naturaleza procesal, como son las relativas a la carga de la prueba (causas L. 120.491, "Jara", resol. de 31-V-2017; L. 120.667, "Ciz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 120.013, "Quilodrán", resol. de 15-XI-2017).
III.3. Firme los extremos fácticos en que se fundó el reclamo instaurado, corresponde analizar los cuestionamientos relativos a la mensura de la prestación sistémica.
III.3.a. Asiste razón al recurrente cuando postula que la aplicación retroactiva de la ley 26.773 es desacertada.
III.3.b. La crítica impone analizar la declaración de inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5 con prescindencia del valor del litigio, por encontrarse involucrada una cuestión de naturaleza federal.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando la magnitud de lo impugnado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de aquellos cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.3.b.i. La declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, debe ser revocada, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En el caso, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Por último, resta señalar que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.3.b.ii. Luego, corresponde señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte se expidió estableciendo que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia; ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio, cabe revocar la sentencia en cuanto mensuró la prestación debida -y sus acrecidos- conforme la ley 26.773.
Lo expresado resulta suficiente para dar respuesta al interrogante planteado.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con los alcances indicados en el anteúltimo párrafo del apartado anterior.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas en el orden causado, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, señalando que en los concerniente a la revocación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y la cuantificación de la indemnización con las pautas de dicha ley, me remito -por razones de brevedad- a lo que he manifestado al respecto en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su sufragio.
I.2. En cuanto al embate referido a la aplicación retroactiva de las disposiciones de la ley 26.773 comparto la solución a la que arriba el colega ponente en el punto III.3. de su voto.
Arribo a tal definición, con sustento en lo resuelto por este Tribunal -entre muchos otros- en el precedente L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), al cual me remito por razones de brevedad.
Al respecto, cabe señalar que no puede ignorarse la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014; L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015 y L. 118.278, "Castellanos", sent. de 16-VIII-2017).
II. El medio de impugnación ha de progresar conforme se resuelve en el apartado final de la opinión que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, con algunas consideraciones en relación al supuesto de excepción contenido en el art. 55 de la ley 11.653 -en particular, respecto de lo indicado en el último párrafo del punto III.2. de su voto-, coincido con el ponente en que los agravios abordados en dicho apartado resultan inadmisibles.
Tal como lo señalé al emitir mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez" (sent. de 30-XI-2005); L. 87.476, "Pardo" (sent. de 29-VIII-2007) y L. 95.644, "Lucentini" (sent. de 2-VII-2010), el supuesto contemplado en el art. 55 de la ley 11.653 -de violación de la doctrina legal- se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 72.042, "Felice", sent. de 28-II-2001; L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002 y L. 75.526, "Frutos", sent. de 23-IV-2003; e.o.). Siguiendo esa línea, sostuve que la doctrina legal aprehendida por la mencionada hipótesis de excepción resulta comprensiva de aquélla elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma.
Con esa reserva, comparto -reitero- la propuesta decisoria expuesta por el doctor Genoud en el punto III.2. de su opinión, en la medida que la denuncia de la determinación del grado de incapacidad de la trabajadora y su relación causal con las tareas realizadas está dirigida a desvirtuar la conclusión contenida en el pronunciamiento de grado sobre un postulado fáctico y, en tal sentido, esta Corte tiene dicho que el supuesto de violación de doctrina legal no se configura cuando la propuesta impugnatoria se ocupa de censurar aspectos de índole fáctica, probatoria o meramente circunstancial, ajenos a la efectiva comprobación de su quebrantamiento (causas L. 90.844, "Gargaglione", sent. de 8-X-2008 y L. 96.050, "Banga", sent. de 13-IV-2011).
Asimismo, tampoco se da, en el caso, la hipótesis de admisibilidad a que hiciera referencia el doctor Negri en la causa L. 89.877, "Zaffaroni", sentencia de 8-II-2009, la cual comparto (v. causas L. 117.639, "Guzmán", sent. de 25-II-2015 y L. 117.323, "Garnica", sent. de 25-X-2017; e.o.), en cuanto a que: "...aun cuando las normas tengan carácter prevaleciente o derechamente instrumental, la doctrina elaborada a su respecto autoriza el conocimiento del recurso por esta Corte pese a la insuficiencia del valor del litigio, si los fundamentos de aquéllas residen en la naturaleza de la relación sustancial a la que se encuentran referidas y han sido concebidas, precisamente, para resguardar el cumplimiento de los propósitos contenidos en la ley de fondo" (causa L. 87.041, "Mariño", sent. de 8-VII-2008).
I.3. Luego, respecto de la revocación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, coincido con lo decidido por el colega ponente en virtud de las argumentaciones que expuse al emitir mi opinión en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a la cual re
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.