Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121461
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que extremen el control de los funcionarios a su cargo conforme lo indicado en el punto III.4. del voto emitido en primer término.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.461, "Cesar, Facundo Emmanuel contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Apelación de Resolución Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Soria , Pettigiani , Torres , de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la apelación deducida, con costas a la vencida (v. fs. 191/193).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/207 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen rechazó el recurso de apelación interpuesto por Facundo Emmanuel Cesar contra el dictamen de la Comisión Médica n° 14 de la ciudad de Junín (v. fs. 19/22), en cuanto estimó en un 4% del índice de la total obrera el grado de incapacidad residual que padece el actor como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido.
Para así decidir, destacó que a fs. 137 y vta. (v. fs. 177 y vta., luego de refoliatura) el perito médico interviniente -sobre la base de los antecedentes de la causa, los elementos ponderados y el examen físico realizado al señor Cesar- coincidió con el diagnóstico y porcentaje de incapacidad (4% del índice de la total obrera) asignado en el dictamen recurrido, descartando que pudiera conferirse una mayor minusvalía (v. fs. 192).
Refirió que la pericia médica no podía tener otra consecuencia que no sea la de acreditar la enfermedad y/o lesiones invocadas, determinando el origen de la misma y los elementos que han participado en ella, en función de lo que resulta del resto de las evidencias, a partir de lo cual se puede establecer la existencia o no de incapacidad. Señaló que en el caso el experto adujo en su informe haber efectuado una evaluación del apelante a través de su revisión física y observado los distintos antecedentes médicos que indicó, razón por la que cabía atenerse a sus conclusiones y considerar que si bien el trabajador había sufrido la lesión denunciada, no se acreditó que padeciera un mayor grado de incapacidad que la originariamente otorgada (v. fs. cit.).
II. La apelante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 12, 37 y 38 de la ley 11.653; 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y de doctrina legal que cita (v. fs. 198/207 vta.).
Alega esencialmente que el tribunal no sustanció correctamente la prueba pericial médica.
Postula que el juzgador debió notificar a las partes del informe del experto, -lo que no hizo- y, por el contrario, tuvo por concluida la etapa de prueba y pasó los autos para sentencia, desoyendo los planteos efectuados por su parte y desestimando la apelación interpuesta, lo cual -a su criterio- evidencia una transgresión a su derecho de defensa y al principio de bilateralidad.
En apoyo de dicha argumentación cita doctrina legal (v. fs. 200 vta./201 vta.). Asimismo, señala -en lo esencial de su profuso desarrollo- que el tribunal eludió su tarea como director e instructor del proceso (art. 12, ley 11.653), toda vez que debió dar traslado del informe pericial médico y luego, ante la eventual renuencia del experto a responder impugnaciones, intimarlo bajo apercibimiento de remoción, por no cumplir con sus obligaciones.
Concluye que el sentenciante vulneró la garantía del debido proceso adjetivo (v. fs. 201 vta./206 vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, dable es advertir que en la sentencia no se ha incluido la firma de la secretaria del tribunal -quien se limitó a registrarla (v. fs. 191/193 vta.)-, omisión que se repite en el proveído por el que se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 210 y vta.) que -para más- ni siquiera fue registrado pese a lo allí ordenado. Dichas irregularidades, si bien constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009); no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento.
III.2. Como fuera anticipado, en el caso, el señor Cesar apeló el dictamen emanado de la Comisión Médica n° 14 en cuanto al grado de incapacidad fijado (4% del índice de la total obrera) con relación al daño que padece como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido el día 12 de mayo de 2011. Radicada la causa en el tribunal de trabajo del Departamento Judicial de Junín, se presentó la apoderada de Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a contestar el traslado del recurso deducido (v. 64/65 vta.).
Luego de abierta la causa a prueba por el término de cuarenta días (v. fs. 72/73) y, en lo que interesa, habiéndose presentado el dictamen pericial médico (v. fs. 177 y vta.), atento el tiempo transcurrido y la inacción de las partes, el tribunal interviniente dispuso el pase de autos a sentencia (v. fs. 179), decisión ésta que fue impugnada por el recurrente mediante recurso de revocatoria y planteo de nulidad (v. fs. 180/182 y 183/185 vta. respectivamente), solicitando -en lo esencial- la suspensión del pase de los autos a sentencia y la sustanciación de la pericia médica. El tribunal rechazó la petición efectuada (v. fs. 186 y vta.).
La parte actora dedujo una nueva revocatoria contra este pronunciamiento (v. fs. 187/188), que fue también desestimada por el tribunal de origen (v. fs. 189). Acto seguido se dictó la sentencia que, con sustento en el informe médico producido en la presente, descartó la existencia de un mayor porcentaje de incapacidad a la que le fuera otorgada al apelante en el dictamen recurrido (v. fs. 191/193); acto procesal sobre el que se interpone el recurso aquí examinado.
III.3. A partir de lo expuesto se advierte que el análisis del cuestionamiento traído ante esta sede extraordinaria llevaínsita la impugnación de cuestiones definidas en una instancia anterior a la sentencia.
Corresponde aquí recordar que en la casación se revisa sólo la sentencia, no el proceso, por lo que no cabe atender agravios vinculados con resoluciones del juzgador relativas a la prueba y anteriores al fallo definitivo (causas L. 88.229, "García", sent. de 24-II-2010; L. 89.444, "Camerlingo", sent. de 27-VI-2012; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 120.419, "González", sent. de 17-X-2018; e. o.).
Asimismo que la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran eventualmente presentar. La preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (causas L. 99.432, "González", sent. de 14-VII-2010; L. 103.400, "Crespín", sent. de 12-XII-2012; L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018 y L. 120.037, "Olguín", sent. de 30-V-2018).
En tales condiciones, por aplicación del principio de preclusión, no pueden reeditarse en casación aquellas cuestiones que, resueltas en la instancia de grado, no fueron objeto de oportuna impugnación (causas L. 88.215, "Cáceres", sent. de 31-VIII-2005; L. 86.438, "Navarro", sent. de 14-XI-2007; L. 101.188, "Sallete", sent. de 5-V-2010 y L. 120.868, "Rubio", sent. de 13-VI-2018).
III.4. Finalmente, atento lo indicado en el punto III.1. y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 27-XII-2018; e. o.), considero necesario exhortar nuevamente a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Ello a tenor de los argumentos dados por la doctora Kogan en los puntos III.2. y III.3., que se condicen con los fundamentos que expuse al sufragar en las causas L. 120.419, "González" (sent. de 17-X-2018) y L. 120.476, "Milone" (sent. de 27-II-2019), análogas a la presente.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto emitido en primer término con excepción de lo expresado en el punto III.4., por considerar los restantes fundamentos expuestos suficientes a fin de dar mi respuesta por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que extremen el control de los funcionarios a su cargo conforme lo indicado en el punto III.4. del voto emitido en primer término.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 10:39:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:40:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:47 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 10:28:02 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 12:45:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 15:33:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia