Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-48616489-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $351.841 (pesos trescientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y uno) equivalente a 47,30 (cuarenta y siete con 30/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $879.603 (pesos ochocientos setenta y nueve mil seiscientos tres) equivalente a 118,24 (ciento dieciocho con 24/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el expediente número EX-2019-48616489- APN-SGAI#TFN y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $279.337 (pesos doscientos setenta y nueve mil trescientos treinta y siete) equivalente a 37,55 (treinta y siete con 55/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $698.344 (pesos seiscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro) equivalente a 93,88 (noventa y tres con 88/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-36123072-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Abril de 2022 (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2019-48616489-APN- SGAI#TFN y su acumulado EX-2021-17739434-APN-SGAI#TFN, caratulado “ASPROMONTE VICENZO s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante IF-2021-48616291-APN-DTDI#JGM y RE-2021-17735528-APN-SGAI#TFN el Sr. Vicenzo Aspromonte interpone recursos de apelación contra las resoluciones de fecha 30 de abril de 2019 y 4 de enero de 2021 dictadas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde se determinó, en la primera de ellas, de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012 con más intereses resarcitorios, y en la segunda se aplica una sanción por el mismo ejercicio fiscal, en los términos del arts.46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. vigente), equivalente a tres veces el impuesto omitido.
Plantea, en primer lugar la nulidad de la resolución por la cual se le determina el impuesto, argumentando que se trataron de forma parcial y arbitraria las defensas opuestas en su descargo, utilizando sólo la presunción que surge del art.18 inciso f) de la ley de impuesto a las ganancias considerando que carece de causa y motivación, además de habérsele rechazado la totalidad de pruebas ofrecidas de forma arbitraria, lo que afectó el ejercicio pleno de su derecho de defensa.
En lo que hace a la cuestión de fondo se agravia que en la resolución determinativa se entendió que los aportes realizados a las sociedades no poseen un origen fidedigno, rechazando arbitrariamente la justificación del origen de los fondos expuesta, que se ampara en el propio dinero que posee y que se encontraba debidamente declarado. Manifiesta que es el propio Fisco quien omite probar donde detecta un supuesto incremento patrimonial no justificado, cuando quedó acreditado con la contabilidad, que se trató de aportes provenientes de dinero en efectivo declarado. Explica que únicamente se generó un error de exposición en la declaración jurada, omitiendo disminuir de la misma el monto de dinero en efectivo que fue destinado para ser utilizado como “aportes irrevocables” a las sociedades “GV School SRL”, “Grupo Vientos San Isidro SRL” y “Bax SA”; aclarando que no se produjo una reducción del monto declarado, sino solo un cambio de exposición cualitativo, que en nada modifica el resultado del impuesto a ingresar en favor del Fisco.
Destaca que se acogió al régimen de regularización voluntaria, establecido por la ley 27.260, presentando la declaración jurada y abonando el impuesto especial establecido por la norma, lo que fue rechazado por el Fisco. Sostiene que aún para el caso en que la AFIP entienda que se trataba de tenencia ya declarada, igualmente se debe considerar incluido en el régimen antes citado.
En punto a la Resolución por la cual se la aplica la sanción en el impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2012, también plantea su nulidad, dada la falta de valoración de la prueba aportada en sede administrativa, como así también el rechazo de la ofrecida, sin justificativo alguno. En forma subsidiaria, se agravia de la la mencionada resolución, atento no surgir prueba alguna que acredite la materialidad del ilícito que se le imputa, ya que la realidad de los hechos demuestra que existió un error de exposición, que se acredita con la propia declaración jurada presentada y los papeles de trabajo que dan sustento.
Manifiesta que el Fisco, parte de una presunción para arribar a otra presunción y cita la jurisprudencia que surge de Nuestro Más Alto Tribunal, en la causa “Mazza Generoso y Mazza Alberto”. Alega que no se encuentra configurado el elemento subjetivo de la figura infraccional que se le aplica, en tanto no existió una actitud engañosa, asimismo ni surge cuáles son los datos que llevan a la configuración de las presunciones que surgen del art.47 de la ley de rito. Afirma que las arcas del Estado, de ningún modo han sido vulneradas ya que los montos nunca han sido debidos al Fisco, encontrándose declarados. Por otro lado de considerarse la existencia de una conducta culposa de su parte, solicita se deje sin efecto por la existencia de error excusable, atento a un error involuntario cometido en la confección de la declaración jurada. Por último y modo subsidiario peticiona que para el caso de que se mantenga la pretensión sancionatoria, su conducta sea reencuadrada en la figura culposa de la omisión de impuestos, conforme lo normado por el art.45 de la ley 11.683 (t.o. vigente).
Cita variada doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a las nulidades planteadas y en subsidio, se deje sin efectos las resoluciones impugnadas.
II. Que mediante IF-2019-69594562-APN-DTD#TFN e IF-2021-36549380-APN-DTD#JGM, contesta traslado el Fisco Nacional, refiriéndose en primer término a los planteos de nulidad expuestos por la actora, y afirmando que los actos se dictaron con la correcta motivación y con causa suficiente, cumpliendo con los requisitos esenciales y sustanciales fijados en la ley de Procedimientos Administrativos.
Se refiere al rechazo de la prueba y destaca que el juez administrativo se encuentra facultado para rechazar la producción de aquella que considere inconducente o dilatoria y sin perjuicio de lo mismo su rechazo fue fundado, agregándose la documental y exponiendo los motivos por los cuales se rechazaba el resto. Cita jurisprudencia y doctrina en relación a lo mismo y solicita que las costas del agravio en cuestión sean impuestas al apelante. Sobre la cuestión de fondo, señala que el ajuste se basa en la inclusión en la declaración jurada de una renta indebidamente encuadrada como exenta, lo que -según el representante fiscal-l habría sido reconocido por la propia actora, y cuya fuente y origen no fueron acreditados y su cuantía resultó equivalente al monto de los fondos que fueran integrados en las sociedades GV School SRL, Gupo Vientos San Isidro SRL y Bax SA. Agrega que si bien en las mismas se reconocen los aportes del contribuyente, la mayoría de las entregas fue en efectivo, salvo en el caso de Gupo Vientos San Isidro SRL, donde tres movimientos se hicieron por medio de transferencias bancarias.
Destaca que no hay prueba que demuestre que ese dinero efectivamente existiera como tenencia en efectivo, y que solo existe un aporte de sociedades cuyo origen no puede establecerse y es la actora que advierte el error luego de ser descubierto.
En punto a los agravios vertidos por la contraria por el uso del método presuntivo, señala que la determinación de autos obedece a indicios concretos y claros; que en el caso de autos son depósitos bancarios y documentación relevada. Se refiere al rechazo del acogimiento en los términos de la ley 27260, señalando que la base del ajuste es el desconocimiento de la fuente u origen de esa renta, que un principio fue declarada exenta y luego pretende atribuirle otro carácter. Indica que el tratarse de un supuesto de blanqueo de capitales, ello implica que ese capital no ha sido expuesto al Fisco bajo ninguna circunstancia, cosa que no ocurrió en autos ya que no sólo lo consignó como renta exenta, cuando no lo era, sino que además dice que esa declaración existió pero con un error de imputación y forma parte del rubro “dinero en efectivo”.
Sostiene la procedencia de la sanción aplicada en tanto se configuró tanto el elemento objetivo como el subjetivo, indicando que la actora incluyó en su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2012 una renta indebidamente encuadrada como exenta y cuya fuente y origen no fue acreditado, y cuya cuantía resultó equivalente al monto de los fondos que se aplicaron para efectuar aportes de las sociedades ya mencionadas. Señala que acreditado el soporte fáctico del elemento subjetivo y autorizada la presunción de dolo, correspondía a la actora demostrar lo contrario, no aportando la misma ningún tipo de prueba. Se refiere al reencuadre solicitado y el error excusable alegado, exponiendo en primer término que sin perjuicio de no corresponder, no se aportan elementos en sustento a dicha petición.
Afirma que permanecen fuera de todo cuestionamiento la aplicación de los intereses resarcitorios que fueran aplicados, atento la inexistencia de agravios al respecto, por lo que solicita que también sean confirmados. Ofrece prueba, se opone a la ofrecida por la actora, hace reserva del caso federal y solicita se rechacen los recursos interpuestos, confirmando las resolución apelada, con costas a la actora.
III. Que mediante PV-2019-111097204-APN-VOCX#TFN, se agrega el acta de audiencia, conforme lo previsto por el art.173 de la ley de rito fiscal y por PV-2019-111759694-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba, haciendo lugar a la pericial contable y a la informativa.
Que mediante IF-2021-58138930-APN-VOCVIII#TFN el Tribunal en Pleno decide acumular el EX-2021-
17739434-APN-SGAI#TFN al EX-2019-48616489-APN-SGAI#TFN. Asimismo por PV-2021-69813326-APN- VOCX#TFN, se reanudan los plazos procesales. Finalmente mediante PV-2021-117612447-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “D”, mediante IF-2021-117775584-APN-VOCX#TFN2021 se ponen los mismos para alegar, obrando los alegatos incorporados mediante IF-2021-123156512-APN-DTD#JGM e IF- 2021-123455077-APN-DTD#JGM y por medio de IF-2022-34905006-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que de la lectura de la resolución determinativa atacada se evidencia que la misma cumple con los requisitos esenciales estatuidos por el artículo 7° de la ley 19.549. En tal sentido, debe destacarse que es dictada con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que será analizada en los Considerandos siguientes, pero que de ninguna forma afecta la validez de la mentada resolución. Que tampoco se advierte, que la actora haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo o defensa en juicio, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, surgiendo de las actuaciones que en todo momento fue anoticiada de las diligencias y ajustes que proponía la fiscalización como así también de la vista corrida que dio inicio al procedimiento de determinación de oficio, haciendo las presentaciones que entendió pertinentes.
Respecto de la queja que formula en relación a las probanzas ofrecidas en su descargo efectuado en sede administrativa relativo al impuesto a las ganancias y a la instrucción de sumario por el período fiscal 2012 (IF- 2019-75795934-APN-DNTEID#JGM fs.1553/1562) y que no fueran admitidas en sede fiscal, cabe señalar que contrariamente a lo sostenido por la actora, el juez administrativo expuso los motivos por los cuales admitió la prueba documental y dispuso el rechazo de la testimonial y pericial contable (Vide fe.18/19 de la Resolución embebida al IF-2019-48612440-APN-SGAI#TFN). Que, igualmente no puede olvidarse que es doctrina de este Tribunal que las medidas no admitidas durante el trámite de determinación y/o instrucción de sumario, pueden ser nuevamente ofrecidas ante esta instancia (conf. arts 173 y 174 de la ley de procedimiento fiscal y “Carboquímica S.A.C.I.M.”, fallo del 5/7/1977).
Que ello así, corresponde desestimar la defensa de nulidad impetrada por la actora, sin imposición autónoma de costas -como lo solicita el Fisco- toda vez que la misma fue planteada como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal (conf. Criterio CSJN, in re “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que previo a resolver acerca de los ajustes propuestos, corresponde dirimir si procede en el caso aplicar los beneficios previstos por la ley 27.260, en virtud del acogimiento al que se hace mención en los recursos de apelación incoados.
Que el Libro II, Título I, de la Ley Nº 27.260 (B.O. 22/7/2016) estableció un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. El artículo 46 de la citada ley dispone que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, gozan de los beneficios que allí se enumeran, entre ellos la liberación del pago de los impuestos que se hubieren omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional.
Que por su parte el art. 32 de la RG 3919/2016 dispone que: “Respecto del beneficio previsto en el inciso d) del Artículo 46 de la Ley N° 27.260, el mismo alcanza a aquellos bienes y tenencias no declarados que, por haberse consumido, dispuesto o, por cualquier otro motivo, no se mantiene en el patrimonio a la fecha de preexistencia definida en el segundo párrafo del Artículo 37 del citado texto legal.” Que tal fecha de preexistencia en el caso de bienes declarados por personas humanas, es la de promulgación de la ley 27.260 (B.O. 22/07/2016). Que en lo que aquí interesa, el quinto párrafo del art. 30 de la RG 3919/2016 prevé que: “Asimismo, el contribuyente deberá imputar, ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del Artículo 46 del citado texto legal. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio”. Además, el artículo 24 del Decreto 895/2016 –reglamentario de la ley 27.260- dispuso que –en lo que aquí interesa- a los fines del mentado inciso d) del artículo 46, se entenderá por tenencias y/o bienes no declarados, aquellos que no hubieran sido incorporados por los contribuyentes en sus declaraciones juradas presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En el caso concreto, surge de la reseña efectuada que se pretende la concesión de los beneficios previstos por el artículo 46 de la ley 27.260, respecto a tenencias ya exteriorizadas en las declaraciones juradas presentadas ante el organismo e incluso verificadas por las inspecciones cursadas, lo que impide que puedan ser contempladas como sinceradas bajo dicha normativa e imputables a los ajustes practicados en los actos apelados (conforme criterio de esta Sala in re Explothor S.A. s/recurso de apelación” y “Thor Tecnología en Minería S.A. s/recurso de apelación”, sentencias del 5 de agosto de 2019, en los que esta juzgadora actuó como Vocal Instructora) En efecto, las normas reseñadas deben ser interpretadas de forma estricta, sin que corresponda hacer distinciones que no surjan de las mismas (cfr. criterio de este Tribunal in re “Metalúrgica Tandil S.A.I.C. s/recurso de apelación- Impuesto a las ventas” -sentencia del 28 de marzo de 1967). En tal sentido, por más amplitud con la que se conciba el excepcional régimen de regularización sancionado por la ley 27.260 y sus reglamentaciones, su interpretación no puede llevarse al extremo de admitirse que algo que ya estaba exteriorizado pueda serlo nuevamente al sólo efecto de justificar otra operación, puesto que no es eso lo que dicen las normas del régimen, ni fue tampoco la finalidad buscada con su sanción (cfr. Sala “D” in re Rutenia SA s/apelación, sentencia del 11 de noviembre de 2019, voto de la Dra. O´Donnell al cual la suscripta adhirió).
En definitiva, resulta improcedente la exteriorización bajo el Título I de la ley 27.260 con imputación a los ajustes practicados que la actora pretende realizar y en consecuencia no corresponde aplicar los beneficios previstos en el art. 46 de dicha ley. VI.- Que asimismo la actora se queja de que el Fisco a fin de arribar al ajuste efectuado utilizó solamente la presunción que surge del art.18 inciso f) de la ley de impuesto a las ganancias y omitiendo las manifestaciones por su parte realizadas en la instancia administrativa.
Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente; ello se corresponde con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde la ley de procedimiento tributario le otorga al Fisco Nacional amplias facultades para verificar los datos contenidos en las declaraciones juradas confeccionadas por los contribuyentes y/o responsables, recayendo sobre los contribuyentes y terceros, el deber de colaboración con el organismo fiscal, puesto que, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que esta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, "Curso de Derecho Tributario", Ed. Cima, 1980, pág. 310).
La doctrina ha definido a las presunciones, como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede (ver, al respecto, García Mullin, Roque: "Las presunciones en el derecho tributario" - Revista Derecho Fiscal - T. XXXVIII - pág. 489). Así, la presunción supone: a) un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante) sobre cuya existencia no existen dudas; b) elaborar, a partir de él, una regla de experiencia que nos dice cómo es normalmente el orden natural de las cosas; c) derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (hecho inferido, presumido, fundado) sobre el cual en realidad, no tenemos certeza alguna. En suma, las presunciones exigen la existencia de un planteamiento deductivo del que se haga derivar un juicio lógico, de modo que en sus normas reguladoras ha de existir siempre un hecho base cierto del que se extrae otro que es su consecuencia (cfr. TFN "Clapea SACIFI" del 5/9/1989; "Acería Bragado SA" del 27/12/1996; "Chacra Abdelmassih" del 27/8/1998 "Manufacturas Centauro" del 18/2/1999 y "Pluma Blanca SA" del 3/5/1999,entre muchos otros). Que, en estas condiciones, no resulta ocioso recordar que la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración.
Que la ley de procedimiento tributario faculta al organismo recaudador a determinar de oficio la obligación impositiva, cuando el contribuyente no presente las declaraciones juradas o, que las mismas resulten impugnables, y en ese caso liquidar el gravamen correspondiente en forma directa, por conocimiento cierto de la materia imponible, o por estimación, si los elementos conocidos sólo permiten suponer la existencia y magnitud de aquella. En esta línea, el art. 18 establece distintos indicios que el Fisco puede valerse para arribar a tal estimación, fijando aquellos que admiten prueba en contrario. Es así que el contribuyente es quien debe suministrar los necesarios comprobantes para evitar que, en el sistema basado en declaraciones juradas, pueda aquél formularlas en la forma que mejor cuadre a sus intereses, aún mediante la inclusión de datos ajenos a la realidad, puesto que, cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican a los demás juicios (conf. Criterio CSJN, in re “S.I.A. S.A.”, sentencia del 6 de setiembre de 1967)
VII. Que en cuanto a la cuestión de fondo en sí, del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas, surge el informe final de inspección agregado mediante IF-2019-69709124-APN-DNTEID#JGM, a fs.18/24, donde se observa que la recurrente se encuentra inscripta en la actividad principal de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, cerrando sus ejercicios en el mes de diciembre.
Explican los inspectores que se procedió a impugnar en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2012, los montos declarados como exentos -Variaciones VPP- relacionados con aportes irrevocables realizados por el recurrente en tres empresas vinculadas, considerando que dichos fondos constituyen un incremento patrimonial no justificado, conforme lo normado por el artículo 18, inciso f) de la ley de procedimiento tributario. Que conforme surge de la resolución apelada el recurrente declaró en el impuesto a las ganancias una renta que fue incluida incorrectamente en el rubro “Ganancias y/o Ingresos Exentos”- Variaciones VPP), correspondiendo a fondos cuyo origen se desconoce y se aportaron a las sociedades “GV School SRL”, “Grupo Vientos San Isidro SRL” y “Bax SA”.
Que para arribar a tal conclusión se tuvo en cuenta que, en relación al concepto “Variaciones VPP” declarado como resultado exento, se verificó que lo que había sido declarado como participación en los resultados de 36 sociedades, en tres casos eran aportes irrevocables realizados con fondos de otro origen no especificado en la respectiva declaración jurada.
Al respecto la actora informó, que el origen de los fondos de los aportes realizados a las sociedades, provienen del resultado de su actividad y fueron oportunamente declarados, agregando que se rectificará la declaración jurada respectiva, ya que se mostró el aporte dentro de las justificaciones patrimoniales como renta exenta cuando en realidad dichos aportes modificaban el monto efectivo que poseía. Por su parte las tres empresas aportaron planillas con el detalle del dinero recibido por parte del recurrente, indicando que fue en efectivo y en el caso de Grupo Vientos San Isidro SRL, tres movimientos fueron mediante transferencia bancaria.
Que, en el caso el Fisco ha partido de un dato cierto, determinando en consecuencia los tributos objeto de la presente apelación.
Que corresponde entonces analizar la prueba producida en autos.
Del informe pericial agregado mediante IF-2021-85334239-APN-DTD#JGM, se observa que los peritos han elaborado sus respuesta de manera separada. En primer lugar el perito a propuesta de la actora realiza un detalle de la documentación exhibida y compulsada a fin de llevar a cabo la tarea encomendada, realizando un análisis de la evolución del valor atribuido a cada una de las sociedades involucradas concluyendo que el recurrente no lleva una contabilidad formal dado que no tiene obligación legal de hacerlo. Por otro lado dice que, de haber efectuado los aportes dinerarios con fondos provenientes del saldo de tenencia de dinero en efectivo declarados al 31 de diciembre de 2010, con más el resultante de los resultados y variaciones patrimoniales consignados en su declaración jurada de impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2012, deberá detraer, de ser aceptado el criterio del fisco de la suma de $15.300.000 (que es la originalmente consignada en la mencionada declaración jurada 2012) el monto de $3.088.609,80.-. Asimismo, expone que del análisis de la evolución de la existencia de dinero efectivo en pesos, consignado en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2010, 2011 y 2012, surge que tales montos permiten solventar, los aportes a las firmas “GV School SRL”, “Grupo Vientos San isidro SRL” y “Bax SA”.
Por su parte, el perito a propuesta del Fisco Nacional manifiesta que, tratándose de una persona física la única forma que tiene de validar o tomar conocimiento de su situación patrimonial al cierre de cada año sería a través de una auditoría completa, y no corresponde que un contador en ejercicio de su función de perito asuma el rol de auditor, razón por la cual no resulta posible contestar los puntos sin excederse en el ejercicio de su función. Por último acerca de cualquier otro dato que resulte relevante, el perito de la actora señala que de la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2012, se desprende que el Sr. Aspromonte posee participación en 33 sociedades y la confección de la misma implica compilación, ordenamiento y análisis de gran documentación de cada una de las mismas. Agrega otras consideraciones al respecto y concluye que el error de no disminuir su existencia en caja con motivo de sus aportes a tres de los entes mencionados, resulta “verosimil”, ya que no son los únicos. Asimismo explica que el monto que omitió disminuir de su existencia de dinero efectivo en pesos, representa un 2,4% de su patrimonio, atento lo cual no resulta significativo. Por su parte el perito a propuesta del Fisco, manifiesta que no tiene consideración adicional que efectuar.
Que en punto a la prueba informativa, si bien se le hizo lugar a todos los oficios ofrecidos y los mismos fueron diligenciados, no todos han sido contestaron. Que las respuestas de los oficios agregados corresponden a Jtekt Automotive Argentina S.A. (IF-2020-14314247-APN-SGAI#TFN) quien mediante apoderada informa que suscribió contrato de locación con los Sres. Jose, Vicente y Reinaldo Aspromonte, de un galpón industrial, de la localidad de Pablo Podesta, provincia de Buenos Aires, durante el período comprendido entre el 01/02/2008 y el mes de mayo de 2012, y aclara que los alquileres correspondiente a los 5 meses del año 2012 fueron pagados mediante cheques. Adjunta copia del contrato y facturas del alquiler. También se encuentra agregada mediante IF-2020-12943493-AON-SGAI#TFN, la respuesta de la firma Grupo Desarrollista S.A. quien informa que para el ejercicio fiscal 2012, el Sr. Aspromonte Vicenzo posee participación en dicha sociedad, siendo la misma de 3,125%, y que durante el citado ejercicio no hubo distribución de dividendos, ni aportes de capital. Por su parte Nordelta Administradora Fiduciaria S.A. manifiesta que el Sr. Aspromonte, no ha poseído participación en la misma, ni la posee. Por último la firma TGLT S.A. señala a través de IF-2021-77647193-APN-SGAI#TFN, que no se indica en el oficio diligenciado, la persona respecto de la cual se solicita dicha información, pidiendo se aclare el alcance del requerimiento, que de lo mismo mediante PV-2021-78638833-APN-VOCX#TFN, se puso en conocimiento a la recurrente, sin que la misma se expida al respecto o bien peticione un nuevo oficio reiteratorio.
Que de la prueba antes referida se advierte que la mayoría de los oficiados, no contestaron lo requerido y en el caso TGLT S.A. solo pudo responder de manera parcial lo que se le solicitaba, atento la falta de datos concretos; así Nordelta Administradora Fiduciaria S.A. manifiesta que el Sr. Aspromonte, no ha poseído participación, en la misma, la firma Grupo Desarrollista S.A. indica el porcentaje de participación, pero sin efecto en el período bajo análisis, y en el caso de Jtekt Automotive Argentina S.A. se refiere a un contrato de locación, con la recurrente. Es por todo ello que, dicha probanza no agrega elemento alguno que sirva para refutar la fundamentación de las resoluciones atacadas.
Que no es motivo de debate que la actora reconoció, que existió un error de exposición en su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo 2012, siendo que omitió disminuir de la misma el monto de dinero en efectivo que fue destinado para ser utilizado como “aportes irrevocables” a las sociedades “GV School SRL”, “Grupo Vientos San Isidro SRL” y “Bax SA” y si bien afirma que los ingresos encuentran su debido sustento y respaldo, lo mismo no fue demostrado a través de la prueba ofrecida.
Por lo expuesto, cabe concluir que conforme se ha venido expresando las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar intergiversablemente los hechos en que sustenta su pretensión. Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69).
En consecuencia, corresponde confirmar la determinación del impuesto a las ganancias por el período 2012.
VI. Que también procede el cálculo de los intereses resarcitorios toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y que la actora no ha formulado agravios contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su liquidación, debiendo confirmarse aquellos expresados en la resolución del impuesto a las ganancias.
VII. Que resta pronunciarse sobre la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2012 en virtud de lo normado por los artículos 46 y 47 incs. a) y b), de la cual se agravia la recurrente que no se prueba la materialidad del hecho que se le imputa, y se demostró que se trata de un error.
Cabe señalar que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que por otro lado y atento lo señalado por la actora en su recurso, no escapa a la suscripta el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia in re “Mazza Generoso y Mazza Alberto” del 06/04/1989 (Fallos 312:447), donde se sostuvo que las presunciones otorgadas por la ley para determinar la obligación tributaria, no resultaban aptas para presumir una conducta fraudulenta del contribuyente, doctrina que ha sido mantenida en las sentencias dictadas en las causas "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello (TFN 10.582-I) c/DGI" - 31/3/1999, y "Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva" – 24/8/2000.
Que en primer lugar, la inspección no realizó los ajustes sobre base presunta, sino que partió de los propios registros llevados por la firma y luego, a través de las atribuciones conferidas por los arts. 33 y 35 de la ley de rito, colectó la información necesaria de terceros como de sus bases, para sustentar la evaluación de la situación de la recurrente en cuanto al cumplimiento de sus deberes fiscales, no advirtiéndose irregularidad o arbitrariedad alguna en tal labor, quedando lo mismo también plasmado en la planilla agregada a continuación del informe final de inspección donde se afirma que se dejó constancia de que el ajuste se realizó sobre base cierta (fs.29 act. adm. cpo. IVA IF-2019-69709124-APN-DTD#JGM).
Por su parte, con relación a las presunciones establecidas por el art. 47 de la ley de rito, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314...
En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto.
Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación. Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”.
En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005.
Que en cuanto a la utilización de las presunciones del art. 47 inc. a) y b) respecto del ajuste en el Impuesto a las Ganancias, esto es que: " medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11”; y que “cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”, respectivamente, cabe señalar, que se advierte que a partir del obrar del Fisco al detectar la inclusión de datos inexactos que generaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible que debía ser exteriorizada; se advierte una maniobra de parte de la recurrente tendiente a ocultar su realidad impositiva, lo que concreta tanto el tipo penal imputado como el debido perfeccionamiento de dicha presunción.
Respecto de la aplicación al caso de la figura del error excusable, cabe adelantar que tal petición no puede prosperar. Que para que se configure tal causal de eximición el error debe ser esencial e inculpable y las razones invocadas por el recurrente no poseen la entidad suficiente para demostrar un accionar diligente que lo llevara a creer razonablemente que su conducta no lesionaría el interés del erario (conf. “Capri Muebles S.R.L.” CNACAF Sala II, de fecha 28/4/94). En tal inteligencia quien pretenda exculpar una conducta, que resulta violatoria de los mandatos impuestos por las normas jurídicas, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de aquella, deberá acreditar fehacientemente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta (CSJN in re “Krill Producciones Gráficas S.R.L.” del 8/6/1993, voto de los Dres. Belluscio y Petracchi), circunstancias que no se dan en los presentes autos.
Que como lógica consecuencia, entiendo que debe rechazarse el pretendido reencuadre de la conducta en la figura omisiva prevista en el art. 45 de la ley 11.683, ello por cuanto, la presunción de dolo contemplada en el art. 47, no fue debidamente desvirtuada por la actora quedando descartada en consecuencia la aplicación de una figura culposa.
Por lo expuesto, esta juzgadora concluye que se encuentra justificado tanto el encuadre sancionatorio realizado por el Fisco como la graduación aplicada, disponiendo confirmar la multa aplicada.
VIII – Por todo lo expuesto voto por confirmar la determinación del impuesto a las ganancias ejercicio fiscal 2012 en todas sus partes, como así también la sanción impuesta en dicho período, con más los intereses resarcitorios que correspondan, con costas a cargo de la parte vencida.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $351.841 (pesos trescientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y uno) equivalente a 47,30 (cuarenta y siete con 30/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $879.603 (pesos ochocientos setenta y nueve mil seiscientos tres) equivalente a 118,24 (ciento dieciocho con 24/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el expediente número EX-2019-48616489- APN-SGAI#TFN y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $279.337 (pesos doscientos setenta y nueve mil trescientos treinta y siete) equivalente a 37,55 (treinta y siete con 55/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $698.344 (pesos seiscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro) equivalente a 93,88 (noventa y tres con 88/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el expediente que originalmente llevara el número EX-2021- 17739434-APN-SGAI#TFN y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular los honorarios de la contadora María Angélica Gattorronchieri por su desempeño en autos como perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $426.449 (pesos cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve) equivalente a 57,33 (cincuenta y siete con 33/100) UMA la que queda a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.-
Date: 2022.04.12 12:31:27 -03:00 Date: 2022.04.13 09:48:42 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.13 11:46:40 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.13 11:46:41 -03:00
Fin de la sentencia