Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución apelada, con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-40012674-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Abril de 2025 TRIBUANAL FISCAL DE LA NACION
El Expte. N° 47.081-I caratulado “ATANOR S.C.A s/ APELACION” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación) El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que a fs. 62/84 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 128/2016 (DV DEOA) de la A.F.I.P – Dirección General Impositiva – de fecha 24 /06/2016, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, en virtud de la cual se determinó de oficio el resultado neto final-quebranto- en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo fiscal 2009 en la suma de pesos quince millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos con cincuenta y cuatro centavos ($15.547.652,54) y se estableció un saldo a favor del contribuyente en el impuesto a las ganancias por el mismo periodo fiscal en la suma de Pesos un millón ciento cuarenta mil quinientos cuatro con catorce centavos ($1.140.504,14)
En primer lugar, sostiene que el fisco aplicó de manera incorrecta el denominado "sexto método" del artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, diseñado para operaciones entre partes vinculadas, cuando en este caso no existía tal vinculación con las compañías extranjeras (Cargill International S.A. y Sucden Americas Corp). Sostiene que, al no haber vinculación societaria, no hay razones legales que acrediten un posible beneficio a la exportadora local.
Alega que no hay relación societaria, económica ni de control con las empresas extranjeras. Las operaciones se realizaron a precios de mercado “arm’s length”, basados en cotizaciones internacionales de azúcar. Manifiesta que la exigencia de demostrar la real presencia y sustancia económica de los intermediarios extranjeros es desproporcionada e imposible de cumplir, ya que se trata de compañías independientes de gran envergadura, por lo que no están obligadas a proporcionar dicha información.
Arguye que hubo una escasez probatoria por parte del Fisco Nacional, en razón de que la determinación del ajuste fiscal se basa en presunciones sin evidencia concreta de evasión fiscal, triangulación indebida o uso de "sociedades pantalla".
Considera que la aplicación del sexto método en este caso afecta su derecho de propiedad y vulnera los principios de legalidad y razonabilidad, por lo que se presume una vinculación sin fundamento probatorio.
Afirma que la resolución apelada es nula por basarse en un acto administrativo arbitrario, a raíz de que prescinde de una correcta valoración de los hechos y pruebas presentadas.
Por último, solicita la impugnación de la liquidación efectuada, aduciendo un error respecto de la factura N.° 0041-00000354, ya que la misma consigna una operación de 280 toneladas y un valor FOB de U$S94.368, siendo en realidad los números correctos, 160 toneladas y un favor FOB de U$S 54.880.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba documental e informativa, formula reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que, a fs. 98/108 se presenta el Fisco Nacional y contesta el traslado del recurso. Desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motivan las presentes actuaciones, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone. Acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, se opone a la prueba acompañada y/u ofrecida por la parte actora (cuyo traslado surge fs.110 y contestado por la actora a fs. 112/116.). Por último, plantea el caso federal y pide que se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 117 se abre la causa a prueba, haciendo lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora; ordenándose librar los oficios solicitados a fs. 82/83.
A fojas 284/295 se contestó el oficio dirigido a Sucden Americas Corp; a fojas 334 y 336/354, luce agregada la respuesta recibida de Cargill International S.A.; a fojas 128/133, se encuentra la contestación del Centro Azucarero Argentino; a fojas 143/146, se visualiza la respuesta de la Inspección General de Justicia; a fojas 166/171 y 211/259, luce la contestación de la Autoridad Fiscal de EE.UU y Suiza respectivamente; y a fojas 175/179 se encuentra agregada la contestación del Ministerio de Justicia.
A fs 422 se declara el cierre del periodo probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs 433/438 obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional y a fs. 439/447 los de la actora. Finalmente, a fs. 448 se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, aún cuando no haya sido planteada como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación al planteo de la actora por cuanto solicita se declare la nulidad invocando que el acto administrativo se sustenta en una ficción legal, sin indicios ciertos o pruebas concretas.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf.C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re.”Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Tal como surge del informe final (a fs. 263/268), en el marco de la Orden de intervención N°802.043, el Fisco Nacional detectó en razón de un cruce de información con la Dirección de Fiscalidad Internacional que la recurrente realizó triangulaciones con posibles implicancias nocivas en materia fiscal, respecto de operaciones de exportación efectuadas durante el periodo fiscal 2009 con Suiza, en las cuales el país de facturación difiere del destino final de las mismas.
El Fisco Nacional informó que la actora no aportó la documentación que justifique la no utilización de la metodología dispuesta por el sexto párrafo del artículo 15 de la ley de impuesto a las ganancias según las condiciones establecidas en los incisos a), b) y c) del octavo párrafo del mismo artículo.
Conforme las constancias administrativas y análisis del marco normativo aplicable, los inspectores concluyeron que se debe aplicar el ajuste mencionado, el cual dio lugar a una disminución del quebranto por el periodo fiscal 2009.
VII.-, Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Según el art 2° de la Ley 25.784 (B.O. 22/10/03) “…cuando se trate de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y, en general, bienes con cotización conocida en mercados transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, se considerará como mejor método a fin de determinar la renta de fuente argentina de la exportación, el valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería —cualquiera sea el medio de transporte—, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado con el intermediario internacional”
Según la normativa citada los requisitos para que se aplique el sexto método a una determinada operación son: A) que el exportador argentino extraiga del país cereal, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y en general bienes con cotización conocida en mercado transparente, B) un intermediario domiciliado en el extranjero, que adquiera esos bienes sin ser un destinatario efectivo y C) que una empresa domiciliada en el extranjero, “ vinculada” con el exportador argentino, compre los bienes al aludido intermediario internacional.
Dichos requisitos deben aplicarse en forma simultánea a fin de que opere el denominado “sexto método” y con ello la obligación de cotejar el precio del bien vigente en el mercado transparente al día de la carga con el que se pactó con el intermediario internacional.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); que las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Tal como se desprende la normativa citada, el legislador estableció un requisito taxativo para la aplicación del “sexto método”, esto es, que se trate de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, situación que no ocurre en las presentes actuaciones.
Asimismo, el art 1º, inc. h), primer párrafo, del decreto 916/04 incorporó a continuación del séptimo artículo sin número agregado a continuación del art. 2.1 del decreto 1.344/98 (texto según su similar 1.037/00), lo siguiente: " A los fines de la aplicación del método previsto en el sexto párrafo del Artículo 15 de la ley, todas las operaciones de exportación en las que intervenga un intermediario internacional que no cumple con los requisitos previstos en el octavo párrafo del mismo, se considerará que no se encuentran celebradas como entre partes independientes en -15- condiciones normales de mercado a que alude el tercer párrafo del Artículo 14 de la ley".
Con relación a la mencionada incorporación reglamentaria por la cual se eliminó el requisito del “sujeto vinculado del exterior”, exigido por el artículo 15 de la ley 20.628 para que resulte obligatoria la aplicación el sexto método de determinación de precio de transferencia, cabe indicar que el Máximo Tribunal con fecha 03/05/23 en la causa “Vicentin SAIC c/ Estado Nacional- Poder Ejecutivo s/ Civil y Comercial- Varios” estableció que “En efecto, dicho reglamento es portador de un serio defecto de origen y resulta írrito del principio de reserva legal, al contradecir los arts. 4°, 17, 52, 75 (incs. 1° Y 2°) Y 99 (inc. 3°) de la Carta Magna (ver C.524, L.XLII, "Cladd Industria Textil S.A. y otro c/ E.N. SAGPYA - resol. 91/03 s/ amparo ley 16.986", sentencia del 4 de agosto de 2009, y los precedentes allí citados), en cuanto pretende modificar uno de los elementos esenciales del impuesto a las ganancias -la base imponible- mediante un mecanismo que se halla claramente a extramuros de la única forma que nuestra Carta Magna prevé, es decir, mediante ley formal (Fallos: 319:3400).
A partir de lo expuesto, le asiste razón a la recurrente y por ende corresponde revocar el ajuste practicado por el Fisco Nacional.
Por último, en función de la forma en que se resuelve, deviene insustancial el tratamiento de los restantes agravios de la parte actora.
En conclusión, corresponde revocar el ajuste practicado, con costas.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante, como así también a los Considerandos IV, V y VI de su voto.
II. Que asimismo, adhiero a la solución que arriba en el Considerando VII de su voto.
En efecto, el fundamento básico en que se apoya el Fisco Nacional para efectuar la determinación de oficio se basa en la aplicación del denominado “sexto método” previsto en el artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, a la luz de lo dispuesto en el Decreto 916/04, el cual establece un mecanismo de valuación de operaciones de exportación cuando intervienen intermediarios internacionales. El Fisco Nacional manifiesta que la recurrente no cumplió con los requisitos del sexto párrafo de la norma según las condiciones establecidas en los incisos a, b) y c) del octavo párrafo del mismo artículo. Cabe hacer constar que en ningún momento el Fisco Nacional afirma ni sugiere que el destinatario final de las exportaciones sea una empresa vinculada con la aquí recurrente.
Que, entrando en el análisis de la cuestión, corresponde efectuar una reseña de la normativa en trato. En primer lugar el artículo 2 de la Ley 25.784 incorporó a continuación del quinto párrafo del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los siguientes párrafos: “Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, cuando se trate de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y, en general, bienes con cotización conocida en mercados transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, se considerará como mejor método a fin de determinar la renta de fuente argentina de la exportación, el valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería —cualquiera sea el medio de transporte—, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado con el intermediario internacional.” (el resaltado en el párrafo transcripto es propio).
“No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si el precio convenido con el intermediario internacional, fuera mayor al precio de cotización vigente a la fecha mencionada, se tomará el primero de ellos para valuar la operación.”
“El método dispuesto en el sexto párrafo del presente artículo no será de aplicación cuando el contribuyente demuestre fehacientemente que el sujeto intermediario del exterior reúne, conjuntamente, los siguientes requisitos: a) Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados y cumplir con los requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de estados contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos por el intermediario internacional deben resultar acordes a los volúmenes de operaciones negociados; b) Su actividad principal no debe consistir en la obtención de rentas pasivas, ni la intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia la República Argentina o con otros miembros del grupo económicamente vinculado, y c) Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del mismo grupo económico no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total anual de las operaciones concertadas por la intermediaria extranjera.”
“La Administración Federal de Ingresos Públicos, podrá delimitar la aplicación del método que se instrumenta en los párrafos anteriores, cuando considere que hubieren cesado las causas que originaron su introducción.” “También podrá aplicarse dicho método a otras exportaciones de bienes cuando la naturaleza y características de las operaciones internacionales así lo justifiquen.”
“No obstante la extensión del citado método a otras operaciones internacionales sólo resultará procedente cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos hubiere comprobado en forma fehaciente que las operaciones entre sujetos vinculados se realizaron a través de un intermediario internacional que, no siendo el destinatario de las mercaderías, no reúne conjuntamente los requisitos detallados en el octavo párrafo del presente.”
Asimismo el art. 1°, inc. h) , primer párrafo, del decreto 916/04 incorporó a continuación del séptimo artículo sin número agregado a continuación del art. 21 del decreto 1.344/98 (texto según su similar 1.037/00), lo siguiente: " A los fines de la aplicación del método previsto en el sexto párrafo del Artículo 15 de la ley, todas las operaciones de exportación en las que intervenga un intermediario internacional que no cumple con los requisitos previstos en el octavo párrafo del mismo, se considerará que no se encuentran celebradas como entre partes independientes en condiciones normales de mercado a que alude el tercer párrafo del Artículo 14 de la ley ".
Que al respecto, cabe reiterar aquí los conceptos vertidos por el suscripto en ocasión de votar -en minoría- en las causas “Lutz, Juan Jacobo s/recurso de apelación” y “SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. s/apelación”, sentencias de esta Sala “B” de fechas 23/5/2022 y 13/11/2023, donde sostuve que: “...cualquier extensión por vía reglamentaria de los supuestos que en forma taxativa prevé la ley como hechos imponibles, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo.”
“Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, es decir, el Congreso Nacional (en tal sentido, EVES ARGENTINA SA - CSJN – 14/10/1993). Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros).”
“El principio de legalidad o reserva de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos 329:1554).”
Agregué entonces que “Debe destacarse que la circunstancia de que este Tribunal Fiscal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas no impide que pueda analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en el caso (CNCAF, Sala II, in re “Tagliaferro Susana Norma”, sentencia del 25/02/2022); para concluir resolviendo de acuerdo a las normas legales emanadas del Poder Legislativo y supranacionales aplicables al caso, conforme la jerarquía normativa consagrada por nuestra constitución.”
No obstante ello, en el caso particular de la cuestión debatida en autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse en una cuestión análoga, al resolver la causa “Vicentín S.A.I.C. C/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ civil y comercial - varios” de fecha 3/5/2023, al compartir el dictamen de la Procuración donde se dejó sentado que “ “...por medio de esta incorporación reglamentaria, se eliminó el requisito del "sujeto vinculado del exterior", exigido por el art. 15 de la ley 20.628 para que resulte de obligatoria aplicación el sexto método de determinación del precio de transferencia.”
“Al hilo de lo expuesto, no puedo dejar de recordar aquí que nuestra Constitución Nacional prescribe, de manera reiterada y como regla fundamental, tanto en el art. 4° como en los arts. 17 y 52, que sólo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos. Ha dicho el Tribunal al respecto, contundentemente, que "los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros) y, concordantemente con ello, ha afirmado reiteradamente que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones" (arg. Fallos: 316:2329; 318:1154; 319:3400; 321:366; 323:3770, entre muchos otros).”
Asimismo dejó sentado que “...la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 307:928, entre otros)”
“No puede admitirse, por ende, que por vía reglamentaria se prescinda del taxativo requisito de “exportaciones realizadas a sujetos vinculados” previsto por el legislador para la aplicación del sexto método, más aún cuando no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador al implementar el sexto método con estas particularidades (arg. Fallos: 315:1992; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).”
Y concluye: “...nada encuentro en los debates parlamentarios citados que permita inferir una voluntad legislativa distinta de la claramente plasmada en el texto del art. 15 de la LIG, en cuanto requiere, para la aplicación del sexto método aquí en estudio, que se trate únicamente de “exportaciones realizadas a sujetos vinculados”.
En consecuencia, no tratándose en el caso de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, en función de las normas de la ley del tributo vigente para el período fiscal involucrado en autos, voto por revocar el acto apelado e imponer las costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución apelada, con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2025.04.15 16:04:02 ART Date: 2025.04.15 18:38:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.16 11:36:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.16 11:36:41 -03:00
Fin de la sentencia