Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-65140287-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 2022-4327-E, dictada en la Actuación SIGEA 17115-446-2016.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-144188584-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Diciembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2022-65140287- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la RESOL-2022-4327-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 23/05/2022, en la Actuación Nº 17115-446-2016, en cuanto condena a la firma ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, al pago de una multa cuyo monto asciende a $328.444,64 y formula cargo en concepto de tributos adeudados por la importadora por la suma de U$S 76.775,28, con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A. en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante las destinación 09001IT14006399S II.- Fundamentos del recurso: mediante IF-2022-65140232-APN-DTD#JGM se presenta la firma ATANOR S.C.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada ut-supra, efectúa una reseña de los hechos. Alega que la acción fiscal se encuentra prescripta. Manifiesta que el auto de apertura de sumario no interrumpió el curso de la prescripción por no reunir los requisitos exigidos por el art. 1094 del C.A. Alega que el art. 17 de la ley 27.562 introdujo una nueva causal de suspensión utilizada por el estado. Sostiene que el obstáculo para la aplicación de la suspensión dispuesta en el art. 17 reside en el hecho de que modifica retroactivamente el régimen penal aduanero vigente al momento de la infracción. Señala que la denuncia no cumple con los requisitos del art. 1082 del C.A. Alega que al no contar con la documentación aduanera respaldatoria, ninguna imputación puede ser realizada válidamente. Opone la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer la pena de multa y percibir los tributos reclamados en autos como consecuencia de la irrazonabilidad del tiempo transcurrido desde el inicio del sumario. Cita Losicer. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2022-117040993-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Alega que las constancias obrantes en el expediente administrativo desvirtúan los agravios esgrimidos por la actora. Sostiene que tampoco obran en su poder elementos que permitan inferir que la importación temporal fuera cancelada. Refiere a carga de la prueba. Señala que la actora pudo defenderse y aportar prueba al contestar la vista oportunamente conferida. Sostiene que la instrucción sumarial y la corrida de vista se realizaron dentro del plazo legal de prescripción establecido por el art. 805 del C.A. Alega que no resulta procedente la nulidad pretendida, toda vez que no existe nulidad por la nulidad misma. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 17115-446-2016 se inician a fs. 3 con el acta de denuncia número 71/2016. A fs. 8 con fecha 12/12/16 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 10 obra agregada la liquidación de multa y tributos. A fs. 12 vta, con fecha 27/11/2020 se corre vista y se cita a la firma aseguradora, notificada tanto esta última como la importadora en fecha 18/04/2022, conforme constancia de notificación SICNEA obrante a fs. 14/15, respectivamente. A fs. 16/26 contesta vista la importadora. A fs. 27/36 contesta vista la aseguradora. A fs. 38 con fecha 11/5/2022 se rectifica la denuncia de fs. 4. A fs. 40/41 obra agregado la consulta al registro de infractores. A fs. 42/50, con fecha 23/05/2022 se dicta la RESOL-2022-4327-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA. A fs. 51/52 en fecha 30/5/2022 se notifica el dictado de la resolución a la importadora y a la aseguradora, respectivamente. A fs. 53/55 obra constancia de apelación ante el tribunal fiscal.
V. Mediante PV-2024-51451931-APN-VOCXVIII#TFN se certifica que el periodo probatorio ha concluido, se elevan los autos a la Sala “F” y pasan para alegar. Con posterioridad, se ponen a sentencia.
VI. Que, en primer término, corresponde tratar la nulidad del auto de apertura de sumario opuesta por la actora. Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que del cotejo de las actuaciones surge que el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye. Que, en efecto, de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al referido auto, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos. Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VII. Que, sentado lo expuesto, siendo válido el auto de apertura de sumario de fecha 12-12-16, corresponde tratar la prescripción opuesta por la actora respecto de la acción del fisco para imponer las penas.
Que conforme lo dispuesto en los arts. 934 y 935 del CA, la acción del fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco (5) años, los que deben comenzar a computarse desde el 1° de enero del año siguiente al que se hubiere cometido la infracción endilgada, que en el caso acaeció el 08/12/2011. Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 01/01/2012 y su vencimiento acaecería el 31/12/16 Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a), del C.A. “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.. Que, en consecuencia, habiéndose dictado la instrucción de sumario el 12/12/16 – ver fs. 12 de las actuaciones administrativas-, el curso de la prescripción penal se interrumpe, comenzando a correr nuevamente desde el 13/12/16 hasta el 13/12/21; habiéndose dictado la Resolución aquí apelada el 23/5/2022.
Que, se debe tener presente que el art. 17 de la Ley 27562 dispone que se suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para, en lo que aquí interesa, percibir la pena.
Que, en consecuencia, la prescripción penal en realidad operaba el 13-12-22; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 23-05-22 y habiéndose notificado el 30-5-22, no se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir la pena.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VIII. Que, seguidamente corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos. Que, el art. 803 del C.A. dispone que: 'Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que, según el art. 805, inc. a) del C.A., la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos se suspende: "desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión".
Que, en el caso, el vencimiento de los DIT en trato, operó en fecha 8-12-11 (hecho generador de la obligación tributaria); razón por la que comienza a correr el plazo de prescripción tributaria el 1-1-12 . En consecuencia, de no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria operaría el 31-12-16.
Que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 12-12-16 (ver fs. 12 de las act. adm.), por lo que se suspende el curso de la prescripción tributaria hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción. Que, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 11 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 19 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que en el caso, la resolución aduanera aquí apelada se dictó el 23-5-2022.
Que respecto a la notificación de la resolución aduanera, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, que al respecto, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que, teniendo en cuenta que la Resolución RESOL-2022-4327-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA se dictó el 23-5-2022, computando los 5 días hábiles para notificar la misma, el plazo de prescripción se inició el 30-5-2022. Entonces, computándose los 19 días que restaban para que opere la prescripción conforme lo expuesto ut supra, dicho plazo se cumplió el 28-6-2022 Que, incluso teniendo en consideración el art. 17 de la Ley 27562 que dispone la suspensión con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para, en lo que aquí interesa, percibir los tributos, habiéndose dictado la Resolución apelada el 23-05-22 y habiéndose notificado el 30-05-22 a la importadora y a la aseguradora conforme constancias que surgen de fs. 51/52 de las actuaciones administrativas, no se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir los tributos.
IX. Que, asimismo, corresponde aclarar que no resulta de aplicación al caso de autos la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 04/04/2012 (ver las actas denuncias nros. 107/2012, 108/2012, 109/2012 y 110/2012 obrantes en las Act. SIGEA nros. 12325-78-2008, 12325-78-2008/1, 12325-78-2008/2 y 12325-78-2008/3, respectivamente) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el Código Aduanero, la Aduana ha tramitado los respectivos sumarios infraccionales que dieran origen a las resoluciones apeladas ante este Tribunal.
X. Que, ello así, corresponde analizar si la Resolución 2022-4327-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, que condena a la importadora, aquí actora, al pago de multa y tributos, en los términos de los arts. 970 del CA, en relación al DIT 11 001 IT14 006399 S, se ajusta a derecho.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” y el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT 11 001 IT14 006399 S; oficializado el 15/12/2009, la firma ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA documentó con el ítem 1, la importación temporaria de 72.000 Kilogramos de “Glifosato y su cal de monoisopropilamina. Compuestos órganos forforados excepto los productos de la subpartida regional 2931.00.7. LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANO-INORGANICOS”, mercadería clasificada en la PA SIM 2931.00.32.100G, en los términos de lo normado en el Decreto nro. 1330/04- A6 por un plazo de 360 días, con vencimiento el 8/12/11. Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
XI. Que, en el caso de autos la aquí actora respecto al cumplimiento del régimen de importación temporal por ella elegido, limitó su argumento defensivo a sostener genéricamente, que había procedido a regularizar en legal tiempo y forma en el año 2011: 3309,90 kgs de la mercadería en cuestión mediante el permiso de embarque N° 11-001EC03- 027437-H, e informó que el saldo restante no lo pudo reexportar debido a problemas financieros que atravesó la compañía.
Que ello así de la compulsa de la prueba acompañada por la actora en esta instancia, cabe señalar que aún en el caso que se tomara como válida la descarga efectuada en el permiso de embarque 11 001 EC03 027437 H (OFICIALIZADO EL 6/12/2011), de todas formas del análisis del CTIT acompañado, no es posible establecer con certeza el producto reexportado, en tanto la descripción consignada en dicho documento, no guarda correspondencia con la declarada en el permiso de embarque presentado. En virtud de dicha discordancia, no es posible determinar la identidad del producto involucrado en la operación, haciendo imposible identificar la relación insumo producto.
Cabe destacar que la relación insumo producto debe ser determinable y documentada en el proceso, la trazabilidad es crucial en especial respecto a los procesos que implican transformación de la mercadería como en el caso de autos. Que consecuentemente, del precedente análisis surge que se encuentra configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., respecto de la totalidad de la mercadería importada temporariamente.
XII. Que, como quedó expuesto ut supra, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, la deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado).
XIII. Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
Los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí actora, es decir, desde el 18/4/2022 (conforme constancia de fs.14 de las actuaciones administrativas). En consecuencia, los intereses deberán abonarse desde el 2/5/2022 hasta la fecha de efectivo pago.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 2022-4327-E, dictada en la Actuación SIGEA 17115-446-2016.
2. Costas a la actora.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero a lo decidido en materia tributaria en el voto del Dr. Segura, por lo que corresponde confirmar el Cargo formulado en la litis en concepto de tributos, con más los intereses legales correspondientes. ASÍ LO VOTO.-
II. Que en relación al agravio de la empresa actora vinculado a la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir la multa objeto de autos, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A). En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, la que “...no se altera por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción...”; como así también la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalando que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
En tal orden de ideas, corresponde dejar sentado que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822). Por último, el carácter eminentemente penal de las multas y la aplicación a su respecto de las disposiciones del Código Penal para juzgar planteos prescriptivos ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
III. Que, bajo tales premisas, cabe colegir que el principio de legalidad, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no son aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Ello es así, puesto que, en función del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el bloque de constitucionalidad, expresan con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la ley penal más benigna (CSJN in re “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis”, del 04/12/2018: voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
IV. Que, en tal sentido, corresponde precisar que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia, con excepción de la ley penal más benigna en virtud de la cual debe ser aplicada toda legislación que, con posterioridad a la comisiín del delito, disponga la imposición de una pena más leve (confr. Fallos: 330:5158, de la disidencia parcial del Dr. Lorenzetti).
En efecto, al sancionar en el artículo 18 de la Constitución Nacional el principio de irretroactividad de la ley penal, nuestros constituyentes recogieron una de las manifestaciones más conspicuas de las exigencias del humanismo liberal. Pues en nuestra tradición constitucional y en toda la cultura jurídica y política en que ella se enmarca, el principio de irretroactividad penal no está sujeto a limitaciones y debe, por ello, aplicarse sin condicionamientos. Su fuerza normativa proviene del hecho de que funciona como la principal y más eficaz garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. Como el principio de legalidad del cual deriva, el principio de irretroactividad disciplina y limita el poder punitivo del Estado y constituye, en última instancia, el mejor parámetro para distinguir entre un Estado de Derecho y un mero derecho de estado (Fallos: 341:1768, disidencia del juez Rosenkrantz).
V. Que, por lo tanto, resulta ajustado a derecho concluir en que la pretensión fiscal de introducir una nueva causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, como es aquella contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562 -norma que suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, vulnera de modo palmario el principio de irretroactividad de la ley penal contenido en el artículo 2° del Código Penal -plenamente aplicable en materia aduanera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del citado cuerpo normativo- y con jerarquía constitucional en los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en violación al derecho al debido proceso y al principio de legalidad consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en tanto la garantía consagrada en el referido artículo 18 comprende la exclusión de disposiciones penales -no así de aquellas de naturaleza tributaria- posteriores al hecho infractor que impliquen empeorar o agravar las condiciones de los sumariados al momento de cometida la supuesta infracción, habida cuenta que, en el caso bajo examen, la norma en crisis fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 26/8/2020, cuando ya había comenzado a correr el curso de la prescripción del Fisco Nacional (DGA) para aplicar “sanciones”, de acuerdo a la fecha de registro del Permiso de Embarque involucrado en la litis. Por lo tanto, resultado ajustado a derecho declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas respecto de ATANOR S.C.A., y dejar sin efecto la multa impuesta en la presente litis, con costas a la DGA. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución 2022-4327-E, dictada en la Actuación SIGEA 17115-446-2016.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.12.29 13:05:32 ART Date: 2025.12.29 17:06:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.30 13:52:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.30 13:53:45 -03:00
Fin de la sentencia