Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.711-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 409/2016, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones administrativas N° SIGEA 12436-36-2011, respecto de la firma ATILO AVENA E HIJOS S.A. y a la despachante de aduana, Elena Alicia Baggio, en virtud de las consideraciones del punto VI.
2Imponer las costas por su orden, atento los términos en que se resuelve.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81626284-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ATILIO AVENA E HIJOS S.A. c/ AFIP – DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN”, expte. N° 37.711-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 09/13 se presenta la firma ATILO AVENA E HIJOS S.A. y la despachante de aduanas, Elena Alicia Baggio e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 409/2016, dictada el 11 de agosto de 2016 por el Administrador de la Aduana de Mendoza en el marco del expediente SIGEA N° 12436-36- 2011. Por ese acto se condenó a la firma y a la Sra. Alicia Elena Baggio al pago de una multa de $92.186,35, con relación a las mercaderías exportadas mediante los permisos de embarque Nros. 06 038 EC01 008183 Z, 06 038 EC01 022213 G, 06 038 EC01 011570 K, 06 038 EC01 012469 S, 06 038 EC01 014948 W, 06 038 EC01 010909 P, 06 038 EC01 010388 Z, 06 038 EC01 009044 N, 06 038 EC01 018001 G, 06 038 EC01 013406 K, 06 038 EC01 015829 V, 06 038 EC01 022294 P, 06 038 EC01 007769 C, 06 038 EC01 015821 N, 06 038 EC01 016947 A, 06 038 EC01 015399 A, 06 038 EC01 024841 P, 06 038 EC01 017459 W, 06 038 EC01 026304 L, 06 038 EC01 016457 T, 06 038 EC01 010522 G y 06 038 EC01 022000 D, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, incs. a) y c), del Código Aduanero.
Relatan que el servicio aduanero los condenó por declaración inexacta en los términos del art. 954, incs. a) y c), del Código Aduanero, al no haber incluido en el valor FOB declarado los gastos del flete interno correspondiente al trayecto comprendido entre la provincia de Mendoza y Puerto Iguazú, lugar donde se efectuó el transbordo con destino final a Brasil. Oponen, asimismo, excepción de falta de legitimación del servicio aduanero para imponer la multa, en razón de que las diferencias tributarias habrían sido abonadas con anterioridad a la corrida de vista, según surge de las constancias de fs. 129/133 y de lo dispuesto por el cuarto párrafo del art. 56 de la Ley N° 27.260.
Sostienen, además, que la conducta se ajustó a la Instrucción General N° 38/2002 (SDG LTA), vigente al oficializarse los permisos de embarque. Señalan que los permisos involucrados integraban el listado de operaciones “cumplidas” del BCRA respecto del ingreso de divisas, lo que demostraría la ausencia de afectación sobre el importe a ingresar. Por último, manifiestan que las ventas se pactaron bajo la cláusula FCA (Free Carrier), de modo que el costo del flete quedaba a cargo del importador y no generaba ingreso adicional de divisas por ese concepto.
II. A fs. 23/26, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega, en primer término, todos y cada uno de los hechos invocados por las actoras que no sean objeto de expreso reconocimiento. Desarrolla luego la figura de la declaración inexacta, el bien jurídico tutelado y la potencialidad de la infracción, con cita de jurisprudencia aplicable. Afirma que existieron diferencias entre lo declarado por la exportadora y lo verificado por el servicio aduanero, de entidad suficiente para configurar la infracción del art. 954, incs. a) y c), del Código Aduanero.
III. A fs. 33 se declara la causa de puro derecho y se eleva a consideración de la Sala "G", que pasa los autos a sentencia.
IV. Delimitadas las cuestiones, corresponde determinar si la Resolución N° 409/2016, dictada por la Aduana de Mendoza, se ajusta a derecho al condenar a la firma por la infracción tipificada en el art. 954, incs. a) y c), del Código Aduanero, con imposición de una multa de $92.186,35.
V. Conviene recordar que los jueces atienden las cuestiones conducentes para decidir el caso, suficientes para sustentar un pronunciamiento válido, sin verse constreñidos a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que someten a su consideración (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VI. Dada la íntima relación entre la excepción de falta de legitimación activa planteada por la parte actora y la cuestión de fondo debatida en autos, corresponde tratarlas de manera conjunta. El cuarto párrafo del art. 56 de la Ley N° 27.260 dispone que “las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016 quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha”.
La Resolución General AFIP N° 3920/2016, reglamentaria del régimen excepcional, recepta el criterio liberatorio del legislador. No establece exclusión alguna respecto de infracciones aduaneras como las examinadas ni exige que la cancelación de la obligación principal hubiera ocurrido en oportunidad temporal distinta de la contemplada por la ley. De las constancias de autos, en particular de fs. 129/133 de las actuaciones administrativas, surge que las diferencias tributarias vinculadas a las operaciones cuestionadas fueron canceladas en su totalidad con anterioridad al 31 de mayo de 2016. A la entrada en vigencia de la Ley N° 27.260, por lo demás, las sanciones debatidas no se encontraban firmes. Se reúnen así los extremos que el art. 56 de la Ley N° 27.260 exige para la procedencia de la condonación de las multas y demás sanciones.
No obsta a esta conclusión que el pago se hubiera efectuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. El texto no distingue entre obligaciones canceladas antes o después de esa vigencia; se limita a requerir que la obligación principal esté cancelada y que la sanción carezca de firmeza a la fecha pertinente. La tesis contraria incorporaría, por vía hermenéutica, una condición que el legislador no previó. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “admitir una tesitura distinta significaría habilitar la creación por vía interpretativa de requisitos no previstos en la legislación, lo que resulta jurídicamente inaceptable” (Fallos: 321:434). El Máximo Tribunal ha señalado, además, que no cabe presumir la inconsecuencia o la imprevisión del legislador (Fallos: 315:1922; 321:2021; 321:2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), quien pudo establecer una limitación expresa y, sin embargo, no lo hizo (Fallos: 342:2100; 343:498; cfr. CSJN, Fallos 348:101, del 12/03/2025).
Ni la Ley N° 27.260 ni la Resolución General AFIP N° 3920/2016 contemplan excepción que excluya del beneficio de condonación a infracciones aduaneras de la naturaleza aquí discutida.
Por ello, la sanción aplicada en autos ha quedado alcanzada por la condonación del art. 56 de la Ley N° 27.260 y se encuentra, en consecuencia, extinguida.
VII. La conclusión precedente sella la suerte del recurso y torna abstracto el tratamiento de la configuración infraccional. En mérito a la trascendencia que la cuestión reviste para controversias futuras, dejo sentada mi posición sobre el fondo, a título de obiter dictum.
El examen de la cuestión sustancial remite a las disposiciones del Código Aduanero sobre valoración en materia de exportación. El art. 735 y concordantes establecen que, para determinar el valor imponible aplicable a los derechos de exportación ad valorem, deben computarse todos los gastos ocasionados hasta el lugar en que la mercadería se carga en el medio transportador con destino al exterior. El art. 736, inc. c), prevé, para las exportaciones efectuadas por vía terrestre, que el valor comprende los gastos hasta el lugar donde la mercadería se cargare en automotor o ferrocarril para su salida del territorio aduanero. El tramo de transporte que va desde Mendoza hasta Iguazú, computado como flete interno, integra el valor imponible de exportación. El transbordo dentro del territorio nacional modifica el lugar de carga relevante a los efectos del art. 736 del Código Aduanero, de manera que los gastos requeridos para trasladar la mercadería hasta ese punto deben adicionarse para arribar al valor imponible correcto.
El art. 739 del Código Aduanero admite lectura en armonía con el art. 736 y comprende dentro del valor imponible los gastos de transporte y seguro vinculados a la operación de exportación. Al no incorporarse el costo del referido flete interno al valor declarado, el valor imponible resultó inferior al que correspondía y se configuró la potencialidad de perjuicio fiscal que exige el art. 954, inc. a), del Código Aduanero. Respecto de la configuración del supuesto del inc. c) del art. 954, relativo a una diferencia en el ingreso o egreso de divisas desde o hacia el exterior, conviene precisar el alcance de los INCOTERMS. Los International Commercial Terms son reglas estandarizadas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que distribuyen obligaciones, costos y riesgos entre comprador y vendedor en la compraventa internacional. La elección de uno u otro responde a conveniencia operativa, financiera o logística, y las partes pueden acordar que ciertas contrataciones o gastos sean asumidos al inicio por el exportador o por el importador.
Que el exportador asuma, por razones comerciales, la contratación del transporte no implica que soporte ese costo de manera definitiva. El gasto del flete forma parte del costo de exportación y se traslada al precio final de la operación. Aun cuando el exportador contrate el transporte de modo directo, el importador extranjero no queda ajeno, en el plano económico, a ese costo, que integra el valor de la mercadería exportada.
Bajo esas premisas, el argumento de las recurrentes sobre la concertación bajo el INCOTERM FCA (Free Carrier), del que derivaría que el flete interno recae solo en el exportador, no resulta atendible. Que el exportador asuma ciertas gestiones logísticas no exime a esos costos de integrar el precio final ni los convierte en carga gratuita. Tales gastos pueden discriminarse de modo expreso o quedar incorporados al precio pactado de la mercadería.
En autos, la documentación comercial acompañada revela que las facturas emitidas no discriminan el costo del flete interno. La destinación de exportación se documentó sobre el valor consignado en esas facturas, sin adición del referido gasto. Como la firma no acreditó que el costo del transporte interno estuviera incorporado al precio total declarado de la mercadería exportada, ese importe no integró el valor documentado.
La omisión de incorporar el costo del flete interno al valor declarado produjo una incorrecta determinación del valor imponible a fines tributarios y, además, una diferencia respecto del importe involucrado en la operación de exportación, con lo que se configuró el supuesto del art. 954, inc. c), del Código Aduanero.
VIII. En cuanto a la responsabilidad atribuida a la despachante de aduana Elena Alicia Baggio, corresponde recordar que los arts. 902 y 908 del Código Aduanero establecen un régimen específico de responsabilidad solidaria respecto de las multas impuestas por infracciones aduaneras, salvo que el auxiliar del servicio aduanero acredite haber cumplido diligentemente con las obligaciones propias de su función. La exoneración prevista por dichas normas no opera de manera automática por la sola invocación del carácter representativo de la actuación del despachante, sino que requiere la demostración concreta de haber observado el estándar de diligencia profesional exigible según las circunstancias del caso y la naturaleza de las obligaciones asumidas.
La conducta del despachante debe apreciarse teniendo en consideración su especial capacitación técnica y el rol que el ordenamiento jurídico le asigna como auxiliar del servicio aduanero. En tal sentido, la normativa le impone deberes de colaboración activa con la administración aduanera y de verificación de aquellos extremos que, por su formación profesional y experiencia específica, se encuentran dentro del ámbito de conocimientos propios de su actividad.
En este orden de ideas, resulta aplicable el principio receptado actualmente por el art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación de responder por las consecuencias derivadas de la conducta desplegada. Dicho principio adquiere particular relevancia respecto de quienes ejercen profesionalmente actividades vinculadas con el comercio exterior y la operatoria aduanera. Si bien he sostenido reiteradamente que la responsabilidad del despachante en cuestiones de valor no puede presumirse ni extenderse indiscriminadamente a todos los aspectos económicos de una operación comercial, ello no significa que quede relevado de controlar aquellos elementos que la propia legislación aduanera expresamente ordena computar para la determinación del valor imponible.
En efecto, el presente caso no versa sobre la razonabilidad del precio pactado entre las partes, la existencia de pagos indirectos, descuentos comerciales, transferencias posteriores o cualquier otro aspecto vinculado con la formación económica del valor de la mercadería, circunstancias respecto de las cuales podría discutirse razonablemente el alcance del deber de conocimiento del despachante. Por el contrario, la cuestión controvertida radica en la omisión de incorporar al valor imponible un gasto de transporte interno que, conforme surge de los arts. 735, 736 y concordantes del Código Aduanero, debía necesariamente integrar la base de valoración de la exportación.
La determinación de qué conceptos deben adicionarse o no al valor imponible constituye una cuestión eminentemente aduanera y jurídica, directamente relacionada con las normas de valoración cuya aplicación forma parte de las incumbencias profesionales propias del despachante de aduana. En consecuencia, no se trata de información ajena a su esfera de actuación ni de un dato económico reservado cuya obtención dependiera exclusivamente del exportador, sino de la correcta interpretación y aplicación de disposiciones legales que regulan la declaración aduanera que aquél confecciona y presenta ante el servicio aduanero.
Las constancias de la causa permiten advertir que la operatoria involucraba un traslado de la mercadería dentro del territorio nacional desde Mendoza hasta Iguazú, previo a su salida del territorio aduanero, circunstancia que resultaba determinante a los efectos de establecer el lugar de carga relevante previsto por el art. 736 del Código Aduanero. Tal circunstancia surgía de la propia documentación operativa de la exportación y era conocida —o cuanto menos cognoscible— por el despachante interviniente en ejercicio de una diligencia profesional normal.
Por ello, la omisión de adicionar el costo correspondiente a dicho transporte interno no puede ser considerada un mero error excusable ni una circunstancia ajena al ámbito de control del auxiliar del servicio aduanero. Antes bien, constituye el incumplimiento de un deber técnico directamente vinculado con la confección de la destinación y con la correcta determinación de los elementos que integran el valor imponible declarado.
En tales condiciones, entiendo que el despachante no ha logrado acreditar haber desplegado la diligencia necesaria para eximirse de responsabilidad en los términos de los arts. 902 y 908 del Código Aduanero, correspondiendo mantener respecto de aquél la responsabilidad solidaria derivada de la infracción configurada en autos.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 409/2016, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones administrativas N° SIGEA 12436-36-2011, respecto de la firma ATILO AVENA E HIJOS S.A. y a la despachante de aduana, Elena Alicia Baggio, en virtud de las consideraciones del punto VI.
2. Imponer las costas por su orden, atento los términos en que se resuelve.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 409/2016, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones administrativas N° SIGEA 12436-36-2011, respecto de la firma ATILO AVENA E HIJOS S.A. y a la despachante de aduana, Elena Alicia Baggio, en virtud de las consideraciones del punto VI.
2. Imponer las costas por su orden, atento los términos en que se resuelve.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.20 16:39:48 ART Date: 2026.08.20 17:19:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:46:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:46:42 -03:00
Fin de la sentencia