Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120827
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.827, "De la Cruz Solis, Clinton Virgilio contra Atkinson Patricia, Gustavo y Eduardo S.H. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 113/128 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/156 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen admitió parcialmente la demanda deducida por el señor Clinton Virgilio De la Cruz Solis contra Atkinson Patricia, Gustavo y Eduardo S.H., condenándola a abonar las sumas que especificó, en concepto de indemnizaciones por despido, sustitutiva del preaviso y vacaciones proporcionales; las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y -tras declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01- la contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, condenó a la accionada a entregar al actor el certificado de trabajo y la constancia documentada de aportes de la seguridad social.
Para así resolver, declaró que no era materia de controversia que entre las partes medió una relación laboral dependiente.
En cuanto a la fecha de ingreso del actor, estimó probado que fue el 11 de junio de 2007. Arribó a tal conclusión en base a la posición primera del pliego que tuvo por absuelto en rebeldía. Valoró igualmente, que la propia accionada afirmó en su conteste no llevar el libro laboral del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 45), sin que exista -resaltó el a quo - disposición alguna que la exima de cumplir con dicha obligación. Bajo tales premisas, a la luz del juramento de ley prestado por el reclamante (art. 39, ley 11.653; v. fs. 12 vta.), tuvo por probada la fecha de ingreso postulada en el escrito inicial (arts. 52 inc. "d" y 55, LCT y 39, ley 11.653).
En lo atinente al distracto juzgó -en ejercicio de facultades que le son privativas- que el autodespido del dependiente -que tuvo por configurado el 31 de marzo de 2014 (v. telegramas de fs. 6 y 25 y prueba informativa de fs. 61)- resultó justificado, atento haberse demostrado los incumplimientos esgrimidos por el actor como causal rescisoria (silencio patronal ante su intimación y desconocimiento de los requerimientos allí incluidos).
Sobre este punto aclaró el juzgador que, incluso en caso de que -por vía de hipótesis- se considerase recibida por el actor la misiva de fs. 27 -mediante la cual la empleadora habría respondido los requerimientos formulados por el dependiente- la solución no variaría, toda vez que, en dicha epístola, negó la fecha de ingreso que finalmente resultó acreditada en autos (11 de junio de 2007) y se opuso a cumplir los requerimientos formulados por el actor en su originaria misiva de fs. 4 y 26.
Declaró igualmente, que si bien a fs. 10 vta. el accionante liquidó la indemnización prevista en el art. 9 de la ley 24.013, al no encontrarse la relación laboral registrada -atento el reconocimiento expreso del empleador de no llevar el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo- por aplicación del principio iura novit curia , correspondía declarar procedente la indemnización prevista en el art. 8 del mismo texto legal.
Finalmente acogió el resarcimiento previsto en el art. 80 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Para así resolver, tuvo por probado que el dependiente intimó -primeramente por telegrama de fs. 6 y luego en el escrito de demanda (v. fs. 12 vta.)- la entrega del certificado de trabajo, sin que el empleador haya dado cumplimiento a tal requisitoria.
En lo atinente a la exigencia temporal prevista en el art. 3 del decreto ley 146/01, reglamentario del cuarto párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, declaró -de oficio- su inconstitucionalidad por vulnerar los arts. 1 y 99 de la Constitución nacional. Señaló al respecto que, al imponer al trabajador la espera de treinta días corridos para remitir la intimación prevista en el dispositivo legal citado -requisito ausente en el texto de la ley, que mal pudo ser incorporado por el Poder Ejecutivo en el referido decreto reglamentario- aquel precepto incurrió en un evidente exceso.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación del Preámbulo y de los arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 34, 39, 44 incs. "d" y "e", 46, 47 y concordantes de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5 apartado "c", 36 inc. 1, 163 incs. 3, 4, 5 y 6, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 52, 57, 62, 63, 80 (y su decreto reglamentario 146/01), 231, 232, 242, 245, 246 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 7, 8, 9, 15 y concordantes de la ley 24.013; 289, 290, 293, 296 del Código Civil y Comercial; 2 de la ley 25.323 y doctrina legal que cita (v. fs. 139/156 vta.).
II.1. Cuestiona la sentencia de grado en cuanto juzgó que la relación laboral habida entre las partes tuvo inicio el 11 de junio de 2007. Afirma que tal definición del sentenciante, se basó en dos premisas que no le otorgan debido sustento a la conclusión, a saber: posiciones absueltas en rebeldía y en la circunstancia de no llevar la demandada el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, se agravia del carácter de plena prueba que el a quo otorgó a la confesión ficta (pliego abierto, posición primera; v. fs. 11), máxime -agrega- cuando del expediente se desprende una expresa negativa del demandado respecto del comienzo de la relación denunciado por la actora, tanto en el plano extrajudicial como en la contestación a la acción.
Añade que, de la totalidad de la prueba adunada al expediente (recibos de sueldo de fs. 7 y 39, certificado de servicios de fs. 36/37, inscripción ante la AFIP e informe de la ANSeS de fs. 78/81), se colige que la real fecha de ingreso del actor fue en el mes de marzo de 2009, por lo que la conclusión del sentenciante resulta absurda.
II.2. Se agravia, igualmente, de la sentencia de mérito por haber juzgado que las cartas documento remitidas por los demandados no fueron recibidas por el dependiente, razonamiento del cual derivó que las afirmaciones e intimaciones de este último resultaron incontestadas.
Contrariamente a ello, con denuncia de absurdo, manifiesta que no existió silencio patronal ante los puntuales requerimientos del actor. Fue el trabajador quién rechazó -con mala fe- las comunicaciones enviadas por la patronal.
Al respecto, manifiesta que las cartas documento de fs. 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 y el informe del correo de fs. 34, son instrumentos públicos, con lo cual la única forma de invalidarlos era mediante la redargución de falsedad (art. 296, Cód. Civ. y Com.), procedimiento no instado por el interesado, por lo que -atento la naturaleza jurídica de dichos documentos- resultaba irrelevante el diligenciamiento de la prueba informativa al Correo Oficial.
II.3. También impugna la decisión de grado en cuanto juzgó que la accionada no llevaba el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, hecho del que derivó que el dependiente no se encontraba registrado. Al respecto, destaca que en su demanda el actor se limitó a denunciar que su registración se concretó con una fecha de ingreso posterior a la real, circunstancia que ratificó en la liquidación que practicó a fs. 10 vta., donde reclamó la indemnización contemplada en art. 9 de la ley 24.013 (v. fs. 10 vta.), lo que resulta incompatible con la ausencia total de registración que se tuvo por configurada en la sentencia.
II.4. Vinculado a este último aspecto, denuncia que el a quo incurrió en violación de los principios iura novit curia , de congruencia y del derecho de defensa, por haber reconocido al reclamante una indemnización que no había sido objeto de petición en el escrito constitutivo de litis (la del art. 8 de la Ley Nacional de Empleo).
II.5. Como derivación de lo hasta aquí expuesto postula que el despido indirecto en que se colocó el dependiente resultó injustificado, por lo cual devienen improcedentes los rubros por los que prosperó la demanda (indemnizaciones por despido, sustitutiva del preaviso, arts. 8 y 15, ley 24.013; 2, ley 25.323; 80, LCT y condena a entregar certificado de trabajo).
II.6. Por último, cuestiona el fallo de mérito por haber declarado -de oficio- la inconstitucionalidad del decreto 146/01. Señala que los argumentos desplegados por el tribunal sobre el tópico resultan erróneos: afirma que no es cierto que esta Corte se haya expedido concretamente declarando la inconstitucionalidad de la norma del acápite, añadiendo que la doctrina legal citada en el fallo cuestionado no refiere puntualmente a la norma cuya constitucionalidad pretende. Afirma que, con el dictado del decreto mencionado, el Poder Ejecutivo nacional no cometió ningún exceso reglamentario, advirtiendo que es frecuente la existencia -dentro de la normativa laboral- de supuestos donde se establecen plazos específicos para la procedencia de diversas indemnizaciones.
Consecuentemente, atento no haberse cumplido el requisito temporal ordenado en el decreto cuya constitucionalidad pregona, solicita se deje sin efecto la indemnización fundada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio por el cual se impugna -con denuncia de absurdo en la valoración de la prueba adunada al expediente- la fecha de inicio de la relación laboral, que el tribunal de origen tuvo por acreditada (11 de junio de 2007), no es de recibo.
En este sentido cabe recordar que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 102.866, "Gallichio", sent. de 11-VII-2012; L. 117.482, "Markarian", sent. de 10-XII-2014 y L. 116.868, "García", sent. de 27-V-2015).
El concepto de absurdo -elaborado por el Tribunal que integro- hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada de la prueba producida, recalcando que no se configura por cualquier error, o una apreciación opinable, ni ante la posibilidad de otras interpretaciones. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que el hecho pudo ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se la valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 101.040, "Rosendo", sent. de 31-X-2012; L. 117.895, "Salvo", sent. de 17-VI-2015; e.o.). Dicha carga, no la cumple el recurrente.
En el caso, si bien denuncia la existencia del referido vicio lógico, los agravios enunciados en el primer tramo del medio impugnatorio resultan ineficaces para acreditarlo, pues se limitan a contraponer a la valoración del material probatorio efectuada por el tribunal de grado -fincada, en lo esencial, en las posiciones absueltas en rebeldía, en la falta de registración del contrato de trabajo (reconocida por la accionada en el conteste) y en las presunciones legales que de ella derivan (arts. 39, ley 11.653; 52 inc. "d" y 55, LCT)- una mera discrepancia basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba (causas L. 85.025, "Defina", sent. de 10-XI-2004; L. 86.591, "M., J. J.", sent. de 27-IV-2005 y L. 93.006, "Hermann", sent. de 28-V-2008).
El recurrente -apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo a los jueces de grado a la solución cuestionada- efectúa un nuevo análisis de los hechos y las constancias de la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema éste que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014; L. 117.212, "Rossi", sent. de 1-VII-2015; L. 117.702, "Ubaldi", sent. de 15-VII-2015; e.o.), todo lo cual ha de sellar la suerte adversa del agravio en tratamiento.
III.2. Respecto del embate por el que se cuestiona la declaración de relevancia del silencio patronal, debe ser desestimado en razón de su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
El a quo juzgó que la accionada no acreditó -atento no haber producido la prueba informativa al Correo- la recepción de la carta documento de fs. 28, mediante la cual habría contestado los requerimientos puntuales del trabajador (v. fs. 115 vta.), por lo que tuvo por configurado el silencio patronal.
Ante este panorama, el compareciente pretende innovar la posición inicial que postuló en su contestación de demanda, sustentando su planteo en el carácter de instrumento público de las cartas documento de fs. 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 y el informe de fs. 34, enviadas a través del Correo Argentino, lo cual se exhibe como el fruto de una novedosa reflexión en torno a la temática examinada.
Al respecto ha declarado esta Corte que no es eficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en su desarrollo exhibe un discurso absolutamente novedoso y extemporáneo, en la medida que innova en la posición inicial contenida en la demanda, trocando así el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 116.936, "Scarpa", sent. de. 24-IX-2014).
Sin mengua de los señalamientos antes formulados, cabe poner de resalto que el propio juzgador de grado señaló que, incluso de considerarse -por vía de hipótesis- que la misiva de la demandada del 19 de marzo de 2014 (v. fs. 27) hubiera entrado en conocimiento del actor, la solución no se modificaría, toda vez que en dicha ocasión la patronal negó estar obligada a registrar al trabajador en su verdadera fecha de ingreso (junio de 2007), razón por la cual, la posterior decisión del trabajador de considerarse despedido imputándole (además del silencio) la omisión de cumplir con sus requerimientos (v. fs. 25) habría, de todos modos, resultado justificada. En otras palabras, sea por la negativa implícita (derivada del silencio) o explícita (derivada de su respuesta de fs. 27, en el caso de que se la considerase recibida) del empleador a registrar correctamente la relación, el despido indirecto resultó plenamente justificado.
Ante este claro y preciso itinerario lógico-argumental desplegado por el sentenciante, las subjetivas y novedosas razones que invoca el interesado para conmover el fallo en este aspecto, devienen manifiestamente ineficaces para descalificarlo.
III.3. Tampoco es de recibo la crítica a través de la cual el quejoso rebate la conclusión a la que arribó el a quo , en el sentido de que el trabajador no se encontraba registrado.
En efecto, el tribunal de grado declaró en su fallo (v. fs. 120 vta.) que, aun cuando se demostró que la demandada efectúo en algunos períodos aportes a la seguridad social ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 78/81), ella misma admitió en el conteste que la relación laboral no fue inscripta en el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 121), por lo que juzgó que la misma debía reputarse no registrada en los términos de la Ley Nacional de Empleo.
En este marco, es dable recordar que la inscripción del vínculo se satisface con el cumplimiento de las prescripciones de los arts. 7 y 18 inc. "a" de la ley 24.013. En tal sentido, debe entenderse que aquella ha sido registrada cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador en el libro especial del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, o en la documentación que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares (art. 7 inc. "a", ley cit.); y en el sistema único de registro laboral, que concentra la inscripción del empleador y la afiliación del trabajador a los regímenes previsional, de asignaciones familiares y de obra social (arts. 7 inc. "b" y 18 inc. "a", ley cit.). Por último, la disposición contenida en la parte final del art. 7 dispone -de modo excluyente- que "las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas" (causa L. 119.608, "Arévalo", sent. de 29-XI-2017).
Luego, la conclusión a la que arribó el a quo no logra ser rebatida de manera eficaz por el apelante, quien se limita exteriorizar su particular punto de vista, sin concretar una crítica concreta y eficaz a lo decidido en el pronunciamiento en crisis (causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016 y L. 119.529, "Williaman", sent. de 18-X-2017).
En este sentido, no hacen mella a la categórica definición del sentenciante -fundada en el derecho vigente (arts. 7 inc. "b" y 18 inc. "a", ley 24.013) y en la doctrina legal de esta Corte que cita- los argumentos que esboza el recurrente en torno a que el trabajador demandó en su libelo de inicio la correcta registración de la fecha de ingreso y -como corolario- la indemnización contemplada en el art. 9 de la ley 24.013. Ello así, toda vez que no se hace cargo de rebatir el argumento central en el que el tribunal de origen fundó su decisión, manteniendo incólume la esencial conclusión del fallo (causas L. 106.203, "Piñones", sent. de 29-II-2012 y L. 119.369, "Moreno", sent. de 27-XII-2017).
III.4. No es de recibo el agravio en virtud del cual -mediante denuncia de absurdo y violación de los principios iura novit curia , congruencia y del derecho de defensa- cuestiona que el sentenciante haya declarado procedente una indemnización que -en su particular criterio- no había sido objeto de reclamo en el escrito de demanda (art. 8, Ley Nacional de Empleo).
Con relación a este punto, el a quo ponderó -acertadamente- que en el telegrama que luce agregado a fs. 4, el trabajador intimó su correcta registración en los términos de los arts. 8, 9, 10, 11, 15 de la Ley Nacional de Empleo. Luego, ya en la demanda apartado "II) Objeto", reclamó las indemnizaciones contempladas en la ley 24.013, sin limitarse específicamente a la contemplada en el art. 9 de la ley 24.013. No cambia el contenido de la pretensión actora la "liquidación provisoria" (el destacado me pertenece), que practicó el actor a fs. 10 y vta.
Sin perjuicio de ser suficiente lo expuesto para sellar la suerte adversa de la queja en análisis, cabe recordar -conforme lo tiene dicho esta Corte- que los libros y documentación laboral no son sino instrumentos privados unilateralmente confeccionados por la empleadora, con lo cual, bien pudo el operario creer válidamente que el contrato de trabajo se encontraba inscripto de manera defectuosa y no fuera de todo registro (conf. art. 7, ley 24.013).
A mayor abundamiento, es dable recordar que las normas en cuestión no pueden ser interpretadas con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley y el
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