Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137201
LM-YAN
En la ciudad de La Plata, a los 1 días del mes de Agosto de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "J. M. C. Y OTRO/A C/ J. C. G. S/ ATRIBUCION VIVIENDA FAMILIAR " (causa: 137201), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo :
1.a. El juez de primera instancia resolvió: “1) Hacer lugar al pedido de prórroga de atribución de la vivienda sita en calle 9 Nº 2151 de Berisso iniciada por M. C. J. y K. M. R. contra J., C. G., consecuentemente otorgar la atribución de la misma a la parte actora por el plazo de dos años más a partir de la presente resolución y más allá del tiempo transcurrido desde que se cumpliera la condición del acuerdo entre las partes. 2) Fijar un canon locativo a favor de J. C. G. y a cargo de M. C. J. y K. M. R. hasta el plazo establecido en el punto precedente, momento en que la vivienda saldrá a la venta si así cualquiera de las partes lo dispusiere. 3) EL canon locativo que deberá pagar la actora lo es con efecto retroactivo al momento en que se cumpliera la condición del acuerdo sobre atribución o sea al momento de la mayoría de edad del menor de sus hijos, es decir al 16/10/2022 teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento de M. C. es el 15/10/2004 conforme certificación del 17/5/23 y se calculara desde dos tasaciones que deberán acompañar las partes en el plazo de cinco días y en caso de desacuerdo serán, de resultar razonables "prima facie" promediadas. 4) Imponer las costas en el orden causado por la forma en que se resuelve (art. 71 del CProc)."
1.b. Contra dicha forma de resolver se alza la actora, a través del recurso de apelación interpuesto el día 18/04/2024, siendo concedido el mismo en relación 24/04/2024, presentando el memorial el 25/04/2024 y contestado el 05/05/2024.
Se agravia la apelante por la prórroga del plazo de atribución de la vivienda dispuesta solamente por dos años sin considerar -a su criterio- la problemática familiar y por fijar un canon locativo a su favor como también la forma de la obtención del monto del mismo. En ese orden, expresa que dicha suma tenga efecto retroactivo no ha sido peticionado expresamente por el demandado, ni debatido en las presentes actuaciones.
Manifiesta que el sentenciante hizo lugar a la demanda omitiendo considerar la formal oposición formulada por el señor J. en su contestación y la necesidad de proseguir el proceso hasta el dictado de la sentencia, por lo que las costas deben ser impuestas al accionado vencido.
Agrega que el canon locativo fijado fue impuesto a cargo de M. C. J., pese a meritar en los considerandos de esta sentencia que es estudiante universitaria, que no tiene ingresos y que existe en trámite por ante el mismo Juzgado un pedido de cuota alimentaria a su favor sin sentencia a la fecha, lo que tampoco fue pedido por el accionado.
Finalmente, entiende que falta una visión unificadora de la verdadera conflictiva familiar, dejando desprotegida a la parte más vulnerable sumado a que no se resuelve con perspectiva de género.
Las normas de protección de la vivienda familiar incluidas en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación tienen su basamento en derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos con dicha jerarquía (art. 14 bis CN y art. 36 Constitución Provincial de Buenos Aires; art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 5 inc. E La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial y art. 14 inc h de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer)
El instituto de la atribución del uso de la vivienda familiar luego de la ruptura del matrimonio (art. 443 CCCN) o de la unión convivencial (arts. 526 y 527 CCCN) es el que permite resolver la cuestión habitacional de la parte que pueda considerarse más débil o que se encuentra en una situación más desventajosa y encuentra fundamento en el principio de solidaridad familiar.
En la especie, las partes -la Sra. R. Y el Sr. J.- luego de la ruptura matrimonial en el año 2011, acordaron " PUNTO IV.- TENENCIA: Las partes acuerdan la atribución de la tenencia , la que estará a cargo de la Sra. R. K. M., quien habitará el hogar conyugal hasta la mayoría de edad de los menores (18 años), momento en el cual se podrá disponer del mismo para su realización ”. El convenio fue pautado bajo los parámetros del Código Civil derogado (Ley 340) donde no existía -como tal- la figura de la atribución de la vivienda familiar que surge con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, pactaron la posibilidad de que la Sra. R. “habitara el hogar conyugal” hasta la mayoría de edad de C..
De la lectura del convenio surge que la “tenencia” y los alimentos, se acordaron de forma conjunta con la atribución del uso de la vivienda familiar. En este entendimiento, el origen de la legitimación para efectuar el reclamo de la presente incidencia entablada por R. K. M. y J. C., se encuentra íntimamente vinculado con la obligación alimentaria. De conformidad con el art. 662 del CCyC, R. en su carácter de "progenitora conviviente" de su hija mayor de edad, tiene legitimación para obtener la contribución del otro progenitor hasta que cumpla veintiún años y tiene la facultad de iniciar el juicio alimentario o continuar el proceso promovido durante la minoría de edad. La presente incidencia de la atribución de la vivienda familiar de hecho es iniciada en forma posterior al inicio de cese de cuota alimentaria entablado por el Sr. J. y denunciado intento de venta del bien inmueble familiar.
Al respecto, no puede perderse de vista que la prestación de alimentos debe cumplimentarse de manera integral salvaguardando las necesidades de subsistencia y habitación (esta Sala, causas A-38.555, reg. sent. 20/85; A-40.415, reg. sent. 157/88, e.o.) y que en fecha 13 de mayo de 2024 se ha resuelto en los autos "J. C. G. C/ R. K. M. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS" que la cuota alimentaria subsista respecto de C. en un porcentaje del veinte por ciento (20 %) a cargo de C. G. J. con la misma modalidad, previos descuentos de ley con más el pago del 50 % de los gastos extraordinarios que pudieran de corresponder.
Es que la atribución de la vivienda para C. -y sus hermanos en su momento- ha quedado integrada a la prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, en uno de sus aspectos básicos como lo es la vivienda. El fundamento de dicha obligación está dado por el principio de solidaridad familiar, a raíz del cual surge la necesidad de que los individuos que están ligados por lazos de parentesco, de acuerdo al orden de prelación impuesto por la misma norma, concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad a la cual pertenecen (conf. Cecilia Grosman, "Alimentos a los hijos y Derechos Humanos", artículo publicado en capítulo X de Ob. "Obligación alimentaria de los abuelos", Ed. Universidad, 2004, pág. 283 y ss.; Claudio Belluscio, "Prestación alimentaria", Ed. Universidad, 2006, pág. 452 y ss.).
Para la resolución de la atribución del uso de la vivienda familiar y en especial para establecer el plazo temporal a fijarse debe valorarse -dentro de varios parámetros que deben considerarse- la situación de la prestación alimentaria. Al respecto, sabido es que la obligación alimentaria en favor de una persona menor de edad subsiste hasta los 21 años salvo que el progenitor pruebe que el alimentado cuenta con recursos propios suficientes para proveerse los alimentos por sí mismo. En cambio, la obligación legal de prestar alimentos a un hijo mayor de 21 hasta los 25 años puede subsistir siempre que éste pruebe los presupuestos de hecho indicados por el art. 663 CCC. Es el alimentado -o su progenitor conviviente- quien debe acreditar la "viabilidad del pedido" (663 última parte CCC)
Por todo ello, efectuando una interpretación armónica entre los institutos, considero que corresponde modificar lo resuelto por la instancia en cuanto al plazo de la atribución de la vivienda familiar, estableciendo que la misma subsista hasta el cese de la cuota alimentaria en favor de C., a cargo de su progenitor.
Respecto de la fijación del canon locativo a cargo de C., como alimentada, se advierte nítidamente su improcedencia -incluso manifestada por el propio progenitor al contestar el memorial- existiendo una cuota alimentaria a cargo de J. motivada en la carencia de recursos de su hija para su propio sustento.
2.2.1 Procedencia del canon locativo a cargo de ex cónyuge y aplicación de perspectiva de género en el caso.
La Sra. R. se agravia por la fijación del canon locativo a su cargo y el monto fijado. Del análisis del caso, se advierte que las partes se encuentran divorciadas hace más de 12 años existiendo una dinámica familiar posterior que -según se deduce del propio convenio estipulado por las partes que confiere la "tenencia" exclusiva de sus hijos a la progenitora- fue en el clásico esquema parental del Código derogado donde quien se ocupaba de las tareas de cuidado era la progenitora. Sin embargo, se advierte que la progenitora luego de la ruptura se ha desarrollado laboralmente contando con ingresos regulares como empleada del Ministerio de Seguridad ver oficio de empleadora y según se prueba en autos, es propietaria de un bien inmueble ver oficio del RPI. Es dable observar asimismo lo concluido por la perito psicóloga sobre el vínculo entre las partes, ex cónyuges, en fecha 1 de febrero de 2024 en la causa vinculada a la presente que se iniciare por violencia económica contra el Sr. J. (ver informe pericial) Valorando dichas circunstancias, no se percibe que aquella se encuentre en situación de vulnerabilidad en el sentido pretendido, sin perjuicio de la dinámica familiar descripta.
Sobre este punto, considero adecuado aclarar que, para la aplicación de una tutela diferenciada fundada en la "perspectiva de género" al momento de resolver -como se peticiona en la expresión de agravios- deviene trascendental que la parte en sus fundamentos explique con claridad cuáles son las razones debidamente fundadas y circunstancias verosímiles que imponen tal modo de análisis, y en especial cuál es la situación de vulnerabilidad que impondría la necesidad de los efectos de la aplicación de dicha perspectiva en la resolución.
Con relación a la fijación del canon locativo, el art. 444 del CCyC establece que: “A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos…” y dispone el art. 485 del CCyC que: “El copropietario …que tiene el uso o goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa desde que el otro lo solicita", por lo que resulta acertada la fijación de un canon locativo a cargo de la Sra. R. y en favor del Sr. J..
2.2.2 Monto del canon locativo
Respecto del monto del canon locativo, que causa agravio a la Sra. R., resulta ajustado a derecho el parámetro establecido para establecer su valor, esto es que el mismo surja del promedio de dos tasaciones inmobiliarias, debidamente justificadas de acuerdo a precios actuales o de plaza, que deberán acompañar las partes en cinco días y que, en caso de resultar diferencias y no lograrse un acuerdo sobre ellas, decidirá el juez de grado.
Con respecto al porcentaje fijado a cargo de la Sra. R. en un 50% atento lo resuelto hasta aquí, en consonancia con la cuota alimentaria establecida y el principio de solidaridad familiar antes explicado, corresponde establecerlo en un 25% del valor de tasación que se establezca como fue determinado en el párrafo anterior.
Asimismo, deberá estipularse la forma de actualización del monto base del canon locativo, a fin de evitar ulteriores conflictos. A dichos efectos se establece que deberá pautarse al momento de la fijación del valor del canon locativo, conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales, que deberán acompañarse en el plazo de cinco días de notificada la presente. En caso de no lograrse un acuerdo entre las partes, determinará el juez de grado al mismo momento de establecer el monto del canon.
2.2.3 Retroactividad del canon locativo. Pautas para practicar la liquidación.
Respecto de la retroactividad dispuesta en la sentencia, asiste razón a la quejosa en cuanto a que dicho canon no fue solicitado con anterioridad al escrito de contestación de demanda -12/06/2023- por lo que, por aplicación del principio dispositivo y su corolario de congruencia procesal en una cuestión de naturaleza eminentemente patrimonial, debe ser retroactivo a dicha fecha.
A los fines de establecer pautas claras para practicar liquidación desde el 12-6-23, ponderando que los cánones se han de fijar con criterio de actualidad, respecto de los cánones vencidos conllevarán el interés a la tasa del 6% anual desde que debieron ser abonados, debiendo computarse los pagos efectuados por la Sra. R..
Para el supuesto de no ser abonados en término los futuros cánones locativos, aquellos serán adicionados con la tasa de interés que se fije en los contratos de plaza y de igual modo se ajustarán o actualizarán conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales.
Finalmente, respecto de la imposición de costas, atento el modo de resolver deviene prudente que las mismas hayan sido establecidas en el orden causado.
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, Sent; 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
Consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la sentencia dictada en autos disponiendo 1) Hacer lugar a la atribución de la vivienda familiar a C. J. y R. hasta tanto subsista la cuota alimentaria en favor de C. J.; 2) Fijar un canon locativo en favor del Sr. J. a cargo de la Sra. R. en un 25% del monto que surja del promedio de dos tasaciones inmobiliarias, debidamente justificadas de acuerdo a precios actuales o de plaza, que deberán acompañar las partes en cinco días de notificada la presente y que, en caso de resultar diferencias y no lograrse un acuerdo sobre ellas, decidirá el juez de grado. 3) Respecto de la actualización del canon locativo, se ajustará conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales, que deberán acompañarse en el plazo de cinco días de notificada la presente, y que, en caso de no lograrse un acuerdo entre las partes, determinará el juez de grado al mismo momento de establecer el monto del canon. 4) Establecer la retroactividad del canon locativo al momento en el que fuera solicitado por J., esto es desde el 12 de junio de 2023 y que, respecto de los cánones adeudados por el período desde esa fecha hasta la presente resolución, deberá practicarse liquidación ponderando que conllevarán el interés a la tasa del 6% anual desde que debieron ser abonados, debiendo computarse los pagos efectuados por la Sra. R.. 5) En caso de incumplimiento de los cánones locativos futuros, aquellos serán adicionados con la tasa de interés que se fije en los contratos de plaza y de igual modo se ajustarán o actualizarán conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales. Costas de Alzada por su orden atento el modo de resolución de la presente (art. 68, CPCC).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que : por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Lopez Muro dijo :
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar parcialmente la sentencia apelada, disponiendo 1) Hacer lugar a la atribución de la vivienda familiar a C. J. y R. hasta tanto subsista la cuota alimentaria en favor de C. J.; 2) Fijar un canon locativo en favor del Sr. J. a cargo de la Sra. R. en un 25% del monto que surja del promedio de dos tasaciones inmobiliarias, debidamente justificadas de acuerdo a precios actuales o de plaza, que deberán acompañar las partes en cinco días de notificada la presente y que, en caso de resultar diferencias y no lograrse un acuerdo sobre ellas, decidirá el juez de grado. 3) Respecto de la actualización del canon locativo, se ajustará conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales, que deberán acompañarse en el plazo de cinco días de notificada la presente, y que, en caso de no lograrse un acuerdo entre las partes, determinará el juez de grado al mismo momento de establecer el monto del canon. 4) Establecer la retroactividad del canon locativo al momento en el que fuera solicitado por J., esto es desde el 12 de junio de 2023 y que, respecto de los cánones adeudados por el período desde esa fecha hasta la presente resolución, deberá practicarse liquidación ponderando que conllevarán el interés a la tasa del 6% anual desde que debieron ser abonados, debiendo computarse los pagos efectuados por la Sra. R.. 5) En caso de incumplimiento de los cánones locativos futuros, aquellos serán adicionados con la tasa de interés que se fije en los contratos de plaza y de igual modo se ajustarán o actualizarán conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales.
Costas de Alzada por su orden atento el modo de resolución de la presente (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que : por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada, disponiendo: 1) Hacer lugar a la atribución de la vivienda familiar a C. J. y R. hasta tanto subsista la cuota alimentaria en favor de C. J.; 2) Fijar un canon locativo en favor del Sr. J. a cargo de la Sra. R. en un 25% del monto que surja del promedio de dos tasaciones inmobiliarias, debidamente justificadas de acuerdo a precios actuales o de plaza, que deberán acompañar las partes en cinco días de notificada la presente y que, en caso de resultar diferencias y no lograrse un acuerdo sobre ellas, decidirá el juez de grado. 3) Respecto de la actualización del canon locativo, se ajustará conforme las pautas y modalidades de plaza a cuyos fines se requerirá informe a dos inmobiliarias Locales, que deberán acompañarse en el plazo de cinco días de notificada la presente, y que, en caso de no lograrse un acuerdo entre las partes, determinará el juez de grado al mismo momento de establecer el monto del canon. 4) Establecer la retroactividad del canon
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