Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 125.591 "O. M. C/ S. E. A. S/ ATRIBUCION VIVIENDA FAMILIAR (SOLO RADICACION ELECTRONICA)"
I. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Necochea confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, atribuyó el inmueble sito en calle … n° … de dicha localidad -hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo respecto de la titularidad del mismo- a la señora M. O. y, asimismo, declaró inaplicable el plazo de dos años previsto en el art. 526 del Código Civil y Comercial e intimó al accionado a hacer entrega de las llaves del inmueble en el término de diez días (v. sents. del 29-IX-2020 y 17-VIII-2021).
II. Contra dicha forma de decidir se alza el demandado E. A. S., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 8-IX-2021) el que, siendo concedido en la instancia ordinaria (v. resol. de 14-IX-2021), es traído a consideración de esta Corte.
III. 1. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada, mediante la cual se denuncia absurdo y arbitrariedad en la decisión del Tribunal de Alzada y, asimismo, violación de la doctrina legal y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y cctes. de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y cctes. de la Constitución provincial; y 161 inc. 2°, 163 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial; se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación del cumplimiento de los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico para la fijación de la atribución de la vivienda familiar (conf. art. 526, Cód. Civ. y Com.), constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), yerro lógico que no se advierte configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -en virtud de las constancias probatorias incorporadas- consideró:
a) "... la magistrada teniendo en consideración el modo en que quedó trabada la controversia y considerando expresamente los presupuestos establecidos en el artículo 526 del C. C. y C. y que no ha quedado probada la titularidad del bien y hasta tanto ello se dilucide, en esos términos, atribuye la vivienda familiar a la actora, por lo que en este aspecto el agravio se encuentra desierto (art. 260, 261 del C.P.C.C.)" (v. sent. de 17-VIII-2021, págs. 9/10);
b) "... El 29/4/2020 la magistrada hace lugar a la medida de no innovar respecto del mobiliario existente en el inmueble, ordenando mandamiento de constatación, el que se diligencia con fecha 3/5/2020 habiendo sido recibidos, quienes participaron en la diligencia, en el domicilio de calle … nro. … por el aquí demandado (...) Tras apelar la sentencia con fecha 16/10/2020, es decir ya en conocimiento de lo que fue resuelto, el demandado se presenta con nuevo patrocinio letrado el día 22/10/2020 manteniendo el domicilio real en calle … Nro. …, esto es en la vivienda que fue atribuida a la actora (...) Es decir que luego del dictado de la medida de no innovar sobre el mobiliario, del dictado de la sentencia, de presentado el recurso de apelación y de ordenado en dos oportunidades mandamiento de constatación, el nombrado continuaba en el domicilio objeto de autos, por lo que mal puede basar la crítica de la sentencia en hechos posteriores que en modo alguno pueden considerarse, ni aún en esta instancia -tal como lo pretende- en un hecho extintivo (art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.). Tampoco puede considerarse abstracta la cuestión en tanto el reclamo de la accionante no sólo no ha sido satisfecho, sino que sus derechos, como los invocados en representación de la hija de ambas partes fueron desoídos por el demandado (arts. 14, 75 inc. 22 de la C.N. 3, 18, 27 y cc de la C.I.D.N.)" (v. sent. cit., págs. 10/11);
c) "... Puede decirse entonces, que el demandado basa toda la crítica de la sentencia en el resultado del mandamiento de constatación de fecha 11 de noviembre de 2020 del que surge que el Oficial de Justicia es recibido por M. A. quien expresa ser inquilino y desde allí plantea la errónea valoración de la prueba, la arbitrariedad y contradicción de la sentencia, es decir por hechos posteriores a su dictado y derivados de sus propias conductas (art. 1067 del C.C.C) (...) Es que hasta el dictado de la sentencia el demandado permaneció habitando el inmueble, y con posterioridad al conocimiento que tuvo de este acto jurisdiccional (v. sus presentaciones de fecha 16/10/2020 y 22/10/2020), desoyendo el mandato judicial permitió que el bien sea habitado por terceros, pretendiendo la custodia o resguardo de estos derechos cuyos alcances no surgen de las actuaciones y respecto de los cuales carece de legitimación, sobre los de la actora y la hija de ambas partes" (v. sent. cit., págs. 11/12) y
d) "... el error valorativo de la prueba que atribuye a la magistrada carece de correlación alguna con las constancias del caso, en tanto siquiera menciona los errores que enuncia y menos la prueba a la que se refiere, por lo que en este aspecto el agravio también luce desierto (art. 260 del C.P.C.C.)" (v. sent. cit., pág. 12).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las págs. 1/41 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a considerar que la decisión recae en absurdo y deviene abstracta) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la decisión de atribuir la vivienda familiar a M. O. junto a la hija -en común- menor de edad D. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar la impugnación y permite, además, descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III. 2. Más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, involucrando la decisión derechos de una niña, D. -de cuatro años de edad-, sumado a los derechos de M., en tanto mujer denunciante víctima de violencia, corresponde señalar que la atribución de la vivienda familiar que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, de las conclusiones arribadas por la trabajadora social Lic. Analía se destaca que: "Ante la doble ponderación de vulnerabilidades: el derecho a la vivienda de la hija menor de 18 años de edad y de la progenitora víctima de violencia, la perspectiva de género como marco de referencia (mujeres quienes, en los hechos y como consecuencia de los estereotipos de la cultura patriarcal, terminan ejerciendo los roles de cuidado y quienes sufren, también, mayor vulnerabilidad ante los distintos tipos de agresiones que se refuerzan con la violencia económica por falta de vivienda), es posible inferir que el reclamo de M. O. resulta razonable...". Tal apreciación permite identificar que la solución recaída en la instancia ordinaria es la que mejor se ajusta al interés superior de D. y, a la par, garantiza el resguardo de los derechos fundamentales de la actora.
El interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome, ha sido definido como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N. N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020). Asimismo, sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 CCyC).
En el caso particular, el interés superior de D. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial el habitacional, volviendo las cosas al estadio anterior a la ruptura, la cual le resulta ajena y no debe generarle consecuencias negativas en cuanto a la extensión y garantía de sus derechos (conf. arts. 3 y cctes., ley 26.061; 4, ley 13.298; 639, 706 y cctes. CCyC; 3, CDN).
Asimismo, cabe destacar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la C.E.D.A.W., párr. 18; Observaciones Finales de la C.E.D.A.W. sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
En el caso en estudio, la solución arribada concilia correctamente el enfoque con perspectiva de géneros y los principios constitucionales-convencionales contemplados por la normativa citada. La atribución de la vivienda familiar en cabeza de M., en tanto denunció "... Que por el grado de violencia verbal y psíquica padecido, se sintió amenazada ya que el demandado imperiosamente requirió que tanto yo como nuestra hija nos fuéramos de la casa, pues de lo contrario, de quedarnos, su tia las dejaría sin provisión de luz..." (v. escrito de demanda del 8-I-2019, en arch. adj.), deviene imperiosa a los fines de alcanzar la restitución de sus derechos denunciados lesionados (v. formulario de denuncia de violencia familiar adjuntado el 8-I-2019).
De esta manera, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2022 14:49:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 17:55:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/03/2022 09:55:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:41:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 09:08:45 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:22:57 hs. bajo el número RR-271-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia