Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 34335-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 6114/2024 “AUBONE MARCELO (TF 34335-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de septiembre de 2025.
VISTOS Y
I. Que a través de la resolución de fojas 235/243, la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora. En consecuencia, confirmó la Resolución N° 131/10 (DV NRR1) de la AFIP en cuanto había determinado de oficio la obligación tributaria relativa al impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2003, e impuesto una multa con sustento en los artículos 46 y 47, incisos b) y c) de la Ley N° 11.683 -equivalente a tres veces el importe del gravamen presuntamente evadido-. Sin embargo, redujo esta última a su mínimo legal. Impuso las costas a cargo de la actora excepto en el punto relativo a la reducción de la multa, donde las fijó en el orden causado.
Para así decidir, recordó que las actuaciones iniciaron con el requerimiento de regularización cursado por la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Norte del Organismo Recaudador -en el marco de la Orden de Intervención N° 18351, mediante acta F. 8600/I 024 N° 63045, de fecha 16/02/2009- al constatar que el responsable exteriorizó en su declaración jurada del impuesto a las ganancias -periodo 2003- una deuda en el exterior por $1.584.000 “[…] cuya magnitud supera[ba] la capacidad de repago exteriorizada en torno a las rentas gravadas y/o exentas y no gravadas declaradas en el Impuesto a las Ganancias […]”.
Luego de relatar los hechos el Tribunal a quo expresó que el caso se limitaba a una cuestión de hecho y prueba, radicada en “[…] determinar la procedencia del ajuste en el impuesto a las ganancias”. Detalló los puntos de agravio de la actora. Recordó que -según manifestó dicha parte- el pasivo en el exterior se había generado a partir de la suscripción de un contrato de mutuo con la firma Nodeland SA (sociedad uruguaya), a fin de cancelar -a través de un préstamo- la deuda contraída con el agente de bolsa Marcel Paullier Symonds (de nacionalidad uruguaya), producto de una operación de compra a término por un millón de dólares.
Luego, describió la prueba documental agregada en autos.
Se refirió a la copia simple del mutuo -de fecha 08/10/2003-; la copia simple del acuerdo de comitente celebrado con el agente de bolsa uruguayo -de fecha 02/01/2003-; una liquidación efectuada por dicho agente con el detalle de las operaciones a término pactadas entre las partes, entre otros. Respecto al contrato de mutuo, el Tribunal Fiscal puso de resalto que “[…] la fotocopia del documento acompañado por la apelante […] instrumenta un convenio, titulado ‘Préstamo de consumo (mutuo)’” y “[…] a la luz de las disposiciones establecidas por los arts. 2246, 1034 y 1035 del Código Civil (vigente a la sazón) al no haber sido extendido bajo la forma de instrumento público y no tener fecha cierta, carece de eficacia para acreditar la existencia de la operación que se busca justificar”. Por otro lado, recordó que se había cursado prueba informativa a la firma Nodeland SA -vía exhorto a la República Oriental del Uruguay- a fin de obtener copias certificadas y legalizadas de los documentos que -en su caso- permitan verificar la solvencia de aquella para efectuar el préstamo. Sin embargo, el oficial notificador a cargo de esa diligencia informó que se trataba de un domicilio particular, y que la persona que lo atendió desconocía la existencia de la sociedad. Debido a ello, el Tribunal indicó que “[…] no pudo verificarse de modo fehaciente la personería jurídica de la empresa otorgante del préstamo, ni la titularidad de los fondos, y mucho menos la existencia, magnitud y modalidad de la operación”.
En otro orden, el Tribunal expresó que la restante prueba documental aportada por el actor resultaba incompleta y contradictoria y que, además, el juez administrativo se había expedido en forma clara al expresar que no había acreditado que el origen de los fondos aplicados a cancelar la deuda con el Sr. Symonds hubiera provenido de la firma Nodeland SA.
A ello agregó que “[…] los conceptos reclamados […] en el acto administrativo, encuentran su origen en el propio actuar del contribuyente, quien fue, en primer lugar, el que manifestó poseer una deuda que no se compadecía con la ganancia neta determinada, dotando así de mayor convicción a los resultados obtenidos por la inspección, basados en la existencia de ingresos omitidos”. Y, al no contar con elementos de prueba lo suficientemente representativos de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de la documentación que llevaba la actora, consideró que el ente fiscal recurrió válidamente a la estimación sobre base presunta.
Por tales razones, concluyó que la documentación aportada por el actor carecía de la verosimilitud necesaria para acreditar la estructura empleada para adquirir los fondos del exterior y, por su parte, las declaraciones juradas presentadas carecían de exactitud, por lo que se encontraban reunidos los elementos requeridos como presupuesto para la configuración de la sanción impuesta por el Fisco. Sin embargo, redujo aquella a su mínimo legal, toda vez que no se hallaba fundado el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V agravamiento de la pena al contribuyente, quien carecía de antecedentes infraccionales.
II. Que en otro orden, a fojas 253 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en las siguientes sumas: (i) $72.885 para la Dra. María Gabriela Strasiotto (apoderada del Fisco); (ii) $182.213 para el Dr. Ezequiel Silvio Katz (patrocinante del Fisco); (iii) 20,8 UMAs para el Dr. Lucas Sebastián Ormazabal (en su doble carácter de patrocinante y apoderado del Fisco); y (iv) $74.542 para el Cr. José Luis Domper. Dichas sumas se hallaban a cargo del actor.
III. Que a fojas 262 los letrados del Fisco Nacional apelaron la regulación de honorarios practicada por el Tribunal Fiscal por considerar escasos los montos otorgados por dicho concepto. A su vez, a fojas 283 apeló el actor por considerar elevada aquella regulación.
IV. Que contra la decisión de fondo, el actor interpuso un recurso de apelación a fojas 250, y expresó sus agravios a fojas 267/281, los que fueron replicados por su contraria a fojas 293/310.
En su presentación, se agravió del análisis de la prueba que efectuó el Tribunal Fiscal de la Nación al confirmar la resolución N° 131/10 (DV NRR1) de la AFIP. Alegó que se trató de “[…] un análisis parcial y tergiversado de la prueba acompañada y producida en la causa […]”. En ese punto, indicó que “[…] el pasivo del exterior declarado […] en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2003 -por el Contrato de Mutuo celebrado entre el Sr. Aubone y la firma Nodeland S.A.-, se encontraba debidamente justificado y documentado en tanto fue para cancelar en forma directa la deuda contraída por la operación de compra a término de divisas por un total de U$S 1.700.000 -por el uruguayo Sr. Marcelo Paullier Symonds por el cual quedó endeudado por la suma de U$S 559.873,40- […]”.
Agregó que el Tribunal a quo “[…] mediante sus preceptos desconoce la totalidad de la prueba aportada atacando individualmente supuestos defectos detectados en algunos de los instrumentos acompañados por mi Mandante -que no son tales-, sin efectuar un análisis integral de la prueba […]”.
Asimismo, afirmó que “[…] el Sentenciante sólo evalúa la prueba aportada y producida en autos a efectos de su desvalorización y ni siquiera menciona que se encuentra acreditado en el presente la existencia de Nodeland S.A. desde 1997, fecha muy anterior al préstamo cuestionado […]”.
A su vez, indicó que la totalidad de la prueba documental contiene fecha cierta “cumpliendo los requisitos de formalidad conforme la legislación uruguaya”. Y, que resultó acreditado que “[…] en el 2004, en el plazo de 18 meses expresamente previsto en el mutuo para la constitución de la garantía prendaria […] transfirió el dominio de los inmuebles consignados en el Anexo I del mutuo como aporte de capital a la sociedad anónima constituida en la República Argentina denominada PAFAM S.A. […] procediendo asimismo a constituir prenda fijada en beneficio de NODELAND S.A. sobre el total del paquete accionario de dicha sociedad […]”.
A partir de tales afirmaciones consideró que no resultaba lógico pensar que su parte canceló un pasivo con ingresos que nunca declaró, y que luego creó una ficción sobre otro pasivo para cancelar la deuda inicial. Contrariamente a ello, expresó que la prueba aportada era suficiente para acreditar la operación que el Fisco Nacional cuestionaba, lo que justificaría la forma en que fueron obtenidos los ingresos a partir del préstamo en cuestión.
En otro orden, manifestó que “[…] aún si el Fisco no admitiera la existencia del préstamo de NODELAND S.A., resulta irrefutable que al tener por cierto el pago de la suma de U$S 550.000 efectuado en el mismo ejercicio 2003 al Sr. Paullier Symonds, consecuentemente está admitiendo la existencia de una pérdida deducible que no detrajo mi Mandante en su DDJJ. Por ello, debió -a todo evento- aplicar el Fisco la corrección simétrica, detrayendo dicho monto de la base imponible, de lo que resultaría la neutralidad del ajuste practicado que injustificadamente rechazó el Tribunal”.
Asimismo, se agravió de que el Tribunal a quo hubiera confirmado el método presuntivo utilizado por la demandada para la determinación del ajuste y aplicación de la sanción (conf. artículo 18 de la Ley N° 11.683), aún frente a la prueba obrante en autos.
También, se agravió de que hubiera confirmado la sanción impuesta a su parte ya que -a su entender- no existió un accionar doloso. Finalmente, se agravió de que de que las costas del proceso se impusieran a su cargo.
V. Que corresponde ingresar al análisis del recurso de apelación interpuesto por el actor.
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V.1. Al respecto, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.). En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
V.2. En el sub lite, para arribar a la solución que aquí se recurre, el Tribunal Fiscal de la Nación comenzó por describir los hechos que originaron la controversia. Recordó que las actuaciones iniciaron con el requerimiento cursado por el Fisco Nacional -en el marco de la O.I. N° 18351, mediante acta F. 8600/I024 N° 63045, de fecha 16/02/2009- donde asentó que el actor contrajo pasivos en el exterior cuya magnitud superaba la capacidad de repago exteriorizada en torno a las rentas gravadas y/o exentas y no gravadas declaradas en el Impuesto a las Ganancias. En esa oportunidad -prosiguió- la demandada había requerido a aquel que regularizara su situación e informara los conceptos que conformaban el rubro “deudas del exterior”, consignado en su declaración del impuesto de forma detallada los datos del acreedor.
Atento a lo requerido -prosiguió- el 11/03/2009 el contribuyente presentó una multinota y acompañó: (i) copia simple del mutuo celebrado el 08/10/2003 con la firma Nodeland SA, labrado en papel notarial por escribano uruguayo; (ii) copia simple del acuerdo de comitente de fecha 02/01/2003, celebrado con el agente de bolsa Sr. Macerl Paullier Symonds; y (iii) liquidación del mencionado agente de fecha 30/09/2003, con el detalle de las operaciones a término pactadas entre las partes. Asimismo, recordó que el 01/04/2009 el contribuyente presentó otra multinota en sede administrativa (F. 206/I) en la que explicó que: “[l]a deuda se originó el 01/01/2003 en una operación de compra a término por un millón de dólares (U$s 1.000.000) al cambio de $3,90, con fecha de liquidación 30/09/2003, que fuera realizada a través del agente de Bolsa uruguayo Marcel Paullier Symonds […] Ante la evolución bajista que experimentó el tipo de cambio […] compré a término medio millón de dólares (U$S 500.000) […] Ante la persistente evolución desfavorable del tipo de cambio, con el mismo objetivo de acotar pérdidas, el 05/02/2003, compré a término doscientos mil dólares (U$S 200.000)”. A su vez, agregó que “[…] el día de vencimientos de las tres operaciones, es decir, el 30/09/2003, el agente de Bolsa procedió a liquidar las precitadas compras a término […] y resultó un saldo insoluto de U$S 559.873,40 equivalente a $1.627.440 […] Ante la imposibilidad de hacer frente a dicho quebrando financiero, el 08/10/2003 obtuve un préstamo por quinientos cincuenta mil dólares (U$S 550.000) de la sociedad uruguaya NODELAND S.A. cuyo producido […] fue destinado en forma exclusiva para pagar la deuda con Marcel Paullier Symonds […]. El préstamo se podía pagar en 7 cuotas anuales, venciendo la última el 08/10/2011, debiendo garantizar la deuda con hipoteca sobre inmueble de mi propiedad, o bien -a mi elección- constituir prenda con registro sobre el 100% de las acciones de una sociedad anónima, si dichos inmuebles fueron transferidos a esa persona jurídica. Para darle fecha cierta, el acreedor protocolizó el contrato de mutuo. Lamentablemente, de mi parte el contrato no pudo ser cumplido […]”.
En su contestación de vista -indicó el Tribunal- el inspeccionado afirmó que había optado por la segunda opción de garantía, es decir, la constitución de la prenda con registro sobre acciones y, por ello, informó que en el año 2004 transfirió el dominio de inmuebles de su propiedad a la sociedad constituida -el 25/08/2004- bajo el nombre de PAFAM SA, y constituyó una prenda fija en beneficio de Nodeland SA sobre el total del paquete accionario de aquel ente social.
Luego, el a quo se refirió en detalle a los elementos probatorios obrantes en autos, entre los que señaló: (i) una certificación notarial de fecha 02/07/2010 sobre el Libro de Registro de Operaciones del Corredor de Bolsa Sr. Symonds; (ii) copias simples de la “Solicitud de información registral” sobre la firma Nodeland SA, expedida por el Registro Nacional de Personas Jurídicas de la República Oriental del Uruguay, y (iii) un recibo y carta de pago emitido por el corredor de bolsa el 08/10/2003, en el cual se dejó constancia que aquel recibió de Nodeland SA por cuenta y orden del Sr. Aubone las sumas adeudadas emergentes del acuerdo de comitente suscripto.
Seguidamente, recordó que el Fisco Nacional, luego de evaluar las constas probatorias aportadas por el actor, impugnó el pasivo en el exterior originado en el período 2003 al considerar que aquel correspondía a ingresos no declarados.
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Sobre esa base, el Tribunal indicó que el caso se trataba de una cuestión de hecho y prueba, cuyo objeto era determinar la procedencia del ajuste en el impuesto a las ganancias. Por ello, procedió a evaluar las constancias probatorias agregadas al expediente.
Al examinar la fotocopia del documento acompañado por el accionante -obrante a fs. 63/73 del cuerpo I de los antecedentes administrativos- verificó que aquel instrumentaba un convenio titulado “Préstamo de consumo (mutuo)” celebrado entre la sociedad Nodeland -domiciliada en Uruguay- y el Sr. Aubone -domiciliado en Argentina-. Refirió que el contrato se había celebrado en Montevideo el 08/10/2003 y que a fojas 71 del expediente administrativo obraba una fotocopia de un “Testimonio por exhibición” efectuado por un escribano público de Uruguay de fecha 10/10/2003, mientras que a fojas 74 se hallaba agregada una certificación expedida por un escribano nacional de fecha 26/03/2009 sobre la totalidad de las copias presentadas en las actuaciones.
Al respecto, expresó que cuando se trata de instrumentos privados -como en el caso- estos no prueban “per se”, a diferencia de los instrumentos públicos. Destacó que “[…] el acto protocolar foráneo no fue legalizado por el Consulado argentino, ni la firma del escribano por el respectivo organismo de contralor de la República Oriental del Uruguay, en este caso -y en forma contraria a lo sostenido por la actora- la certificación de las copias acompañadas carece de valor probatorio alguno, pues no contiene las firmas originales y en este orden de ideas no posee el carácter de instrumento en el sentido del artículo 1012 del Código Civil”. Dicho requisito -prosiguió- resulta necesario a fin de verificar que el documento ha sido expedido por una instancia oficial, correspondiendo las firmas y sellos estampados con las personas debidamente autorizadas para intervenir “[…] lo que lleva a concluir que su ausencia no puede ser suplida con la simple exhibición de los documentos originales o mediante oficios dirigidos a obtener los mismos, cuando fueron emitidos en jurisdicción extranjera”.
Por tal razón concluyó que, al no haber sido extendido bajo la forma de instrumento público y no tener fecha cierta, el documento carecía de eficacia para acreditar la existencia de la operación que se buscaba justificar. A ello agregó, que de la lectura del mutuo surgía que el capital -con más sus intereses- debía devolverse el 30/04/2005 (conf. cláusula segunda), hecho que nunca ocurrió, y aunque para ese caso se preveía el pago de una multa (conf. cláusula octava) su cancelación “[…] no fue probada tanto en la instancia previa, como ante este Tribunal”. Asimismo, el a quo puso de resalto que del Anexo II del mutuo, titulado “Depósito de acciones en garantía prendaria” surgía que las entregas de dinero pactadas fueron condicionadas a la constitución de una garantía.
Allí se expresaba que: “[…] se adjuntan al presente los títulos representativos de las acciones originales y copias de ellas donde figura la inscripción de la prenda y la debida constancia en el libro de registro de acciones de ‘La Sociedad Emisora’, estas copias forman parte integrante del presente y se exhiben junto con las acciones y el libro original respectivamente”. Sin embargo, advirtió que aquello resultaba contrario a la realidad, ya que “[…] la sociedad titular de los inmuebles utilizados para constituir la garantía se constituyó el 25/08/2004 (ver en este sentido la respuesta brindada por la IGJ sobre sociedad PAFAM S.A. obrante a fs. 111/123), es decir, en forma posterior a la supuesta fecha del contrato, por lo que resulta[ba] imposible la exhibición de acciones y libros comentada”.
Debido a ello, el Tribunal consideró que existían contradicciones en el texto del contrato y sus anexos, ya que el desembolso de las sumas prestadas quedó supeditado a una garantía cuya existencia se encontraba vinculada a una sociedad que aún no existía “[…] produciendo que a la fecha del acuerdo el acreedor efectúe un pago sin aval alguno […]”.
Del mismo modo, verificó la existencia de irregularidades en relación con la cláusula segunda del Anexo II, donde los datos de las acciones supuestamente entregadas al acreedor se encontraban en blanco. En otro orden, recordó que se había cursado prueba informativa a Nodeland SA -vía exhorto diplomático- a fin de que remita copias certificadas y legalizadas de la documental relevante para el caso -entre las que se hallaban el mutuo, sus anexos, pagarés, recibos, registros contables, y toda otra documentación que permita verificar la solvencia para efectuar el préstamo-. Sin embargo, como resultado de esa diligencia el oficial notificador informó que: “[…] fui atendida por quien dijo llamarse Pablo Medina […] pero manifestó que en ese domicilio no funciona un Escritorio sino que se trata de un domicilio particular. Dijo no conocer a la Empresa Nodeland S.A.”.
A partir de ello, el a quo concluyó que no podía verificarse de modo fehaciente la personería jurídica del otorgante del préstamo, ni la titularidad de los fondos, y mucho menos la existencia y modalidad de la operación. Y agregó que “[…] la simple presentación de las constancias que dan cuenta de la inscripción de Nodeland S.A. […] no resultan per se suficientes para revertir el criterio fiscal, siendo necesario probar a través de diferentes medios la secuencia completa de la operación cuestionada”. Y añadió que “[…] la documentación aportada por la apelante resulta incompleta y contradictoria”.
Por otro lado, indicó que la posición del actor relativa al desconocimiento por parte del Fisco Nacional del pasivo generado con el Sr. Symonds se presentaba huérfana de sustento técnico, “[…] en atención a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que el pago al agente de bolsa es reconocido por el propio ente fiscal, quien subraya que la cuestión en debate radica en el origen de las sumas obtenidas para cancelar dicha obligación -extremo que […] no pudo ser demostrado- quedando fuera de discusión la existencia del pasivo que se pretende introducir en el caso”.
En otro orden, rechazó el planteo subsidiario del aquí recurrente vinculado a que, de admitirse la tesis fiscal, resultaría irrefutable que al tener por cierto el pago al Sr. Symonds debería reconocer la existencia de una pérdida deducible dentro de la segunda categoría en el impuesto a las ganancias, lo que provocaría la neutralidad del ajuste practicado. Para desestimar dicha afirmación, el Tribunal se remitió a la manifestado por el perito del actor en el punto b) de su informe contable, y señaló que “[…] la ley establece un mecanismo por medio del cual las pérdidas correspondientes a fuentes ubicadas en el extranjero sólo pueden atribuirse a ganancias del mismo tipo, y por un plazo de 5 años, lo que fulmina el argumento de la actora al pretender calzar los resultados positivos y negativos provenientes de diferentes fuentes a fin de obtener la neutralidad de las sumas intimadas”.
Respecto a la supuesta irrazonabilidad entre las sumas ajustadas y el promedio de los ingresos declarados por el contribuyente por los periodos fiscales 2001 a 2003, el a quo recordó que “[…] la primera inconsistencia se produce en la propia declaración del contribuyente, que consigna en ella un pasivo que excede la capacidad de repago de sus ingresos […] reiterando dicha situación hasta el ejercicio fiscal 2007, momento en el cual el Fisco Nación notifica la observación y comienza la inspección”. Y concluyó que “[…] los conceptos reclamados y las conclusiones a las que se arriba en el acto administrativo, encuentran su origen en el propio actuar del contribuyente, quien fue, en primer lugar, el que manifestó poseer una deuda que no se compadecía con la ganancia neta determinada, dotando así de mayor convicción a los resultados obtenidos por la inspección, basados en la existencia de ingresos omitidos”. En relación con el método aplicado por el Fisco Nacional para determinar el ajuste, el Tribunal indicó que “[…] puede afirmarse que el ente fiscal recurrió válidamente a la estimación sobre base presunta en atención a no contar con elementos de prueba lo suficientemente representativos de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de documentación que lleva el recurrente”.
Finalmente, analizó la multa impuesta al contribuyente.
Refirió que se encontraban acreditados los elementos que indicaban una conducta encaminada a evadir (conf. art. 46 de la Ley N° 11.683), por lo que se hallaban cumplidos los elementos objetivo y subjetivo para su procedencia. Y agregó que “[…] las presunciones se encuentran cumplidas, dado que la documentación acompañada carece de la verosimilitud suficiente para acreditar la estructura empleada para adquirir los fondos del exterior, y las declaraciones juradas presentadas adolecen de la exactitud necesaria para exponer ingresos que se compadezcan con los niveles patrimoniales oportunamente consignados, por lo que reúnen en la especie los elementos materiales e intencionales requeridos como presupuesto para la configuración de la sanción impuesta”.
Sin perjuicio de ello, consideró que el agravamiento de la pena al contribuyente no había sido fundado adecuadamente por el juez administrativo y, en tanto el actor carecía de antecedentes infraccionales, redujo la pena a su mínimo legal.
V.3. En tales condiciones, no se advierte que la apreciación del Tribunal a quo hubiera sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. En efecto, el actor sólo ha efectuado meras manifestaciones de disconformidad respecto a la valoración de la prueba. Sin embargo, no puntualizó de qué modo los elementos de juicio permitirían modificar la solución del caso, ante los elementos reunidos para sustentar la conclusión del Fisco Nacional en cuanto al ajuste practicado sobre el impuesto en trato (en sentido similar, esta Sala, causas n° 49616 /2018 “Eco Suelo SRL c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 25/06/2019; n° 83481/2015 “Proms SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 2/07/2019; y n° 28553/2019 “Desartex SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 18/07/2019; entre muchas otras).
En consecuencia, corresponde desestimar los agravios vertidos por el actor, y confirmar la resolución apelada.
VI. Que en relación con el agravio del recurrente contra el modo en que fueron impuestas las costas, cabe recordar que el artículo 184 de la Ley N° 11.683 establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.”
En el caso, el Tribunal a quo impuso las costas a cargo del actor -excepto en cuanto al punto relativo a la reducción de la multa, donde ordenó que se distribuyan en el orden causado-.
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Ahora bien, más allá de sus manifestaciones, lo cierto es que dicha parte resultó sustancialmente vencida en aquella instancia toda vez que se confirmó la Resolución N° 131/10 (DV NRR1) de la AFIP en cuanto determinó de oficio la obligación tributaria frente al impuesto a las ganancias y aplicó una multa al contribuyente. Por ello, y en tanto que no existen motivos para apartarse del principio general de la derrota que rige en la materia, corresponde desestimar el presente agravio y confirmar en ese punto lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación.
VII. Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Aubone contra la resolución de fojas 235/243 y, en consecuencia, confirmar lo decidido por el Tribunal en esa oportunidad, con costas a cargo de la parte vencida (art. 68, primer párrafo, del CCCPN).
VIII. Que resuelto lo anterior, corresponde analizar los recursos de apelación interpuestos a fojas 262 y 283 por la representación del Fisco Nacional y el actor, respectivamente, contra la regulación de honorarios de fojas 253.
Al respecto, en función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por los letrados de la parte demandada en el proceso y el perito contador, corresponde confirmar la regulación de honorarios practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación toda vez que resulta ajustada a derecho (conf. art. 33 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.242 y arts. 16, 20, 21, 25, 44 y 51 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 1860/2025). Asimismo, considerando las pautas mencionadas, por la labor desempeñada ante esta Alzada, se fijan los honorarios profesionales por la representación legal de la demandada en la cantidad de 6 UMAs, equivalente a la fecha del presente a la suma de $454.734.
Se aclara que los importes regulados no incluyen suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que los profesionales acrediten su condición de responsables inscriptos.
IX. Que en virtud de lo expuesto corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución obrante a fojas 235/243; 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte actora por resultar vencida; 3) Confirmar la regulación de honorarios practicada a fojas 253 de las presentes actuaciones; y 4) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante esta Alzada a la representación legal de la demandada en la cantidad de 6 UMAs.
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia