Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.603-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución (AD CAMP) Nº 1220/2016, dictada con fecha 21 de diciembre de 2016, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 12578-471-2010. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-13458197-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 7 de Febrero de 2025 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el Expediente N° 37.603-A, caratulado “AUDIA JUAN DIEGO c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, y su acumulado N° 37.604-A “S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 7/29 vta. se presenta, por apoderado, el Sr. AUDIA JUAN DIEGO e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 1220/2016 (AD CAMP), dictada el 29/12/2016, por la cual se lo condena al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, incs. a) y b), del CÓDIGO Aduanero. Relata los hechos del caso y señala que se le imputa la infracción de referencia, en virtud de que las Declaraciones Juradas de Composición del Producto n° 032792 y 032793 resultarían invalidas, a tenor de que fueron suscriptas por el despachante de Aduana Juan Lazarte, mientras que la normativa exige que sean suscriptas por el importador, su representante o un apoderado; siendo que, para la Aduana, la mercadería documentada deviene en importación prohibida.
Por otro lado, señala que la referida infracción se considera configurada por la inaplicabilidad del Certificado de Origen n° BL 1206/10; la inexactitud estaría dada por una discrepancia entre la PA NCM que se declaró en el despacho de importación, y la que el servicio aduanero considera aplicable.
Plantea la nulidad del auto de instrucción del sumario atento a que, a la fecha de su apertura, no se había ratificado el acto por la autoridad competente, ni se habían establecido los hechos imputados, incumpliéndose lo previsto en el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero; en consecuencia, también solicita la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos.
Pone de manifiesto la inexistencia de la infracción imputada por el servicio aduanero en los términos del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, máxime teniendo en consideración que se trata de sanciones de naturaleza penal, donde no se admite bajo ningún punto de vista la aplicación analógica a supuestos no contemplados específicamente en el tipo infraccional.
Sostiene la inexistencia de prohibición, habida cuenta que no se trata de mercadería de importación prohibida. En subsidio, opone el cumplimiento de la normativa aplicable según la autoridad de aplicación. Asimismo, destaca que ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo, toda vez que actuó en su calidad de mandatario de la importadora, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por ésta; por ende, las consecuencias de su actuar no deben ser imputadas a él, sino a quien representa, conforme los lineamientos de los artículos 902 y 908 del CÓDIGO Aduanero. En consecuencia, sostiene que no es responsable de la obligación tributaria. Plantea, en subsidio, la ilegitimidad de la Resolución General (AFIP) Nro. 3271/2012. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en cuanto impone la sanción de multa e intima el pago de tributos, con costas a la contraria.
A su vez, a fs. 70 ref./94 ref., se presenta, por apoderado, la co-actora S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 1220/2016 (AD CAMP), dictada el 29/12/2016, por la cual se la condena al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, incs. a) y b), del CÓDIGO Aduanero. Relata los hechos y señala, al igual que el co-actor Juan Diego Audia, que se le imputa la infracción de referencia en virtud de que las Declaraciones Juradas de Composición del Producto n° 032792 y 032793 resultarían invalidas a tenor de que fueron suscriptas por el despachante de Aduana Juan Lazarte, mientras que la normativa exige que sean suscriptas por el importador su representante o un apoderado; siendo que, para la Aduana, la mercadería documentada deviene en importación prohibida.
Por otro lado, asevera que la infracción del artículo 954, inc. a), de la ley 22.415 se considera configurada por la inaplicabilidad del Certificado de Origen n° BL 1206/10; por lo que la inexactitud estaría dada por una discrepancia entre la PA NCM que se declaró en el despacho de importación, y la que el servicio aduanero considera aplicable.
Así, en primer término, la co-actora plantea la nulidad del auto de instrucción del sumario atento a que, a la fecha de su apertura, no se había ratificado el acto por la autoridad competente, ni se habían establecido los hechos imputados, incumpliéndose lo previsto en el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero; en consecuencia, también solicita la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos. En segundo término, planeta la nulidad de la Resolución N° 1220/2016, atento a que las discrepancias consideradas al momento de emitir la condena no fueron identificadas, recordando que la carga de la prueba de la inexactitud está en cabeza de la DGA. Insiste en que el acto administrativo debe tener como fundamento la totalidad de los hechos verificados, y además, debe tener basamento en la normativa vigente para los extremos fácticos comprobados. Indica que denota la falta de causa y motivación del acto, vicios que tanto en forma independiente como conjunta tornan al Acto administrativo nulo de nulidad absoluta e insanable. Indica la inexistencia de la infracción imputada en los términos del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, toda vez que se ha declarado correctamente la mercadería en cuestión y que no existe diferencia punible alguna entra la declaración efectuada y lo comprobado por el servicio aduanero.
En segundo término, cuestiona el uso del Sistema INDIRA para fundar la imputación, atento a que el servicio aduanero le atribuye veracidad a lo supuestamente declarado por el exportador brasileño en detrimento de la clasificación arancelaria efectuada en el DI y avalada por el CO y la factura. Afirma que de la lectura de lo declarado en el DI surge que la mercadería consignada corresponde a las PA de la Nomenclatura Arancelaria del Mercosur (PA 6104.69.00; 610.90.00; 6104.44.00; 6110.44.00; 6110.30.00 y 6110.20.00) coincidente con la descripción de la factura comercial nro. 29/10 y con las posiciones arancelarias del CO BL-1206/10 acompañado. En tercer lugar, refiere a que en el caso sub-examine no existe un supuesto de prohibición, sino que se trata de una medida o exigencia de carácter formal impuesta por las autoridades aduaneras mediante una Resolución administrativa. Asimismo, aclara que la Declaración jurada de Composición de Productos es un elemento estadístico y de control posterior al libramiento de la mercadería y que la intervención por parte de la Subsecretaría de Comercio Exterior no constituye autorización ni revisión previa alguna de la importación, ni implica un pronunciamiento sobre la veracidad o exactitud de la información consignada en ese documento, por lo que, no puede conducir a considerar a la mercadería a la que aquellas declaraciones refieren alcanzadas por una prohibición. Destaca que demostró que el Sr. Lazarte fue designado como apoderado de la empresa para trámites administrativos, y considera de un excesivo rigor formal reputar inválida la declaración, debido a que ese mandato no fue ejercido de manera conjunta con alguno de los restantes mandatarios mencionados en el grupo A del poder acompañado. En subsidio, plantea la ilegitimidad de la RG AFIP N° 3271/12 e impugna cuestiones liquidatorias. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en cuanto impone la sanción de multa e intima el pago de tributos, con costas a la contraria.
II. Que a fs. 40/48 –y, con posterioridad, a fs. 130/140 vta -se presenta la representación fiscal y contesta los traslados que le fueran conferidos, en idénticos términos. Efectúa un breve racconto de lo acontecido en sede aduanera y formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora. En primer lugar, en cuanto a la excepción de nulidad planteada por la accionante, considera que tales imputaciones carecen de asidero fáctico y legal toda vez que los actos enunciados por el artículo 1094 de la ley 22.415 fueron cumplimentados. Señala que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la encartada, puesto que ante la corrida de vista ésta tuvo oportunidad de ejercerla. En segundo lugar, entiende que los requisitos (certificados o licencia expedido por organismo oficial) no son ni pueden ser asimilados al cumplimiento de meras formalidades de la operatoria aduanera, pues hacen a asegurar el cumplimiento de la finalidad para la cual fue impuesta la prohibición en cuestión.
Asimismo, entiende que no sólo se cometió una declaración inexacta toda vez que las declaraciones juradas fueron firmadas por persona no autorizada, sino que de hecho se produjo una transgresión a la prohibición y que existió un perjuicio fiscal. Afirma que la actora ha actuado culposamente, con negligencia, imprudencia y no observando los extremos legales que gobiernan la operatoria que concretó. Prosiguiendo, en cuanto al agravio por la liquidación en dólares, sostiene que conforme los dispuesto por la ley 23.905, así como el uso habitual en comercio internacional de dicha moneda, hace que los derechos se expresen en dólares estadounidenses. Señala que el artículo 20 de la ley 23.905 estableció que los derechos de importación, los derechos de exportación, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses y, además, dispuso lo relativo al tipo de cambio que debe utilizarse para la conversión de la moneda extranjera en moneda de curso legal.
Además, considera estéril el esfuerzo argumental de la actora fincado en la inteligencia del artículo 639 del CÓDIGO Aduanero. Por último, en relación a la responsabilidad del despachante de aduanas, indica que sus obligaciones no se limitan a un mero trabajo administrativo de trascripción de datos en planillas, sino que debe controlar el correcto trámite de las operaciones aduaneras y el efectivo destino de los elementos declarados. Por ende, considera que el despachante actuó extralimitándose en el mandato que le confiriera la firma importadora, en un accionar que incluso perjudicó a la misma, no pudiendo por tanto exculparse de responsabilidad. Ofrece prueba. Hacer reserva del Caso Federal.
Solicita se rechace la apelación interpuesta por la actora, confirmando la resolución recurrida, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12578-471-2010 se inician con la Nota “V” N° 1409/2010 formulada por la Sección “V” de la Aduana de Campana contra el despachante “AUDIA JUAN DIEGO” y contra la firma importadora "S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA", por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, incs. a) y b), del C.A., con relación a la mercadería documentada en el D.I. 10 008 IC04 004311 E. A fs. 2 se agrega la destinación de importación mencionada y la documentación complementaria correspondiente. A fs. 4/7 obra el Informe Técnico N° 336/11 (SE FVIM) donde se detalla la infracción y el perjuicio fiscal emergente. En fecha 06/02/12 (ver fs. 10 de las act. adm.), se dispone la instrucción de sumario y se ordena correr vista de lo actuado a la importadora y al despachante de aduanas quienes, notificadas en fecha 16/02/2012 (a fs. 17) y 16/02/2012 (a fs. 60), presentan su descargo a fs. 24/35 y fs. 41/59. A fs. 63/64 obra la Nota nro. 57/2016 que informa (i) la inaplicabilidad del Certificado de Origen (MERCOSUR), aportado por el administrado, (ii) las discrepancias que resultan al cotejar la declaración jurada con la factura comercial y la documentación complementaria, y (iii) la carencia de validez de las Declaraciones Juradas de Composición de Productos por ser suscriptas por un sujeto que no acredito personería. A fs. ref. 69 luce la actuación Nro. 17114-7373-2016. A fs. 73/76 luce el Dictamen N° 685/2016 (SEC. SUMARIOS), el cual informa que correspondería condenar a la importadora y su despachante a la infracción prevista en el art. 954 apartado 1, inc. a) y b) del CA. A fs. 77/79, con fecha 21/12/16, se dicta la resolución nro. 1220/16 (AD CAMP), aquí apelada.
Asimismo, a fs. ref. 85/90 ref. luce la actuación Nro. 17114-5206-2016, a fs. ref. 91/92 ref. luce la actuación Nro. 17114-1114-2017, y a fs. ref. 94/95 ref. luce la actuación Nro. 17114-1115-2017.
IV. En primer lugar, corresponde tratar la nulidad del acto de apertura de sumario propuesto por la recurrente. Que la actora manifiesta que el acto de apertura es nulo, atento a que se abrió de manera deficiente e incumpliéndose lo previsto en el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero. Sostiene que recién mediante la Nota 57/2016 (a fs. 63/64 act. adm.) del 13/07/2016 la autoridad de aplicación ratificó la denuncia inicial, pero habida cuenta que el DI fue registrado el 28/09/2010, a ese momento la fecha de prescripción (31/12/2015) ya se encontraba cumplida. Reitera que, a la fecha de emisión de esa Nota, mediante la cual definitivamente se establecieron los hechos objeto de la denuncia, el importe de la multa aplicable y el perjuicio fiscal emergente, la acción del Fisco para imponer penas se encontraba prescripta, toda vez que no podía otorgársele efecto interruptivo al acto de apertura del sumario y corrida de vista de fecha 06/02/2012, por resultar nulo de nulidad absoluta. En tales condiciones, afirma que el auto cuestionado constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario.
Que, no se comparte lo indicado por la recurrente toda vez que mediante el informe técnico N° 336/11 (SE FVIM) se determinaron los hechos constitutivos de la infracción, se realizó la verificación de la mercadería en infracción, se determinó su clasificación arancelaria correspondiente y se liquidaron los tributos. Por ende, no cabe más que sostener que el acto de apertura de sumario ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero, resultando plenamente válido.
V. Que, sentado ello, corresponde analizar el sub-lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero sobre prescripción.
Que respecto de los tributos como así también de la multa fijada por el servicio aduanero en la resolución cuestionada, el plazo de prescripción es el de 5 años conforme los artículos 803 y 934 del CÓDIGO Aduanero, respectivamente, que comenzó a correr el 01/01/2011, toda vez que el hecho imponible tuvo lugar en el año 2010 al detectarse mercadería en infracción, conforme los términos de los artículos 804 y 935 de la ley 22.415. Así las cosas, de no mediar causales suspensivas e interruptivas, la prescripción operaría el 31/12/2015. Al ser válido el auto de apertura del sumario del día 06/02/2012, el plazo de prescripción se suspendió “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” conforme el artículo 805, inciso a), y se interrumpió en materia de multas hasta el 06/02/2017, de conformidad con los términos del artículo 937, inciso a), del CÓDIGO Aduanero.
En consecuencia, habiéndose constatado que la Resolución en controversia fue dictada en fecha 21/12/2016, esto es, con anterioridad al vencimiento del plazo legal prescriptivo, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos y para imponer penas impetrado en la litis.
VI. Que corresponde resolver en autos si la resolución recurrida – por la que se condena a la firma importadora y a su despachante de aduana, en los términos del artículo 954, ap. 1, incs. a) y b), del CÓDIGO Aduanero, al pago de una multa y tributos– se ajusta a derecho, para lo cual es necesario determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada.
Que al momento del ingreso del DI 10008 IC04 004311 E, al que se le asignó canal de selectividad ROJO, surgió – de la fiscalización documental – que las Declaraciones Juradas de Composición de Productos Nro. 032792 y 032793 (a fs. 2 act. adm.) carecían de validez, toda vez que fueron firmadas por Juan Mauricio Lazarte, en su carácter de despachante de aduana, quien no reunía el carácter de representante o apoderado de la importadora. Por otro lado, la DGA consultó en el Sistema INDIRA acerca de la exportación de la mercadería efectuada desde el territorio de Brasil, y observó que egresó mercadería clasificada en la PA MERCOSUR 6114.30.00, mientras que en el DI se declaró la PA 6104.44.00, lo cual invalidaría el Certificado de Origen BL 1206/10 y, como consecuencia, le otorgaría a la mercadería importada el carácter extrazona.
VII. Que cabe recordar que, el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero en su encabezado señala que "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir "(…) completando la base fáctica en tres incisos. En el caso, el inc. a), del ap. 1, continúa: "a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción (...)".
Que nos encontramos frente a dos cuestiones por revolver: en primer término, la imputación del inc. a), por cuanto se reputa inválido el CO por discrepancias entre lo declarado y lo que surge del Sistema INDIRA, y, en segundo término, la correspondiente al inc. b), por haber incumplido con formalidades previstas para la presentación de la Declaración Jurada de Composición de Productos en forma válida, lo cual convertiría a la mercadería en prohibida.
VIII. Que, en cuanto a la imputación formulada en virtud del referido artículo 954, ap. 1, inc. a), la recurrente considera que la PA declarada es la correcta; además, agrega que el CO acompañado es válido aun considerando la discrepancia clasificatoria.
Que la imputación de la DGA se basa en el Informe Técnico N° 336/11 (SE FVIM) mediante el cual se: (i) ratifica la invalidez del CO N° BL-1206/10; (ii) observa una discrepancia entre la mercadería detallada en la factura comercial n° 29/10 y la que figura en el campo 10 “Denominación de las Mercaderías” del CO BL- 1206/10, concretamente la descripta como “remera” y “Saco dama manga 7/8”, existiendo para estos productos también un error de clasificación de PA; y (iii) detalla el perjuicio fiscal emergente de los puntos reseñados. Que para que se configure el tipo infraccional contemplado en la figura en trato, el servicio aduanero debe basar su comprobación al menos en un mínimo de suficiencia probatoria que le permita tener por probada la diferencia de lo declarado; lo cierto es que el cambio de PA arancelaria propuesto por la Aduana carece de sustento técnico idóneo para descartar la PA declarada por la recurrente.
IX. Que de la compulsa de la documental obrante en autos se vislumbra que, mediante el despacho de importación nro. 10 008 IC04 004311 E, oficializado en fecha 28/09/10, la aquí recurrente documentó: • ítem 1: importación a consumo de 1.680 unidades de mercadería consistente en "De talle superior al 16 o sus equivalentes Pantalones largos, sin peto - - De las demás materias textiles – Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS(CALZONES) Y SHORTS (EXCEPTO DE BAÑO), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS", que ubicó en la PA SIM n° 6104.69.00.110J, por un monto FOB de u$s 11.424,00.
• ítem 2: importación a consumo de 9.336 unidades de mercadería consistente en "De talle superior al 16 o sus equivalentes De fibras sintéticas o artificiales <> - De las demás materias textiles <> Y CAMISETAS, DE PUNTO ", que ubicó en la PA SIM n° 6109.90.00.111N, por un monto FOB de u$s 51.870,00.
• ítem 3: importación a consumo de 4.560 unidades de mercadería consistente en "Suéteres (jerseys), <> y artículos similares De talle superior al 16 o sus equivalentes De rayón viscosa –De fibras sintéticas o artificiales SUETERES (JERSEYS), <>, CARDIGANES, CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO", que ubicó en la PA SIM n° 6110.30.00.211N, por un monto FOB de u$s 27.474,00.
• ítem 4: importación a consumo de 1.368 unidades de mercadería consistente en "De talle superior al 16 o sus equivalentes Cuyo largo no sobrepasa la rodilla Sin forrar - - De fibras artificiales – Vestidos: TRAJES SASTRE, CONJUNTO, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS (EXCEPTO DE BAÑO), DE PUNTO, PARA MUJERES Y NIÑAS", que ubicó en la PA SIM n° 6104.44.00.211D, por un monto FOB de u$s 12.175,20.
• Ítem 5: importación a consumo de 912 unidades de mercadería consistente en "Cardiganes y artículos similares. De talle superior al 16 o sus equivalentes Las demás – De fibras sintéticas o artificiales SUETERES (JERSEYS), <>, CARDIGANES, CHALECOS, Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO", que ubicó en la PA SIM n° 6110.30.00.912D, por un monto FOB de u$s 5.973,60.
• ítem 6: importación a consumo de 456 unidades de mercadería consistente en "Cardiganes y artículos similares. Los demás – De algodón SUETERES (JERSEYS), <>, CARDIGANES, CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO", que ubicó en la PA SIM n° 6110.20.00.920N, por un monto FOB de u$s 2.986,80.
Que, en función de ello, debe analizarse si la descripción de la mercadería realizada en el Certificado de Origen del caso ampara a la mercadería importada por la actora y, asimismo, si aquélla descripción concuerda con la contenida en la factura comercial acompañada en las actuaciones administrativas del caso, requisito que, conforme lo dispuesto por la Directiva N° 12/96 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, referida al Instructivo para el Control de Certificados de Origen del MERCOSUR por parte de las Administraciones Aduaneras, no significa exigir el ajuste estricto al texto negociado, sino la correspondencia en términos generales con esa denominación.
Que, del análisis del Certificado de Origen (ver fs. 2 de las act. adm.) aplicable en autos, surge que se consignaron las siguientes PA NCM:
• PA 6104.44.00 (campo n° 9 "códigos NCM"), en el campo n° 10, correspondiente a "denominación de las mercaderías" concluye que se trata de "De fibras sintéticas, Vestido de punto para mujeres o niñas", en el campo n° 11 "PESO LIQUIDO O CANTIDAD" indica "piezas 1.368" y en el campo n° 12 "VALOR FOB EN DOLARES" señala el importe de "u$s 12.175,20".
• PA 6104.69.00 (campo n° 9 "códigos NCM"), en el campo n° 10, correspondiente a "denominación de las mercaderías" concluye que se trata de "De otros materiales textiles, Pantalones de punto p/ mujeres o niñas", en el campo n° 11 "PESO LIQUIDO O CANTIDAD" indica "piezas 1.680" y en el campo n° 12 "VALOR FOB EN DOLARES" señala el importe de "u$s 11.424,00".
• PA 6109.90.00 (campo n° 9 "códigos NCM"), en el campo n° 10, correspondiente a "denominación de las mercaderías" concluye que se trata de "De otros materiales textiles, T shirt y camisetas interiores de punto", en el campo n° 11 "PESO LIQUIDO O CANTIDAD" indica "piezas 9.336" y en el campo n° 12 "VALOR FOB EN DOLARES" señala el importe de "u$s 51.870,00".
• PA 6110.20.00 (campo n° 9 "códigos NCM"), en el campo n° 10, correspondiente a "denominación de las mercaderías" concluye que se trata de "De algodón, Sueteres, (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de punto", en el campo n° 11 "PESO LIQUIDO O CANTIDAD" indica "piezas 456" y en el campo n° 12 "VALOR FOB EN DOLARES" señala el importe de "u$s 2.986,80".
• PA 6110.30.00 (campo n° 9 "códigos NCM"), en el campo n° 10, correspondiente a "denominación de las mercaderías" concluye que se trata de "De fibras sintéticas o artificiales, Sueteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de punto", en el campo n° 11 "PESO LIQUIDO O CANTIDAD" indica "piezas 5.472" y en el campo n° 12 "VALOR FOB EN DOLARES" señala el importe de "u$s 33.447,60".
Que debe tenerse en cuenta que lo que en realidad interesa es la propia mercadería, su individualización, y el origen de la misma, de modo que de la documentación complementaria relativa a la operación analizada pueda inferirse en forma evidente e indubitable que el CO efectivamente se refiere a la mercadería importada. Que, por lo demás, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re "YPF S.A. (TF 11.119-A)" del 29.08.2000 señaló que: "la errónea ubicación arancelaria de la mercadería no es determinante de la procedencia de las preferencias arancelarias, puesto que éstas se conceden a las mercaderías, dado que son las mercaderías las negociadas y no las posiciones arancelarias, aunque dichas posiciones arancelarias, brinden una ubicación de las mercaderías en la nomenclatura".
Asimismo, de la compulsa del Certificado de Origen BL-1206/10, en conjunto con el despacho de importación a consumo nro. 10 008 IC04 004311 E, se advierte que el valor FOB declarado en todos y cada uno de los ítems coincide con el declarado, para la respectiva mercadería, en el Certificado de Origen.
Que lo expuesto precedentemente permite concluir que el CO aportado resulta válido a los fines de amparar el origen de la mercadería importada, debiéndose aplicar así el régimen arancelario preferencial previsto en el ACE n° 18; y que la infracción prevista en el inc. a) del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero no se encuentra jurídicamente configurada, como para formular el reproche penal.
X. Que, asimismo, corresponde analizar si se configuró en autos la infracción tipificada por el inciso b) de la referida figura, toda vez que, como se mencionara supra, de la comprobación realizada por el servicio aduanero se desprende que las Declaraciones Juradas de Composición de Productos Nro. 032792 y 032793 carecían de validez, habida cuenta que fueron firmadas por Juan Mauricio Lazarte en su carácter de despachante de Aduana, quién no reunía el carácter de firmante como representante o apoderado de la importadora, resultando en consecuencia prohibida la importación de la mercadería documentada de la destinación en trato. Que, bajo tal plataforma fáctica, corresponde puntualizar que la declaración inexacta de la recurrente no resultaría punible en los términos del artículo 954, ap. 1., inc. b) del CÓDIGO Aduanero, atento que, de acuerdo a los términos que emanan del artículo VIII del GATT, no se está frente a una prohibición, sino ante una restricción de tipo formal.
En efecto, y tal como lo indican las co-recurrentes, surge claramente que en el caso sub-examine la medida impuesta por las autoridades aduaneras mediante una Resolución que importa la mera exigencia de la presentación al momento de la oficialización de las solicitudes de destinación, de la pertinente declaración jurada de Composición de Productos, deviene en un incumplimiento formal, pero para nada constituye una prohibición. Que, cabe recordar que existe jurisprudencia que indica que la mercadería es o no es prohibida en cuanto una norma dispone que así lo sea, y no por una mera restricción o autorización que se impone previo a su libramiento. Así, en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos caratulados "Nate Navegación y Tecnología Marítima SA [TF 22.220-A1", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, recordó que las prohibiciones de importación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos exigidos para la importación de la mercadería. Allí, se señaló que el CÓDIGO de rito no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente, discernidas y constatadas.
Que, en el mismo sentido, la Sala "IV" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que "toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación" (sentencia de fecha 2/07/15, in re "UNILEVER ARGENTINA S.A. c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo").
Que, en definitiva, no hay ninguna norma que expresamente establezca que la falta de presentación de la Declaración Jurada de Composición de Productos constituye una prohibición para el ingreso de la mercadería del territorio aduanero, sino más bien constituye una restricción a la importación que impone el servicio aduanero a determinadas mercaderías a los efectos de autorizar su libramiento. Por lo expuesto, no corresponde atribuir a la recurrente la infracción imputada en tal sentido (art. 954, ap. 1, inc. b., del C.A.).
XI. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción endigada en la litis por el servicio aduanero –la que se encuentra tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a) y b) del CÓDIGO Aduanero, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto- por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala - en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución (AD CAMP) Nº 1220/2016, dictada con fecha 21 de diciembre de 2016, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 12578-471-2010. Costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Revocar la Resolución (AD CAMP) Nº 1220/2016, dictada con fecha 21 de diciembre de 2016, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 12578-471-2010. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la Dra. María Carolina Foronda (27-30449547-8), Dr. Francisco Javier Menéndez (20- 17202967-2) y Dra. Patricia S. Rodríguez (27-13031432-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.02.06 17:06:08 -03:00 Date: 2025.02.07 06:19:00 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.07 06:19:00 -03:00
Fin de la sentencia