Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-36360080-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 3.635.394 (Pesos tres millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cuatro) equivalente a 143,28 ( ciento cuarenta y tres 28/100) UMA y por la representación procesal, la suma de $ 1.454.158 (Pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho) equivalente a 57,31 ( cincuenta y siete con 31/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-125327572-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Octubre de 2023 En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EXPTE Nº EX-2021-36360080- -APN-SGAI#TFN, caratulado “Augusto Eduardo Colombo s/ recurso de apelación.”
El Dr. Martín dijo:
I. Que en el IF-2021-36360052-APN-DTD#JGM el Sr. Augusto Colombo, interpone recurso de apelación contra la resolución N° 5/2021 (IF-2021-44088117-APN-DTD#JGM e IF-2021-44148879-APN-DTD#JGM), de fecha 31 de marzo de 2021, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Tucumán de la D.G.I- A.F.I.P mediante la cual se estableció en conjunto con los intereses resarcitorios su responsabilidad personal y solidaria respecto del gravamen dejado de ingresar por Cerámica del Valle Viejo S.R.L correspondiente a los siguientes tributos: i) Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales abril y diciembre 2008, agosto y noviembre 2009, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2010, enero, febrero, marzo y mayo 2011, enero, febrero, marzo, mayo, julio y noviembre 2012, julio 2013, mayo, julio a diciembre 2014, enero a julio, septiembre, octubre y noviembre 2015, marzo, abril y julio 2016, enero (intereses), marzo a diciembre 2017, enero, febrero, marzo, junio y julio 2018; ii) SICORE Ganancias de los meses mayo y diciembre 2011 (intereses), febrero y junio 2013, julio , agosto, septiembre, octubre y diciembre 2014; septiembre y diciembre 2015, febrero a mayo 2016, iii) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de los ejercicios 2009, 2010, 2012, 2013 y 2016 y los anticipos de dicho gravamen correspondiente a los meses enero a septiembre, octubre (intereses) y noviembre 2014, junio, julio (intereses) agosto, octubre y noviembre 2015, junio a noviembre 2016 (intereses) y enero a junio 2017; iv) Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2013 y Ganancias artículo 79 de los períodos septiembre y diciembre 2015, febrero a mayo y julio a diciembre 2016, enero, marzo, mayo a agosto y noviembre (intereses) y diciembre 2017 y enero a julio 2018, y v) Bienes, Acciones y Participaciones de los años 2008 (intereses), 2010 (intereses), 2012 y 2013.
Manifiesta que la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales de Cerámica Valle Viejo S.R.L., no pueden ser imputadas subjetivamente a él, debido a que la empresa hace varios años se encuentra en una situación de crisis profunda, con escasa producción, ventas inexistentes, y tomada por sus empleados desde el año 2018. Señala que en los momentos en que la firma tuvo una mínima producción, por una cuestión de subsistencia, priorizó el pago de sueldos, energía eléctrica, y gas, cuyas sumas millonarias impidieron hacer frente a los impuestos adeudados por evidente insuficiencia de fondos. Menciona que en los últimos años sufrió el cierre de sus cuentas bancarias por embargos de AFIP, lo cual dificultó aún más la situación financiera, obstaculizando las ya escasas relaciones comerciales e imposibilitándolo de efectuar ventas de cheques.
Entiende que es el propio Fisco Nacional quien debe demostrar con pruebas concretas y contundentes la responsabilidad subjetiva de un tercero.
Por otro lado, plantea la nulidad del acto administrativo por carecer de motivación o ser en algunos casos falsa e inaplicable al caso en debate. Asimismo expone que en la resolución apelada se incluyeron nuevos argumentos (acreditaciones bancarias en sus cuentas bancarias) que no habían sido ni siquiera mencionados con anterioridad, violando de esta forma su derecho de defensa y debido proceso.
Finalmente se agravia respecto de los intereses resarcitorios aplicados, al considerarlos confiscatorios por ser éstos absolutamente desproporcionados, infundados y superiores en más de un 100% del capital que se condena. Por los motivos expuestos, solicita que se revoque la resolución apelada, con costas. Ofrece prueba documental, testimonial, informativa y pericial contable. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
II. Que en el IF-2021-63041989-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado deducido en autos.
Manifiesta que la responsabilidad solidaria y personal del Sr. Augusto Colombo se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6 inc. d) y 8 inc. a) de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), los cuales establecen que los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas responden como responsables por deuda ajena; es decir que primero se le reclama al deudor principal, Cerámica Valle Viejo S.R.L., y luego a los que responden subsidiariamente. Por consiguiente, al no haber cancelado la deudora principal el saldo de los tributos intimados y toda vez que de las actuaciones administrativas surge el carácter de socio gerente que posee dicho contribuyente frente a la sociedad, considera procedente la responsabilidad solidaria que se le imputa. En este sentido, explica que en el caso de autos, aplica la “inversión de la carga de la prueba”, por lo que es el responsable quien debe probar suficiente y fehacientemente la veracidad de los argumentos que sostiene así como respaldarlos mediante la documentación correspondiente.
Respecto al planteo sobre la necesidad de imputación subjetiva señala que el actor no demuestra que su función no guarda relación con el hecho imputado, así como tampoco prueba limitación en sus funciones y/o limitación a la administración y disposición de fondos sociales que le impida cumplir.
Concluye manifestándose sobre la nulidad del acto exponiendo que se han identificado precisa e inequívocamente los aspectos que le dieron origen a la responsabilidad imputada en autos; teniendo el recurrente acceso a los elementos y fundamentos en que se apoya la pretensión fiscal con el objetivo de articular su derecho de defensa. Por lo expuesto, solicita que se confirme la resolución apelada, con costas. Ofrece antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el actor. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que en la PV-2022-35513749-APN-VOCXII#TFN se hizo lugar a la oposición del Fisco Nacional respecto de la prueba informativa, testimonial y pericial contable ptos. c), d), f), g), j), k), l) y parcialmente en el b), teniendo por cumplida la audiencia prevista en el artículo 173 de la ley de rito. Posteriormente en el punto 3º) de la citada providencia se hizo lugar a la prueba pericial contable designándose al Dr. Valentín Baggio en representación de la actora y al Dr. Gustavo Alberto Yañez propuesto por el Fisco Nacional a los efectos de que los mismos presenten el informe respondiendo los puntos a), b) parcialmente (descripción de la situación económico financiera de la empresa en los años 2014 a 2019), e) y h) consignados en el escrito recursivo, pto. VI. PRUEBA apartado 2). Sobre dicho acto el recurrente interpuso en el IF-2022-37616389-APN-DTD#JGM recurso de reposición, el que fue rechazado en la PV-2022-38905691-APN-VOCXII#TFN al no resultar los motivos alegados suficientes para modificar el criterio expuesto en el proveído en cuestión.
Que en efecto, luego de la prórroga solicitada, en el IF-2022-129425142-APN-DTD#JGM los peritos contadores presentan el informe ordenado, el que es impugnado por el ente fiscal en el IF-2022-134062983-APN- DTD#JGM. En efecto, al haberse producido la totalidad de la prueba en la PV-2023-26150071-APN- VOCXII#TFN se declaró cerrado el período de instrucción.
IV. Que por medio de PV-2023-105344774-APN-VOCXII#TFNse elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a través de IF-2023-107785366-APN-VOCXII#TFN .se ponen los autos para alegar. En IF-2023- 114513369-APN-DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional, no haciendo uso de su derecho la recurrente Finalmente en el IF-2023-124661243-APN-VOCXII#TFN se disponen los autos para sentencia.
V. Que por una cuestión de procedencia, corresponde referirse en primer lugar a la nulidad planteada por el recurrente.
Que del acto apelado se desprende que fue emitido de conformidad con las disposiciones que hacen a su dictado, al contener todos los elementos propios del acto administrativo y al haber estimado el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que lo sustentó.
Que asimismo, cabe poner en evidencia que, el actor tuvo a su disposición las actuaciones de la causa en todo momento, encontrándose informado de todos los pasos procesales que se fueron sucediendo durante el procedimiento respectivo, incluso tomó vista de las actuaciones tal como obra a fs. 196/197 del IF-2021-
63029758-APN-DTD#JGM.
Que por otra parte, cabe refutar el agravio esgrimido por el recurrente respecto de que en la resolución de determinación de oficio apelada se adicionaron elementos que en la vista no se encontraban expuestos, más precisamente acerca de la solvencia que posee el recurrente en sus cuentas bancarias.
Que a fs. 33/40 del IF-2021-63030475-APN-DTD#JGM obran las acreditaciones y débitos que posee el Sr. Augusto Eduardo Colombo en sus cuentas bancarias, cuyos saldos son también señalados en la resolución apelada (IF-2021-44088117-APN-DTD#JGM), los que demuestran la solvencia económica que el actor posee para hacer frente a las obligaciones intimadas. En este sentido, se destaca que el citado actor es titular de la caja de ahorro N° xxxxxx73, la cuenta corriente sin intereses N° xxxxx14 y de la caja de ahorro Pago Remuneraciones N° xxxxxx52, todas ellas del Banco Nación de la República Argentina, conforme obra a fs. 41/44 del IF-2021-
63030475-APN-DTD#JGM.
Que de los mismos surge que la fecha de consulta a dichos saldos es el 21/03/2019, es decir previo a la resolución de vista (20/12/2019) que luce a fs. 172/193 del IF-2021-63029758-APN-DTD#JGM. En consecuencia, todo este de información y agravios no altera las determinaciones de oficio de Cerámica del Valle S.R.L., que se extienden al Sr. Augusto Eduardo Colombo.
Que en virtud de lo expuesto corresponde no hacer lugar a los planteos esgrimidos por el actor en el presente considerando.
VI. Que ello así, corresponde resolver si la resolución 5/2021 se ajusta a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Colombo Augusto Eduardo por el incumplimiento de Cerámica del Valle Viejo SR.L. en el pago de su deuda tributaria.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacer efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal señala en el fallo Citroni, René Nerio (TF 28.112-I) c/DGI de fecha 16/04/2013, que la responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador; es decir que la falta de cumplimiento por parte de este último a la intimación es el hecho que habilita al Fisco Nacional a extender la responsabilidad al solidario. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria solo se puede dictar una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal: solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del principal que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco inicie el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad solidaria, aun antes de intimar de pago al deudor principal. Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida”.
En tales condiciones, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, toda vez que los actos administrativos por los que se determinó las obligaciones tributarias del principal (Cerámica Valle Viejo S.R.L) fueron dictados el 20/09/2019 y notificados el mismo día (fs. 164/164 vta. del IF-2021-63029758-APN- DTD#JGM), sin que éste cumpliera con las intimaciones de pago obrantes a fs. 10/78 del IF-2021-63029758- APN-DTD#JGM, en tanto que el acto administrativo que otorga la vista del artículo 17 de la ley de rito referente al responsable solidario (Sr. Colombo Augusto Eduardo) se dictó el 20/12/2019 por medio de la resolución 41/2019 (fs. 172/193 del IF-2021-63029758-APN-DTD#JGM) notificada el 23/12/2019, es decir una vez vencido el plazo concedido al deudor principal.
VII. Que sentado ello, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
Que la sociedad Cerámica del Valle Viejo S.R.L. dedicada a la fabricación de ladrillos cerámicos huecos, cuyos socios son los Sres. Raúl Erasmo Colombo, Augusto Eduardo Colombo, Carlos Alberto Colombo y Hernán Miguel Colombo; designó al Sr. Augusto Eduardo Colombo como gerente de la firma desde el 19/07/2001, no surgiendo de autos documentación alguna que indique la finalización de dichas funciones.
Que de las respuestas a las circularizaciones bancarias las cuales lucen en el IF-2021-63030972-APN-DTD#JGM se desprende que el recurrente en su carácter de firmante de las cuentas corrientes que la sociedad disponía, tenía facultades para abrir y cerrar todo tipo de cuentas, girar en descubierto, firmar y/o endosar cheques, pagarés y letras de cambio, depositar y retirar valores, percibir sumas de dinero, depositar y girar sobre saldos de los proveedores, solicitar créditos en moneda nacional y extranjera, requerir y contraer fianzas bancarias, etc. Que asimismo a fs. 7/17 del IF-2021-63030166-APN-DTD#JGM surgen los requerimientos efectuados a la empresa durante la etapa de verificación, los cuales fueron contestados por el Sr. Colombo asumiendo la calidad de socio gerente de la firma.
Que en igual sentido, el Fisco Nacional informa que el actor figura como Administrador de Relaciones Clave Fiscal, por lo que se encuentra habilitado para utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos de la AFIP o para realizar determinados actos o gestiones en nombre de la sociedad.
Que dichos elementos permiten inferir que la el actor poseía el manejo financiero, administrativo y societario de Cerámica Valle Viejo S.R.L., por lo que en virtud de ello consideró razonable atribuirle al actor la responsabilidad solidaria y personal de las obligaciones tributarias incumplidas por la deudora principal. Que por lo tanto, corresponde al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión y ejercicio del cargo y, de esa forma, desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva. En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando ... se establece que no existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc. los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es, que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad”. (conf Bertinetti, Daniel Edgardo s/apelación - Trib. Fiscal Nac. - Sala B - 12/09/2017). Que en virtud de ello, es el responsable quien debió desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde su actuación en la sociedad.
Que a dichos fines en el IF-2022-129425142-APN-DTD#JGM se emitió el informe pericial contable efectuado por los Dres. Gustavo Yañez y Valentín Baggio el cual describe la insolvencia de la empresa en los períodos apelados. Sin embargo, en lo que aquí respecta debe mencionarse que en las presentes actuaciones se discute la responsabilidad solidaria del Sr. Augusto Colombo, por lo que la información proporcionada en el informe pericial nada aporta a los efectos de resolver el caso de marras.
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el agravio planteado por el actor y en consecuencia confirmar el criterio que expone el juez administrativo, declarando al Sr. Augusto Eduardo Colombo responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamó a Cerámica Valle Viejo S.R.L.
VIII. Que finalmente, respecto a los intereses resarcitorios reclamados, debe resaltarse que éstos se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de rito fiscal, por lo que corresponde su confirmación.
Que, en tal sentido, cabe recordar que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio".
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005), siendo a su vez que no se ha probado la confiscatoriedad esgrimida en el escrito recursivo.
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Por otra parte, debe precisarse que los accesorios previstos en la norma referida trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. "Arcana Orazio" del 3/7/84 y "Marthay, Jorge" del 6/6/1995, entre otras). Asimismo no puede olvidarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que - por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283).
IX. Por ello, voto por confirmar en todas sus partes la resolución recurrida. Las costas se imponen a la vencida. La Dra. Gómez dijo:
I. Que en primer término cabe referirse a la nulidad planteada por la actora (punto V de su recurso). Que ante todo, no debe olvidarse que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, sentencia del 4 de junio de 1997, recaída en la causa “Sosa Mirta Elena”). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros). En primer lugar, corresponde señalar, que contrariamente a lo expuesto por la recurrente, éste tuvo acceso al expediente con fecha 4 de marzo de 2020, tomando vista de con anterioridad a formular el descargo el 3 de diciembre de 2020 (vide fs. 197 archivo anexo al IF-2021-63029758-APN-DTD#JGM y fs. 198/227 adjunto al IF-2021-63030007-APN-DTD#JGM) con lo cual no puede invocar desconocer los elementos que obraban en las actuaciones administrativas ni limitación alguna a su derecho de defensa.
Con relación a los cuestionamientos sobre supuestos elementos adicionales que el Fisco agregó en la resolución determinativa respecto a la vista, es dable destacar que ésta última -fijada en el artículo 17 de la ley de rito fiscalno comprende la emisión de juicio alguno respecto de la procedencia o no de ajustes o sanciones, sino que se dirige más bien a garantizar el debido proceso objetivo otorgándole al administrado un plazo procesal para la salvaguarda de sus derechos. El “juzgamiento” sobre la procedencia del ajuste recién es formulado al momento del dictado del acto determinativo y en función también del descargo efectuado y las pruebas aportadas, con lo cual no debe concebirse a la vista como un prejuzgamiento de aquel acto posterior (cfr. Sala “B” – en anterior composición- in re “Equipos S.A.”, sentencia del 17 de diciembre de 2003).
En efecto, no se advierte la restricción del derecho de defensa o afectación al debido proceso que justifique el planteo de nulidad incoado por la parte actora.
Por lo demás, de la lectura de los actos cuestionados surgen las razones de hecho y de derecho que llevaron al juez administrativo a la extensión de la responsabilidad solidaria endilgada al Sr. Colombo. Ello así y más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al sustentar su criterio o al evaluar las constancias que obran en los antecedentes administrativos, dicha cuestión se valora cuando se aborda la cuestión de fondo, pero no afecta la validez del auto.
Con relación a las costas y en virtud de los términos expuestos por la actora en su recurso al articular su defensa como previa (vg. vide punto 3 del petitorio) y lo expresamente solicitado por el Fisco Nacional al presentar su escrito de contestación, corresponde su imposición a la vencida.
II. Que en cuanto a los argumentos vertidos sobre la cuestión de fondo, adhiero al voto del Dr. Martín, y en consecuencia corresponde confirmar la resolución apelada en tanto extiende la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Colombo, respecto de las obligaciones tributarias determinada a Cerámica Valle Viejo S.R.L., con más sus intereses resarcitorios. Las costas se imponen a la vencida.
La Dra. O`Donnel dijo:
I. Respecto al planteo de nulidad formulado por el Sr. Colombo, corresponde su rechazo por las razones dadas por la Dra. Gómez en su voto, sin perjuicio que no deben imponerse costas en virtud de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Bolland” – Fallos 336:70.
II. En cuanto a la cuestión de fondo, adhiero al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 3.635.394 (Pesos tres millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cuatro) equivalente a 143,28 ( ciento cuarenta y tres 28/100) UMA y por la representación procesal, la suma de $ 1.454.158 (Pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho) equivalente a 57,31 ( cincuenta y siete con 31/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
3. Regular los honorarios del Dr. Gustavo Yañez, perito designado a propuesta del Fisco Nacional, fijándolos en la suma de $ 1.118.030 (Pesos un millón ciento dieciocho mil treinta) equivalente a 44,06 (cuarenta y cuatro 06/100) UMA– Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, y archívese.
Date: 2023.10.23 09:04:39 -03:00 Date: 2023.10.23 09:46:36 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.23 10:01:54 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.23 10:01:55 -03:00
Fin de la sentencia