Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 136.335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente al recurso articulado por la parte actora, debiendo dejarse sin efecto el monto por daños al vehículo y pérdida del valor venal fijado en la instancia, disponiéndose que su cuantificación sea la suma resultante de la actualización de los presupuestos y del valor del automotor tomados como base por la sentencia de grado, la que deberá estar a cargo del perito ingeniero designado oportunamente, conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCC, a tramitarse por vía de incidente (art. 175 y sig. CPCC). En el caso de la pérdida del valor venal se deja debidamente aclarado que deberá aplicarse el 8% del valor tal como lo determinó el decisorio apelado. Se deja también sin efecto la carga en costas en cabeza del apelante debiendo responder por las costas del proceso en primera instancia los demandados en su esencial condición de vencidos, mientras que las correspondientes en esta Alzada deberán ser soportadas por su orden en atención al resultado del recurso planteado (art. 68 CPCC), y se confirma el apelado decisorio en todo lo restante que ha sido motivo de recurso y agravios.
HDT/GSF
Sentencia Definitiva Causa N° 136335; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA AULISI DIEGO EZEQUIEL C/ GOMEZ MATIAS JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.
AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 136335, caratulada: "AULISI DIEGO EZEQUIEL C/ GOMEZ MATIAS JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 31 de mayo de 2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por DIEGO EZEQUIEL AULISI contra MATÍAS JOSÉ GÓMEZ y GUILLERMO OSCAR PLOT sobre daños y perjuicios, condenando a estos últimos a abonarle la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($58.200) en el término de diez días de quedar firme o consentido el pronunciamiento, con más sus intereses -respecto del rubro pérdida del valor venal- desde la fecha del hecho (momento al que se determinó el precio de un vehículo de similares características que el del actor) 20/01/2018 calculados a la denominada "tasa BIP" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, hasta su efectivo pago (art. 163 inc. 7 CPCC; art. 622 y concs. Cód. Civ.; art. 7, 767 y concs. Cód. Civ. y Com.) y sobre el rubro daños al vehículo desde la fecha del hecho -20/01/2018- y hasta el momento de la determinación del monto -06/02/2018-, a una tasa de interés puro del 6% anual y de allí en adelante a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, es decir, a la "tasa BIP" -pasiva digital- (SCBA C. "Vera" 120.536, "Nidera" 121.134, "Cabrera" 119.176, e.o.); rechazó la demanda respecto de la citada en garantía SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.; impuso las costas, por el tramo de la demanda que prospera, a los demandados Matías José Gómez y Guillermo Oscar Plot en su carácter de vencidos, y al actor, por el que se rechaza, respecto de la citada en garantía; postergó la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad prevista por el art. 51 de la Ley 14.967, y los de los peritos Ingeniero y Contador hasta la oportunidad en que se establezcan los emolumentos de los abogados (Ac. 2938/00 SCBA).
2. La sentencia fue apelada por el legitimado activo (presentación electrónica del 9 de junio de 2023) recurso que, previamente concedido (proveído del 15 de junio de 2023), fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (el 27 de diciembre de 2023). Debidamente sustanciado (traslado del 28 de diciembre de 2023), mereció la réplica del reclamado Gómez (presentación electrónica de fecha 1 febrero de 2024) y de la citada en garantía (presentación electrónica del 6 de febrero de 2024). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 22 de febrero de 2024).
3. El actor Aulisi se agravia del rechazo de la acción respecto de la citada en garantía y la consecuente imposición de costas en su contra. Refiere que la situación de no seguro manifestada deja totalmente expuesto y vulnerado tanto el derecho del asegurado como el de su parte, en tanto víctima de un siniestro.
Asegura que no es un tercero ajeno al vínculo contractual que une al demandado con SMG por cuanto resulta ser un contrato que no sólo alcanzará al asegurado, sino también al beneficiario o tercero en tanto víctima de un siniestro.
Realiza consideraciones y enumeraciones vinculadas con nuestra Constitución Nacional (en adelante CN) y la Ley de Defensa del Consumidor y el usuario (en adelante LDC) en apoyo de su postura, concluyendo que el asegurado es un consumidor y, sin dudas, también él lo es, en su carácter de tercero beneficiario.
Advierte que la cláusula de cobranza de premio que establece la suspensión automática de cobertura aplicada a la falta de pago resulta abusiva y, por ende, nula, debiéndose tener por no escrita, puesto que impone una renuncia a los derechos del adherente a la vez que amplía los del proveedor predisponente desnaturalizado las obligaciones del proveedor. Aduna que la "no notificación" al asegurado de la suspensión de cobertura, es la violación lisa y llana del art. 42 CN y el art. 1100 del Código Civil y Comercial (en adelante CCyC), donde se ordena que se debe informar al consumidor de toda "…circunstancia relevante...".
Insiste en que, en particular, viola casi todas las normas tuitivas de orden público del CCyC como por ejemplo: buena fe, abuso de derecho, abuso de posición dominante, deber de información, desnaturalización de los derechos, renuncia o restricción de derechos del adherente, ampliación de derechos de las empresas, violación de las expectativas razonables, control judicial de las cláusulas abusivas, etc.
Se queja de la fecha que toma la sentencia de grado como notificada fehacientemente el rechazo de la cobertura al asegurado y que jamás le habrían notificado a éste la presunta falta de pago a los fines de que regularice su situación.
Reconoce que el accionado no abonó la cuota correspondiente a diciembre de 2017, ni la de enero de 2018 (mes donde acaeció el siniestro), ni en febrero de 2018, pero afirma que la citada en garantía, obrando de mala fe y violando los principios básicos constitucionales y de la LDC luego de un lapso mayor a un mes de acaecido el siniestro es que le “informó” directamente la no cobertura al asegurado.
Da cuenta que las aseguradoras tienen una "función social", o una "utilidad social", o bien un "compromiso social".
Acusa violación del deber de información.
Cita jurisprudencia en la que se menciona que "No puede suspenderse automáticamente la cobertura del seguro por falta de pago de la prima, sino que primeramente el asegurador debe informar de tal circunstancia al asegurado".
Reitera de modo circular, innecesariamente reiterativo y permanente la idea de que la compañía de seguros debió informar la mora en el pago de la póliza al asegurado en virtud de la buena fe contractual y que en ese tipo de contratos no puede haber mora automática.
Se agravia asimismo de la utilización de valores históricos para cuantificar los rubros peticionados, asegurando que ese modo de tarifar pulveriza cualquier intento de reparación de los daños sufridos. Califica a la indemnización como deuda de valor y hace pie en el principio de reparación integral legislado en al art. 1740 CCyC. Recalca que el cálculo basado en valores estimados hace más de 5 años y cuentan con una ostensible depreciación.
Indica que corresponde valuar la reparación al momento del efectivo pago y que debe incluirse el valor de la totalidad de los repuestos. Informa que al no ser reparado el automóvil desde el momento del hecho devino en su destrucción total.
Efectúa una cuenta conforme la cotización del dólar a la fecha del presupuesto y a la actualidad y estima un valor actual de reparación (conforme cotizaciones en el sitio Mercadolibre.com), de cerca de $6.000.000.
En lo tocante con la pérdida del valor venal, también califica a la suma como desactualizada.
Sobre la privación de uso deduce que debe aceptarse su procedencia, haciendo pie en que no se requiere de prueba específica cuando el daño está probado y que la pericia estimó un tiempo de reparación de 13 días.
A todo evento, se disconforma por la imposición de costas por el rechazo de la demanda respecto de la citada en garantía, toda vez que demandó considerándose con derecho a citar en garantía a quien resultaba ser el seguro del vehículo embistente (art. 68, 69 del Código Procesal Civil y Comercial, en adelante CPCC), en tanto no puede negarse que existió póliza de seguro emitida al demandado MATIAS JOSÉ GÓMEZ por SMG SEGUROS y que fue el propio demandado quien le suministró, previo al inicio de los presentes, la copia de la denuncia de siniestro efectuada ante dicha compañía.
Finaliza sus agravios advirtiendo que no solicitó la citación de una compañía que carecía de toda vinculación con el demandado, todo lo contrario.
4. Liminarmente, cabe señalar que el codemandado Gómez -en oportunidad de contestar los agravios del actor (presentación electrónica de fecha 1 de febrero de 2024)-, solicita se revoque la sentencia y se deje sin efecto el rechazo de la demanda contra la compañía de seguros. Al respecto, he de señalar que el mencionado accionado no interpuso recurso alguno contra la sentencia en tiempo y forma. En consecuencia, no resulta viable el tardío intento de modificación del decisorio por un medio inidóneo a tales efectos.
Misma conclusión merecen las referencias respecto de las pruebas a las que no se hicieron lugar en la instancia de grado, siempre que al no apelar tampoco formuló el replanteo de prueba en la Alzada conforme el art. 255 CPCC.
Como corolario de lo expuesto, concluyo que ambas peticiones resultan inatendibles.
5. Abordando las quejas del legitimado activo, pasaré a hacer mérito del rechazo de la acción contra la citada en garantía, la que concita una parcela de sus disconformidades.
En este sentido, y tal como lo he desarrollado en diferentes causas con peticiones similares (v. causa 123885, sent. del 30/04/2019, RSD 96-19, e.o.), el hecho de que el seguro esté comprendido dentro de los contratos en donde existe una relación de consumo no implica en modo alguno su desnaturalización, ni desoír sus características propias, sino que debe ser integrado con los principios tutelares del derecho consumeril. Así, el asegurado tendrá en su favor los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación favorable en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues ese ha sido el propósito al asociarlo al consumo (conf. Gregorini Clusellas, E. L. "El seguro y la relación de consumo", publicado en LA LEY 2009-A, 1130). Ahora bien, desde el punto de vista del tercero damnificado, si bien el art. 1° de la ley 24.240 incluye dentro de la definición de consumidor "a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo" por lo que (en principio) cabe incluir a la víctima de un siniestro vial en ese supuesto, el reclamo contra la aseguradora estará necesariamente ligado a la medida del contrato de seguro, de conformidad con lo previsto por el art. 118 de la ley 17.418 dado que cualquier solución en contrario no sólo desvirtuará el contrato mismo en particular, sino el sistema de seguros en general.
Ello toda vez que este convenio no constituye una estipulación en favor de terceros (art. 504 C.C.) porque es celebrado en interés del asegurado (SCBA L 70.757 S 25-10-00). El tercero debe aceptar todos los términos del contrato de seguro. Aún aquellos que eliminan o restrinjan la garantía de indemnidad (SCBA Ac. 33.329 S- 5-11-85). En el Seguro de Responsabilidad Civil, la obligación del asegurador consiste en mantener la intangibilidad del patrimonio del contratante en razón de las demandas resarcitorias por hechos comprendidos en el seguro. Por ello, la víctima que ha sufrido un daño no puede pretender ignorar las exclusiones a la cobertura y límites indemnizatorios pactados por las partes, sin perjuicio de la obligación del autor del daño de soportar con su patrimonio la diferencia entre el monto asegurado y el adeudado con motivo del hecho dañoso del que haya sido declarado responsable (conf. CNCiv. Sala H 22/03/2000, publicado en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Edit. L.L., año II N° IV, julio/agosto 2000, pág. 145. CALZ esta Sala I, RSD 464/01 sentencia del 18/12/01 entre otras).
En esta línea la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado establecido en el antecedente “Buffoni” que “Sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa "Cuello" y Fallos: 330:3483)” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín y otro s/daños y perjuicios”. Fallo 337:329 de fecha 08/08/2014. El resaltado me pertenece).
En aquel antecedente se agrega “Que no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV "Martinez de Costa, Maria Esther cl Vallejos, Hugo Manuel y otros si daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009)” (causa citada).
En definitiva, el estatuto cosumeril no debe ser aplicado de modo tal que desoiga por completo las características del contrato de seguros, ni de su estructura negocial. En este sentido, pretender que la compañía aseguradora responda por las consecuencias de un contrato sobre el que el asegurado incumplió previamente con una de las primordiales obligaciones para su consecución como lo es el pago en término, se traduce en una petición que desnaturaliza el objeto mismo del sistema de seguros y desborda de la tutela efectiva del consumidor y el usuario.
Llegado a este punto, evidencio que las quejas del actor en este apartado son todas referentes al contrato entre la aseguradora y el asegurado, vínculo al que es ajeno a él como víctima del siniestro.
Por ello, no resulta ajustado a derecho que el damnificado -más allá de sentirse legítimamente afectado por una cláusula contractual-, pueda reclamar por la revisión de las estipulaciones del contrato de seguro en el que no participó siempre que se trata de un contrato que -en esos términos negociales- le es ajeno.
En consecuencia, no asiste razón al legitimado activo en cuanto califica al accionante erróneamente como usuario cuando en realidad estamos frente a un contrato de seguro en favor del contratante -en este caso del demandado- destinado a mantener la intangibilidad en el patrimonio de éste último, cuestión que resulta -en principio-, ajena al reclamante.
Por lo tanto esta parcela de los agravios no ha de proceder, imponiéndose la confirmación de la sentencia apelada en lo tocante con la extensión de la condena a la compañía de seguros (arts. 42 CN, 1 ley 24240, 118 ley 17418, 384 CPCC).
6. En lo relacionado con el modo en el que cuantifica los daños la sentencia apelada y que agravia al actor dable es destacar que el Juez no tiene obligación alguna de tarifar la indemnización en términos actuales. Muy por el contrario, puede -en virtud de las características del caso y su trámite-, decidir hacerlo en términos históricos (tal como en el presente) o con criterio de actualidad.
Aplicando cualquiera de esos métodos lo imprescindible es que la sentencia cumpla con los parámetros de reparación justa e integral o plena que permita a la accionante contar con un recurso económico que cubra la merma que el hecho de autos provocó en su vida (arts. 1740, 1746 CCyC).
En el caso en concreto, los presupuestos tomados como base para indemnizar el rubro daños al vehículo datan del 6 y 14 de junio de 2018, mientras que el de la pérdida del valor venal fue calculada al precio del rodado a la fecha del hecho según la información suministrada por Peara S.A. (v. oficio de fecha 16 de junio de 2021).
Y si bien el modo de cuantificar en términos históricos o actuales -como se dijo- no afectan por sí mismas el principio de reparación integral, los jueces debemos extremar el análisis para no conculcar ese derecho que encuentra su base en los arts. 17 y 19 de nuestra Carta Magna y 1740 CCyC.
En este contexto es que encuentro medular poner en el centro del debate el contexto de inestabilidad económica de público y notorio conocimiento en el que se destaca un proceso inflacionario persistente y variaciones cambiarias que afectan sin dudas el precio de los productos y servicios de la economía.
Además, que los rubros cuantificados tratan sobre daños objetivos, ciertos, comprobados y cuya existencia llega firme y detallada a esta instancia.
Pues bien, su estimación -conforme el contexto económico antes detallado- ha quedado visiblemente desactualizada lo que se traduce en una afectación al principio de la reparación integral en lo tocante con estos rubros -daños al automotor y pérdida del valor venal- (v. pericia y presupuestos mencionados; arts. 1740 CCyC, 384 CPCC).
Consecuencia necesaria de ello, es que no puede justipreciarse en este acto la cuantificación por exceder las máximas de la experiencia universal y cabe que -en el especial caso de estas actuaciones en donde se requieren reparaciones y desvalorización de un automotordebe hacerse lugar a las quejas de la accionante dejando sin efecto el monto por daños al vehículo y pérdida del valor venal fijado en la instancia, disponiéndose que su cuantificación sea determinada a partir del resultante de la actualización del presupuesto y cotización del rodado tomados como base por la sentencia de grado, la que deberá estar a cargo del perito designado oportunamente, conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCC y a efectuarse por la vía incidental (arts. 175 y sig. CPCC).
Es que cuando "...la cuantía no puede calcularse en forma exacta para conceder una indemnización inmediatamente, los jueces establecerán la obligación de indemnizar, dejando la determinación del monto para una decisión ulterior -vía incidental en la ejecución de sentencia-, si ello atiende a mejorar la pretensión de justicia ínsita en toda demanda judicial" (Morello, obra citada, págs. 228 y ss. y jurisprudencia allí consignada).
En conclusión, mediante la formación de incidente el que deberá efectivizarse en el Juzgado de origen, el perito deberá acompañar una actualización detallada de los presupuestos tomados como base y la valuación de un automotor como el siniestrado a la actualidad. El resultado de esa actualización será el monto por el que procederá la indemnización por daño emergente, en el primero de los rubros y el que servirá de pauta de cálculo para el segundo (arts. 1740 CCyC; 165, 474 CPCC).
7. En cuanto al pedido de indemnización por destrucción total del automotor posterior al siniestro por la falta de reparación, la queja no ha de tener andamiaje toda vez que la pericia mecánica practicada en autos, valorada bajo los parámetros de la sana crítica, indica que el rodado no sufrió un daño de tal entidad, por lo que el argumento consistente en que luego sí se produjo un mayor deterioro a causa de la falta de arreglo no resulta suficiente como para conmover lo decidido en la instancia (arts. 384, 474 CPCC).
8. Superadas las cuestiones relativas a la cuantificación, corresponde abordar los agravios dirigidos al rechazo del concepto privación de uso.
Sobre su efectiva procedencia se ha dicho -tal como lo resalta el Juez apelado en su sentencia- que “La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio” (conf. SCBA, Ac. 44.760 del 2/8/94, 54.878, del 25/11/97, e.o.).
En virtud de ello, no resulta adecuado fijar indemnización por este concepto conforme una mera valoración presuncional o conjetural del perjuicio, sino que los deméritos económicos denunciados deben contar con prueba concreta y concluyente tanto de su existencia como de su extensión. Es decir que, contrariamente a lo que pretende el apelante, para la procedencia del rubro se requiere prueba específica lo que en estas actuaciones no sucede. Es decir, no basta con acreditar que el automóvil estuvo deteriorado y por eso no pudo utilizarlo, sino acreditar las erogaciones en las que efectivamente incurrió ante la indisponibilidad del automotor, más allá del plazo de reparación y que el vehículo no había sido reparado a la fecha de la pericia.
En virtud de lo expuesto, es que corresponde confirmar la sentencia de grado en este apartado (arts. 375, 384, 474 CPCC).
9. En cuanto a la condena en costas por el rechazo de la acción respecto de la citada en garantía SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. encuentro razón en el planteo que efectúa el actor. Nótese que éste bien pudo creerse con derecho de accionar en contra de la compañía aseguradora, siendo ajeno a su conocimiento la falta de pago del seguro en tiempo y forma por parte del demandado.
A partir de allí, no deviene adecuado que el reclamante cargue en costas de primera instancia por la falta de pago de la póliza de seguro en tiempo y forma, circunstancia que es imputable sin dudas al accionado, sin perjuicio de lo que se ha señalado en el apartado 5 del presente. En consecuencia, considero que debe hacerse lugar a esta parcela del reclamo, dejando sin efecto las costas impuestas al actor por la desestimación del reclamo a la citada en garantía, debiéndose imponerse las relativas a primera instancia en su totalidad a los demandados en su esencial calidad de vencidos (art. 68 CPCC).
Respecto de las costas de esta Alzada, habiendo insistido el actor sobre la procedencia de la extensión de la condena a la citada en garantía a pesar de estar en conocimiento de la falta de pago de la póliza, la ignorancia a la que alude en sus agravios ha cesado por lo que no resulta procedente hacer extensivo el criterio a esta instancia.
Por ello, y en atención al resultado de los agravios expuestos, encuentro prudente -ante el éxito del planteo de la adecuación del monto y el rechazo de la citación de la tercera citada en garantía y demás rubros-, que las costas de esta Alzada sean soportadas por su orden (art. 68 CPCC).
10. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala 3era., causa B-79.059, reg. sent. 195/94, e.o.; esta Sala, causa 127749, RSD 164-20, sent. del 25/09/2020, e.o).
11. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar hacer lugar parcialmente al recurso articulado por la parte actora, debiendo dejarse sin efecto el monto por daños al vehículo y pérdida del valor venal fijado en la instancia, disponiéndose que su cuantificación sea la suma resultante de la actualización de los presupuestos y del valor del automotor tomados como base por la sentencia de grado, la que deberá estar a cargo del perito ingeniero designado oportunamente, conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCC, a tramitarse por vía de incidente (art. 175 y sig. CPCC). En el caso de la pérdida del valor venal se deja debidamente aclarado que deberá aplicarse el 8% del valor tal como lo determinó el decisorio apelado. Insto a dejar sin efecto la carga en costas en cabeza del apelante debiendo responder por las costas del proceso en primera instancia los demandados en su esencial condición de vencidos, mientras que las correspondientes en esta Alzada deberán ser soportadas por su orden en atención al resultado del recurso planteado (art. 68 CPCC); postulo confirmar el decisorio en todo lo restante que ha sido motivo de recurso y agravios.
Con el alcance referido, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde hacer lugar parcialmente al recurso articulado por la parte actora, debiendo dejarse sin efecto el monto por daños al vehículo y pérdida del valor venal fijado en la instancia, disponiéndose que su cuantificación sea la suma resultante de la actualización de los presupuestos y del valor del automotor tomados como base por la sentencia de grado, la que deberá estar a cargo del perito ingeniero designado oportunamente, conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCC, a tramitarse por vía de incidente (art. 175 y sig. CPCC). En el caso de la pérdida del valor venal se deja debidamente aclarado que deberá aplicarse el 8% del valor tal como lo determinó el decisorio apelado. Cabe también dejar sin efecto la carga en costas en cabeza del apelante debiendo responder por las costas del proceso en primera instancia los demandados en su esencial condición de vencidos, mientras que las correspondientes en esta Alzada deberán ser soportadas por su orden en atención al resultado del recurso planteado (art. 68 CPCC), y confirmar el apelado decisorio en todo lo restante que ha sido motivo de recurso y agravios.
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente al recurso articulado por la parte actora, debiendo dejarse sin efecto el monto por daños al vehículo y pérdida del valor venal fijado en la instancia, disponiéndose que su cuantificación sea la suma resultante de la actualización de los presupuestos y del valor del automotor tomados como base por la sentencia de grado, la que deberá estar a cargo del perito ingeniero designado oportunamente, conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCC, a tramitarse por vía de incidente (art. 175 y sig. CPCC). En el caso de la pérdida del valor venal se deja debidamente aclarado que deberá aplicarse el 8% del valor tal como lo determinó el decisorio apelado. Se deja también sin efecto la carga en costas en cabeza del apelante debiendo responder por las costas del proceso en primera instancia los demandados en su esencial condición de vencidos, mientras que las correspondientes en esta Alzada deberán ser soportadas por su orden en atención al resultado del recurso planteado (art. 68 CPCC), y se confirma el apelado decisorio en todo lo restante que ha sido motivo de recurso y agravios. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA; y al codemandado rebelde Guillermo Oscar Plot en su domicilio real -conforme trámite del 16/08/2023- (arts. 59, 62, 138 y concs., del CPCC; 11 inc. "a" del Anexo I y Anexo III del Ac. 4013/21 texto según Ac. 4039/21 de la SCBA).
DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia