Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso y modificar la sentencia apelada de fs. 130/133 en lo que respecta al monto de la nueva cuota alimentaria, la que se reduce al 30% de los haberes que el Sr. Rojas percibe en el Hospital de Chascomús y en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela; confirmándosela en relación a la retroactividad y costas que fueran también materia de agravio. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado atento a como se resuelve la cuestión (arts. 68, 69, 242, 246, 375, 384, 635, 641 del CPCC; 658 y 660 del CCyCN).
98213: DESBARATS, ANA KARINA C/ ROJAS, MATIAS S/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Dolores, 18 de febrero de 2020.
I. Contra la sentencia de fs. 130/133 interpuso recurso de apelación el demandado por presentación del 26/08/2019, el que fue concedido a fs. 141 y fundamentado el 12/09/2019, recibiendo réplica de la contraria a fs. 148/151. El 09/10/2019 contesta vista la Asesora de Incapaces.
II. La sentencia apelada hace lugar al incidente de aumento de cuota alimentaria y la fija en el 35% del sueldo que Matías Rojas percibe como empleado del Hospital “El Cruce” y del Hospital Municipal de Chascomús, imponiéndole las costas.
III. a) El recurrente se agravia en primer lugar del porcentaje fijado. Refiere que si bien los sueldos de los dependientes aumentaron, lo cierto es que no lo hicieron a la par de la inflación.
Agrega que ante la falta de pruebas la jueza ha basado el aumento de la cuota en la presunción de que a mayor edad de los niños, mayores serían sus necesidades.
Manifiesta que ya venía abonando una cuota mayor -pues de otro modo no hubiera podido la actora con su salario solventar sus gastos y los de sus hijos-; sin embargo el 35% resulta arbitrario y confiscatorio, en tanto no ha recibido aumentos que acompañen el porcentaje de inflación, por lo que solicita se reduzca la cuota fijada al 18%.
El segundo agravio se centra en la retroactividad de la sentencia. Sostiene que ello configura un enriquecimiento sin causa de la actora en tanto ha prolongado la definición del incidente. Hace mención al período de inactividad que tuvo el proceso hasta que la actora se presentó con nuevo defensor.
Se queja por último de la imposición de las costas argumentando que se allanó al contestar la demanda, por lo que –con fundamento en el artículo 70 del CPCC- se encuentra eximido del pago de las mismas.
b) El memorial es replicado por la actora quien respecto del primer agravio expresa que el proceso inflacionario la afecta en la misma medida que al alimentante, por lo que considera que ello no puede constituir un fundamento válido de la queja.
Asimismo menciona que más allá de la presunción genérica que señala el apelante en torno a que a mayor edad de los niños mayores gastos demandan, refiere que ha aportado prueba que indica los gastos que debe afrontar para la normal crianza de los mismos.
En relación a la retroactividad de la sentencia, expresa que la virtud que posee una cuota fijada en un porcentaje provocará que dicho cálculo se efectúe con los haberes percibidos en el respectivo mes, al que se le deducirá lo efectivamente depositado, por lo que no se genera agravio alguno al alimentante.
Por último, en cuanto a las costas manifiesta que no hubo allanamiento y cita un antecedente de esta Alzada respecto de su imposición al alimentante.
c) A su turno, la Asesora de Incapaces contesta la vista que se le corriera de los agravios y expresa su conformidad con la sentencia en todas sus partes.
IV. Ingresando al análisis de la cuestión cabe referenciar que las partes arribaron en el año 2014 a un acuerdo por el cual convinieron la cuota alimentaria correspondiente a sus cuatro hijos en la suma de pesos cuatro mil (según los dichos de la actora a fs. 16, no negados por el demandado, ya que no se tiene a la vista el mencionado convenio).
Ahora bien, el transcurso del tiempo desde la fijación de aquella cuota hasta la fecha hace que deba tenerse en cuenta no sólo el aumento de las necesidades básicas de los hijos -quienes sin dudas a mayor edad generan mayores gastos-, sino además el público y notorio aumento del costo de vida, que justifica sin más el aumento de la cuota acordada por las partes aproximadamente tres años antes del inicio del presente incidente.
Y ello no se encuentra en discusión por cuanto el propio demandado lo reconoce al allanarse al pedido de aumento (v, fs. 44/45). Entonces no está discutida la necesidad de aumentar la cuota atento al tiempo transcurrido, sino sólo debe determinarse el monto de la misma.
Así entonces en ese camino, no puede obviarse la inflación de los últimos años que servirá como un parámetro de aumento, pero sin que ello implique un cálculo matemático exacto, ya que el aumento de la cuota no será exactamente en la misma proporción que la inflación producida sino que constituirá un elemento más a considerar.
Si bien el monto de la prestación al quedar desactualizado, debe ser elevado, y sabido es que a medida que los menores crecen, aumentan sus necesidades (art. 647 CPCC) en relación a las que tenían al momento de establecerse la cuota originaria, corresponde se pondere el acierto o no de la nueva cuota fijada por el a quo en el 35% de los haberes que el alimentante percibe como empleado del Hospital Municipal de Chascomús y del Hospital “El Cruce”.
La jurisprudencia sostiene que sin necesidad de producir prueba concreta al respecto, puede considerarse "en principio" favorable un incremento de la cuota fijada, pero nunca estableciendo una que no se adecue a las verdaderas posibilidades del alimentante, considerando la capacidad económica del obligado al pago (arts. 635 inc. 2 y 641 del CPCC.; conf. arg. causa de este Tribunal nº 91.026).
En autos si bien los gastos de los menores denunciados por la actora han sido impugnados por el alimentante, es lo cierto que han quedado acreditados (v. fs. 71, 78, 80, 83, 84, 111/113, 115/126; arts. 375 y 384 CPCC). Sin embargo, ello no implica que la cuota deba fijarse cubriendo la totalidad de los mismos, pues es sabido que la obligación alimentaria recae sobre ambos padres (arts. 658 del CCyCN) quienes deben alimentos a sus hijos conforme a sus posibilidades, por lo que a fin de establecer el monto del aumento de la cuota alimentaria, habrá de tenerse en cuenta el aporte efectivo de cada progenitor en proporción a sus respectivos ingresos.
Tampoco ello implica que deban aportar en igual porcentaje ya que cuando el cuidado personal de los menores recae en cabeza de uno de ellos, deben considerarse los aportes en especie que efectúa en relación a la atención que les brinda atento los múltiples requerimientos cotidianos, que en definitiva implican una inversión en tiempo al que debe atribuírsele valor (art. 660 del CCyCN); aunque como se dijo ello no implica en modo alguno hacer recaer en el progenitor no conviviente el aporte económico en su totalidad.
A fin de determinar el aumento de la cuota resulta necesario acreditar el caudal económico del alimentante (arts. 375, 635 inc. 2º del CPCC) ya que la misma se establecerá –como se dijo- no sólo por las necesidades de los beneficiarios, sino además por las posibilidades económicas de la persona a quien se le reclaman tales alimentos (causas de este Tribunal nº 73.139, 75.354, 80.507, entre otras), y para tal fin debe conocerse concretamente la capacidad económica del alimentante a fin de no tornar imposible el cumplimiento de la obligación.
De las constancias de autos se tiene por probado que el Sr. Rojas contaba en marzo de 2019 con un salario de $27.779,02 por su desempeño como enfermero en el hospital de Chascomús (v, contestación de oficio de la Municipalidad a fs. 85/92), y un salario de $ 21.133 por su desempeño en el Hospital “El Cruce” (v. fs. 94/108).
Además, de las declaraciones testimoniales de fs. 83 y 84 –del mes de abril de 2019- surge que la Sra. Desbarats contaría en aquel momento con un ingreso aproximado de $15.000.
Respecto a los gastos que demandarían los menores, no puede discutirse la presunción inevitable de aquellos gastos básicos correspondientes a todo niño, niña o adolescente de 17, 14, 12 y 8 años de edad; y con las pruebas producidas a fs. 71 (Municipalidad de Chascomús informa monto de matrícula y cuota mensual escolar de los menores), fs. 78 (odontólogo informa costo de tratamiento), fs. 80 (Municipalidad informa gasto de comedor y otros), fs. 110/113 y 115/121 (contestan oficio Edea y Gamuzzi, respectivamente, y acompañan últimas facturas), ha quedado acreditado el nivel aproximado de gastos (arts. 384 del CPCC).
Con todo, el monto de la cuota apelada para atender a las actuales necesidades de los hijos menores de las partes se considera elevada, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso y reducir el incremento de la nueva cuota al 30% de los haberes que el Sr. Rojas percibe en el Hospital de Chascomús y en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela.
V. En relación a la retroactividad del aumento resultan aplicables los artículos 641 2do. párrafo del CPCC y 548 y 669 del CCyCN, que prescriben que la obligación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda de alimentos.
El resolutorio en crisis tiene los efectos de una sentencia constitutiva de una nueva cuota alimentaria, que se proyecta ex-tunc desde que el demandado se notificó de la acción incidental, es decir que se retrotrae a la notificación del pedido de aumento; de lo contrario podrían producirse dilaciones procesales para evitar el dictado del resolutorio, posponiendo así la determinación de la nueva cuota.
En consecuencia, lo dispuesto por la a quo se aprecia ajustado a derecho, por lo que se rechaza esta parcela recursiva.
VI. Respecto a la imposición de las costas, tal como tiene reiteradamente dicho este Tribunal (v, causas n° 91.421 sent. del 13/03/2012, 91.578 sent. del 24/04/2012 y 95458 sent. del 27/09/2016, entre muchas otras), el principio que rige la materia de asignar por regla general el pago exclusivo al alimentante no se extiende a las costas en los incidentes que en el transcurso del tiempo se susciten, las que se impondrán de conformidad a los principios generales, dado que los intereses enfrentados no conciernen a los alimentos sino que son meros conflictos de orden procesal.
Es así, por cuanto un trato favorable al alimentado conspiraría contra el buen orden procesal, ya que justamente el riesgo de la derrota con costas en el incidente induce a las partes a abstenerse de plantear cuestiones infundadas (conf. “Bossert”, Régimen jurídico de los Alimentos, Ed. Astrea ed. 1993, pag. 371).
En autos, aún teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, la imposición efectuada por la jueza de grado a fs. 72 vta. resulta ajustada a derecho, toda vez que el obligado asistencial si bien menciona allanarse al contestar el traslado del incidente, dicho acto no se ha configurado verdaderamente por cuanto sólo ha prestado conformidad con la necesidad de aumento mas no respecto al monto pretendido, motivo por el cual debió luego abrirse la causa a prueba.
En atención a ello el agravio debe rechazarse, no existiendo ninguna duda del carácter de vencido que presenta el apelante en tanto la sentencia de grado admitió la pretensión incidental de aumento de la cuota por un porcentaje notoriamente superior al ofrecido por el incidentado –aun considerando la reducción contenida en el presente decisorio- (arts. 68 y 69 CPCC).
Por los argumentos expuestos, este Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso y modificar la sentencia apelada de fs. 130/133 en lo que respecta al monto de la nueva cuota alimentaria, la que se reduce al 30% de los haberes que el Sr. Rojas percibe en el Hospital de Chascomús y en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela; confirmándosela en relación a la retroactividad y costas que fueran también materia de agravio. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado atento a como se resuelve la cuestión (arts. 68, 69, 242, 246, 375, 384, 635, 641 del CPCC; 658 y 660 del CCyCN).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2020 11:38:16 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 18/02/2020 12:18:02 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 18/02/2020 12:34:20 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia