Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126681
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292, CPCC) y 2) intimar al accionado para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial-, acredite ante esta sede el depósito a la orden del órgano que dictó la resolución cuestionada, de la suma de pesos ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ($ 852.900), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4.100/23). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial y la notificación al impugnante de la referida diligencia.
C. 126.681 "L. Q. M. A. C/ D. S. C. M. S/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA"
I. El Juzgado de Familia n°5 del Departamento Judicial de San Martín hizo lugar al pedido de aumento de cuota alimentaria y, en consecuencia, condenó al alimentante C. M. D. S. a abonar una suma equivalente a mil euros mensuales, monto que se fijó en pesos al momento del pago de cada cuota alimentaria en base al valor de venta del día publicado por el Banco Nación en base a las disposiciones del Banco Central, descontando los impuestos pertinentes. Asimismo, se dispuso que dicha suma sería retroactiva al día 6 de julio de 2012, fecha de interposición del incidente de aumento (v. sent. de 7-IX-2022).
Impugnada la sentencia por el accionado, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del mentado departamento judicial, a su turno, modificó la decisión y fijó una cuota alimentaria equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles (v. fallo de 4-IV-2023).
Contra dicho pronunciamiento el accionado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 21-IV-2023), el que fue denegado por el Tribunal de Alzada con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 1-VI-2023). Ello motivó la queja traída a consideración de este Superior Tribunal (art. 292, CPCC; v. presentación de 9-VI-2023 y sus archs. adjs.).
Recibidos los autos principales que fueran requeridos, se agregó la queja a los mismos (art. 292 cit.; v. proveído de 14-VII-2023).
II. En primer lugar, corresponde observar que esta Corte ha sostenido que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en el caso en que recurre el alimentante impugnando la elevación de la cuota dispuesta -en atención a los planteos esgrimidos-, habrá de determinarse multiplicando la cuantía del agravio que se genera con cada cuota para el recurrente -en el caso, representado por la diferencia entre la fijada por la Cámara y la que pretende- por el plazo de dos años (art. 278, CPCC; doctr. causas Ac. 98.319, "R., S.", resol. de 13-VIII-2008; C. 115.939, "C., R. D.", resol. de 12-X-2011; C. 116.963, "M., T. L.", resol. de 8-VIII-2012; C. 117.757, "S., V.", resol. de 20-III-2013; C. 120.184, "I., M. P.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.996, "A., L. L.", resol. de 15-XI-2016; C. 123.984, "F. M. E.", resol. de 29-VI-2020; C. 124.854, "G. M. F.", resol. de 15-III-2022 y C. 125.955, "G. S. I.", resol. de 28-X-2022).
Así, de conformidad con el referido criterio y en función de los planteos esgrimidos, aún cuando exista cierto grado de indeterminación, ponderando en el caso el importe de la cuota fijada por el Tribunal de Alzada -equivalente a tres salarios mínimos vital y móvil, que a la fecha del remedio extraordinario asciende a pesos doscientos cuarenta y un mil veintiséis ($ 241.026)- y los montos que surgen de autos anteriormente establecidos (v. cuota originariamente pactada referida en sent. de 7-IX-2022 y alimentos provisorios fijados en el presente, v. resol. de 22-IX-2020), ello multiplicado por el lapso de dos años, el valor supera el valladar establecido en el art. 278 del ritual -texto ley 14.141 y Ac. 4.100/23, vigente al momento de la interposición del recurso- para acceder a su revisión por la vía intentada (conf. doctr. causas citadas).
De lo expuesto se concluye que se encuentra satisfecho en el presente el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal (conf. doctr. causas citadas) y, en consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida (arts. 278, 279 y 292, CPCC).
III. Sentado ello y pasando a analizar los restantes requisitos de admisibilidad, se destaca que el recurrente no desconoció la falta de cumplimiento del depósito previo y cuestionó en su argumentación la exigencia en el caso de la carga establecida en el art. 280 del ordenamiento procesal -cuya inconstitucionalidad alega- y expone circunstancias referidas a su situación económica que no le permitirían afrontar la carga pecuniaria en cuestión (v. presentación de 21-IV-2023).
En relación al planteo de inconstitucionalidad de la carga prevista en el art. 280 citado se impone recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que la misma no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017 y C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.; C. 124.162, "Moran", resol. de 10-VIII-2022).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 98.938; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941, C. 123.625 y 124.162, cits.).
Finalmente, cabe adunar que es la propia ley la que permite al impugnante, en el supuesto de verdadera falta de recursos demostrar judicialmente su situación y litigar sin responsabilidad pecuniaria en materia de gastos causídicos, por lo que, en razón de ello, la exigencia del depósito previo no resulta contraria a las normas constitucionales invocadas, desde que no se le ha impedido al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial y, de haber utilizado los medios a su alcance, acceder a la instancia extraordinaria obviando la carga procesal impugnada ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II- 435 y 1959-III-200; conf. doctr. causas C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941 y C. 121.498, cits.), opción que -con las constancias objetivas acompañadas- no surge que haya sido ejercida por el recurrente, sino que, con cita de precedentes sobre las normas que rigen el procedimiento laboral, el recurrente se limita a alegar la imposibilidad de afrontar tal depósito, ofreciendo prueba al respecto. En tales condiciones corresponde exigir la satisfacción del depósito en cuestión (conf. causas C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 122.047, "V. L. M. F.", resol. de 18-IV-2018).
En este sentido, no habiéndose satisfecho la carga prevista en el art. 280 citado, cabe intimar a realizarlo por el mínimo legal de 100 jus vigente a la fecha de deducción del carril recursivo (conf. Acordada 4.100/23 cit.), equivalente a la suma de pesos ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ($ 852.900; conf. causas C. 119.022 cit.; C. 122.088, "R., A. E.", resol. de 7-III-2018; C. 122.047 cit.), bajo apercibimiento de deserción del remedio extraordinario otorgado (párrafo cuarto, art. 280 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292, CPCC) y 2) intimar al accionado para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial-, acredite ante esta sede el depósito a la orden del órgano que dictó la resolución cuestionada, de la suma de pesos ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ($ 852.900), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4.100/23). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial y la notificación al impugnante de la referida diligencia.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-). Ofíciese a la Cámara de origen a los fines indicados en el punto 2 de la presente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:00:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:37:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:46:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:13:25 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:00:09 hs. bajo el número RR-715-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia