Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 166741
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI.) Manteniendo el trámite de las actuaciones dentro del fuero ordinario, remitiéndose las mismas al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 Departamental II.) Sin costas atento la forma en que se resuelve.
REGISTRO Nº 11.S FOLIO Nº 24
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata
Expte. Nº 166741.-
Autos: "C. L. F. S/ AUSENCIA CON PRESUNCION FALLECIMIENTO".-
En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 días de Marzo de 2019, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Ramiro Rosales Cuello y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "CISNEROS LEANDRO FABIAN S/ AUSENCIA CON PRESUNCION FALLECIMIENTO".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes
A fs. 15 dictó sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 Deptal., declarándose incompetente para entender en la presente causa que tiene por objeto la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento del Sr. L. F. C. y ordenando remitir las actuaciones al Juzgado Federal competente en razón de la materia.
Contra dicha resolución se alzó el peticionante mediante formal recurso de apelación que, fundado en el mismo acto, fue concedido a fs. 30.
Agravia al recurrente el desprendimiento de la competencia del magistrado de primera instancia del fuero provincial. Entiende, y argumenta en tal sentido, que la causa traída a su conocimiento no puede encuadrarse como un supuesto que habilite la competencia de excepción del fuero federal, en tanto la misma es de aplicación restrictiva, y no existe dentro de la enumeración taxativa de la Constitución Nacional acápite alguno que habilite la competencia de los tribunales de la Nación.
Refiere en particular -y conceptualiza- a la jurisdicción marítima como causal de intervención de los tribunales federales, citando casuística en relación al tópico, argumentando que el caso de autos no puede circunscribirse a tales supuestos.
Continúa refiriendo a la legislación aplicable, destacando que ante la reciente modificación del Código Civil, y ante la falta de una previsión expresa, podría interpretarse la voluntad del legislador de excluir como competencia del fuero federal cualquier caso de personas desaparecidas en altamar.
Concluye su embate enumerando el cúmulo de procesos que, con idéntica finalidad, han sido iniciados y se encuentran en trámite en dependencias del Departamento Judicial de Mar del Plata del Poder Judicial provincial, destacando las perjudiciales consecuencias que podrían derivarse para el caso que el juez federal que recibiera la causa se inhibiera de entender en la misma por considerarse incompetente.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es justa la resolución de fs. 15?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO:
Liminarmente, corresponde delimitar el thema decidendum del presente recurso. En tal sentido, encontramos que el mismo se circunscribe a determinar si el proceso tendiente a decretar la ausencia con presunción de fallecimiento del Sr. L. F. C., tripulante del submarino ARA San Juan, debe ser tramitado por ante los juzgados ordinarios de nuestro Departamento Judicial, o, por el contrario, si existe en el planteo efectuado cuestión federal suficiente para desplazar tal competencia (que como norma rige la atribución del conocimiento de aquélla pretensión) y caer bajo la órbita de los Tribunales Federales.
Adelanto que no se exterioriza en el caso cuestión federal que habilite tal atribución excepcional a la que hiciera referencia en el párrafo precedente, ello así por las consideraciones que seguidamente expondré.
En un primer estadio del análisis, corresponde dejar establecido un elemento central a la hora de dirimir la presente cuestión de competencia: la intervención de los Tribunales del fuero Federal de nuestro país es la excepción a la regla general, que consiste en la competencia local u ordinaria, en tanto desde su génesis, la Constitución Nacional ha establecido que con motivo de la forma federal de gobierno asumida y la consecuente coexistencia del orden provincial con el del gobierno federal, las provincias habrían de reservarse para sí todas las competencias no delegadas a la Nación.
La administración de justicia, en efecto, es una de esas competencias reservadas por las provincias (art. 5 de la C.N), con excepción de aquéllos casos expresamente enumerados por la propia Constitución y leyes dictadas al efecto, casos aquéllos que tienen por rasgo distintivo la existencia de un interés federal en dirimir la contienda, por encontrarse comprometidos intereses del Estado Nacional (sea en forma directa o indirecta) según las personas implicadas, la materia involucrada, o el lugar en que los hechos acontecieron. Destaca en ese sentido Ricardo Haro que la competencia federal cumple una función y fines institucionales, por tanto debe existir para su intervención un “interés federal directo, real, objetivo, legítimo, concreto y con suficiente entidad” (Haro, Ricardo, “Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 2010, Tomo 4, pags. 563/563).
En lo que a esta “cuestión federal” refiere, explica con claridad Palacio que la misma debe buscarse cuando la naturaleza del hecho y la pretensión esgrimida puedan dar lugar a conflictos internacionales o bien, acontecen en situaciones de comercio internacional o interprovincial, donde, por ejemplo, “la competencia de la justicia federal para conocer de las pretensiones vinculadas con la navegación y el comercio marítimo se justifica no solamente por la facultad que incumbe al Gobierno nacional de reglar y proteger el comercio internacional e interprovincial que se efectúa por los mares y ríos (art. 67 incs. 9 y 12), sino también porque el tráfico realizado en aguas que se hallan abiertas para todas las banderas puede dar lugar a conflictos de diversa índole que afecten las relaciones del país con estados extranjeros, poniendo en juego la aplicación de principios de derecho internacional” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2007, pag. 483), sin perjuicio, claro está, de los demás supuestos en los que sin existir potencialidad de conflictos internacionales, existe un interés directo del Estado Nacional en garantizar la supremacía y vigencia de las normas constitucionales e intereses de la República.
Sobre esas bases, se distingue con claridad que no existe en nuestro caso cuestión federal alguna que justifique apartar la competencia local por la de los tribunales de la Nación.
En tal inteligencia, en todos aquéllos supuestos en los que no se presente ninguno de los elementos que permitan sostener que existe “cuestión federal suficiente”, la jurisdicción queda ceñida al ámbito local o provincial.
Partiendo de las características reseñadas, se configura la primera cualidad de la competencia federal: su excepcionalidad.
Es en virtud de tal rasgo que debe abordarse cuidadosamente el análisis a la hora de dirimir una contienda de competencia entre los órdenes provincial y nacional, en tanto así como la jurisdicción federal es privativa (e incluso, sin posibilidad alguna de prórroga en los casos en que se desprende de la materia objeto de litigio), también lo es la jurisdicción provincial, consecuencia del cumplimiento de lo prescripto por el art. 121 de la Constitución Nacional en relación a las facultades no delegadas [“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal (…)”].
Aplicando lo expuesto al caso concreto que nos ocupa, el primer elemento a considerar resulta el carácter taxativo de las causas que habilitan la intervención de los tribunales federales, en tanto esta cualidad de excepción impone una interpretación restrictiva de su procedencia (conf. Haro, Ricardo, op. cit. pag. 567 y fallos 1:170, 10:134, 190:170, 283:429, 313:1218, 319:2857, 324:286, entre muchos otros de la C.S.J.N).
En lo que a la competencia en función de la materia respecta, el contenido de la pretensión aquí esgrimida no lleva implícita cuestión federal alguna -entendiendo a la misma como aquélla en la que entran en pugna intereses del Estado nacional como ya se analizó-, sino que, por el contrario, el objeto del proceso tiene por fin decretar la ausencia con presunción de fallecimiento de una persona humana cuyo paradero se desconoce, pero que responde, (por aplicación analógica, en tanto un submarino no concuerda por antonomasia con la definición de buque que trae la Ley de Navegación N° 20.094) a lo prescripto por el art. 86 inc. b) del CCyCN, por encontrarse en un buque (…) naufragados o perdidos, sin tenerse noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. No empece esta apreciación que el hecho generador del marco fáctico que sirve de antecedente a la pretensión haya sido marítimo, toda vez que la misma sigue siendo un pedido de derecho común, normada por los arts. 85 a 92 del CCyCN.
En otras palabras, la naturaleza náutica del siniestro sufrido no implica que el caso sea considerado dentro de alguno de los supuestos de “jurisdicción marítima” que habilita la jurisdicción federal (conf. incs. 7° a 10° del art. 2 de la Ley 48), sino que se trata de una pretensión de derecho común en la que ningún interés federal está en juego. No se discute aquí el hecho, ni se reclaman indemnizaciones de ningún tipo, ni se persigue deslindar eventuales responsabilidades: se busca establecer el estado jurídico de ausente con fallecimiento presunto a los fines de la tramitación –en palabras del propio requirente- de los seguros y pensiones que pudieran corresponder.
Tampoco logra desplazar la competencia ordinaria el análisis de la persona del ausente, por cuanto no se tramita aquí un proceso relativo al Sr. C. en su carácter de Tripulante en servicio, sino que, por el contrario, la pretensión introduce un pedido de derecho común en su carácter de persona humana cuyo paradero se desconoce (sin perjuicio de los hallazgos que desde el momento en que se comenzó el tratamiento de este recurso hasta el momento han acontecido, pero que no han permitido recuperar los cuerpos del lugar del hecho), de quien se tuvo última noticia previo a que el submarino iniciara su trayecto, y del cual luego de la pérdida de contacto nada más se supo.
En tales condiciones, el carácter militar del Sr. C. no tiene nada que agregar al pedido aquí formulado, y por ende en nada modifica la competencia atribuida a los tribunales ordinarios.
Finalmente, el lugar del acontecimiento deviene insignificante en virtud de lo antedicho en relación al objeto de la pretensión, que sienta en forma definitiva, por las consideraciones expuestas, la competencia local para entender en el asunto.
Todo lo antedicho me persuade de que no existe en el caso planteado ningún elemento que involucre cuestión federal alguna. Consecuentemente, y considerando el carácter de excepción ya analizado, entiendo que la causa debe continuar su trámite por ante los juzgados ordinarios de primera instancia, en nuestro caso, el juzgado Nº 5 Departamental.
VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO:
Corresponde: mantener el trámite de las actuaciones dentro del fuero ordinario, remitiéndose las mismas al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 Departamental, sin costas atento la forma en que se resuelve.
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y sus fundamentos, se dicta la siguiente
I.) Manteniendo el trámite de las actuaciones dentro del fuero ordinario, remitiéndose las mismas al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 Departamental II.) Sin costas atento la forma en que se resuelve. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 CPCC). DEVUÉLVASE.-
RAMIRO ROSALES CUELLO
ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ
JOSÉ GUTIÉRREZ
- Secretario-
Fin de la sentencia