Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29765-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar desierto el recurso interpuesto, con costas (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada en la alzada y el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación del Fisco, en conjunto, en la suma de $278.977,5 que equivalen a 4,5 UMA (arts. 16, 19, 20, 29, 30 y 58 de la ley 27423; Res. SGA CSJN 2910/24).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 7637/24 - AUSTRAL SA -TF 29765-I-c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2024.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la Res.63/07, mediante la cual la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP determinó de oficio la obligación de Austral SA en el impuesto a la ganancia mínima presunta de los periodos fiscales 2003 y 2004, la intimó a ingresar la suma adeudada por tributos más intereses (art. 37, ley 11683) y le impuso una multa en los términos del art.46 de la ley de procedimientos tributarios. Impuso las costas a la vencida (v. sentencia de fs. 156/159).
El pronunciamiento fue apelado por la empresa actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 168 y fundado a fs. 165/167. Sus agravios fueron replicados a fs-. 176/180.
II. Que, para decidir en el sentido indicado, el Tribunal Fiscal de la Nación consideró acreditado que la contribuyente declaró activos en el impuesto a las ganancias que no se vieron reflejados en el impuesto a la ganancia mínima presunta de los mismos periodos omitiendo así el pago del tributo en su justa medida. Así lo entendió, dado que de la lectura de las declaraciones juradas surgía que los valores del activo denunciado en el impuesto establecido por la ley 25063 para el periodo fiscal 2003 fueron notoriamente inferiores a los consignados para el mismo periodo en el impuesto a las ganancias y, en relación al periodo 2004, no presentó declaración jurada aunque denunció activos en el impuesto a las ganancias por más de dos millones de pesos. Advirtió que estos extremos no fueron desconocidos por la contribuyente.
Desde otra perspectiva, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió sobre la validez del impuesto a la ganancia mínima presunta (Fallos 333:993 y 337:62), siempre que no se verifique la comprobación fehaciente de que la renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido.
Al efecto, examinó la prueba producida en esta causa y advirtió que si bien en el informe contable obrante a fs. 86/90 de las actuaciones administrativas el perito contador propuesto por la parte actora concluyó en la existencia de quebrantos en el impuesto a las ganancias en ambos ejercicios y efectuó un detalle de los activos y deudas conforme los balances certificados, lo cierto es que los montos indicados en el informe difieren de los consignados en las declaraciones juradas presentadas por la empresa y no se agregó documentación que respalde las conclusiones del experto, tal como los estados contables de la empresa.
Observó que, por ello, era fundamental la producción de la prueba pericial contable ofrecida a fin de demostrar la existencia de los pasivos y la situación económica y financiera de la empresa y, por ende, la falta de capacidad contributiva para producir las ganancias presumidas por ley. Recordó que, sin embargo, pese a haber sido intimada a arbitrar los medios para que se produzca dicha prueba, se le dio por decaído el derecho a producirla (cfr. fs. 118/120).
En cuanto a la multa aplicada, consideró acertado el criterio fiscal de encuadrar la conducta en la figura de los arts. 46 y 47 de la ley 11683 ya que durante la fiscalización la empresa no respondió varios requerimientos a pesar de que manifiesta haber prestado colaboración; puntualizó también que la declaración jurada del periodo 2004 no fue presentada en tiempo y forma y la del 2003 lo fue en forma inexacta. De ello razonó que el actuar de la contribuyente no implicó una simple omisión de los deberes a su cargo sino que su conducta posterior evidencio una actitud de evidente desdén; finalmente, destacó que en el periodo 2003 la contribuyente ya conocía que el ente fiscal disentía con la base imponible utilizada para determinar el tributo pero sin embargo no intentó arrimar ninguna razón técnica que permitiera un posible análisis sobre su viabilidad.
III. Que el apelante señala que, sin perjuicio del controvertido tema relativo a la fecha de entrada en vigencia de la norma y del alcance de sus CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III efectos, solicita que se declare la inaplicabilidad de la ley 25063 por violar los principios de legalidad, igualdad, propiedad -no confiscatoriedad-, razonabilidad, todos de raigambre constitucional. Afirma que nos encontramos ante un tributo que recae directamente sobre los activos, es decir, que la materia gravada resulta ser todo bien que sea susceptible de generar riqueza independientemente de que ello acontezca y de la superposición de tributos que sobre la misma fuente se aplique.
Manifiesta que, evidentemente, cada caso puede tener aristas propias y particulares por lo que es necesario brindar la situación de la contribuyente que se considera agraviada por esta forma de imposición y, a través de tal análisis, concluir en la inconstitucionalidad del tributo en este caso. Indica que precisamente esta fue la conclusión a la que arribó el experto contable en el caso.
Finalmente, pone de resalto que tanto el principio de capacidad contributiva como el de no confiscatoriedad procuran que los tributos dejen a salvo las fuentes productoras de ganancias y que, en todo caso, la incidencia del impuesto en la riqueza obtenida no sea tal que implique una parte sustancial de ella. Por ello, solicita que se revoque la sentencia incluida la sanción que entiende absolutamente improcedente.
IV. Que, al confrontar las quejas del apelante con los argumentos que fundan la sentencia apelada se advierte sin esfuerzo que las manifestaciones por las que pretende fundar su recurso no constituyen la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del código procesal.
Ello es así, pues las genéricas y dogmáticas afirmaciones contenidas en el escrito de expresión de agravios han sido formuladas sin siquiera una mínima referencia a las concretas circunstancias del caso y no se ocupan en absoluto de refutar las razones que fundan la sentencia apelada. En efecto; los argumentos principales que sostienen la decisión de la instancia anterior radican, en esencia, en que la contribuyente no cuestionó la base imponible considerada por el Fisco y que surge de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias así como la falta de prueba -por haberse dado por decaído el derecho a producirla- de la existencia de los pasivos y de la situación económica y financiera de la empresa afirmados en sede administrativas por el experto contable y, por ende, la falta de capacidad contributiva para producir las ganancias presumidas por ley, en los términos de la doctrina emanada de la Corte Federal.
Corresponde recordar que la expresión de agravios carece de contenido, si se limita a afirmaciones de carácter general, sin indicar los errores u omisiones en el pronunciamiento y debe siempre atacar, en forma concreta, los verdaderos fundamentos del fallo (cfr. FENOCHIETTO, Carlos Eduardo – ARAZI, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1987, t. I, págs. 837-838).
Se ha dicho en este sentido que no se satisfacen los recaudos del art. 265 del código procesal con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que corresponde formular un análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso de apelación. Ello es así, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, ya que tal temperamento no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (cfr. esta Sala, en su actual integración, causa “SILVA, CARLOS MARCELO c/EN– AFIP–RESOL 682/20 s/PROCESO DE CONOCIMINTO”, expte. nro. 2341/2022/CA1, del 21/05/2024 y sus citas).
Por ello, y tal como lo postula el Fisco al contestar agravios, el recurso debe ser declarado desierto (art. 266, CPCCN).
V. Que las costas deben ser soportadas por la parte actora que ha resultado vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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Por ello, SE RESUELVE: declarar desierto el recurso interpuesto, con costas (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada en la alzada y el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación del Fisco, en conjunto, en la suma de $278.977,5 que equivalen a 4,5 UMA (arts. 16, 19, 20, 29, 30 y 58 de la ley 27423; Res. SGA CSJN 2910/24).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia