Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.569-A
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 5929/16 y el cargo nº 342/13, en cuanto a la procedencia sustancial del ajuste de valor practicado en los términos del art. 8, ap. 1, inc. c), del Acuerdo relativo a la Aplicación del art. VII del GATT de 1994.
II. Revocar parcialmente el cargo n° 342/13 en cuanto a las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias allí incluidas, en los términos del Considerando XII.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-92938636-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Dra. Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la causa N° 37.571-A: “AUTOLIV ARGENTINA S.A c/ DGA s/ recurso de apelación”
Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5929/16 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones N° 13681-140- 2011/4, mediante la cual se rechaza la impugnación impetrada por AUTOLIV ARGENTINA S.A, y se confirma el cargo N° 342/13 por la suma de U$S 308.163,91 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y $ 109.846,58 (en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) sobre operaciones de importación del año 2008.
II. Fundamentos de la apelación: a fs. 127/158vta., se presenta, por apoderado la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución antes referida. En primer lugar, relata los hechos del caso. Señala que se trata de una empresa dedicada a la fabricación de sistemas de seguridad para los ocupantes de vehículos, tales como; cinturones de seguridad, airbargs, hebillas y reguladores de altura. Manifiesta que para la fabricación local de sus productos, la recurrente realizaba importaciones de insumos a terceros independientes y a compañías vinculadas del grupo económico al que pertenecía. Señala que en el año 2010 la recurrente se retira del país, por ello es que considera que no ejerció eficazmente su derecho de defensa durante el proceso administrativo. Cita partes de la Nota 1570/15. Manifiesta la improcedencia del cargo, hace un análisis de la normativa del GATT. Art. 8 1 c). Cita el Comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduanas. Puntualiza, que no hay condición de venta y que las regalías de ninguna forma están relacionadas con los insumos importados. Interpreta que resulta aplicable la Opiniones Consultivas 4.5 y 4.13 de forma que resulta improcedente concluir mecánicamente que en los casos de regalías pagadas a empresas vinculadas debe proceder un ajuste. Señala que los insumos importados de proveedores vinculados no representan una parte sustancial del costo total de la producción de los productos cubiertos por las patentes. Cita doctrina. Realiza un análisis del contrato de Trasferencia de Tecnología. Señala que la obligación de pagar las regalías. Manifiesta que durante el año 2008 se adquirió a empresas vinculadas insumos detallando los proveedores y las sumas abonadas que representarían el 22,24% de insumos adquiridos a empresas vinculadas. Cita jurisprudencia. Plantea la nulidad de la resolución aduanera por carecer de fundamentación. Art. 7 LNPA. En subsidio, acredita el pago de IVA reclamado al momento de devengarse regalías. Cuestiona la liquidación. Se opone a la inclusión de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias. Plantea la improcedencia de los intereses. Cita normativa y jurisprudencia. Argumenta que la tasa del 3% sobre la deuda determinada en dólares es ilegítima y confiscatoria. Cita normativa. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: a fs. 173/184 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto. Relata los hechos del caso y formula una negativa general. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora afirmando que, según se desprende de las constancias del contrato de licencia agregado a los antecedentes administrativos, el pago del derecho de licencia cuestionado en la causa constituyó una condición de venta, razón por lo cual, al no haberse incluido en el valor FOB de las mercaderías amparadas en las operaciones documentadas por la actora, el mismo debió ser ajustado. Expresa que la resolución se encuentra debidamente fundada y resulta ajustada a derecho. Se refiere al artículo 17° del Acuerdo del GATT/OMC. Cita jurisprudencia. Considera que los cánones están relacionados con los insumos importados. Sostiene la exigencia del pago del IVA, impuesto a las ganancias e intereses. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
IV. Que, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13681-140-2011/4, se inician a fs. 1/2 con la Nota N° 223/13 (DV EMVI) de fecha 21/03/2013 Estudio de Valor que concluye indicando, que “…con el fin de poder Fabricar, utilizar y vender productos de la línea “AUTOLIV”, el importador argentino debió suscribir un Contrato de Transferencia de Tecnología” con la firma AUTOLIV DEVELOPMENT AB de Suecia, empresa también integrante del Grupo Económico AUTOLIV. Como retribución por la licencia recibida, debe pagar regalías en beneficio del licenciante por la propiedad intelectual contenida en los productos que importa” , por ello, opina que corresponde ajustar en forma positiva los valores FOB declarados por AUTOLIV ARG.
S.A en el año 2008 en 4,68% y formula cargos por diferencias y comparte el criterio de la Nota 215/13. A fs. 3/91 obra la Nota 215/13, de fecha 20/03/2013. Estudio de valor con el objeto de determinar “… si los Cánones y/o los Derechos de Licencia exigidos a la firma por el Contrato de Transferencia de Tecnología I.N.P.I. Nº 12409 celebrado con AUTOLIV DEVELOPMENT AB, debieron formar parte del Valor en Aduana de aquellas mercaderías importadas que se relacionaron directa o indirectamente con los mismos”, concluyendo que corresponde ajustar el valor de las operación de importación del año 2008, se practica la liquidación por diferencias listando cada operación de importación ajustada. A. fs. 92 luce el cargo N° 342/13 (notificado con fecha 27/03/15 a fs. 96/vta.).
A fs. 93 obra la Nota 224/13 25/03/12 solicitando información respecto de las operaciones ajustadas. A fs. 98/225 la actora impugna el cargo y adjunta documentación. A fs.226/227 se eleva los actuados a impugnaciones. A fs. 228 se los tiene por presentados. A fs. 229/231 vta., obran notificaciones y solicitud de prórroga para la producción de la prueba pericial contable. A fs. 235/257 obra listado de destinaciones ajustadas con los valores de las percepciones IVA e IIGG en pesos conforme el criterio del fallo “Volkswagen”. A fs. 258/281vta., y la Nota Nº 1570/15 (DV EMVI) 20/12/15- s/recurso de impugnación. A fs. 282 obra la Nota 1584/15 de fecha 23/12/2015 s/ recurso impugnación. A fs. 283/285 obra notificación y solicitud de prórroga para aportar pericial contable.
A fs. 291/301 luce el informe pericial contable acompañado por la actora. A fs. 302 pasan los autos para alegar. A fs. 304/315 la actora presenta alegato. A fs. 318/324 obra el dictamen Nº 439/11 de fecha 7/04/11. A fs. 325/334 obran las consultas s/ IVA. Inst. Gral Nº 7/07 y las Notas Nº 1176/12 y 1741. A fs. 335/336 obra impresión de pantalla de empresas activas y consulta a juicios universales. A fs. 338/340vta.,. se dicta la resolución apelada, notificada a fs. 342vta. de fecha 13/12/2016. A fs. 344 la actora da cuenta del recurso interpuesto y acompaña formulario F4.
V.-Que, en cuanto a la nulidad invocada por falta de motivación del acto apelado, cabe destacar que el acto impugnado - amén de la cuestión sustancial o de fondo- se encuentra formalmente motivado por el juez administrativo, habiendo detallado éste las consideraciones de hecho y de derecho mediante las cuales se practicó el ajuste en crisis. Por lo que, a criterio de este suscripto se halla satisfecho el recaudo que prevé la ley 19.549, en su art. 7, inc. e). Cabe señalar, genéricamente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
A tenor de lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad invocada por la actora, sin costas atento a su tratamiento.
VI. Que mediante la Ley N° 23.311 se aprobó el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT y su Protocolo, firmados en Ginebra el 12/4/79 y 01/11/79 respectivamente y por el Decreto N° 1026/87 se puso en vigencia el referido régimen el 1° de enero de 1988, quedando derogados los arts. 641 a 650 y 652 a 659 del Código Aduanero y toda otra disposición que se oponga a las normas del Acuerdo.
Que la Ley N° 24.425 aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y- entre otros- el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT. Incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el art. 1°, es la primera base para la determinación del valor en aduana.
El referido art. 1° dispone: “El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8°…”.
El citado art. 8° establece -en lo que aquí interesa-en su ap. 1. c)- que “...para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el art. 1°, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar de las mercaderías importadas los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar...”.
A su vez, la Nota Interpretativa al párrafo 1 c) del mencionado artículo dice que: “1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador”.
Que, en definitiva, según lo dispuesto por el referido art. 8 ap. 1.c. del Acuerdo de Valor del GATT, resulta necesaria la concurrencia de tres requisitos o elementos para efectuar un “ajuste” de valor por el concepto “cánones y derecho de licencia”: i) que existan cánones o derechos de licencia; ii) que exista una relación entre esos cánones y derechos de licencia y las mercaderías importadas; y iii) que el pago de los cánones y derechos de licencia sea una condición de venta de las mercaderías importadas.
Que al respecto, la doctrina señala que “Estos tres requisitos se deben cumplir simultáneamente, por lo que la falta de uno sólo de ellos impide efectuar el ajuste previsto en la norma considerada” (cfr. Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, de Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 213).
Asimismo, la doctrina es conteste en que el ajuste (por añadidura al valor FOB pactado) por cánones y derechos de licencia “... constituye uno de los temas más intrincados del Acuerdo de Valoración, ya que existen muy pocas precisiones sobre este asunto en el texto legal.” (cfr. Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 211 y ss., con cita de Saul L. Sherman y Hinrich Glashoff, “Customs Valuation, Commentary on the GATT Customs Valuation Code”).
Así también, la doctrina se ha expresado en el sentido de que “para determinar si existe o no una condición de venta en el sentido del art. 8.1.c) debe hacerse un cuidadoso análisis de los contratos involucrados y de los aspectos propios de cada transacción. Generalmente, la obligación de pagar un canon no se estipula en el contrato de venta de las mercaderías importadas. Es más posible que ella emane de un convenio de licencia que obre por separado, el cual, además, puede haberse celebrado entre el comprador y el vendedor o entre aquél y un tercero. Teniendo en cuenta estas estipulaciones de ese convenio y las del contrato de venta, como asimismo las circunstancias particulares del caso, es que puede establecerse si los cánones se pagan como condición de venta de las mercaderías importadas.” (cfr. Zolezzi, Daniel, “Las marcas, las patentes y el valor en aduana en instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y en la Jurisprudencia”, El Derecho, 18/04/2013).
VII. Que corresponde resolver en la causa si la resolución apelda, en cuanto el confirma el cargo N° 342/13 formulado por ajuste de los valores FOB declarados por recurrente se ajusta a derecho.
Que la Aduana formuló y notificó el cargo reclamándole a la actora una diferencia de tributos sobre las destinaciones de importación definitivas documentadas durante el año 2008, fundado en la Nota Nº 215/13 (DV EMVI) del 20/03/2013, como consecuencia del estudio de valor que el servicio aduanero le inició a la actora con el objeto de determinar si los Cánones y/o los Derechos de Licencia exigidos a la firma por el Contrato de Transferencia de Tecnología I.N.P.I. Nro 12409, celebrado con AUTOLIV DEVELOPMENT AB, debieron formar parte del Valor en Aduana de aquellas mercaderías importadas que se relacionaron directa o indirectamente con los mismos.
Los términos del ajuste determinados por la Nota 215 fueron ratificados en la Nota 223/13 (DV EMVI) de fecha 21/03/2013, a través de la cual distintas dependencias de la Aduana compartieron las conclusiones de la aludida Nota 215, que con el fin de poder Fabricar, utilizar y vender productos de la línea “AUTOLIV”, el importador argentino debió suscribir un “Contrato de Transferencia de Tecnología” con la firma AUTOLIV DEVELOPMENT AB de Suecia, empresa también integrante del Grupo Económico y como retribución por la licencia recibida, debe pagar regalías en beneficio del licenciante por la propiedad intelectual contenida en los productos que importa.
Por su parte, la Nota 223 explicó que las regalías comprometidas: “1) “No están incluidas” en los precios de los productos licenciados importados. 2) Constituyen “condición de venta” de los productos licenciados importados. 3) “Se encuentran relacionados”, con los productos licenciados importados, pues su reventa origina el devengamiento de “REGALIAS” en beneficio del licenciante”.
En este sentido, la División Empresas Vinculadas formuló la Nota 1570/15 (DV EMVI) de fecha 20/12/2015, ratificó su posición entendiendo que las regalías abonadas por la actora implicaron una condición de venta. Este último informe técnico fue ratificado por la Jefatura de la División Empresas Vinculadas a través de la Nota 1584 (DV EMVI) del 23/12/15.
En este sentido, la Div. Empresas Vinculadas aseveró que existía un correlato lógico entre el pago de regalías y las adquisiciones de las mercaderías importadas, a tenor de lo previsto en el art. 8.1 c) del Acuerdo. Asimismo, agregó que la “condición de venta” como concepto no posee un significado unívoco, pero debe ser entendida como la imposibilidad de separar el canon de la venta de las mercaderías (a fs. 282 de las act.adm).
En ese orden de ideas, la cuestión a resolver en autos se circunscribe en establecer la procedencia o no del “ajuste de valor” propiciado por el servicio aduanero a la luz de lo dispuesto en el art. 8° ap. 1 c) del Acuerdo de Valor del GATT (Leyes Nros. 23.311 y 24.425).
VIII. Que corresponde analizar el contrato y las circunstancias particulares de la causa para así determinar si el ajuste efectuado es conforme a derecho:
i) El contrato fue celebrado, en el año 2004, entre la actora, en su carácter de licenciataria y Autoliv Development AB con sede en Estocolmo, Suecia como licenciante y que dicho contrato fue registrado por el recurrente en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual bajo el número 12409, por un término de vigencia 01/01/2008 al 31/12/2012, declarando que el monto de las prestaciones económicas ascendían a U$D 6.086.450,15 de acuerdo con la constancia que surge a fs. 121/134 de las act. adm.
El objeto del Contrato es “una licencia de alcance mundial, no exclusiva, sin derecho a otorgar sublicencias a terceros respecto de las Patentes bajo Licencia y la Tecnología de la Licenciante para la Fabricación, Utilización y Venta de los Artículos Bajo Licencia”, que comprenderán los sistemas de cinturones de seguridad, sistemas de bolsas de aire (air bag) y otros sistemas de seguridad vehicular y los componentes y conjuntos de estos, fabricados en virtud de las Patentes bajo Licencia y/o la Tecnología, conforme el Contrato de Licencia.
Estableciéndose, como remuneración, por los Derechos y Licencias otorgadas en la cláusula 2, la Licenciataria deberá pagar “…a la Licenciante o a la persona designada por esta, una regalía basada en el volumen de producción de dos y medio (2,5) por ciento de las Ventas Netas de Artículos bajo Licencia, realizadas por la Licenciataria…”. Dichas regalías serán pagaderas “al momento de venderse los Artículos bajo Licencia en forma trimestral…”. (ver cláusula 3 del Contrato).
Que, no se encuentra controvertido en autos, que Autoliv Argentina formó parte del grupo Autoliv (de Suecia), y que Autoliv Argentina realizó transacciones de bienes y de servicios con compañías vinculadas del exterior y con compañías no vinculadas.
ii) En el estudio de valor practicado por la División Empresas Vinculadas, (mediante la Nota 215/2013 (DV EMVI)- a fs. 3/93 de las act. adm), se verifico y la existencia de devengamientos y pagos al exterior en concepto regalías, en virtud del rastreo de las operaciones de importación realizadas por la firma registradas en la Base de datos B.C.R.A., y conforme los Estados Contables correspondientes al ejercicios del año 2008 a favor de Autoliv Suecia.
En dicho estudio el servicio aduanero identificó a las empresas vinculadas con las que Autoliv Argentina realizó operaciones de importación, mediante la consulta a la base de datos Discoverer para establecer “el universo de destinaciones de importación documentadas por AUTOLIV ARGENTINA S.A. procedentes de dichos vendedores vinculados y de vendedores no vinculados que le proveyeron mercaderías bajo la marca “Autoliv”. Señalando, “que dichas operaciones totalizaron para el año 2008, un monto FOB de u$s 19.956.464,35 pudiendo observarse de acuerdo con los datos allí contenidos, que se trataron de mercaderías, en principio, relacionadas con el objeto de la Licencia (cinturones de Seguridad, Bolsas de Aires, etc.)”.
En este sentido, el servicio aduanero informa que se realizaron operaciones comerciales con sociedades vinculadas en los términos del art. 15 apartado 4, del Acuerdo de Valoración del GATT/OMC (leyes 23.311 y 24.425) y con no vinculadas bajo la marca “Autoliv” (conf. Nota 215/13 -DV EMVI).
(iv) Las mercaderías importadas por la recurrente, corresponderían a insumos que se utilizaron para la Fabricación, Utilización y Venta de los Artículos; tales como sistemas de cinturones de seguridad, sistemas de bolsas de aire (airbags) y otros sistemas de seguridad vehicular y entre otras, conforme lo señala el propio informe de valor, sin embargo dicho Estudio, solo agrega listado de las operaciones de importación detallando las posiciones arancelarias observadas, sin brindar mayor información respecto a la mercadería en cuestión, lo cual no permite verificar la existencia de la relación entre el insumo importado y el pago de las regalías, toda vez que el pago de las regalías fue pactadó sobre las Ventas Netas, es decir, sobre el precio de las facturas de la licenciataria (AUTOLIV ARGENTINA S.A.) a clientes externos no vinculados al grupo (menos los descuentos, bonificaciones, cargos por transporte, IVA y otros impuestos que se indiquen separadamente en la factura) de los Artículos bajo Licencia.
Asimismo, tampoco se encuentra acreditado si dichos insumos fueron utilizados para la fabricación y/o comprendió también la reventa de los mismos, así como tampoco, el destino de las mercaderías importadas dentro del esquema de actividad. Por lo tanto, no puede establecerse con datos objetivos y cuantificables el canon que correspondería por las mercaderías importadas, ya que los mismas no pueden ser distinguidos dentro de los “Artículos Bajo Licencia” vendidos por la recurrente.
En cuanto a los montos devengados en concepto de regalías e IVA pagados con motivo de dicho contrato, se encuentra acreditado en autos, que la recurrente devengo la suma de $ 2.936.211 en concepto de regalías para el ejercicio contable del año 2008 e ingreso por IVA las sumas de $ 669.906,24.- (Ver ANEXO III y VI a fs. 135/202 de las act. adm) lo cual no se encuentra controvertido por el Fisco en autos.
IX. Que de lo analizado, se extrae que efectivamente existe una relación contractual que involucra a AUTOLIV ARGENTINA S.A, con Autoliv Development AB (Suecia), y asimismo, con las Compañías Afiliadas al grupo Autoliv, en el ámbito de las relaciones entre las empresas del grupo económico internacional (vinculadas en los términos del art. 15.4 del Acuerdo de Valor).
Que, el contrato celebrado otorgo a la recurrente la licencia y uso de la tecnología de las patentes de invención, el knowhow, de alcance mundial, no exclusiva, asimismo, la recurrente se obligó a pagar regalías a favor Autoliv Development AB (Suecia) en una suma equivalernte al 2.5% de las ventas netas de los productos bajo licencia y/o tecnología o comprendidos en ellas. Sin embargo, no se desprende del análisis del propio contrato, que esta obligación de vender los productos se encuentre supeditada a ninguna condición, más que el pago de regalías y la obligación de confidencialidad sobre la información relacionada con la tecnología de las patentes de invención, el know-how, que haya sido revelada, diseñada o elaborada directa o indirectamente por la Licenciante a persona o sociedad ajena al Grupo. Asimismo, no surge del contrato que se haya pactado entre las partes, condiciones para la elección de proveedores con el fin de obtener insumos y/o componentes para la fabricación de sus productos, ya sea mediante empresas vinculadas, o a través de independientes.
En este sentido, no se da el requisito de la condición de venta que refiere a la imposibilidad de separar la compra de los bienes importados del pago de los cánones o regalías, que permitan presumir que el otorgante de la licencia controla efectivamente las condiciones de la venta de las mercaderías. Ya que, el licenciante no tiene que pagar un canon para poder comprar las mercaderías sino que lo abona sobre el producido de las ventas.
Situación que se verifica en el caso, conforme los pagos efectuados en concepto de regalías por la recurrente a favor de la licenciataria, tal como surge del informe contables obrantes en estos actuados y en las actuaciones administrativas. En virtud de dicho, se extrae que la recurrente abono regalías, dichas regalías tienen relación con las mercaderías importadas, y las mismas fueron abonadas sobre el producido de las ventas.
Por lo cual, no resulta procedente el ajuste en los términos del art.8, párrafo 1° c) del Acuerdo de Valoración del GATT.
X. A criterio de este Vocal, corresponde mantener una interpretación estricta del concepto de “condición de venta” previsto en el art. 8.1.c) del Acuerdo de Valor del GATT, en resguardo de la seguridad jurídica que debe regir las relaciones comerciales internacionales.
La posibilidad de adicionar cánones y regalías al valor en aduana exige no solo su existencia y vinculación con las mercaderías importadas, sino además que su pago sea una condición necesaria para concretar la operación de compraventa internacional.
En el caso, no se ha acreditado tal extremo. Por ello, no puede presumirse una “condición de venta” a partir de meras conjeturas ni construcciones dogmáticas basadas en la vinculación societaria. Se requiere prueba concreta que demuestre que sin el pago del canon no habría habido venta de la mercadería, extremo que no surge acreditado en autos. Aceptar un ajuste sobre la base de hipótesis no verificadas socavaría la previsibilidad y afectaría la legalidad tributaria, pilares esenciales para los operadores del comercio exterior.
A mayor abundamiento, es relevante considerar el comentario 25.1 del Comité de Valoración que, en lo que aquí importa, asume que resulta “…Un factor clave que permite determinar si el comprador debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta de las mercancías importadas reside en saber si el comprador no podría comprar las mercancías importadas sin pagar dicho canon o derecho de licencia (…)No obstante, se debe analizar cada situación teniendo en cuenta todos los elementos de hecho relacionados con la venta y la importación de las mercancías, incluyendo las obligaciones contractuales y legales contempladas en los documentos pertinentes, como el contrato de venta y el acuerdo de canon o de licencia.”
Que, en este sentido, también resulta aplicable al caso las conclusiones arribadas en los autos caratulados “World Sport S.A. c/ DGA”, sentencia de fecha 7/11/2014, que fuera confirmado por la Sala IV de la Alzada, en fecha 15/09/2015. En virtud de todo lo expuesto, no se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Acuerdo de Valoración del GATT para que proceda el incremento de los valores declarados por la firma no cabe más que desestimar el ajuste practicado por la Aduana y, por ende, el cargo formulado, con costas al Fisco.
XI. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por ello, VOTO POR:
REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 5929/16 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones N° 13681-140-2011/4, mediante la cual se rechaza la impugnación impetrada por AUTOLIV ARGENTINA S.A, y el cargo N° 342/13. Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fin de evitar reiteraciones innecesarias, me remito y hago parte integrante del presente voto la descripción efectuada por el vocal preopinante respecto del objeto del proceso, los fundamentos de la apelación, la contestación del traslado y la reseña de las actuaciones administrativas contenidas en los Considerandos I a IV de su voto.
II. En cuanto al Considerando V del voto preopinante, comparto el criterio allí expuesto respecto de que no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la actora. Asimismo, coincido en que no pueden imponerse costas respecto de este planteo, pues no fue articulado por la actora como una excepción, sino como una defensa dirigida a obtener la revocación del acto apelado, sin haber generado una actividad procesal diferenciada.
III. Sentado lo anterior, disiento de la solución propuesta por el vocal preopinante respecto del fondo de la controversia (Considerandos VI a XI de su voto), en tanto considera, sustancialmente, que no se encuentra acreditado que el pago de las regalías constituya una condición de venta de las mercaderías importadas, pues el contrato de licencia no supedita expresamente su adquisición al pago del canon y este se calcula sobre las ventas de los productos licenciados. A mi juicio, sin embargo, esa conclusión no agota el examen que impone el art. 8, ap. 1, inc. c), del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT. La existencia de una condición de venta no depende tan solo de que el contrato la enuncie de modo expreso; ha de establecerse a partir del conjunto de las relaciones contractuales y de las circunstancias concretas comprobadas en la operatoria examinada.
Como desarrollaré seguidamente —y sin desconocer los criterios adoptados por las Salas I y IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al revisar las sentencias de este Tribunal en los autos “AUTOLIV ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 37.569-A, sentencia del 29 de agosto de 2024 y “AUTOLIV ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 37.570-A, sentencia del 4 de noviembre de 2024—, considero que la ausencia de una cláusula contractual que imponga expresamente la adquisición de los insumos a la licenciante o a determinados proveedores no resulta, por sí sola, suficiente para excluir la condición de venta prevista en el art. 8.1.c) del Acuerdo.
La cuestión exige determinar si, más allá de esa libertad formal, las condiciones técnicas, contractuales y comerciales comprobadas en autos permitían efectivamente a la importadora abastecerse de las mismas mercaderías comprendidas en el ajuste con independencia del esquema de licencia. Sólo a partir de ese examen corresponde establecer si la elección de proveedores invocada por la actora poseía sustancia económica real o constituía, en los hechos, una libertad meramente aparente.
Resulta pertinente precisar, antes de avanzar, el método del examen. Cabe recordar que la Sala IV de la Cámara, al revisar la sentencia de este Tribunal en el expediente 37.570-A, sostuvo que el factor más importante para juzgar la relación entre el canon y las mercaderías importadas consiste en establecer si el importador habría adquirido lo tangible sin comprar lo intangible; que importa menos la forma en que se calcula el canon que los motivos por los cuales se abona; y que esa relación debe poder determinarse mediante datos objetivos y cuantificables, de suerte que, cuando se importan partes o insumos del producto licenciado, el canon calculado sobre las ventas puede guardar con ellos una relación total, parcial o ninguna (CNACAF, Sala IV, “Autoliv Argentina SA (TF 37570-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 7958/2025, sentencia del 2 de diciembre de 20251, con cita de “Nestlé Argentina SA c/ ANA”, causa 8106/15, sentencia del 10/5/18; “World Sport SA c/ DGA”, causa 10056/15, sentencia del 15/9/15; y Sala III, “Neumáticos Goodyear SA c/ DGA”, sentencia del 30/4/01).
Comparto ese criterio. Debe distinguirse, con todo, entre dos cosas que suelen confundirse. La exigencia de datos objetivos y cuantificables no se opone a la indagación de la realidad económica de la operatoria; la presupone. Lo objetivo se contrapone a lo conjetural, y lo económico es, en este terreno, aquello que admite comprobación. Preguntar si el importador habría comprado las piezas sin pagar por la tecnología es ya una pregunta sobre la realidad del negocio, antes que sobre la letra del contrato; los datos objetivos —especificaciones técnicas, identidad y vinculación de los proveedores, homologaciones exigidas por el licenciante, estructura del proceso productivo— son el modo de responderla con prueba en lugar de intuiciones. La cuantificación llega después.
Ese modo de razonar tiene una larga tradición en el derecho tributario de los Estados Unidos. La experiencia proviene de la imposición a la renta y su traslado a la valoración aduanera debe hacerse por analogía; aun así, ilustra. En “Gregory v. Helvering” (293 U.S. 465, 19352), la Corte Suprema reconoció el derecho del contribuyente a reducir sus impuestos por los medios que la ley permite y fijó, acto seguido, la pregunta decisiva: si lo que se hizo, con abstracción del motivo fiscal, era aquello que la ley tuvo en mira. Resolver de otro modo, añadió, importaría exaltar el artificio por encima de la realidad y privar a la norma de todo propósito serio. Diez años más tarde, en “Commissioner v. Court Holding Co.” (324 U.S. 331, 19453), el mismo tribunal sentó que la incidencia del impuesto depende de la sustancia de la transacción, que esta debe examinarse como un todo y que cada uno de sus pasos cuenta, pues consentir que la verdadera naturaleza del negocio quede disimulada tras meros formalismos frustraría la administración de la política fiscal del Congreso. Sería un error leer en ello un instrumento al servicio exclusivo del fisco. En “Frank Lyon Co. v. United States” (435 U.S. 561, 19784) la Corte precisó que, cuando existe una operación genuina, dotada de sustancia económica, impuesta o alentada por realidades comerciales o regulatorias y ajena a un designio puramente fiscal, el gobierno debe respetar la distribución de derechos y deberes acordada por las partes. El método ampara, pues, al contribuyente cuya forma refleja su sustancia; sólo desatiende la forma que la contradice. El Congreso terminó por codificar la doctrina en la sección 7701(o) del Internal Revenue Code (Public Law 111-152, 20105), que reconoce sustancia económica a la operación que (i) modifica de modo significativo la posición económica del contribuyente y (ii) obedece a un propósito sustancial distinto del ahorro fiscal. El criterio quedó así anclado en dos elementos comprobables; la sospecha de la administración, por sí sola, dejó de bastar.
En materia aduanera la convergencia es todavía más nítida. La disposición estadounidense que corresponde al art. 8.1.c) del Acuerdo —19 U.S.C. § 1401a(b)(1)(D)6 manda adicionar al precio los cánones relacionados con la mercadería importada que el comprador deba pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta. Para aplicarla, la aduana de ese país adoptó desde 1993 un examen de tres preguntas: si la mercadería fue fabricada bajo patente; si el canon interviene en la producción o en la venta de la mercadería; y si el importador podría comprar el producto sin pagarlo. La propia administración aduanera aclara que la tercera pregunta va al corazón de la condición de venta (U.S. Customs, General Notice “Dutiability of Royalty Payments”, 27 Cust. B. & Dec. No. 6, 10 de febrero de 1993, conocido como “Hasbro II”, que incorpora el Headquarters Ruling 544436; criterio reiterado, entre otros, en HQ H3572187, y HQ W5634048). Es, como se advierte, la misma pregunta que formula la Sala IV, y en aquel sistema nadie ha sostenido que responderla exija una cláusula contractual expresa. Se responde con hechos. En la misma dirección, la Cámara Federal de ese país resolvió en “Generra Sportswear Co. v. United States” (905 F.2d 377, Fed. Cir. 19909) que los pagos hechos al vendedor en conexión con la mercadería importada integran el precio realmente pagado o por pagar, sin que la aduana deba comprobar de antemano que fueron impuestos como condición de la venta, y salvo prueba de que retribuyen otra cosa.
De ese conjunto de antecedentes extraigo el método que seguiré. La determinación del hecho imponible aduanero exige preguntar, en primer término, por el propósito de la norma: el art. 8.1.c) procura que el valor en aduana refleje el precio total de la transacción y que el fraccionamiento contractual de ese precio en un componente tangible y otro intangible no lo erosione. Reclama preguntar, en segundo término, por el propósito del negocio: por qué se paga el canon y qué obtiene a cambio quien lo paga. Y exige, por último, responder a ambas preguntas con datos objetivos y cuantificables extraídos de la operatoria comprobada en autos. A ese examen dedico los considerandos que siguen.
IV. Para arribar al ajuste — que, según surge de las actuaciones administrativas (SIGEA nº 13681-140-2011/4), versa sobre el mismo Contrato de Transferencia de Tecnología I.N.P.I. nº 12409 y el mismo ejercicio fiscal 2008 examinados en el expediente 37.569-A —, el servicio aduanero entendió que los tres requisitos establecidos por el art. 8, ap. 1, inc. c), del Acuerdo se encontraban reunidos.
En particular, consideró acreditados: a) la existencia de cánones o derechos de licencia no incluidos en el precio realmente pagado o por pagar; b) la relación entre esos cánones o derechos de licencia y las mercaderías importadas; y c) que su pago constituía una condición de venta de esas mercaderías.
Corresponde, entonces, examinar separadamente cada uno de esos requisitos, pues su concurrencia es acumulativa y la comprobación de uno de ellos no permite tener por satisfechos los restantes.
En cuanto al primero —la existencia de cánones o derechos de licencia no incluidos en el precio—, no se encuentra controvertido en autos que la actora devengó regalías por $ 2.936.211 durante el ejercicio 2008 en virtud del Contrato e ingresó IVA por $ 669.906,24, extremos que el propio Considerando VIII del voto preopinante tiene por acreditados. Tampoco se encuentra controvertido que esas regalías no fueron incluidas en el precio declarado ante el servicio aduanero respecto de las destinaciones alcanzadas por el ajuste. En consecuencia, el primer requisito no suscita controversia sustancial entre las partes.
En cuanto al segundo —la existencia de una relación entre esas regalías y las mercaderías importadas—, considero que existen elementos relevantes para tener por acreditada dicha relación respecto de aquellas mercaderías cuya incorporación al proceso de fabricación y ensamble sujeto al Contrato resulte comprobada. Entre ellos adquiere especial significación el informe que la propia actora acompañó al apelar.
En particular, a fs. 55/90 del expediente principal obra agregado el “Análisis de Precios de Transferencia por el ejercicio fiscal 2008” de Autoliv Argentina S.A., ofrecido por la propia recurrente como sustento técnico de su posición. Dicho informe indica, a fs. 57 in fine, que, con relación a las actividades de fabricación y ensamble llevadas a cabo por Autoliv Argentina que involucran importaciones de partes y piezas desde compañías vinculadas, se rechazó el método de precio comparable entre partes independientes en virtud de que los insumos que Autoliv Argentina adquiere son únicamente desarrollados bajo especificaciones técnicas que poseen solamente las compañías vinculadas del exterior, los cuales no pueden ser manufacturados por alguna compañía independiente.
Ese reconocimiento permite establecer que, en la porción del universo ajustado en que los insumos provienen efectivamente de compañías vinculadas, la relación exigida por el art. 8.1.c) del Acuerdo se encuentra acreditada de manera particularmente clara, no por la sola vinculación societaria del proveedor, sino por la circunstancia, reconocida por la propia actora, de que esos insumos respondían a especificaciones técnicas que no podían ser satisfechas por un fabricante independiente.
Ello no agota, sin embargo, el examen que corresponde efectuar respecto de la totalidad de las mercaderías comprendidas en el ajuste, en el que —según se detalla en el Considerando VI— también participan proveedores que el propio informe no incluye entre las “Compañías Vinculadas del Exterior” de su Cuadro II y que revisten, por ende, el carácter de terceros formalmente independientes.
La existencia de esos proveedores constituye un dato que debe ser ponderado especialmente, pues impide inferir la condición de venta a partir de la sola estructura societaria del grupo. Corresponde determinar, entonces, si la participación de terceros independientes demuestra una auténtica alternativa de abastecimiento respecto de las mismas mercaderías o si, por el contrario, éstos suministraban componentes distintos dentro de un sistema de provisión técnicamente segmentado. Sobre esa cuestión volveré en el Considerando VI.
Precisamente sobre este último aspecto el voto preopinante formula dos objeciones respecto del listado de destinaciones incorporado al estudio de valor, referidas a la insuficiente identificación de las mercaderías y la imposibilidad de establecer si fueron destinadas a fabricación o a reventa. Ambas cuestiones requieren un examen específico en los considerandos siguientes.
En cuanto a qué mercadería fue importada, el propio estudio de valor consignó, para cada operación, las correspondientes posiciones arancelarias y vinculó el universo examinado con mercaderías que calificó como relacionadas con el objeto de la licencia —entre ellas componentes correspondientes a cinturones de seguridad, bolsas de aire y otros sistemas de seguridad vehicular—.
Ese dato no permite, por sí solo, identificar exhaustivamente la función de cada pieza dentro del producto final, pero tampoco carece de significación probatoria, por cuanto debe ser valorado conjuntamente con la descripción de la actividad productiva efectuada por la propia actora y con el contenido del Contrato.
En cuanto al destino de esas mercaderías, el informe antes mencionado aporta un elemento adicional de juicio, pues describe la actividad desarrollada por Autoliv Argentina como un proceso de “fabricación y ensamble… que involucran importaciones de partes y piezas desde compañías vinculadas” (fs. 55/90 y 57 in fine). Asimismo, no surge de las constancias invocadas por la recurrente que las operaciones incluidas en el ajuste correspondieran a mercaderías destinadas a una actividad de reventa ajena al proceso productivo descripto. Esta circunstancia integra el cuadro probatorio que debe apreciarse en conjunto y adquiere un peso singular a la luz de la regla de distribución de la carga de la prueba. El destino de cada partida importada —fabricación o reventa— es un dato que anida en la contabilidad y en los registros de la propia importadora; nadie estaba en mejores condiciones que ella para acreditarlo. Si, en lugar de hacerlo, describió su actividad relevante durante el período examinado en términos de fabricación y ensamble, no cabe exigir al servicio aduanero que pruebe lo que la interesada pudo demostrar y no demostró.
En cuanto al tercero, — que el pago de los cánones sea condición de venta de las mercaderías importadas —, la cuestión requiere un análisis adicional. La imposibilidad técnica de sustituir determinados componentes por otros que no respondieran a las especificaciones exigidas por el sistema Autoliv constituye un indicio relevante, pero no basta por sí sola para identificar una condición de venta en los términos del art. 8.1.c) del Acuerdo.
Para ello debe determinarse si el sistema de licencia, homologación y control técnico incidía efectivamente sobre el universo de proveedores de los insumos importados de tal modo que el acceso a esas mercaderías no pudiera separarse, en la realidad de la operatoria, de la vigencia y cumplimiento del esquema de licencia. Esta cuestión será examinada seguidamente.
V. No comparto la conclusión del Considerando IX del voto preopinante. Dos razones sostienen allí el rechazo de la condición de venta: que del contrato no surge que la venta de los productos esté supeditada a una obligación vinculada con el pago de las regalías, y que la importadora no necesita pagar un canon para poder comprar las mercaderías, puesto que lo abona sobre el producido de las ventas.
Ambas circunstancias son relevantes. Ninguna de las dos, sin embargo, decide por sí sola la cuestión, porque la condición prevista en el art. 8.1.c) del Acuerdo puede resultar de la articulación del contrato de licencia con las circunstancias comerciales y técnicas comprobadas en la operatoria. Sobre el primer punto, el propio Considerando VII del voto preopinante cita la doctrina de Zolezzi según la cual, para determinar si existe una condición de venta en los términos del art. 8.1.c), deben examinarse en conjunto los contratos involucrados y las circunstancias particulares de cada transacción, pues la obligación de pagar el canon puede faltar en el contrato de compraventa y surgir, en cambio, de un convenio de licencia separado y del modo en que ambas relaciones operan en la práctica. La doctrina que el voto invoca conduce, en rigor, a una conclusión distinta de la que extrae. El examen no puede agotarse en constatar que el contrato carece de una cláusula que imponga la compra a un proveedor determinado; corresponde establecer, además, si las especificaciones técnicas, los requisitos de homologación y la organización del proceso productivo vinculados con la tecnología licenciada condicionaban de hecho las fuentes de abastecimiento disponibles para Autoliv Argentina.
Ese dato no debe tomarse aislado ni convertirse en una presunción automática de condición de venta. Tampoco cabe pasarlo por alto: la prueba invocada por la propia actora indica, al menos respecto de determinados componentes, que estos respondían a especificaciones técnicas que ningún fabricante independiente podía satisfacer.
Sobre el segundo punto, que la regalía se calcule como un porcentaje de las ventas netas del producto licenciado no decide, por sí solo, ni la procedencia ni la improcedencia del ajuste. El art. 8.1.c) hace depender la adición de la concurrencia de los requisitos que allí establece y guarda silencio sobre la forma temporal o matemática con que se calcula la regalía.
Por ello, que el canon se determine posteriormente sobre las ventas netas de los productos licenciados no demuestra, por sí solo, que sea ajeno a las mercaderías importadas; pero tampoco autoriza a presumir que constituya una condición de su venta. Esa cuestión debe resolverse examinando la conexión concreta existente entre la venta de los insumos importados, el contrato de licencia y la estructura técnica y comercial dentro de la cual aquellas adquisiciones tuvieron lugar. En ese marco, la modalidad de liquidación del canon es apenas una característica del mecanismo remuneratorio acordado entre licenciante y licenciataria. No sustituye el examen causal que exige el art. 8.1.c). Su inclusión en el valor en aduana dependerá, en definitiva, de que se acrediten en el caso los requisitos de esa disposición.
De allí se sigue que la libertad formal para adquirir mercaderías de distintos proveedores sólo será dirimente si las constancias de la causa demuestran que esos proveedores constituían fuentes sustituibles, en lo técnico y en lo comercial, para la adquisición de las mismas mercaderías. Si, en cambio, el acceso a los componentes utilizados por la importadora estaba circunscripto, en los hechos, a proveedores capaces de producir conforme a especificaciones propias del sistema tecnológico licenciado, la existencia nominal de vendedores diferentes no basta para descartar la condición de venta. No está de más confrontar la exigencia probatoria que cierta jurisprudencia nacional hace pesar sobre el servicio aduanero con la experiencia del ordenamiento que, junto con el Acuerdo de Valoración del GATT, ha producido la reflexión más extensa sobre la condición de venta: el de los Estados Unidos. La comparación no es ociosa, puesto que el texto positivo es allí casi idéntico al nuestro. El 19 U.S.C. § 1401a(b)(1)(D) manda adicionar al precio pagado o por pagar todo canon o derecho de licencia relacionado con la mercadería importada que el comprador deba pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta de esa mercadería para su exportación a los Estados Unidos; el art. 8.1.c) del Acuerdo, incorporado a nuestro derecho por la ley 24.425, habla de los cánones que el comprador tenga que pagar “como condición de venta de dichas mercancías”. La misma regla de fondo, en consecuencia, y un modo enteramente distinto de distribuir el esfuerzo de demostrarla.
El punto de partida norteamericano es que la liquidación aduanera goza de presunción de corrección y que incumbe al importador desvirtuarla (28 U.S.C. § 2639(a)(1)10). Sobre esa base, el Circuito Federal resolvió en Generra Sportswear Co. v. United States, 905 F.2d 377 (Fed. Cir. 199011), que la expresión “pago total” es omnicomprensiva, de suerte que todo pago hecho al vendedor a cambio de mercadería vendida para exportación integra el valor de transacción aunque retribuya algo distinto del valor intrínseco de los bienes; y añadió, con una franqueza que conviene retener, que el Congreso no quiso que la Aduana emprendiera una investigación fáctica extensa para discernir, entre los pagos al vendedor vinculados a la compra, cuáles corresponden a la mercadería y cuáles a otra cosa. Poco antes, Moss Mfg. Co. v. United States, 896 F.2d 535 (Fed. Cir. 199012), había expresado la misma preocupación: la sencillez del método del valor de transacción se frustraría si se obligara a la Aduana a una tarea probatoria formidable. Ese criterio no consagra la arbitrariedad. Chrysler Corp. v. United States, 17 CIT 1049 (199313), admitió que ciertos honorarios pagados al vendedor quedaran fuera del precio, y lo hizo porque el importador demostró que se trataba de costos independientes y ajenos a la mercadería. La carga, pues, recae sobre quien conoce el negocio; al fisco le basta la vinculación aparente entre el pago y la venta.
Como bien puede repararse, cuando el canon se abona a un tercero licenciante, el sistema norteamericano afina el análisis sin invertir la carga. En ese sentido cabe traer a colación que la práctica administrativa formuló, en el aviso general conocido como Hasbro II (27 Cust. B. & Dec. No. 6, 1993, que recoge el Headquarters Ruling 544436, de 199114), tres preguntas que operan como criterio ordenador: si la mercadería fue fabricada bajo la patente o la marca licenciada, si el canon participa de la producción o de la venta, y si el importador podría adquirir el producto sin pagarlo. La Corte de Comercio Internacional, por su parte, excluyó del valor en Trimil S.A. v. United States (Slip Op. 19-161, 17 de diciembre de 201915) las regalías por marca y los honorarios de publicidad pagados al titular de la marca, distinto del fabricante, al juzgar que no eran condición de la venta de la ropa importada.
Conviene reparar, empero, en la ruta por la que se llegó a ese resultado. El fisco no debió probar una negativa; fue el importador quien acreditó, con los contratos y con la base de cálculo de la regalía, que el pago retribuía la reventa en el mercado interno, ajena a la venta para la exportación. Precisamente, aun en el supuesto más favorable al contribuyente, la estructura probatoria permanece intacta. Se sigue de allí una asimetría que este Tribunal no puede pasar por alto. La tesis que se objeta exige del servicio aduanero argentino la demostración positiva de que el pago del canon fue condición de la venta, como si se tratara de un hecho propio del fisco. Se trata, por definición, de un dato que anida en la esfera contractual del importador: en los acuerdos de licencia, en los vínculos societarios entre licenciante y fabricante, en las instrucciones de aprovisionamiento, en la mecánica de liquidación de la regalía.
A ningún tribunal estadounidense se le ocurriría pedir a la Aduana semejante contorsión, y ello no por deferencia acrítica hacia la agencia. La experiencia enseña que la condición de venta rara vez se escribe en el papel y casi siempre se infiere de cómo está armado el negocio. Por eso el Comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana (adoptado en su 32.ª sesión, abril de 201116) enumera indicadores —control del licenciante sobre el fabricante, remisiones recíprocas entre el contrato de compraventa y el de licencia, imposibilidad práctica de comprar sin licenciar— que son, todos ellos, circunstancias que el importador conoce y puede documentar, y que el fisco sólo alcanza a reconstruir desde afuera.
En ese orden de ideas se impone hacer notar que nuestro propio ordenamiento suministra las herramientas para restablecer el equilibrio sin forzar texto alguno. El art. 17 del Acuerdo reserva a la administración aduanera el derecho de comprobar la veracidad y la exactitud de toda información, documento o declaración; la Decisión 6.1 del Comité de Valoración autoriza a rechazar el valor declarado cuando, requerido el importador, subsisten dudas razonables; y el principio de las cargas probatorias dinámicas cierra el círculo. La Corte Suprema lo recibió hace tiempo como derivación del deber de colaborar en el esclarecimiento de los hechos que pesa sobre quien se halla en mejores condiciones de probar (Fallos: 320:2715, “Pinheiro, Ana María y otro c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario”, 10/12/199717; Fallos: 324:2689, “Plá, Silvio Roberto y otros c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros”, 4/9/200118). La Cámara del fuero lo aplica con naturalidad en materia tributaria, al sostener que es el contribuyente quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar la realidad de las operaciones que el fisco impugna (Sala IV, “Ciccone, Silvia Noemí (TF 46467-I) c/ DGI”, 27/10/202219, y “Mesones, Edgar Facundo (TF 36668-I) c/ DGI”, 12/12/202320; Sala V, “Arre Beef SA c/ DGI”, 2/9/202121; Sala III, “Viñas del Campo SA (TF 33127-I) c/ DGI”, 19/8/202522), y lo ha llevado al terreno aduanero: en “Maltería Pampa SA (TF 35123-A) c/ DGA” (Sala III, 6/10/202123) juzgó que la actividad probatoria acerca de las circunstancias de la operación se hallaba en cabeza de la actora, por ser quien estaba en mejores condiciones de demostrarlas. Este Tribunal ha razonado del mismo modo (Sala G, “Refinería del Norte SA”, expte. 32.572-A, 21/12/2022; “Cencosud SA”, expte. 34.204-A, 19/12/2022; “Arun SA y otra”, expte. 31.706-A, 27/2/2023; “Claden SA”, expte. 37.919-A, 5/3/2026; Sala A, “Scania Argentina SA”, expte. 29.193-I, 17/4/2023).
En consecuencia, la conclusión se impone por su propio peso. Exigir del fisco la prueba plena de la condición de venta, cuando el importador retiene la totalidad de la información relevante, nada tiene de garantismo: invierte la presunción de legitimidad del acto administrativo (art. 12, ley 19.549), premia la opacidad contractual y termina por sustraer de la base imponible aquello que la norma quiso incluir en ella. Así, lo que se presenta como cautela frente al fisco es, en rigor, una renuncia a conocer el negocio.
Por tanto, entiendo que la regla aplicable es la inversa de la que se pretende. Acreditada por la Aduana la vinculación aparente entre el canon y la mercadería importada —marca o patente incorporada al producto, regalía calculada sobre su reventa, licenciante ligado al fabricante—, corresponde al importador demostrar, con los instrumentos que sólo él posee, que pudo adquirir la mercadería sin pagar el canon. Un sistema tan celoso del debido proceso como el norteamericano llegó a esa misma conclusión hace más de treinta años y no se apartó de ella ni siquiera cuando falló contra su propio fisco. Ello debería bastar para disipar la sospecha de que aquí se propone algo exorbitante.
VI. Corresponde examinar, seguidamente, la objeción probatoria expuesta en los Considerandos VIII y IX del voto preopinante, según la cual el estudio de valor solo agrega el listado de las operaciones de importación detallando las posiciones arancelarias observadas, sin brindar mayor información respecto a la mercadería en cuestión, circunstancia que, a criterio del preopinante, impediría establecer con datos objetivos y cuantificables el canon que correspondería por las mercaderías importadas, particularmente porque el listado no permitiría identificar si el proveedor de cada operación era una empresa vinculada o independiente.
La observación es relevante, aunque sus efectos deben ser examinados distinguiendo dos cuestiones diferentes: por un lado, la acreditación de la relación y de la condición de venta; por otro, la determinación cuantitativa de la adición prevista en el art. 8 del Acuerdo.
El voto preopinante razona como si la relación exigida por el art. 8.1.c) del Acuerdo dependiera necesariamente de que las mercaderías hubieran sido adquiridas a proveedores formalmente vinculados a la licenciante, de modo que la imposibilidad de individualizar, destinación por destinación, cuál proveedor era vinculado y cuál independiente impediría, por sí sola, tener por configurados los presupuestos sustanciales del ajuste. No comparto que la vinculación societaria del vendedor constituya, en este caso, el único criterio jurídicamente relevante para establecer la relación exigida por la norma. La cuestión es más amplia y requiere determinar si las mercaderías importadas —provengan de vendedores vinculados o independientes— se encontraban sujetas al mismo sistema tecnológico y contractual cuya utilización generaba el pago de las regalías.
Según tuve oportunidad de señalar en los expedientes 37.569-A y 37.570-A, la vinculación societaria del vendedor no constituye por sí misma un requisito del art. 8.1.c). Por ello, la circunstancia decisiva para determinar la relación entre las regalías y las mercaderías no radica exclusivamente en identificar si cada vendedor pertenece al grupo económico, sino en establecer si las mercaderías objeto de valoración se encuentran comprendidas en el sistema tecnológico y de licencia cuya utilización genera el canon.
En el caso, el propio estudio de valor identificó que las importaciones provenientes de proveedores vinculados y de proveedores no vinculados bajo la marca “Autoliv” totalizaron, para el año 2008, un valor FOB de u$s 19.956.464,35 y las calificó como correspondientes “a mercaderías, en principio, relacionadas con el objeto de la Licencia (cinturones de seguridad, bolsas de aire, etc.)”, según también recuerda el Considerando VIII del voto preopinante. Ese elemento debe ser valorado conjuntamente con el informe de precios de transferencia acompañado por la actora y con el contenido del contrato, sin que de él pueda extraerse, aisladamente, una conclusión definitiva acerca de la procedencia o cuantía del ajuste.
El propio informe de precios de transferencia acompañado por la actora —el mismo citado en el Considerando IV— aporta elementos particularmente relevantes para examinar esta cuestión. Su Cuadro II (“Compañías Vinculadas del Exterior”) identifica las diecisiete sociedades del grupo con las que Autoliv Argentina mantiene relación societaria. Su Cuadro IV (“Principales Proveedores de Autoliv Argentina”) detalla, en cambio, los catorce proveedores de mayor magnitud económica para el ejercicio 2008, con el monto abonado a cada uno.
El cotejo entre ambos cuadros —que la propia actora reprodujo en el Anexo V de su recurso— muestra que cinco de esos catorce proveedores son compañías vinculadas (Autoliv Liv Bag, Autoliv Spring Dynamics Limited, Autoliv do Brasil —Van Oerle Taubate—, Autoflator AB y Autoliv Polonia Sp. zo.o), por un monto conjunto de aproximadamente u$s 9.070.000, mientras que los restantes (Spool Sistemas S.A., Egon Grosshaus, Em Technologies Composants S.A., Zodiac Automotive Division, Emt Metal Pres San. Ve Tic. A.S., Deville S.A., MVA MFT Vogelsand Automotive GmbH, ITW Automotive Products GmbH & Co. KG —Haugk Division— y Filec Production, a los que se suma Gammastamp S.A.) no figuran en el Cuadro II y constituyen, por ende, terceros independientes en sentido societario estricto, por un monto conjunto similar, de aproximadamente u$s 9.264.000.
La existencia de esos proveedores independientes es, entonces, un dato real y cuantitativamente significativo, no una categoría vaciada de contenido. Lo que el propio informe aclara —y que resulta especialmente relevante para resolver el agravio— es que esa pluralidad de proveedores no se traduce necesariamente en la posibilidad de sustituir, para un mismo insumo, a uno por otro. Así lo explica el estudio, al describir la política de abastecimiento de la compañía, en términos que no dejan lugar a dudas: “Cabe mencionar que generalmente el mismo insumo o material no es adquirido de compañías vinculadas del exterior y de proveedores independientes, sino que es adquirido de uno u otro”. Esa afirmación demuestra que la mera coexistencia de proveedores vinculados e independientes no basta para tener por acreditada la fungibilidad de las mercaderías que cada uno suministra. En otras palabras, el hecho de que Autoliv se abastezca de ambas categorías de proveedores no permite inferir, sin un examen adicional, que respecto de cada insumo concreto disponga de una alternativa real entre adquirirlo a una empresa vinculada o a un tercero independiente. Bajo esa premisa, la libertad de elección que la actora invoca —y que reitera en el Anexo V de su recurso, donde reproduce los Cuadros II y IV del informe y sostiene abastecerse de proveedores vinculados e independientes “con la única limitación contractual de la calidad de los mismos”—, no puede tenerse por demostrada mediante la sola existencia de proveedores pertenecientes a ambas categorías, pues el propio informe indica que, respecto de un mismo insumo, el abastecimiento se realiza generalmente de una u otra fuente y no indistintamente de ambas.
Ese dato no demuestra, por sí solo, quién determina la fuente de suministro de cada componente, pero sí impide extraer de la pluralidad global de proveedores la conclusión de que Autoliv Argentina disponía de una alternativa comercial efectiva entre un proveedor vinculado y uno independiente respecto de cada mercadería concretamente importada. La elección relevante no se produce entre comprar a una vinculada o a un tercero para un mismo insumo, sino en una decisión de diseño y homologación ajena a la importadora, que ésta simplemente ejecuta.
En consecuencia, valorada la prueba con arreglo a las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), la pluralidad global de proveedores no acredita, por sí sola, una libertad efectiva de elección respecto de cada uno de los insumos importados. Los elementos reunidos en la causa, apreciados en conjunto y según las máximas de la experiencia, no permiten tener por demostrada la fungibilidad entre proveedores vinculados e independientes respecto de una misma mercadería; y esa fungibilidad, que la actora invoca como fundamento de su libertad de compra, era un hecho que le incumbía probar y que estaba en condiciones de probar. En ese sentido preciso puede hablarse de una libertad de elección sólo aparente, de una ilusión de elección.
En el caso, el propio estudio de valor identificó que las importaciones provenientes de proveedores vinculados y de proveedores no vinculados bajo la marca “Autoliv” totalizaron, para el año 2008, un valor FOB de u$s 19.956.464,35 y las calificó como correspondientes “a mercaderías, en principio, relacionadas con el objeto de la Licencia (cinturones de seguridad, bolsas de aire, etc.)”. Como ya se señaló, esa calificación no basta, por sí sola, para demostrar que la totalidad de las mercaderías comprendidas en ese universo se encontrara alcanzada por el art. 8.1.c) del Acuerdo, pero constituye un elemento que debe ser apreciado conjuntamente con las restantes constancias de la causa.
Ese elemento debe ser valorado conjuntamente con el informe de precios de transferencia acompañado por la actora y con el contenido del contrato, sin que de él pueda extraerse, aisladamente, una conclusión definitiva acerca de la procedencia o cuantía del ajuste.
En este marco, la ausencia de identificación del proveedor destinación por destinación no puede ser considerada irrelevante, pues integra la información necesaria para reconstruir con precisión el universo de operaciones alcanzadas por el ajuste. Sin embargo, tampoco considero que esa insuficiencia determine necesariamente, por sí sola, la inexistencia de relación entre las regalías y las mercaderías importadas cuando existen otros elementos objetivos que permiten vincular las operaciones con el proceso de fabricación y ensamble sujeto a la tecnología licenciada. ñ No obstante, una vez incorporado un universo determinado de destinaciones y explicada su vinculación con la actividad productiva examinada, la conducta procesal de la actora conserva valor como elemento complementario de apreciación. En ese sentido, no se advierte que la actora haya individualizado alguna destinación concreta incluida en el listado para sostener que correspondía a mercaderías ajenas al proceso de fabricación y ensamble sujeto a licencia.
VII. El Considerando X del voto preopinante invoca, en apoyo de una interpretación estricta del concepto de “condición de venta”, el precedente “World Sport S.A. c/ DGA” (TFN, sentencia del 7/11/2014, confirmado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el 15/09/2015). Considero que ese precedente proporciona una pauta interpretativa relevante, aunque las circunstancias allí examinadas presentan diferencias que impiden trasladar automáticamente su solución al caso de autos.
En “World Sport” se examinó un convenio de licenciamiento de marcas y manufactura, mientras que en este caso se trata de un contrato de transferencia de tecnología que comprende patentes y know-how. Asimismo, allí la prueba acreditó que los proveedores no tenían vínculo contractual ni comercial con la licenciante, suministraban mercaderías a otras empresas y no se encontraban sometidos a controles en sus fábricas, por lo que se consideró que las exigencias existentes no excedían los meros controles de calidad.
En autos, en cambio, la prueba invocada revela una integración tecnológica más intensa entre determinados insumos importados y los productos finales, pues aquellos componentes a los que se refiere el informe de precios de transferencia, debían responder a especificaciones técnicas propias del sistema Autoliv y ser aptos para su incorporación a productos sujetos a licencia.
Esa circunstancia permite diferenciar el caso, al menos inicialmente de un supuesto de un mero control genérico de calidad. Sin embargo, para que esa diferencia resulte jurídicamente suficiente a los efectos del art. 8.1.c), debe acreditarse además que tales exigencias técnicas incidían efectivamente sobre las condiciones bajo las cuales la importadora podía acceder a las mercaderías.
La diferencia es relevante porque una exigencia relativa a las características que debe reunir una mercadería no equivale necesariamente al control sobre las condiciones de su venta. El art. 8.1.c) exige este último nexo. Por ello, la circunstancia de que un componente deba satisfacer determinadas especificaciones técnicas sólo adquiere aptitud para acreditar una condición de venta cuando esas especificaciones, apreciadas junto con las restantes circunstancias de la operatoria, condicionan efectivamente las fuentes de suministro o el acceso del comprador a la mercadería.
VIII. Corresponde considerar especialmente que la Sala I de la Cámara, al resolver el expediente 37.569-A, arribó a una conclusión coincidente con la del voto preopinante en autos, sobre la base del mismo Contrato y ejercicio fiscal, aunque respecto de un cargo y de un universo de destinaciones diferentes.
La Sala I valoró especialmente la certificación contable aportada por la actora, de la que surgía que Autoliv Argentina adquiría insumos tanto de compañías vinculadas del exterior como de proveedores independientes y que “generalmente el mismo insumo o material no es adquirido de compañías vinculadas del exterior y de proveedores independientes, sino que es adquirido de uno u otro”. Sobre esa base, consideró que no se encontraba acreditada una injerencia, sesgo o control sustancial de la licenciante sobre las adquisiciones de insumos que permitiera tener por configurada la condición de venta exigida por el art. 8.1.c).
Precisamente porque se trata del mismo contrato y del mismo ejercicio, el precedente exige un examen particularmente cuidadoso.
No corresponde desconocer la valoración efectuada por la Sala I sobre la prueba reunida en aquella causa. La cuestión consiste, entonces, en determinar si el expediente ahora sometido a decisión contiene elementos adicionales o presenta particularidades en el universo de operaciones que permitan arribar fundadamente a una conclusión diferente. La existencia formal de una nómina de proveedores “vinculados” e “independientes” no equivale, por sí sola, a demostrar que los respectivos productos fueran técnicamente sustituibles o que la importadora pudiera adquirir indistintamente un mismo insumo de cualquiera de ellos. La propia certificación que valoró la Sala I señalaba, precisamente, que “el mismo insumo o material no es adquirido de compañías vinculadas del exterior y de proveedores independientes, sino que es adquirido de uno u otro”. Esa misma explicación —formulada entonces respecto de la prueba reunida en el expediente 37.569-A— encuentra ahora respaldo autónomo en el informe de precios de transferencia agregado a estas actuaciones, que, según se desarrolló en el Considerando VI, consigna idéntica descripción de la política de abastecimiento de la compañía para el propio ejercicio 2008 aquí examinado.
Por ello, la existencia de proveedores independientes debe ser analizada conjuntamente con la naturaleza concreta de los insumos suministrados y con las especificaciones técnicas aplicables a cada uno. Si no existe fungibilidad entre los componentes adquiridos a una y otra categoría de proveedores, la sola pluralidad de vendedores no demuestra necesariamente que Autoliv contara con una fuente alternativa para adquirir la misma mercadería objeto de valoración. Existe, además, una diferencia objetiva entre ambos expedientes que no puede ser soslayada. Las destinaciones examinadas en autos no son las mismas que tuvo a la vista la Sala I al resolver el expediente 37.569-A. Mientras el cargo nº 342/13 aquí recurrido comprende operaciones documentadas ante la Aduana de Buenos Aires, el cargo examinado en aquel antecedente correspondía a operaciones documentadas ante la Aduana de Ezeiza. Se trata, por tanto, de universos operativos distintos, aunque sometidos al mismo contrato y correspondientes al mismo ejercicio.
En estas actuaciones adquiere particular relevancia el “Análisis de Precios de Transferencia por el ejercicio fiscal 2008” acompañado por la propia actora, en el que se afirma, respecto de las actividades de fabricación y ensamble que involucraban importaciones desde compañías vinculadas, que los insumos adquiridos eran desarrollados bajo especificaciones técnicas disponibles únicamente para aquellas compañías y no podían ser manufacturados por una empresa independiente.
Esa constatación, unida al principio de abastecimiento “uno u otro” desarrollado en el Considerando VI, permite extender la conclusión sobre la relación exigida por el art. 8.1.c) a la totalidad de las mercaderías comprendidas en el ajuste, sin que ello importe presumir en contra de la actora más de lo que sus propias constancias documentan.
A lo expuesto se suma una razón adicional, de índole más estructural, que tanto el voto preopinante como — en su momento — la propia Sala I de la Cámara al resolver el expediente 37.569-A dejan de lado y es la naturaleza misma del proceso productivo de Autoliv Argentina.
En efecto, dicho proceso excede, por su propio diseño, los meros controles de calidad que —según el estándar de “World Sport” recordado en el Considerando VII— resultarían insuficientes para configurar condición de venta. Resulta ilustrativo a este respecto, uno de los lineamientos que cita el Comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, que permite identificar, entre los indicios relevantes para determinar si el pago de un canon constituye condición de venta, la existencia de cláusulas del acuerdo de licencia que autoricen al licenciante a gestionar la producción o la venta entre el fabricante y el importador, en términos que excedan un mero control de calidad. Ese es, precisamente, el extremo que la prueba de autos permite tener por acreditado.
En efecto, según se desarrolla a continuación, el control que la licenciante ejerce sobre el proceso productivo de Autoliv Argentina —a través de la homologación de cada producto y de las especificaciones técnicas que solo ella puede autorizar— excede la mera verificación de calidad e importa una forma de gestión indirecta de la producción, en el sentido de aquel Comentario, con independencia de si el proveedor puntual reviste o no el carácter de vinculado. Según surge del informe de precios de transferencia acompañado por la propia actora (fs. 55/90 y 57), la actividad de Autoliv Argentina consiste en el ensamblaje de partes y piezas importadas para obtener productos de seguridad automotriz — cinturones, airbags, hebillas, reguladores de altura — específicos de cada modelo de vehículo y sujetos a homologación. En un proceso de esa naturaleza, cada componente cumple una función determinada de antemano por el diseño técnico del producto final, de modo que su reemplazo por un insumo de otro origen no es una decisión que la ensambladora pueda adoptar libremente sobre la base de precio o conveniencia comercial: el insumo debe encajar, literalmente, en un diseño que Autoliv Argentina no desarrolló — pues la investigación y el desarrollo de los productos licenciados está a cargo de otras empresas del grupo económico — y que solo la licenciante está en condiciones de homologar.
Esta caracterización, por lo demás, no es una construcción unilateral de este voto ya que la propia actora, al reseñar en su recurso de apelación el contenido de la Nota 1570/15 (DV EMVI) sin cuestionar su exactitud fáctica —sino solo la conclusión jurídica que de ella extrae el servicio aduanero—, admite que efectúa “controles de calidad a los insumos y materiales recibidos” y que “verifica los requerimientos técnicos especificados en cada uno de los diseños que la compañía produce”; que sus productos “son específicos de cada modelo de automóvil” y que, “en su mayoría, están homologados para el vehículo para el cual fueron desarrollados”; y que no realiza en el país tareas de investigación o desarrollo de nuevos productos, actividad que —según ella misma reconoce— está a cargo de las compañías vinculadas del exterior que le licencian las patentes. Se trata, en suma, de los mismos extremos fácticos sobre los que se asienta la conclusión de este voto, ahora corroborados por el propio reconocimiento de la recurrente, quien además admite expresamente no haber realizado operaciones de reventa de bienes adquiridos a compañías vinculadas del exterior. Ese dato — que el insumo deba ajustarse a especificaciones técnicas ajenas y no solo pasar un control de calidad genérico — es, precisamente, lo que distingue este caso del estándar de “World Sport” dado que allí los proveedores no tenían vínculo alguno con la licenciante y solo debían satisfacer exigencias de calidad; aquí, en cambio, el proveedor — vinculado o no — debe fabricar conforme a una especificación técnica que la licenciante diseña, controla y homologa, y de la cual Autoliv Argentina no puede apartarse sin poner en riesgo la viabilidad misma del ensamblaje y la homologación del producto final.
De ahí que la limitación para proveerse localmente no haya respondido — como pretende la actora — a una simple insuficiencia del mercado argentino ajena al Contrato, sino a que ningún proveedor local podía, en los hechos, satisfacer esa especificación técnica exclusiva de la licenciante. El esquema operó, en la práctica, bajo una lógica que puede resumirse así: la actora podía elegir a su proveedor, pero solo entre aquellos que la propia licenciante habilitaba conforme a su estándar técnico — de modo que, en los hechos, es esta última quien terminó determinando el universo de elección posible. Esa es, precisamente, la “ilusión de elección” a la que aludí en mis votos de los expedientes 37.569-A y 37.570- A, y que aquí se ve reforzada por el reconocimiento expreso y documentado de la propia actora.
De este modo, el control ejercido por la licenciante sobre la homologación y las especificaciones técnicas del producto final no se limita a asegurar la calidad de los insumos, sino que condiciona, en los hechos, quién puede proveerlos y en qué términos — extremo que resulta suficiente para tener por configurada la condición de venta exigida por el art. 8.1.c) del Acuerdo respecto de este segmento del universo ajustado, con independencia de la libertad formal que pudiera derivarse de la letra del Contrato.
IX. Tampoco encuentro que el fundamento por el cual la Sala IV revocó el ajuste en el expediente 37.570-A — referido a las importaciones del año 2007 bajo el mismo contrato — resulte aplicable a la tesis que aquí sostengo. Sostuvo esa Sala que el listado de destinaciones agregado a esas actuaciones no identificaba, destinación por destinación, al proveedor del exterior, lo que — según entendió la Cámara — impediría verificar si cada operación ajustada correspondió a un proveedor vinculado o a un proveedor no vinculado bajo marca “Autoliv”.
Como expuse en el Considerando VI, esa premisa no es la que sostuve en mis votos de 37.569-A y 37.570-A, ni es la que aquí se sostiene. El control ejercido por la licenciante no depende de si el proveedor puntual reviste o no el carácter de “vinculado” en sentido societario, sino de si la mercadería importada se encuentra sujeta a la tecnología y al estándar de homologación exclusivos de la licenciante, extremo igualmente predicable de unos y otros proveedores, conforme al principio de abastecimiento “uno u otro” desarrollado en el Considerando VI, que el propio informe de precios de transferencia de la actora describe para la generalidad de sus operaciones, con independencia de si el proveedor puntual reviste o no el carácter de vinculado.
X. Los restantes agravios de la actora tampoco conmueven la solución propuesta. Sostiene la apelante, como lo hizo en los expedientes 37.569-A y 37.570-A, que el Contrato no contiene cláusula alguna que la obligara a comprar insumos a la licenciante o a sus vinculadas, y que la limitación para abastecerse localmente obedeció, exclusivamente, a la falta de desarrollo tecnológico de la industria argentina, ajena a toda imposición contractual.
La ausencia de una cláusula contractual expresa no resulta decisiva por sí sola. Tampoco lo es, aisladamente, la inexistencia de proveedores locales capaces de fabricar determinados componentes. Esta última circunstancia adquiere relevancia únicamente en la medida en que permita demostrar que las especificaciones tecnológicas vinculadas con la licencia limitaban efectivamente las fuentes de suministro de las mercaderías objeto de valoración. Es en ese sentido —y no como una presunción derivada de la mera pertenencia al grupo económico— que corresponde valorar el informe de precios de transferencia y las restantes constancias examinadas.
En cuanto a la incidencia cuantitativa de los insumos importados, el propio estudio de valor da cuenta de que las importaciones de proveedores vinculados y no vinculados bajo marca “Autoliv” totalizaron, para el año 2008, un valor FOB de u$s 19.956.464,35, mientras que las regalías devengadas por la actora en ese mismo ejercicio ascendieron a $ 2.936.211 (con un ingreso de IVA de $ 669.906,24), montos que — conforme señala el propio Considerando VIII del voto preopinante — no se encuentran controvertidos por el Fisco ni por la actora. Tal como sostuve en los expedientes 37.569-A y 37.570-A, dado que la totalidad de los insumos relevantes para el ensamblaje provino de proveedores vinculados o de proveedores no vinculados bajo esa marca, sin que existieran proveedores locales alternativos, la incidencia real del producto importado sobre el costo de producción del artículo licenciado debió ser sustancial, sin que la actora haya ofrecido en este expediente prueba en sentido contrario ni haya objetado ninguna de las destinaciones incluidas en los listados obrantes en las actuaciones administrativas siendo que fueron operaciones por ella documentadas y estaba en plena disposición de hacerlo.
Por las razones expuestas precedentemente, considero que los tres requisitos que el art. 8, ap. 1, inc. c), del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 exige, de manera acumulativa, para adicionar al precio realmente pagado o por pagar los cánones y derechos de licencia se encuentran reunidos respecto de la totalidad de las mercaderías comprendidas en el ajuste.
En cuanto al primero —la existencia de cánones o derechos de licencia no incluidos en el precio—, no se encuentra controvertido que la actora devengó regalías por $ 2.936.211 durante el ejercicio 2008 en virtud del Contrato de Transferencia de Tecnología I.N.P.I. n° 12409, e ingresó IVA por $ 669.906,24 sobre ese concepto, sin que esas sumas hayan sido incluidas en el precio declarado ante el servicio aduanero respecto de las destinaciones alcanzadas por el cargo n° 342/13 (Considerando IV).
En cuanto al segundo —la relación entre esos cánones y las mercaderías importadas—, el propio informe de “Análisis de Precios de Transferencia por el ejercicio fiscal 2008” acompañado por la actora reconoce que los insumos que Autoliv Argentina adquiere de sus compañías vinculadas son desarrollados bajo especificaciones técnicas que únicamente ellas poseen, extremo que basta para tener por acreditada la relación respecto de esa porción del universo ajustado (Considerando IV). Respecto de los insumos provistos por proveedores formalmente independientes, el cotejo entre los Cuadros II y IV de ese mismo informe y la explicación que este brinda de la política de abastecimiento de la compañía —según la cual el mismo insumo “no es adquirido de compañías vinculadas del exterior y de proveedores independientes, sino que es adquirido de uno u otro”— permite extender esa misma relación a la totalidad de las mercaderías comprendidas en el ajuste, en tanto revela que la elección entre proveedor vinculado e independiente se decide, para cada insumo, en un momento anterior y ajeno a la importadora, que no puede sustituir libremente, en cada operación concreta, un origen por otro (Considerando VI).
En cuanto al tercero —que el pago de esos cánones constituya condición de venta de las mercaderías importadas—, la prueba reunida en autos acredita que el control que la licenciante ejerce sobre la homologación y las especificaciones técnicas del producto final excede el mero control de calidad que, conforme al estándar de “World Sport S.A. c/ DGA”, resultaría insuficiente a estos efectos (Considerando VII), y se proyecta sobre quién puede proveer los insumos y en qué términos, con independencia de la libertad formal que pudiera derivarse de la letra del Contrato. Esa circunstancia —corroborada por el propio reconocimiento de la actora respecto de sus controles de calidad, la especificidad de sus productos por modelo de vehículo y la ausencia de desarrollo local de nuevos productos— configura la “ilusión de elección” a la que aludí en mis votos de los expedientes 37.569-A y 37.570-A, y satisface la condición de venta exigida por la norma (Considerando VIII).
Reunidos, entonces, los tres requisitos del art. 8.1.c) del Acuerdo respecto de la totalidad del universo ajustado, corresponde confirmar la procedencia sustancial del ajuste de valor practicado mediante el cargo n° 342/13.
XI. Corresponde tratar, seguidamente, el agravio que la actora planteó en subsidio, referido a la pretendida improcedencia del cargo en cuanto reclama el ingreso del IVA por la suma de u$s 308.163,91, por entender que ello importaría un doble pago del tributo. Sostiene, en efecto, que al momento de devengarse las regalías abonadas a Autoliv Development AB ya ingresó el IVA correspondiente en los términos del art. 1, inc. d), de la Ley de Impuesto al Valor Agregado —esto es, el IVA por importación de servicios—, de modo que la pretensión de gravar nuevamente esas regalías, ahora incorporadas al valor en aduana de las mercaderías importadas, supondría exigirle el ingreso del mismo tributo dos veces.
No comparto el agravio. Conforme al criterio sostenido por esta vocalía en la causa “Pioneer Argentina S.R.L. s/ recurso de apelación” (TF 29.777-A, sentencia del 26/12/2022), reiterado en los expedientes 37.569-A y 37.570-A, el Impuesto al Valor Agregado es un tributo plurifásico no acumulativo que grava, en lo que aquí interesa, dos hechos imponibles autónomos: por un lado, la prestación de servicios realizada en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país (art. 1, inc. d, de la ley), hipótesis en la que se encuadra el pago de regalías por la licencia de patentes y know-how; por el otro, la importación definitiva de cosas muebles (art. 1, inc. c, de la ley), hecho imponible que recae sobre las mercaderías y cuya base imponible se integra, en los términos del art. 25 de la ley y del art. 8.1.c) del Acuerdo, con los cánones que deban adicionarse al precio realmente pagado o por pagar. Se trata, en ambos casos, de objetos imponibles distintos —el servicio de licencia, en un caso; la mercadería importada incrementada en su valor por la incidencia de las regalías, en el otro— cuya concurrencia no configura una duplicación del tributo en sentido estricto, sino la sujeción a imposición de dos hechos imponibles independientes, cuyos efectos económicos se neutralizan, en la medida que corresponda, a través del mecanismo de créditos y débitos fiscales propio de este gravamen. El IVA ingresado por la importación de servicios genera, en cabeza de la actora, un crédito fiscal computable contra el débito fiscal que se genere con la venta de los productos elaborados con esos insumos, de modo que no se verifica, en definitiva, un empobrecimiento del contribuyente equivalente al doble del tributo.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio de la actora relativo a la pretendida duplicación del IVA.
XII. Toda vez que el voto preopinante propicia la revocación íntegra de la resolución apelada y del cargo nº 342/13, consideró inoficioso pronunciarse sobre las restantes cuestiones planteadas por la actora, entre ellas la improcedencia de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias. Al no compartir aquella solución, corresponde examinar ese agravio. Conforme al criterio sostenido por esta vocalía en los expedientes 37.569-A y 37.570-A, con sustento en la doctrina de la Corte Suprema en “Cladd S.A.”, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y dejar sin efecto las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias incluidas en el cargo.
XIII. Asimismo, corresponde tratar el agravio relativo a la tasa de interés aplicada, que la actora califica de ilegítima y confiscatoria por encontrarse la deuda determinada en dólares. Su examen también quedó desplazado por la solución propiciada en el voto preopinante.
Conforme al criterio sostenido por esta vocalía en los expedientes 37.569-A y 37.570-A, corresponde rechazar el agravio y mantener la aplicación de la tasa prevista por la Resolución nº 314/04 del ex Ministerio de Economía y Producción, sin que la sola circunstancia de tratarse de una obligación expresada en moneda extranjera resulte suficiente para demostrar su alegada confiscatoriedad.
1 Disponible en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/d/sentencia-SGU-9b087999-9c10- 4570-b442- cfb014e137be.pdf?fecha=02/12/2025.
2 Disponible en https://supreme.justia.com/cases/federal/us/293/465/.
3 Disponible en https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/324/331.
4 Disponible en https://supreme.justia.com/cases/federal/us/435/561/.
5 Texto vigente en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7701.
6 Texto en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1401a.
7 Disponible en https://rulings.cbp.gov/ruling/H357218.
8 Disponible en https://rulings.cbp.gov/ruling/W563404.
9 Disponible en https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/905/377/176481/.
10 Texto en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/2639.
11 Disponible en https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/905/377/176481/.
12 Disponible en https://www.courtlistener.com/opinion/536617/moss-manufacturing-co-inc-v-the-united-st ates/. 13 Índice del volumen 17 del Court of International Trade Reports en https://cite.case.law/ct-intl-trade/17/. 14 Los términos del aviso general se reproducen en HQ W563354, https://rulings.cbp.gov/ruling/W563354. 15 Disponible en https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/19-161.pdf.
16 Listado oficial de instrumentos del Comité Técnico en https://www.wcoomd.org/es-es/topics/valuation/instruments-and-tools/advisory-opinions. aspx.
17 Disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idD ocumento=4121871&cache=1788453631577.
18 Texto en SAIJ: https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-a ires-pla-silvio-roberto-otros-clinicabazterrica-sa-otros-fa01000406-2001-09-04/123456 789-604-0001-0ots-eupmocsollaf.
19 Disponible en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/d/sentencia-SGU-4993199d-c637- 48e9-9bd5- 774fb1de4484.pdf?fecha=27/10/2022.
20 Disponible en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/d/sentencia-SGU-5d8c3c02-56b5- 4ac5-bc5b- 4249491d5876.pdf?fecha=12/12/2023.
21 Disponible en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/d/sentencia-SGU-8976ed35-3594- 46f5-9642- ba89d49f5619.pdf?fecha=02/09/2021.
22 Disponible en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/d/sentencia-SGU-170260af-c1b2- 412b-b286- a4dbdefacc23.pdf?fecha=19/08/2025.
23 Disponible en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/d/sentencia-SGU-2ade6fc3-f71b- 4dd6-8578- c59ae6705fb5.pdf?fecha=06/10/2021.
Por lo expuesto, VOTO POR:
I. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 5929/16 y el cargo nº 342/13, en cuanto a la procedencia sustancial del ajuste de valor practicado en los términos del art. 8, ap. 1, inc. c), del Acuerdo relativo a la Aplicación del art. VII del GATT de 1994.
II. Revocar parcialmente el cargo n° 342/13 en cuanto a las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias allí incluidas, en los términos del Considerando XII.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que las circunstancias fácticas y jurídicas de estos actuados resultan en mi opinión similares a las analizadas en el precedente homónimo 37-569-A. Con tal fundamento adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
I. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 5929/16 y el cargo nº 342/13, en cuanto a la procedencia sustancial del ajuste de valor practicado en los términos del art. 8, ap. 1, inc. c), del Acuerdo relativo a la Aplicación del art. VII del GATT de 1994.
II. Revocar parcialmente el cargo n° 342/13 en cuanto a las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias allí incluidas, en los términos del Considerando XII.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2026.09.22 16:24:59 ART Date: 2026.09.22 19:52:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.23 15:02:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.23 15:03:24 -03:00
Fin de la sentencia