Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.514-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo n° 007/2012, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Córdoba el 25 de enero de 2012.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108243112-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ AUTOMOTORES CERRO S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 30.514-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 8/18 vta., se presenta la firma AUTOMOTORES DEL CERRO S.A. (en adelante “AUTOMOTORES DEL CERRO”, “apelante” o “actora”), mediante mandatario, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo n° 007/2012, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Córdoba el 25 de enero de 2012, a través de la cual, en virtud de lo estipulado por el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante “Acuerdo de Valor”) y por la Resolución General n° 1907/05 (AFIP), se resuelve confirmar la liquidación de los cargos n° 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85, todos correspondientes al año 2010, por un monto total igual a U$S 16.704,40, en concepto de diferencia de tributos liquidados como resultado del correspondiente ajuste de valor.
Luego de haber realizado una descripción de los principales antecedentes y de los hechos que dieron origen al sub examine, comienza por resaltar que la decisión adoptada por el área de valoración, y convalidada por la resolución recurrida, carece de todo fundamento legal y fáctico, toda vez que se basa únicamente en la mera sospecha o en supuestos indicios que, a juicio del servicio aduanero, crean un manto de duda sobre la veracidad de los precios declarados. Agrega que la información proporcionada por el sistema DISCOVERER no es suficiente para acreditar la identidad de las operaciones de importación tomadas como antecedentes para avalar la procedencia del ajuste y, consecuentemente, resultan insuficientes para acreditar la inexactitud del valor de importación declarado en cada una de las destinaciones de importación cuestionadas. Sustenta, a su vez, que los actos impugnados incumplen con el requisito esencial de la causa pues no encuentra agregados los supuestos antecedentes que justificaron el ajuste realizado. Manifiesta, en este sentido, que, al no brindarse al administrado en forma clara y expresa los elementos que permitan conocer el iter psicológico que llevó al agente a dictar el cargo impugnado, el ejercicio del derecho de defensa del apelante se ve claramente cercenado. Sustenta, por otra parte, que, aún en el supuesto de desestimarse la nulidad del ajuste practicado, y por ende de los cargos formulados, por falta de motivación y fundamentación suficiente, no se ha cumplido con el procedimiento previsto en el Acuerdo de Valor del GATT de 1994. Adiciona, es este sentido, que el servicio aduanero tampoco ha dado una explicación fundada de por qué se descartó la aplicación del método previsto por el art. 2 del Acuerdo de Valor, y se recurrió directamente al método contemplado en el art. 3 del mencionado instrumento. En forma subsidiaria, declara la improcedencia de la dolarización de los conceptos del IVA e Impuesto a las Ganancias en los cargos suplementarios. Finalmente, hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 28/32, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, luego de realizar una descripción resumida de los hechos y de efectuar una negativa genérica, resalta, en primer lugar, que las diferencias constatadas en los informes dan cuenta de un valor, estimado por comparación de mercadería similar que difiere del declarado. Agrega, al respecto, que los análisis comparativos de la mercadería se respaldan en antecedentes que deben calificarse como “mercadería similar”. A posteriori de haber citado lo estipulado por los arts. 1, 2, 3, 15 (2) del Acuerdo de Valor, y por la Nota interpretativa del mencionado art. 3, entiende que no corresponde aceptar el precio declarado (valor de transacción), de conformidad con lo previsto en el art. 1° del Acuerdo de Valor, cuando el valor de transacción resulta notoriamente inferior a los precios de ciertos antecedentes, y, a su vez, el importador no presenta elementos suficientes que permitan acreditar fehacientemente que los valores facturados son los que reflejan el precio realmente pagado o por pagar. Adiciona, en este sentido, que, de lo actuado surge que el recurrente tuvo la oportunidad de brindar la información requerida, acompañando documentación que demuestre su pretensión y, que a pesar de ello, no ha podido demostrar los extremos invocados. Concluye, consecuentemente, que el valor de transacción declarado por el apelante pudo válidamente ser objetado por el ente recurrido en uso de las atribuciones emergentes del art. 9, ap. 2, incs. a), b) y d), del decreto 618/97. Finalmente, hacen reserva de Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se rechace la apelación interpuesta por la actora, con costas.
III. A fs. 40, se resuelve abrir la causa a prueba, que obra agregada a fs. 67 y 92/93. A fs. 143 se cierra el período probatorio y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “G”. A fs. 147 se ponen los autos a disposición de las partes para alegar. A fs. 152/155 obra el alegato de la actora. A fs. 157 se pasan los autos a sentencia.
IV. En virtud de los argumentos presentados por cada una de las partes involucradas en la presente litis, corresponde determinar si la Resolución Fallo n° 007/2012, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Córdoba el 25 de enero de 2012, resulta ajustada a derecho. En este sentido, atañe examinar si el ajuste de valor llevado a cabo por el servicio aduanero sobre los importes declarados oportunamente, fue efectuado de conformidad con lo estipulado por el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante “Acuerdo de Valor”). En este sentido, me parece oportuno recordar que los jueces no se encuentran obligados a tratar todos los argumentos presentados oportunamente por cada una de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión plantea; tampoco el magistrado se encuentra constreñido a ponderar todos los elementos y pruebas aportados en el juicio y basta tener en cuenta aquellos que sean conducentes para fundar las correspondientes conclusiones (Fallos: 253:461; 272: 226; 278:271; 291:390, entre muchos otros). A su vez, resulta pertinente recalcar que el procedimiento ante este Tribunal Fiscal se encuentra regido por el principio de la verdad jurídica objetiva. Consecuentemente, la búsqueda de la verdad material, el establecimiento de los hechos y de todas las circunstancias que rodean al caso resultan esenciales para evaluar sus circunstancias concretas y la legislación aplicable y, en base a todo ello, brindar al justiciable una decisión fundada en derecho.
V. Sentado lo anterior, atañe afirmar que el sub examine, por tratarse de un ajuste de valor llevado a cabo sobre los importes oportunamente declarados y correspondientes a operaciones de importación, encuentra como marco legar exclusivo el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante “Acuerdo de Valor” o “Acuerdo”); instrumento internacional ratificado por la República Argentina y cuyas disposiciones entraron en vigor para nuestro país el 1° de enero de 1995. En términos generales, la puesta en práctica del Acuerdo de Valor implicó un punto de inflexión en lo relativo al procedimiento de valoración a tener en cuenta por parte de la Aduana. En efecto, a diferencia de lo estipulado por las antiguas disposiciones del Código Aduanero, el plexo normativo emergente del Acuerdo se basa en el “valor de transacción” y, como resultado de ello, en virtud de lo estipulado por el art. 1° del citado instrumento, la primera base para la determinación del valor en aduana es “…el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación…”, en tanto y en cuento el importe mencionado sea objeto de los ajustes expresamente mencionados en el art. 8 del Acuerdo y, a su vez, se encuentre rodeado de las circunstancias detalladas en el art. 1° del Acuerdo ( “…a) que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las que: i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación; ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o iii) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías; b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; y d) que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2”).
Ahora bien, frente a la imposibilidad de determinar el valor en aduana en base a lo estipulado por las disposiciones del Acuerdo de Valor mencionadas con anterioridad (arts. 1° y 8), el ente administrativo se encuentra facultado, para tal fin, a emplear una serie de métodos detallados en los arts. 2 (mercaderías idénticas), 3 (mercadería similares), 5 (método deductivo), 6 (método del valor reconstruido) y 7 (método del último recurso) de dicho Acuerdo. A los efectos de hacer uso correctamente de los métodos citados, el servicio aduanero debe respetar no solo los requisitos estipulados para su implementación en cada una de las disposiciones involucradas, sino también el orden en que fueron detallados en el instrumento internacional (art. 4), una vez realizadas las consultas correspondientes con el importador involucrado (segundo párrafo de la Introducción General). Por otro lado, debe subrayarse que, conforme al Artículo 17 del Acuerdo de Valor, ninguna cláusula del mismo debe interpretarse de manera que limite o cuestione la facultad de las Administraciones de Aduanas para verificar la fiabilidad o precisión de cualquier dato, documento o declaración suministrada para la valoración aduanera. Además, en forma complementaria a lo dispuesto por el citado artículo, el Anexo III, párrafo 6, del mencionado Acuerdo establece el derecho de las Administraciones de Aduanas a realizar investigaciones para confirmar la integridad y exactitud de la información, documentos o declaraciones proporcionados en el contexto de la valoración aduanera. Este artículo reconoce la importancia de dichas indagaciones para asegurar que los componentes del valor declarado ante las autoridades aduaneras sean completos y precisos, otorgando a los miembros el derecho de exigir la cooperación plena de los importadores en tales procedimientos, conforme a las leyes y prácticas nacionales.
Basándose en este contexto, en precedentes anteriores hice hincapié en que la implementación del Acuerdo facilita un equilibrado mecanismo de carga probatoria dinámica. Este mecanismo se despliega en varias etapas: inicialmente, si la autoridad aduanera alberga dudas respecto al valor de transacción, debe explicitarlas, asumiendo la carga probatoria; le sigue la responsabilidad del importador de proveer los elementos que justifiquen el valor declarado; posteriormente, recae nuevamente en la autoridad aduanera la obligación de comunicar al importador las razones de sus dudas, ofreciéndole una oportunidad adecuada para responder; y finalmente, el importador asume la carga de disipar cualquier incertidumbre, fundamentando su defensa.
La importancia del estándar de prueba en el proceso judicial es un tema crucial que atiende a la forma en que los tribunales abordan la incertidumbre inherente a cualquier litigio. Este concepto representa el umbral que la ley procesal establece para determinar cuándo los hechos de una narración son considerados suficientemente probados al finalizar un juicio, distribuyendo así los riesgos de error judicial en contextos marcados por la duda. La problemática central radica en que ningún proceso judicial es capaz de recabar la totalidad de los datos sobre los hechos. Este déficit informativo implica que el juez siempre enfrente la posibilidad de que los hechos pudieran haber ocurrido de manera distinta a la presentada. Para mitigar estas dudas, se recurre al estándar de prueba, un criterio que refleja la decisión colectiva sobre el nivel de certeza necesario para aceptar una narración de hechos como válida, en función de los valores en juego en cada caso. La elección de un estándar probatorio sobre otro requiere, por tanto, una deliberación normativa que precede a su aplicación.
La relación entre el estándar de prueba en el ámbito judicial y el método en cascada del Acuerdo de Valor se centra en cómo ambos marcos gestionan la incertidumbre y distribuyen las cargas probatorias para llegar a una conclusión justa y racional. El método en cascada se diseña para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Este procedimiento inicia con el valor de transacción como el método preferente, avanzando hacia métodos alternativos en un orden preestablecido si el primero resulta inaplicable. Este enfoque escalonado se asemeja al concepto del estándar de prueba en el sentido de que ambos sistemas buscan alcanzar el mayor grado de certeza posible dentro de un contexto de incertidumbre. En el caso del estándar de prueba, se establece un umbral de certeza que debe alcanzarse para considerar que los hechos de un caso están probados. De manera similar, el método en cascada define una secuencia de pasos que deben seguirse para determinar el valor en aduana, cada uno con sus propios requisitos de prueba y verificación. Este proceso asegura que, en la ausencia de información clara o completa (un déficit informativo), se utilicen métodos alternativos para lograr una valoración justa y objetiva. Ambos sistemas comparten el objetivo de manejar la incertidumbre de manera estructurada y predecible. En el ámbito judicial, el estándar de prueba ayuda a los jueces a tomar decisiones informadas en situaciones donde la información completa no está disponible, balanceando los riesgos de error en la sentencia. En el contexto del Acuerdo de Valor, el método en cascada proporciona un marco para que las aduanas determinen el valor de las importaciones de forma justa y transparente, incluso cuando el valor de transacción no puede ser directamente aplicado o verificado.
La aplicación de estos principios refleja una deliberación normativa previa, donde se consideran los valores en juego (por ejemplo, la equidad en el comercio internacional y la correcta aplicación de los derechos aduaneros) y se establecen procedimientos para mitigar la incertidumbre y distribuir la carga probatoria de manera equitativa entre las partes involucradas. En última instancia, tanto el estándar de prueba como el método en cascada buscan garantizar decisiones basadas en principios de justicia, racionalidad y controlabilidad, adaptándose a las limitaciones inherentes a la disponibilidad y fiabilidad de la información.
VI. Al adentrarme en los hechos involucrados en el presente caso y en lo actuado en sede administrativa, observo que, en términos generales, la presente litis encuentra su origen en el Informe n° 73/09 (SE-FVIM), llevado a cabo por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Aduana de Córdoba el 9 de octubre de 2009 (a fs. 17/25 de las actuaciones administrativas n° 12667-101-2010). Mediante dicho documento, la mencionada División efectuó un análisis de valor sobre aquellos importes declarados por el apelante a los efectos de llevar a cabo una serie de operaciones de importación para consumo (DI n° 07 017 ZFE1 001884 Y [26/11/2007], 07 017 ZFE1 001917 L [30/11/2007], 07 017 ZFE1 001943 K [04/12/2007], 07 017 ZFE1 002058 X [20/12/2007], 07 017 ZFE1 002059 J [20/12/2007], 07 017 ZFE1 001999 V [12/12/2007], 07 017 ZFE1 001947 Y [04/12/2007], 07 017 ZFE1 002005 A [12/12/2007]), oficializadas durante el año 2007 ante la Aduana de Córdoba. Dichas destinaciones de importación fueron declaradas por AUTOMOTORES CERRO con el objetivo de ingresar al territorio aduanero argentino una serie de motocicletas (clasificadas bajo la posición arancelaria SIM/DC 8711.20.10.490U) según las siguientes cantidades y valores:
Fecha de Posición Cantidad de FOB/u. en FOB total DI oficialización arancelaria unidades U$S en U$S 07 017 ZFE1 26/11/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 001884 Y 07 017 30/11/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 ZFE1 001917 L 07 017 ZFE1 4/12/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 001943 K 07 017 ZFE1 20/12/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 002058 X 07 017 ZFE1 20/12/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 002059 J 07 017 ZFE1 12/12/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 001999 V 07 017 ZFE1 4/12/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 001947 Y 07 017 ZFE1 12/12/2007 8711.20.10.490U 105 305 32.025 002005 A Entre la información detallada en el citado Informe, se observa que, en virtud de lo estipulado por la normativa vigente (Resolución 1907/05 AFIP), se solicitó al apelante, en un primer momento, cierto tipo de datos vinculados con las operaciones de importación cuestionadas (factura pro-forma, solicitudes de giro/transferencia bancaria, lista de precios emitida por la firma Creative Solutions International Limited el 26 de enero de 2007 y copia de una impresión de especificaciones técnicas de la mercadería con su correspondiente foto), para luego realizarle un segundo requerimiento con el objetivo de que aquel amplíe o complete la información suministrada. Si ante la primera requisitoria, la documentación provista no fue del todo completa, en la segunda ocasión, no hubo respuesta alguna por parte de la firma importadora.
Sobre la base de la información disponible, el servicio aduanero procedió a llevar a cabo el análisis correspondiente y, como resultado de este, presentó las siguientes observaciones y/o conclusiones: i) se manifiesta, en primer lugar, el haber ponderado las circunstancias del caso teniendo en cuenta la naturaleza de las mercaderías y datos ciertos de la realidad obtenidos desde los registros propios de mercaderías similares (art. 3 del Acuerdo de Valor). En base a dicho examen, se logra identificar una inconsistencia de los valores declarados. En efecto, estos últimos se habrían alejado de las oscilaciones del mercado, “…reflejándose un estancamiento de precios en la documentación complementaria presentada”; ii) se destaca, a su vez, sobre la base de la información disponible, el estar en presencia de ciertos indicios que habrían generado la convicción de que “…la libre contratación podría estar contaminad[a] en algunas de las formas que define el mismo artículo [1° del Acuerdo de Valor] para no admitir el valor documentado, estableciéndose para el Servicio Aduanero duda cierta del precio declarado…”. Sin embargo, la autoridad aduanera no detallaría ni explicaría en qué consisten los mencionados indicios, ni cómo estos últimos habrían influido en la determinación del precio de las operaciones de importación cuestionadas. Por otra parte, a los fines de poder llevar a cabo el ejercicio comparativo que requiere la aplicación de lo dispuesto por el art. 3 del Acuerdo de Valor, se tuvieron en cuenta seis antecedentes, obtenidos de la base de datos Discoverer, con la siguiente información:
Cantidad Fecha de Posición FOB/u. en FOB total DI de oficialización arancelaria U$S en U$S unidades 07 017 IC04 11/12/2007 8711.20.10.490U 210 330 62.300 004970 V 07 017 IC04 26/12/2007 8711.20.10.490U 840 330 277.200 005201 J 07 017 IC06 31/7/2007 8711.20.10.490U 735 330 242.550 001051 K 07 017 IC06 28/8/2007 8711.20.10.490U 735 330 242.550 001197 V 07 017 IC06 17/10/2007 8711.20.10.490U 735 330 242.550 001486 W 07 017 IC06 14/111/2007 8711.20.10.490U 840 330 277.200 001657 W Además de lo ya expuesto, cabe mencionar que el cuadro anexo al Informe n° 73/09 (SE-FVIM) brindó precisiones particulares sobre la mercadería involucrada en los antecedentes analizados, incluyendo el año de fabricación, cilindrada en centímetros cúbicos, marca, modelo y el respectivo proveedor.
De la comparación entre la información suministrada en dichos antecedentes y aquella correspondiente a las destinaciones de importación cuestionadas, emergen con nitidez los siguientes aspectos. En primer lugar, aunque los proveedores difieren en ambas situaciones, resulta relevante destacar que ambos se localizan en la República Popular China. En segundo término, si bien se mencionan modelos diferentes de motocicletas, el detalle pormenorizado de sus características específicas—tales como año, cilindrada, marca, modelo y proveedor—permite concluir que se trata de mercaderías sustancialmente similares, clasificadas bajo idéntica posición arancelaria. En tercer lugar, ni del informe emitido por la autoridad aduanera, ni de las presentaciones efectuadas oportunamente por la empresa importadora, es posible discernir con claridad el nivel comercial específico en que fueron realizadas las operaciones, tanto las controvertidas como aquellas consideradas antecedentes.
En cuarto término, y aun cuando las cantidades importadas en las operaciones cuestionadas fueron menores respecto de las precedentes, es dable advertir que el precio unitario en las primeras (U$S 305) resultó inferior al registrado en los antecedentes (U$S 330). Esta circunstancia revela que, al margen de los volúmenes involucrados, el proveedor de AUTOMOTORES CERRO, Chongquing Yuan Group Imp. & Exp. Co. Ltd., efectivamente comercializó las motocicletas a un precio más bajo que el utilizado por el proveedor considerado en los antecedentes, Chongqing Junlong Motocycle Marketing Co. Ltd. No obstante la mencionada diferencia, cuantificada en un 7,57%, no puede, a mi juicio, reputarse como sustancial, ni atribuirse los valores inferiores finalmente facturados por AUTOMOTORES CERRO a una supuesta "contaminación" conforme alguna de las modalidades previstas en el artículo 1° del Acuerdo de Valoración Aduanera. En efecto, la autoridad aduanera, al señalar esta presunta influencia sobre los precios declarados, omite explicitar el significado exacto de los términos empleados, y evita identificar puntualmente cuáles serían esas “formas” supuestamente utilizadas por las partes para alterar o desvirtuar el valor efectivamente transado. En tales condiciones, conviene reflexionar sobre este último punto con un dejo de ironía, habidas cuentas de quien se tome la molestia de dar una breve caminata por los almacenes del barrio, descubrirá sin dificultad diferencias ostensibles en los precios de productos idénticos ¿Acaso alguien podría sorprenderse de que, en la República Popular China, vasto territorio de producción industrial masiva, resulte posible encontrar disparidades similares, o incluso mayores, en los valores facturados por proveedores distintos? En definitiva, pretender que tales diferencias sean necesariamente producto de manipulaciones oscuras o influencias indebidas parecería pecar de ingenuidad, cuando no de una mirada tendenciosamente desconfiada.
En ese sentido, un pilar fundamental del razonamiento dirimente en este fallo radica en la escasa o nula fundamentación jurídica y fáctica que caracterizó la decisión administrativa de ajustar el valor en aduana. El Tribunal hace notar que la Aduana sustentó su resolución únicamente en vagas sospechas e imprecisos indicios, generando así una nebulosa de incertidumbre sobre la veracidad de los precios declarados, pero sin aportar prueba concreta o verificable que justificara semejante cuestionamiento. De hecho, la información extraída del sistema informático Discoverer, utilizada por la autoridad aduanera para cotejar valores, resultó insuficiente y ambigua, incapaz de demostrar con certeza que las operaciones consideradas antecedentes fueran realmente idénticas o plenamente comparables a las de Automotores Cerro S.A. y mucho menos que el valor declarado fuera incorrecto o inexacto.
Así las cosas, debe apuntalarse que esta falencia probatoria es especialmente grave si consideramos que el Acuerdo de Valor, establece como regla primordial el valor de transacción, aceptando su veracidad salvo prueba preponderante en contrario aportada por la autoridad. En ese sentido, el Tribunal entiende que la autoridad administrativa no explicó de modo inteligible ni transparente el iter lógico, o más precisamente psicológico, que la condujo a formular el cargo. Esta omisión cercena el derecho de defensa del importador, quien queda en un desconcertante limbo sobre las razones concretas que motivaban las sospechas y la consiguiente acusación, dificultándole gravemente cualquier defensa efectiva. Sucede que, en efecto, esta falta de claridad y transparencia en el procedimiento aduanero viola principios jurídicos esenciales, entre ellos el deber de motivación adecuada y suficiente, que exige explicitar en forma precisa los hechos y el derecho aplicable que sustentan una decisión administrativa.
En ese orden de ideas, la ausencia de este requisito mínimo convierte inevitablemente el acto administrativo en arbitrario y susceptible de ser revocado. Si bien la Aduana pretendió justificar su conducta en base a las atribuciones genéricas conferidas por la normativa interna (específicamente los incisos a), b) y d) del artículo 9, apartado 2 del Decreto 618/97), el Tribunal deja claramente establecido que dichas potestades deben ejercerse rigurosamente dentro del marco metodológico y probatorio del Acuerdo de Valor. En definitiva, la sola existencia de diferencias en los precios constatadas por la Aduana, desprovista de un análisis detallado de su significado real y sin evidencia contundente de irregularidades concretas, no cumplió con los estándares legales exigidos. Esta carencia sustancial de fundamento compromete irremediablemente la validez de la Resolución N° 007/2012 desde su raíz misma, justificando plenamente su revocación.
Como resultado de lo mencionado con anterioridad, corresponde revocar la resolución apelada.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución Fallo n° 007/2012, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Córdoba el 25 de enero de 2012.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución Fallo n° 007/2012, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Córdoba el 25 de enero de 2012.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.29 11:19:16 ART Date: 2025.09.29 16:50:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 19:34:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 19:34:40 -03:00
Fin de la sentencia