Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 30.513-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución n° 10/12 (AD CORD), dictada en las actuaciones SIGEA n° 12730-27-2011, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-70888760-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Junio de 2023 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo para dictar sentencia en los autos caratulados “AUTOMOTORES CERRO S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expediente Nº 30.513-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 9/20 vta., se presenta la firma “AUTOMOTORES CERRO S.A.”, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución n° 10/12 (AD CORD), dictada con fecha 25/01/12, por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12730-27-2011, mediante la cual se rechazó la impugnación oportunamente deducida contra los cargos n° 292/11, 293/11, 294/11, 295/11, 296/11, 297/11, 298/11, 299/11, 300/11, 301/11, 302/11, 303/11, 304/11 y 305/11 formulados por ajuste de valor en relación a las destinaciones n° 07 017 ZFE1 000466 J, 000328 G, 000662 H, 002087 K, 000186 J, 001032 A, 001327 H, 001178 L, 001283 X, 001412 C, 001125 D, 000996 S, 000057 G y 000721 D.
En primer término, realiza un breve relato de los hechos. Manifiesta que la pretensión de la Aduana carece de fundamento toda vez que la veracidad del valor declarado en los despachos de importación no ha sido razonablemente cuestionados. Sostiene que no se entiene que quiere significar el servicio aduanero cuando se refiere a “indicios que generan dudas sobre libre contratación”, no explicando cuales son esos indicios. Se refiere al Acuerdo de Valor del GATT de 1994. Expresa que no existen en las actuaciones administrativas elementos de juicio suficiente que autoricen al servicio aduanero a apartarse del valor declarado en cada destinación. Plantea la nulidad de la resolución por falta de causa y motivación.
Manifiesta que el servicio aduanero se basa en la mera sospecha o indicios creando dudas sobre los montos declarados. Agrega que la información del sistema DISCOVERER no es suficiente para ser tenida en cuenta como antecedentes del ajuste de valor. Expresa que no se agregó ni uno solo de esos antecedentes mencionados en los informes técnicos. Sostiene la improcedencia del ajuste de valor en los términos del art. 3° del Acuerdo. Afirma que los valores declarados son genuinos. Agrega que se recurrió al art. 3 del Acuerdo sin explicación alguna de porque se descartó el método del art. 2°. Indica que en cada destinación se encuentra toda la docuementación necesaria para respaldar los valores declarados.
Asimismo, sostiene que la Aduana no explica en cada destinación en particular cuales son esos elementos que faltan para avalar el valor declarado. En subsidio, plantea la improcedencia de la dolarización de los conceptos IVA e Impuestos a las Ganancias. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 32/37, la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa. En primer término y por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o que surja de las actuaciones administrativas. Se expide sobre la facultad del servicio aduanero de dudar acerca de la veracidad o exactitud de los datos declarados, a los fines de la valoración de la mercadería, y cita, en su parte pertinente, la ley 24.425 que incorporó el Acuerdo de Valor del GATT. Cita jurisprudencia de este Tribunal. Se explaya por el mecanismo de valoración adoptado por el Fisco – art. 3 – y afirma que se encuentran agregados en autos los informes de análisis de los que surgen las diferencias que motivaron el ajuste. Se refiere a la carga de la prueba y a la nomativa GATT/OMC. Sostiene que la actora no ha proporcionado un fundamento capaz de justificar el valor declarado. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que por el mismo acto acompaña. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas 12730-27-2011 se inician, a fs. 2 con el Informe de Valor n° 24/11 de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación y, a fs. 10/20, obra Informe de Valor n° 25/11 de la misma Sección. A fs. 25/38, obran las carpetas contenedoras de las destinaciones n° 07 017 ZFE1 000466 J, 000328 G, 000662 H, 002087 K, 000186 J, 001032 A, 001327 H, 001178 L, 001283 X, 001412 C, 001125 D, 000996 S, 000057 G y 000721 D. A fs. 43/56, obran los cargos n° 292/11, 293/11, 294/11, 295/11, 296/11, 297/11, 298/11, 299/11, 300/11, 301/11, 302/11, 303/11, 304/11 y 305/11. A fs. 68/74, la firma AUTOMOTORES CERRO S.A. impugna los cargos formulados. A fs. 325/328, obra Dictamen Jurídico n° 14/12. Finalmente, a fs. 329/334, con fecha 25/01/12, se dicta la resolución n° 10/12 (AD CORD), apelada en autos.
IV-. Que, en primer lugar, la actora solicita se declare la nulidad de la resolución apelada por falta de motivación y causa. En relación con ello, advierto que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
Que, por lo demás, resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205-549 y 267- 393).
V. Que corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución n° 10/12 (AD CORD), que rechazó la impugnación impetrada por la firma importadora y confirmó los cargos n° 292/11, 293/11, 294/11, 295/11, 296/11, 297/11, 298/11, 299/11, 300/11, 301/11, 302/11, 303/11, 304/11 y 305/11, formulados en virtud del ajuste de valor practicado en relación a las destinaciones n° 07 017 ZFE1 000466 J, 000328 G, 000662 H, 002087 K, 000186 J, 001032 A, 001327 H, 001178 L, 001283 X, 001412 C, 001125 D, 000996 S, 000057 G y 000721 D, oficializadas en fechas 27/03/07, 01/03/07, 3/05/07, 27/12/07, 6/02/08, 21/08/08, 22/10/08, 18/09/08, 10/10/08, 13/11/08, 10/09/08, 14/08/08, 11/01/08 y 15/05/08 mediante la cual se documentaron las importaciones a consumo de un total de 2.505 unidades de mercadería consistente en motocicletas, originarias y procedentes de China.
Bajo tales premisas, el servicio aduanero, en base a una comparación con mercadería de similares características, ajustó el valor declarado – al que consideró inferior al que según los análisis efectuados correspondía – y formuló cargo por la diferencia de tributos.
VI. Que la valoración en aduana de mercaderías importadas debe realizarse de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994, del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95). Que el mencionado acuerdo establece que el valor de transacción es la primera base para la determinación del valor en aduana, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas). Que el sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1 y, cuatro criterios secundarios, que deben aplicarse, en principio, sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera (con la salvedad de la posibilidad de invertir el orden de aplicación prevista con relación a los arts. 5 y 6). Que, en consecuencia, el “valor en aduana de las mercaderías importadas”, tal como se define en el art. 1, será el “valor de transacción” y constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8 – ajustes del precio pagado o por pagar – y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1 se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes.
Que conforme el artículo 17 del Acuerdo mencionado, sus disposiciones no pueden interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la Administración de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda la información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. Que con todo lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar que las normas del Acuerdo determinan, en consecuencia, que si la diferencia de precio se debe a que se ha incumplido alguna de las condiciones del artículo 1, no será aplicable el método del valor de transacción y si el motivo de la diferencia reside en que no se ha incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el art. 8, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. Si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos. Para poder rechazarse el precio por “otros motivos”, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto al del art. 1 del Acuerdo.
VII. Que en autos, el rechazo del valor de transacción contemplado no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1, párrafo primero del Acuerdo, ni a que de la investigación de valor surgiera la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8 de la norma, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar, sino que se ha fundado en que el precio declarado resulta inferior a los precios corrientes de mercado para productos similares.
Que por esa razón, y conforme surge de los informes técnicos n° 24/11 y 25/11 de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación obrantes en la actuación administrativa, la Aduana comparó los precios declarados en las destinaciones en cuestión con el precio declarado en los despacho de importación a consumo n° 08 017 IC06 001128 Z, 07 017 IC04 000843 Z y 08 017 IC03 000095 P, a fin de establecer el valor en aduana, con arreglo al artículo 3 del Acuerdo Internacional precedentemente citado.
Que, por ende, corresponde determinar si el ajuste practicado se encuentra debidamente fundado.
VIII. Que, de la compulsa de la actuación administrativa se constata que los referidos antecedentes fueron únicamente mencionados en los informes n° 24/11 y 25/11 a fs. 6 y 13, pero no fueron adjuntados, así como tampoco ha sido agregada ninguna documentación tendiente a probar que el valor declarado no concuerda con los usuales de la rama del comercio o industria que se trata.
Que dicha circunstancia impide efectuar el debido análisis del ajuste de valor y demuestra que la sustitución del valor en aduana de la mercadería importada resulta, en el caso totalmente infundada y arbitraria. Que lo que acontece en el presente caso es que el servicio aduanero no efectuó una investigación idónea que justifique la duda inicial y que denote que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores “antecedentes”. Tal forma de proceder, permite concluir que no existen en el caso referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto.
Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf. Sala “F” in re: “KREVISKY IMPORT S.R.L.”, expediente Nº 10.318-A, sentencia de fecha XX/05/01, entre otros).
IX. Que, por lo expuesto, el ajuste de valor practicado en autos no se encuentra debidamente fundado y, en consecuencia, el mismo no resulta ajustado a derecho, como así tampoco resulta procedente el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos tributos.
Por ello, VOTO por:
Revocar la resolución n° 10/12 (AD CORD), dictada en las actuaciones SIGEA n° 12730-27-2011, con costas. El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Revocar la resolución n° 10/12 (AD CORD), dictada en las actuaciones SIGEA n° 12730-27-2011, con costas. Regístrese. Notifíquese al Dr. Octavio Krause (20-36727208-3) Dra. Julieta Serena (27-27078203-0) y Dr. Claudio Guillermo Barrera (20-24172431-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.)
Date: 2023.06.21 14:22:08 -03:00 Date: 2023.06.21 16:30:39 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.21 16:30:40 -03:00
Fin de la sentencia