Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos por el patrocinio letrado, la suma de $ 489.176 (pesos cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento setenta y seis) equivalente a 47,04 (cuarenta y siete con 4/100) UMA y para la representación procesal en la suma de $ 195,670 (pesos ciento noventa y cinco mil seiscientos setenta) equivalente a 18,81 (dieciocho con 81/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las tres etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Walter Pedro Varela, en la suma de $ 126.537 (pesos ciento veintiséis mil quinientos treinta y siete), equivalente a 12,17 (doce con 17/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-126417336-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Noviembre de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. Nº 49.492 -I caratulado “AUTOPARTES FISPA S.A. s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias – Salidas no Documentadas”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 58/70 Autopartes Fispa S.A. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 165/2018 (DV ORR1) y 166/2018 (DV ORR1) ambas de fecha 30 de noviembre de 2018 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la A.F.I.P.-D.G.I., por las que se determinaron sus obligaciones impositivas en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales enero, marzo, abril y junio de 2014 a diciembre de 2014 en originales y febrero de 2014 rectificativa Nº 1 con saldo a ingresar por los períodos fiscales febrero de 2014 a abril de 2014 y julio de 2014 y a las Ganancias – Salidas no Documentadas por las erogaciones efectuadas en los meses de febrero de 2014 a abril de 2014, junio de 2014 a septiembre de 2014 y noviembre y diciembre de 2014 con más intereses resarcitorios y se aplicaron multas equivalentes a dos veces los montos del Impuesto al Valor Agregado dejados de pagar por los períodos fiscales febrero de 2014 a abril de 2014 y julio de 2014 y en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas por los períodos fiscales de febrero de 2014 a abril de 2014, junio de 2014 a septiembre de 2014 y noviembre y diciembre de 2014 según los términos de los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Expone que el organismo fiscal le endilga el supuesto cómputo indebido de créditos fiscales y le reclama el Impuesto a las Salidas no Documentadas por las facturas emitidas por el proveedor CF Inpoint Group S.A.
Explica que las operaciones consistieron en servicios de publicidad, las que fueron consideradas inexistentes al estimar que los comprobantes eran apócrifos, sin admitir prueba en contrario, debido a que en las resoluciones recurridas se desestimó la prueba ofrecida en forma arbitraria.
Acusa de ineficaz el proceder fiscal en el control de los contribuyentes emisores de tales facturas y se agravia que ante la falta de localización del proveedor se pretenda el ingreso de los tributos de parte de quien contrató con ellos.
Pide la nulidad de los actos dictados al haberse vulnerado su derecho de defensa en razón de que el Juez Administrativo ignoró las razones y probanzas alegadas con las que pretendía rebatir la posición fiscal sin interés por establecer la realidad económica en el caso. Insiste en que las facturas fueron registradas en su contabilidad, las que además cumplían con los requisitos legales correspondientes y con CAI vigentes, por lo que concluye que las determinaciones carecen de motivación.
Con relación a los servicios contratados afirma que se relacionaban con la actividad gravada, y que su prestación se encontraba perfectamente documentada y ubicado el destinatario del pago, siendo los tributos exigidos improcedentes. Explica que en virtud del patrocinio publicitario prestado los autos conducidos por los pilotos Néstor Adrián Girolami y Franco Girolami en las categorías TC y TC 2000 lucieron en sus parabrisas y/o capot el logo de la empresa.
Hace saber que se practicaron las retenciones pertinentes y sostiene que la constancia de recepción del pago surgía del recibo respectivo, es decir que la erogación estaba documentada sin que haya existido una salida de dinero no documentada, al no ser apócrifas las facturas recibidas.
Niega que se hayan presentado los elementos que hacen a la infracción de defraudación imputada ya que no se acreditó el elemento doloso o intencional que requiere el art. 46 de la ley de procedimiento fiscal. En subsidio, pide que se revise la calificación y en todo caso que se considere el tipo omisivo del art. 45 de dicho texto legal, y en el caso de la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas reitera que no hay un beneficiario oculto.
Por último, ofrece prueba documental, testimonial y pericial contable y solicita se revoquen las resoluciones apeladas conforme argumentos expuestos, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 82/102 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos. Rechaza la nulidad alegada al invocar que los actos dictados reconocieron fundamento en los hechos verificados a través de los funcionarios intervinientes y en el derecho vigente y aplicable al caso. Sobre el rechazo de las pruebas advierte que el Juez Administrativo está facultado para rechazar la producción de aquellas pruebas que considere inconducentes o dilatorias. Por ello, estima que el planteo no está fundado en una verdadera afectación de derechos producto de un accionar fiscal arbitrario.
Apunta que correspondía a la recurrente demostrar que las operaciones con el proveedor tuvieron lugar no solo en el aspecto formal sino en lo material, ya que los elementos formales no resultaron por si solos suficientes, al consistir en una máscara creada para exponer una realidad comercial/fiscal que no era verdadera.
Aduce que si bien los contribuyentes no deben suplir la actividad fiscalizadora, si de la misma resultan irregularidades que impiden tener por válidas a las operaciones, deben arbitrar los medios para probar, más allá de lo formal, que los hechos se verificaron.
Expresa que no existieron probanzas que comprueben la realidad fáctica de las operatorias, ya que las constancias documentales acompañadas carecían de valor convictivo frente a lo detectado por el ente fiscal.
Asegura que los ajustes se basaron en las pruebas colectadas y en las tareas realizadas que demostraron que el proveedor era un sujeto sin actividad comercial, sin que la actora haya proporcionado prueba que demuestre lo contrario.
Solicita que se convaliden las multas aplicadas al haberse evaluado en forma debida su conducta sin que haya ninguna causa de justificación, por lo que también pide el rechazo del reencuadre peticionado. Por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada peticiona que, oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 108 se admitió la prueba pericial contable, cuyo informe se agregó a fs. 146/174, por lo que a fs. 183 se cerró el período de instrucción.
Por PV-2022-78641503-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Por IF- 2022-81349579-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, encontrándose agregado el alegato presentado por el Fisco Nacional a fs. 193/196, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado. Por último, se ponen por IF-2022-117729183-APN-VOCXII#TFN los autos para dictar sentencia.
IV. Que en lo que hace al planteo de nulidad, cabe precisar que los actos recurridos han sido dictados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que los sustentan, como así también la prueba ofrecida para concluir en su rechazo. Ello así, se advierte que los argumentos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal seguido para el dictado de las resoluciones apeladas en autos, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo en debate. Por lo cual, se concluye que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo.
V. Que corresponde resolver si las resoluciones dictadas se ajustan a derecho.
Que la recurrente tiene como actividad la venta al por mayor de piezas y accesorios de vehículos automotores.
Que en el marco de la inspección el personal actuante analizó la información obtenida de las circularizaciones efectuadas a instituciones bancarias, la obrante en los sistemas informáticos del Fisco y la aportada por la recurrente -libros contables, facturas, recibos y órdenes de pago-, lo que permitió advertir que había computado crédito fiscal en exceso atribuido al proveedor CF Inpoint Group S.A., sobre quién de la consulta en la Base Apoc surgía la leyenda “en proceso de constatación”, la que luego se modificó a “desconocida por sus titulares y/o responsables”.
Que se indica que de la facturación aportada se desprendió que se abonaban cuotas mensuales en concepto de publicidad en autos de las categorías TC y TC 2000.
Que se mencionan las irregularidades detectadas que llevaron a la impugnación del crédito fiscal computado con origen en tales operaciones, entre las que cabe mencionar que el proveedor no pudo ser ubicado en sus domicilios fiscales ni en los alternativos, las declaraciones juradas presentadas en los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias presentaban inconsistencias, no tenía automotores ni propiedades a su nombre , no se encontró información sobre su composición societaria, no surgieron CAI informados en Factuweb, no se ubicaron operaciones informadas con tarjetas de crédito, entre otras. A lo que se agrega que los corredores que manejaban los vehículos no respondieron las circularizaciones cursadas.
Que en base a lo cual, se concluyó que las operaciones por servicios de publicidad no fueron celebradas con el proveedor CF Inpoint Group S.A., por lo que se impugnó el crédito fiscal computado con origen en los comprobantes carentes de sinceridad.
Con relación a los pagos se hace saber que los mismos no se hicieron con cheques propios de Autopartes Fispa S.A. sino con cheques de terceros que fueron recibidos de clientes por cobranzas y supuestamente entregados al proveedor para la cancelación de las operaciones. Al circularizarse a los bancos intervinientes se obtuvieron copias del frente y anverso de los cheques, de lo que se desprendió que éstos fueron presentados al cobro por otras empresas y no por el proveedor, por lo que se concluyó que ni la fiscalizada ni el proveedor fueron endosantes de tales cheques. A ello también se agregó que algunos endosos habían sido hechos por firmas incluidas en la base de facturación apócrifa, otros por mutuales y algunos sin datos o con datos ilegibles e incompletos.
Que teniendo en cuenta que se produjo la salida de dinero a través de los cheques pero que quienes los cobraron no fue el proveedor se consideró a tales egresos como salidas no documentadas.
VI. Que ello así cabe evaluar los agravios planteados, junto con las distintas constancias documentales incorporadas a la causa y el informe pericial contable producido en autos.
Que la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentaron las operaciones cumplían con la normativa vigente, las que aduce fueron previamente autorizadas por el organismo fiscal, y en consecuencia emitidas con CAI vigente por el proveedor que no estaba incluido en la base de facturación apócrifa al momento de las transacciones.
Que conforme se expuso durante la etapa de fiscalización aportó la documentación mencionada en el Considerando precedente referida a las operaciones cuestionadas.
Que sin embargo, no sólo es suficiente el cumplimiento de los recaudos formales sino que además es necesaria la consumación del aspecto material de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013). Que a fs. 146/174 se agregó el informe pericial contable, en el cual los peritos indicaron que tuvieron a disposición el libro IVA Compras Nº 1 e Inventario y Balances Nº 1, mientras que respecto de los libros IVA Ventas Nº 1 y Diario Nº 1 hicieron saber que se presentó un certificado de extravío emitido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego expusieron que las facturas fueron asentadas en el libro IVA Compras Nº 1, y detallaron los nros. de las mismas, su fecha, importes, órdenes de pago y respecto de éstas últimas respondieron que fueron abonadas en su mayoría con cheques de terceros en cartera y pequeños saldos en efectivo hasta completar el importe. Por último, precisaron aquellas facturas respecto de la que tuvieron a disposición el comprobante de retención del Impuesto a las Ganancias -SICORE- Que la recurrente, tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, insiste sobre cuestiones formales, las que no resultan suficiente para demostrar la realidad de las operaciones negociables contenidas en la facturación, sin arrimar ningún otro elemento que brinde sustento fáctico a las prestaciones de publicidad cuestionadas, lo que no fue logrado con los puntos periciales propuestos ni con la documentación arrimada, debido a que tales extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones impugnadas, ya que no demuestra que el servicio haya sido prestado por el proveedor CF Inpoint Group S.A., dado las inconsistencias advertidas.
Que si bien la recurrente manifestó que los servicios contratados se relacionaban con la actividad gravada, lo cierto es que al no identificarse al dador del crédito, este argumento podría tener alguna relación con una eventual deducción en el Impuesto a las Ganancias pero carece de incidencia en el caso del impuesto bajo trato.
Que como advierte el ente fiscal las facturas, recibos y órdenes de pago carecen de eficacia para demostrar la realidad del servicio supuestamente prestado cuando durante el transcurso de la fiscalización surgieron serias irregularidades en el proceder fiscal del proveedor, que permite concluir que no fue éste quien contrató la recurrente.
VII. Que de las actuaciones administrativas se desprende que el Fisco mediante la labor investigativa desarrollada por la inspección constató que el proveedor no pudo ser localizado al intentar ubicarlo no solo en sus domicilios fiscales sino en otro alternativo, sin que tampoco se haya podido ubicar a sus integrantes, lo cual sumado a las restantes irregularidades advertidas llevaron a la conclusión de que carecía de capacidad comercial para desarrollar las operaciones de servicios supuestamente facturadas. Que del desarrollo de la fiscalización surge que se realizó una ardua tarea investigativa en orden a la situación particular del proveedor, sin que la circunstancia de que un proveedor no se encuentre incluido en la base Apoc implica que posea capacidad operativa para operar debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador, las que deben ser rebatidas por la aquí apelante.
Que las circunstancias del caso tornan aplicable la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10 de marzo de 2015, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó".
Que con los elementos colectados por la inspección ha quedado demostrado que el proveedor CF Inpoint Group S.A., no fue quien prestó los servicios de publicidad facturados, sin que la actora haya logrado acreditar la instrumentación de las operaciones, por lo que resulta acertado el criterio fiscal para impugnar el crédito fiscal computado.
VIII. Que cabe considerar la procedencia de la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos precedentes ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta de Autopartes Fispa S.A. en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas, sin que existan elementos que justifiquen un reencuadre de la conducta, o la consideración de un supuesto de error excusable.
IX. Que resta referirse al ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridada su verdadero beneficiario.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
X. Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos reunidos durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que de la labor llevada a cabo por la inspección resultó que las facturas con relación al proveedor CF Inpoint Group S.A. fueron canceladas con cheques de terceros, respecto de los cuales se corroboró, que pese a figurar distintos endosos, no fueron cobrados por el proveedor sino por otras empresas, sin que se haya podido constatar la intervención del proveedor en la cadena de pagos, mientras que la pericia tampoco aportó ninguna precisión al respecto en razón de que la misma versó únicamente sobre aspectos formales sin que los puntos propuestos hayan logrado reconstruir el circuito de pago.
Que ello así el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron realmente percibidas por el proveedor, ya que éste no fue quien prestó los servicios de publicidad facturados, y si bien la actora afirma que los pagos se hicieron con cheques, al ser desacreditado como tal al no haber sido el proveedor el verdadero prestador, no se encuentra individualizada la causa que generó dicha prestación ni el verdadero beneficiario de la operación. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la transacción reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- haya sido el perceptor del cheque, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias -t.o en 1997 y sus modificaciones-, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste.
XI. Que resta referirse a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Que ha quedado demostrado que la recurrente incorporó en la contabilidad fiscal comprobantes con dos tipos de vicios; recaen sobre operaciones de compras-gastos inexistentes y además no se ha podido establecer, quiénes han sido los verdaderos destinatarios de las erogaciones que se cancelan. Ese único accionar, calificado como maniobra en contra del Fisco Nacional, generó dos impactos perfectamente diferenciados pero con idéntico resultado -menor impuesto a favor del Fisco-, por lo que se procedió a impugnar el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y en forma simultánea se dispuso la aplicación del Impuesto que prevé el artículo 37 de la LIG.
Si bien pueden existir supuestos en que se consagre el uno sin el otro lo real es que la erogación se realizó en favor de quien emitió el comprobante. Entonces la erogación es la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del perceptor del pago. No hay un segundo comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, es un desprendimiento de la única operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo. El comprobante que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente es el que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el juez administrativo a los efectos de aplicar la multa sobre salidas no documentadas, no cabe ninguna duda que las declaraciones juradas inexactas y engañosas u ocultaciones maliciosas, necesarias para tipificar la conducta están concretadas con la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sanciones.
Según lo expresado y atento que concurren los elementos objetivo y subjetivo necesarios para que se configure el aspecto subjetivo requerido por la figura aplicada, voto por confirmar la multa sobre la determinación de salidas no documentadas.
XII. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), lo que se produce por el solo vencimiento del plazo, es decir en forma automática. A ello se agrega que fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), por lo que cabe disponer la confirmación de los mismos.
XIII. Por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por el Vocal Instructor.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos por el patrocinio letrado, la suma de $ 489.176 (pesos cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento setenta y seis) equivalente a 47,04 (cuarenta y siete con 4/100) UMA y para la representación procesal en la suma de $ 195,670 (pesos ciento noventa y cinco mil seiscientos setenta) equivalente a 18,81 (dieciocho con 81/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las tres etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Walter Pedro Varela, en la suma de $ 126.537 (pesos ciento veintiséis mil quinientos treinta y siete), equivalente a 12,17 (doce con 17/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.11.23 14:01:59 -03:00 Date: 2022.11.23 15:42:56 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.23 15:56:07 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.23 15:56:07 -03:00
Fin de la sentencia