Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2024-62770996-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada Nº 92/2024 (DV RRLP), en cuanto a impuestos, accesorios y multa aplicada, esta última con la reducción al mínimo legal. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la sanción aplicada, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Y
I. Que mediante el IF-2024-62770965-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 92/2024 (DV RRLP) de fecha 24/05/2024, dictada por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la DGI, por la cual se determinó de oficio la obligación en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 12/2016 y 08/2017, por las sumas de $ 571.263- y $20.160, respectivamente, en concepto de capital, y se estableció la obligación de ingresar la suma de $ 2.112.791,97.- por los intereses resarcitorios y se le aplicó una multa de $ 1.774.269.- correspondiente a tres (3) veces el gravamen omitido, conforme lo establecido en los artículos 46 y 47 inciso b) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Indica que la presente causa tiene su origen en una verificación llevada adelante por el Organismo bajo la O.I. N° 1.972.843, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En primer lugar, señala que la fiscalización ha observado las operaciones realizadas con los proveedores: RIPERTEIS S.A., TOOLS SUPPLY S.A. y L.D.S. DESARROLLOS S.A., por presentar diversas inconsistencias que motivaron su inclusión en la base de contribuyentes "apócrifos".
Advierte que la empresa AUBASA ha dado cumplimiento a los diversos requerimientos mediante la presentación de abundante documentación respaldatoria. Entre los elementos aportados se destacan facturas electrónicas con validación CAE, órdenes de pago, recibos y extractos bancarios que fehacientemente certifican las transacciones vía cheque. Asimismo, se ha suministrado la evidencia documental que acredita la recepción efectiva de los bienes, tales como indumentaria laboral, luminarias LED y canastas navideñas.
Sostiene que, sin considerar la totalidad de las pruebas y argumentos aportados por la empresa, la ex-AFIP (ahora ARCA) dictó la Resolución N° 92/2024, por la que determinó de oficio una deuda por IVA (períodos 12/2016 y 08/2017).
Asevera que la resolución administrativa es nula y carece de sustento fáctico y jurídico, basándose en que existió vulneración del “Debido Proceso” y de la “Verdad Material”; al respecto alega que el Fisco se opuso arbitrariamente a la producción de pruebas ofrecidas durante la instancia administrativa, calificándolas de "inconducentes". Esto impide el cumplimiento del principio de verdad objetiva material.
Afirma que, el Organismo hace uso arbitrario de la Base Apoc., toda vez que incluyó a los proveedores en la "Base de Sujetos Apócrifos" con una fecha muy posterior a las operaciones realizadas por AUBASA; por consiguiente, al momento de contratar, los proveedores figuraban con situación fiscal activa y sus facturas electrónicas fueron convalidadas por el propio sistema del Ente Recaudador.
En ese orden de ideas, cuestiona los indicios utilizados por la ex-AFIP (actual ARCA) para considerar a sus proveedores como inexistentes o sin capacidad operativa (Base APOC). Sostiene que la ex-AFIP no puede pretender que el contribuyente actúe como "fiscalizador" de la situación interna de sus proveedores. Alega que los indicios usados por los funcionarios fiscales, tales como que los proveedores no tenían bienes registrables, ni empleados, ni cuentas bancarias activas acordes a los millones facturados, son irrelevantes para la validez de las operaciones comerciales concretas.
Por otro lado, se agravia de que el Fisco haya prescindido de la documentación respaldatoria aportada (órdenes de compra, remitos, facturas, presupuestos, etc.) que demuestra que los bienes fueron efectivamente recibidos y utilizados en su actividad “construcción y mantenimiento de rutas”. Por consiguiente, entiende que el Fisco le impone una "carga dinámica de la prueba" que resulta materialmente imposible de cumplir, exigiéndole probar extremos que solo el organismo fiscal tiene capacidad de verificar (como la situación tributaria interna de terceros proveedores).
Asimismo, se señala como agravio que el Organismo cuestione la validez de facturas que el mismo autorizó y validó a través de la emisión del Código de Autorización Electrónico (CAE). A su vez, indica que el Ente Recaudador no puede ir en contra de sus propios actos administrativos previos que habilitaron a esos proveedores a emitir comprobantes.
Destaca que la trazabilidad del circuito económico está probada, toda vez que, las erogaciones fueron canceladas mediante la utilización de cheques a nombre del beneficiario, cumpliendo estrictamente con los medios de pago dispuestos por la Ley 25.345 (Ley Antievasión). Asevera que, según la Corte Suprema, el cumplimiento de estos medios de pago debería hacer primar la veracidad de las operaciones.
Con relación a los intereses, argumenta que no existe mora culpable y que, en todo caso, existió un error excusable debido a la complejidad de la materia ya que la empresa actuó con la debida diligencia. Se agravia de la aplicación de sanción bajo el artículo 46 de la Ley 11.683, sosteniendo que el Fisco no probó el elemento subjetivo “dolo” ni la existencia de un ardid destinado a engañar, basándose solo en meras conjeturas, entendiendo que ha actuado de buena fe, por lo que impugna la multa aplicada.
Finalmente, ofrece prueba documental, instrumental, informativa y pericial contable, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
II. Que en el IF-2024-105746153-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
Sostiene que no hubo violación al debido proceso. Argumenta que el Juez Administrativo tiene la facultad legal de rechazar pruebas que resulten improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Además, señala que cualquier restricción a la defensa en sede administrativa se subsana con la instancia judicial ante este Tribunal, donde la recurrente puede ejercer plenamente sus derechos.
Afirma que la fiscalización ha reunido indicios graves, precisos y concretos para tildar a los proveedores de "usinas" sin capacidad operativa. En las inspecciones a los domicilios declarados de Riperteis S.A., Tools Supply S.A. y LDS Desarrollos S.A., se encontraron departamentos vacíos, estudios ajenos o incluso una fábrica de pastas que desconocía a la sociedad. Asimismo, dichos proveedores no poseían bienes registrables, no cuenta con empleados registrados y si contaban con empleados los mismos son insuficientes para su actividad, no poseen cuentas bancarias activas con movimientos acordes a la facturación emitida. También indica que las declaraciones juradas de estos proveedores mostraban débitos fiscales inferiores a los facturados o saldos técnicos que impedían el ingreso al Estado.
Con relación al circuito de pago afirma que, tras circularizar al Banco Provincia, se detectó que los cheques fueron endosados y cobrados por terceras firmas sin vínculo comercial con los supuestos proveedores. El Fisco califica el actuar de AUBASA como negligente por emitir cheques al portador y sin cruzar, facilitando que los fondos terminaran en manos de sujetos distintos a los que emitieron las facturas, obstaculizando la trazabilidad del pago.
El Organismo advierte que la emisión del Código de Autorización Electrónico (CAE) es un trámite meramente formal y sistémico que no otorga validez al contenido material de la factura. Por consiguiente, sostiene que él no va contra sus propios actos, ya que la autorización para emitir comprobantes no limita sus facultades posteriores de verificación y fiscalización sustancial.
En ese orden de ideas, asevera que la carga de probar la veracidad de las operaciones recae sobre el contribuyente, quien está en mejores condiciones de demostrar con quién contrató efectivamente. Afirma que AUBASA no aportó elementos idóneos para demostrar la materialidad de la operatoria.
En lo atinente a los intereses resarcitorios, asegura que son resarcitorios y no penales, aplicándose de forma objetiva por la mora en el pago del impuesto, sin necesidad de probar dolo o culpa.
En cuanto a la multa por defraudación, sostiene que el uso de facturas apócrifas es una maniobra deliberada para engañar al Fisco y computar créditos inexistentes. Invoca la presunción legal de dolo prevista en el art. 47 inc. b) de la Ley 11.683, ya que la documentación contenía datos inexactos que incidieron gravemente en la determinación del tributo.
Por último, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante la PV-2025-92965346-APN-VOCVI#TFN se abre la causa a prueba ordenándose hacer lugar parcialmente a la prueba informativa ofrecida por la recurrente y hacer lugar a la pericial contable. En el IF-2025- 97636632-APN-SGAI#TFN se encuentra agregada la contestación al oficio dirigido Equifax Argentina S.A. (Veraz), en el IF-2025-98300711-APN-DTD#JGM la respuesta del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), en la PV-2025-111552539-APN-VOCVI#TFN se agregó la lo informado por la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, en la PV-2025-111549681-APN-VOCVI#TFN está la respuesta del oficio de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, también en el PV- 2025-111551126-APN-VOCVI#TFN se halla la respuesta de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL y en la PV-2025-111550485-APN-VOCVI#TFN está la contestación al oficio de la CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Asimismo, en el IF-2025-119136593-APN-DTD#JGM se encuentra acompañada la pericial contable. En la PV- 2026-53109338-APN-VOCVI#TFN se clausura el periodo probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”.
En los IF-2026-59499028-APN-DTD#JGM e IF-2026-59227438-APN-DTD#JGM obran los alegatos producidos por las partes. Finalmente, se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que expuesto lo que antecede, conforme surge del informe final de inspección obrante en los antecedentes administrativos, las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada (O.I. 1972843), en base a las observaciones realizadas por la División Investigación por créditos fiscales provenientes de facturas emitidas por proveedores apócrifos (RIPERTEIS S.A., TOOLS SUPPLY S.A. y LDS DESARROLLOS S.A.).
Según se desprende de las actuaciones administrativas, la recurrente es una sociedad anónima, cuya actividad principal declarada es “Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes, y otros derechos” y como actividad secundaria la “Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte”, “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.” y “Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.”. Consiste en una sociedad de capital mixto, correspondiente un noventa y tres por ciento (93%) del capital social a la Provincia de Buenos Aires y en un siete por ciento (7%) destinado a los empleados que adhieren al Programa de Propiedad Accionaria del Personal. En el marco de estas actuaciones, se estableció que la firma habría computado indebidamente créditos fiscales por operaciones con proveedores apócrifos. En cumplimiento con lo requerido por la fiscalización actuante, la rubrada señala haber aportado detalle de las contrataciones con los proveedores observados y expresa que, antes de concretar las operaciones con los proveedores observados, realizó un análisis de validación exhaustivo conforme las normas legales vigentes, solicitando a los mismos constancias de inscripción de AFIP, consultó la Base Apoc., solicitó a los proveedores facturas electrónicas validadas por ARCA, verificó el Código de Autorización Electrónico (CAE), entre otras cosas.
La fiscalización, con el objeto de analizar las operaciones de compra realizadas por la rubrada, efectúa circularización al Banco de la Provincia de Buenos Aires siendo esta entidad bancaria a la cual pertenecen los cheques informados como medio de pago utilizados para cancelar las obligaciones con los proveedores.. Con la totalidad de la documentación aportada por la rubrada, la remitida por la entidad bancaria circularizada y la obrante en las bases del organismo, el área auditoria procede a analizar la facturación proveniente de las empresas incluidas en la Base Apoc entendiendo que califican como irregulares las operaciones registradas con los mencionados proveedores.
Del análisis realizado por los fiscalizadores surgieron las siguientes inconsistencias de dichos proveedores:
1. LDS DESARROLLOS S.A.: En el domicilio fiscal no se pudo localizar a la contribuyente, atendidos por una persona que dijo ser el portero del edificio, consultado por la empresa dijo no conocerla y que es un edifico de viviendas. Figura como Presidente de la sociedad el Sr. Ramón A. Samaniego, quien al ser localizado y consultado por la firma manifestó desconocer la existencia de la sociedad y que trabaja de agente de seguridad en relación de dependencia de la firma Prena VL Seguridad SRL. La actividad declarada por la contribuyente es “Servicios empresariales n.c.p.”. Se encuentra inscripta en IVA, Ganancias y Regímenes de Información desde el 04/2016 dándose de baja el 01/2018. No existe registro de empleados en relación de dependencia, no posee bienes registrables a su nombre y no posee cuentas bancarias declaradas. No cuenta con consumos relevantes. Posee la CUIT limitada por encontrarse incluido en la base de contribuyentes no confiables, fue cargado en la base Apoc como “Usina sin capacidad económica”, con fecha de detección 07/04/2016. En el libro IVA Compras de la recurrente constan dos operaciones efectuadas con fecha 12/2016 con este proveedor correspondientes a la compra de 1700 cajas navideñas por un total de $1.026.443.
2. RIPERTEIS S.A.: La rubrada no pudo ser localizada, la fiscalización reitera la visita al domicilio fiscal donde son atendidos por una persona que se identifica como el ayudante del encargado y manifiesta no conocer a la firma y que en el domicilio (Tucumán N°766 Piso 3 Dpto. “198”, CABA) funcionaba hace aproximadamente seis (6) meses un estudio. Declara como actividad “Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos”, “Servicios de Publicidad”, “venta al por mayor de productos textiles”, “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, Servicio de transporte automotor urbano de carga” y “Confección de prendas de vestir n.p.c.”. Consultada la base e-fisco, se encuentra inscripta en Ganancias, IVA y Regímenes de información desde el 21/05/2015 y solicito la baja a los mismos el 03/2017, luego se volvió a dar de alta en 01/2018. Surge de las bases del organismo, que no existen empleados registrados, no posee bienes registrables, no surgen consumos relevantes, no cuenta con información registrada de controladores fiscales y no existe información en el sistema respecto de cuentas bancarias pertenecientes a la firma. Por ello, es incluida en base e-Apoc como “Usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”, fiscalización terminada con fecha de detección el 05/05/2015. Surge de la base de AFIP que dicha sociedad emitió facturas electrónicas por los periodos fiscales 02/2016 a 12/2016 por un total de $89.919.921,89 y AUBASA computó dos facturas por un importe total de $2.265.120 con un crédito fiscal de $393.120,-.
3. TOOLS SUPPLY S.A: En el domicilio fiscal no se pudo localizar a la contribuyente, atendidos por una persona que indica que la empresa no funciona en ese domicilio. La actividad declarada “Venta al por mayor de mercadería”, “Servicios de Gestión y logística para el transporte de mercaderías n.p.c.”, “Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos”, “Reparación y mantenimiento de equipos informáticos”, Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”, ”Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos”. Surge que se encuentra inscripta en IVA y Ganancias desde 28/11/2008, cuenta con la registración de un solo empleado por los periodos fiscales 01/2017 a 04/2017, no posee bienes registrables y la empresa no registra movimientos bancarios en los periodos 01/2018 a 03/2018. No surgen consumos relevantes Posee la CUIT inactiva, fue cargado en la base Apoc como “Usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”, con fiscalización terminada y cargada con fecha de detección 27/11/2008. Consta en la base del organismo el computo de AUBASA en el mes 08/2017 de una factura por un total de $116.160,- por la compra de 30 bicicletas.
Requerida a la contribuyente AUBASA prueba de la materialidad de las operaciones con dichos proveedores, aporta teléfonos y e-mail de contacto respecto de los cuales, los actuantes entendieron que no se pudo obtener dato alguno que permita validar la existencia de los mismos. La documentación aportada por la contribuyente se refiere a aspectos meramente formales, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones cuestionadas, según la postura fiscal.
En función de las pruebas colectadas durante la fiscalización y la información obtenida, el Organismo Fiscal determina la falta de acreditación por parte del contribuyente de la veracidad de las operaciones cuestionadas procediendo a impugnar los créditos fiscales en IVA, que se discuten en estos autos.
V. Que a continuación, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, corresponde a este Tribunal analizar la cuestión traída a decisión, a los efectos de otorgar un adecuado tratamiento a los distintos agravios formulados por la recurrente en relación al acto apelado. En primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente.
En relación a lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En este sentido, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
Asimismo, tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa ya que tuvo oportunidad de exponer ejercer sus derechos exponiendo sus argumentos y ofreciendo prueba tanto en sede administrativa como en instancia de este Tribunal.
A su vez, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
En definitiva, los agravios de la parte actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar, asimismo, que si bien el planteo fue tratado en forma previa por razones de orden lógico, no fue articulado como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo, con el objeto de obtener la revocación del criterio fiscal. En consecuencia, no corresponde otorgarle tratamiento incidental ni disponer una imposición de costas autónoma.
En este aspecto, resulta pertinente recordar lo sostenido por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en autos “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), en cuanto señaló que, al encontrarse los planteos de nulidad subsumidos en el ámbito recursivo y no haber generado una actividad procesal autónoma, no se justifica un tratamiento especial en materia de costas distinto del asignado al resolverse la cuestión sustancial.
En igual sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bolland y Cía. S.A.” (B- 485-XLV, sentencia del 21/02/2013), al sostener “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con él a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
En conclusión, no se advierten agravios específicos en relación con supuestos defectos formales de la resolución apelada ni se han demostrado perjuicios concretos derivados de ella, por lo que este Tribunal no encuentra acreditada la alegada vulneración del derecho de defensa.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin imposición de costas autónomas, de conformidad con el criterio sentado por el Máximo Tribunal en el precedente “Bolland y Cía. S.A.”.
VII. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de las operaciones con dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, de conformidad con el desarrollo efectuado en el Considerando IV.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, según lo expuesto, en atención a los ajustes en el IVA, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación de créditos fiscales se encuentra debidamente sustentada, en razón de los serios reparos respecto de la validez de las facturas y en forma concreta la capacidad de los mencionados proveedores para realizar las operaciones que constan en aquellas.
Por ello, respecto a la prueba documental aportada por la recurrente, es imperativo señalar que los elementos probatorios presentados revisten un carácter estrictamente formal, resultando insuficientes para acreditar la materialidad y la existencia efectiva de las transacciones cuestionadas. Debe distinguirse que, mientras la documentación técnica (facturas, remitos, etc.) solo da fe de que una operación fue contabilizada o registrada, la materialidad exige demostrar que el acto económico fue efectivamente realizado. En tal sentido, la carga de la prueba para la recurrente consistía en demostrar que sus proveedores contaban con la infraestructura, activos y capital humano necesarios para la prestación del servicio o la producción de los bienes facturados; extremo que no ha sido probado en las presentes actuaciones.
En ese orden de ideas, con relación a la prueba pericial contable producida, cabe destacar que, si bien la pericia contable verifica formalidades como registros y retenciones, estos puntos no están en discusión y no resuelven el conflicto de fondo. El informe pericial no logra refutar el cuestionamiento central “la inexistencia de capacidad operativa y financiera de los proveedores” para realizar las ventas declaradas. Por lo tanto, esta prueba es ineficaz para demostrar la existencia efectiva de los proveedores y la autenticidad de las transacciones cuestionadas. En igual sentido, de la prueba informativa producida se desprende la imposibilidad de dilucidar el objeto de la controversia, referido a la inexistencia de capacidad operativa y financiera de los proveedores bajo análisis. La trazabilidad de las operaciones se vio interrumpida al constatarse, mediante la circularización bancaria, que los valores emitidos fueron endosados y percibidos por terceros ajenos a la relación comercial. Esta circunstancia impide confirmar la veracidad del circuito económico y quita toda certeza sobre el destino final de los pagos efectuados, riesgo que se habría mitigado si los cheques hubieran sido emitidos con la cláusula cruzado. Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "(q)ue el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara la Corte Suprema, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
Es preciso destacar que los proveedores Riperteis S.A., Tools Supply S.A. y L.D.S. Desarrollos S.A. presentan irregularidades críticas que sustentan la hipótesis de inexistencia operativa. En primer lugar, ninguna de las firmas pudo ser localizada en sus domicilios fiscales declarados. Asimismo, las tres entidades carecen de activos registrables, no presentan movimientos bancarios ni registran consumos de relevancia. En el ámbito laboral, la carencia de estructura es evidente: dos de las sociedades nunca han tenido empleados, mientras que la tercera solo registró un trabajador durante un periodo de tres meses en 2017. Esta ausencia de elementos esenciales para la producción y el comercio robustece la tesis fiscal que determina la impugnación de los créditos fiscales, al confirmarse que se trata de operaciones ficticias con proveedores apócrifos.
Así las cosas, corresponde señalar que las argumentaciones de la actora resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábil por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Además, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en la causa ADM Argentina S.A. c/En- AFIP-DGI-Resol.24/08 25/08 (DV Dy R2) s/ Dirección General Impositiva, del 10/03/2015- ha puesto de evidencia que la existencia de retenciones practicadas no constituye un elemento capaz de acreditar la veracidad de las operaciones.
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar en forma fehaciente la capacidad operativa de tales proveedores y la participación efectiva de ellos en las operaciones cuestionadas.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores respecto su capacidad para llevar adelante las operaciones cuestionadas que van más allá de la inclusión o no de aquellos en la base Apoc, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas. Que, en función de ello, cabe confirmar el ajuste determinado por el Fisco Nacional en el IVA, con costas.
VIII. Con respecto a los intereses resarcitorios calculados en la Resolución N° 92/2024 (DV RRLP), cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario (…) que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales, circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas, han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la Resolución de referencia.
IX. Que, corresponde expedirse respecto de la multa aplicada respecto al IVA -periodos fiscales 12/2016 y 08/2017, en el marco de los arts. 46 y 47 incisos b) de la ley de ritual, graduada en tres (3) veces el impuesto omitido.
Al tratarse de una multa por defraudación aplicada en la resolución respectiva, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”. En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo. La recurrente no ha aportado prueba que derribe los indicios graves colectados por el Fisco Nacional. Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Conforme surge del acto aquí recurrido, el Juez administrativo utiliza las presunciones del inciso b) del art. 47 de la ley de rito, a saber: “Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Así las cosas, es preciso advertir que fue necesaria la fiscalización para detectar la situación descripta, constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar así el impuesto en su justa medida. Para lo cual, los fiscalizadores han recolectado los elementos probatorios necesarios y contundentes, demostrando el ardid o engaño, con el cual, se generó una grave incidencia fiscal.
En atención a ello, corresponde concluir que las circunstancias del caso y siendo que el recurrente no ha aportado prueba suficiente que permita derribar los hechos que sirvieron de base a la activación de las presunciones utilizadas, cabe aseverar que la presunción se encuentra correctamente activada.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada y cuantificada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la resolución Nº 92/2024 (DV RRLP), con costas a la actora.
No obstante dicha confirmación, se estima que corresponde reducir el quantum de la misma al mínimo legal de la escala punitiva. Ello así, habida cuenta de la falta de antecedentes sumariales del contribuyente y de la ausencia de concreta justificación que amerite apartarse, bajo dicha particular circunstancia, de la razonable pauta de graduación que suministra aquella escala al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verifiquen causas agravantes o se trate de infractores reincidentes (cfr. esta Sala, “Madero, María Silvina”, 08/06/2012; “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia”, 26/3/2019), situación que, como se ha adelantado, no aparece configurada en el caso bajo análisis.
Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada Nº 92/2024 (DV RRLP), en cuanto a impuestos, accesorios y multa aplicada, esta última con la reducción al mínimo legal. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la sanción aplicada, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Registrese, notifiquese y archivese.
Date: 2026.08.05 15:58:58 ART Date: 2026.08.05 16:14:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.06 10:07:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.06 10:08:20 -03:00
Fin de la sentencia